La batalla por el relato

Ensayo historiográfico sobre la guerra revolucionaria en Argentina: 1959-1989

Santiago Mario Sinopoli, Alberto Jorge Crinigan, Guillermo Palombo

• Editorial: Ediciones Lilium
• Año: 2020
• ISBN del libro electrónico: 9789878344188
• Edición: 1
• Categoría: Storia
• Categoría: Storia dell'America Latina e dei Caraibi

Con este ensayo, sus autores Guillermo Palombo, Alberto Crinigan y Santiago M. Sinopoli, tratan de demostrar que la grieta política en la Argentina, obedece a que, con la manipulación de los datos históricos, hay quienes usaron y aún emplean el relato, como una manera de seguir librando una batalla, cuyo objetivo es suprimir a los sectores de la sociedad que se opusieron y seguirán negando la instauración, de lo que en su momento se llamó "la patria socialista".Dentro de este marco, los autores intentan narrar hechos que con las características de guerra civil o interna, se dieron en la Argentina entre los años 1959 ( se toma como referencia la aplicación más contundente del Plan CONINTES, por parte del Presidente Frondizi) y 1989 ( año en que se produjo hasta ahora, la última acción terrorista de envergadura con el ataque al Cuartel Militar de la Tablada), pero con una mirada objetiva de lo sucedido, esto con miras a romper la "historia oficial", que montaron quienes formaron parte de las organizaciones guerrilleras, sus familiares, organizaciones internacionales, y políticas de ciertos gobiernos; historia con la que se siguen pregonando los "valores revolucionarios", que antes se querían imponer a "sangre y fuego", sin importar la tragedia que significó esta experiencia "jacobina, al país.Los autores entienden que, de seguirse consolidando un relato militante, con la negación de lo que realmente sucedió en la intermitente guerra interna de la argentina (1959- 1989), la República terminara corroída en sus cimientos.

Capítulo 1

LA HISTORIA RECIENTE

I

En el prefacio a su Breve Historia Contemporánea de la Argentina (1994), el historiador Luis Alberto Romero afirmaba que el rigor profesional se desequilibra si el trabajo del historiador se orienta a pensar las épocas cercanas. A mayor proximidad con los hechos históricos, más deformada sería la interpretación y por ende menos científica y verídica la investigación. Dos años después, en su artículo ¿Para qué sirve la historia? (Clarín, 11 de octubre 1996) reforzaba esta idea sosteniendo que «la historia termina hace cincuenta años; lo que sigue es política». Puso de relieve el pretendido profesionalismo de aquellos sensibles al impacto de la historia reciente –y a las consecuencias de ese pasado en el presente–, que en muchos casos se ubicaban dentro de la perspectiva teórica marxista o integraban organizaciones políticas de izquierda y progresistas, cultores de la praxis política, clasificándolos dentro de una corriente historiográfica calificada con el mote de «militante», en la que iba de suyo el desprestigio por unir los saberes disciplinares a los intereses políticos. Nada que ver, por cierto, con el claro concepto de historia que solía pregonar el historiador Carmelo Busaniche en universidades de Santa Fe y Rosario, cuando decía a sus alumnos: «Historia es el estudio de los hechos del pasado con la mente del pasado». Lejos de esto, los «historiadores militantes», acomodan lo acaecido en el pasado con su conveniencia de hoy en día.

Los afectados por la crítica replicaron que la operación de divorcio entre política e historia, por una parte apuntaba a sustraer de la investigación histórica un pasado reciente donde el intento de revolucionar el orden vigente había sido el horizonte de amplios sectores sociales y políticos, y por otro lado acometía contra el compromiso político que persistiera del lado de los historiadores en la búsqueda de un cambio de raíz para la sociedad.

Queda claro que lo que vuelve «recientes» a los acontecimientos es su reinstalación, por diversos motivos, en el espacio público, y las disputas en torno a las interpretaciones y los usos que se hace de ellos en el presente; más específicamente en las luchas políticas del presente.

II

Durante mucho tiempo se consideró que el historiador no debía ocuparse de temas que no estuvieran a una distancia no menor a cincuenta años. Romero señala respecto de esta idea de la distancia investigativa:

Ha circulado sólo entre los historiadores. Sociólogos, economistas y antropólogos explican libremente el presente y el futuro y no dudan de sus credenciales científicas. Los etnógrafos inclusive están presentes en el momento mismo en que ocurre lo que estudian. La historia es una disciplina más vieja, y efectivamente esas ideas existían en la época en que se creía en una objetividad posible, similar a las de las ciencias experimentales (que hoy tampoco creen mucho en eso) y que requería separar el análisis de la pasión. De allí la idea de los cincuenta años. A lo largo del siglo XX esa idea se fue desvaneciendo y en general se piensa que nadie que estudie lo humano puede estar a salvo de alguna perspectiva o sesgo, ya sea desde el presente o el lejano pasado. En suma, la objetividad está relativizada, y convertida en una «aspiración a la objetividad», respaldada –igual que en el periodismo– en la honestidad, las reglas del oficio – el doble chequeo – y sobre todo el control de los otros historiadores. Con ese recaudo, ya hay mucha gente que está haciendo lo que llaman «historia del tiempo presente» (un recurso de marketing, en realidad).

III

Todo el pasado argentino reciente confluye en el marco de un problema organizador: la violencia política desde fines de los años sesenta, luego de un proceso con intermitencias de guerra revolucionaria, o terrorismo, con génesis en 1958. La radicalización política y violencia insurreccional, por un lado, y la violencia de la respuesta estatal, por el otro, o a la inversa. La sociedad y los distintos y sucesivos gobiernos han encarado, de distintas maneras, la cuestión del pasado violento y sus responsabilidades.

Existe un intenso debate sobre el pasado reciente, inicialmente copado por obras de corte militante, trabajos de investigación periodística y textos testimoniales, que muy pocas veces fueron el producto de una empresa serena nacida únicamente del interés histórico, al que se han sumado nuevas voces de historiadores y especialistas provenientes de otras ciencias sociales (la antropología, la sociología, la ciencia política, la filosofía, el psicoanálisis, las artes y las letras) que, con sus saberes, análisis y síntesis, enriquecen la bibliografía sobre los violentos años 70. Una vertiginosa expansión en la cantidad de investigaciones –plasmadas en tesis, artículos, libros y ponencias– donde se examinan causas y responsabilidades y se consideran las secuelas de la experiencia violenta han sido posible gracias al incremento de los recursos disponibles para la investigación universitaria o subsidiada, producto de la interesada ampliación de la política estatal de financiación de las ciencias en este aspecto. Pero su mayor marca es, sin duda, la irrupción de la historiografía en ese campo que es propio de la política.

Los temas están sobre la mesa y se abren en abanico. Ya no interesa exclusivamente el estudio de la acción represiva clandestina vinculada a los grandes centros de detención, las desapariciones y sus denunciantes, los familiares y la lucha por los derechos humanos, sino que el temario se expande sobre aspectos cuya reapertura no deja de escandalizar a los nostálgicos de las utopías totalitarias: la responsabilidad del peronismo en el desencadenamiento de la violencia y la revisión de la actuación de las organizaciones armadas en el marco de las miserias del terrorismo revolucionario argentino, aspectos, el número de desaparecidos, donde lo puramente aritmético suscita asociaciones emocionales intensas, o la reparación de las víctimas (por las que el Estado ha erogado a la fecha un monto sideral) que inexplicablemente se mantiene en secreto bajo siete llaves, aspectos cuya sola mención inspira sin tardanza hondos acentos, matices e inclinaciones emocionales, ya que los traumas de un pasado relativamente reciente aún explican la especial sensibilidad de algunas personas en este terreno. Y cabe también preguntarse: ¿por qué –más allá de la caracterización jurídica– se ha limitado la reparación histórica a una sola categoría de víctimas, excluyendo a las que lo fueron del terrorismo?

IV

Desentrañar la naturaleza de la guerra revolucionaria y la contrarrevolucionaria librada reclama precisar exactamente en qué consistió tanto la influencia francesa en el Ejército Argentino como el apoyo prestado por Cuba y la OLP a la organización Montoneros, aspectos que se presentan como variaciones ejecutadas sobre una misma cuerda de violencia.

«Guerra», «genocidio», «terrorismo de Estado», «aniquilamiento», «exterminio», «ataque indiscriminado» y «lesa humanidad» son expresiones empleadas a veces más en un sentido militante que ajustadas al sentido cabal del concepto, como si los tiempos de tragedia fueran menos conmovedores si se discute la propiedad de una expresión; y todavía se encuentran, en buena medida, en la etapa nebulosa de la confusión de las ideas, a veces deliberadamente promovida.

La historia reciente presenta una arista conflictiva, pues remite a procesos cuyas consecuencias directas negativas (secuelas) conservan aún fuertes efectos sobre el presente, en particular, en áreas muy sensibles, muchas décadas después de ocurridos los acontecimientos. No parece posible disociar la producción en materia de historia reciente de los contextos políticos y de los avatares en la esfera pública y judicial.

Entre los interrogantes pendientes de respuesta, hay algunos que, a su vez, por su propio peso específico, gravitan hasta el presente, al punto que hoy muchos se preguntan, sin encontrar respuesta fundada en argumentos serios y creíbles: ¿por qué se juzga a los militares que participaron en la represión violenta de los 70 por «crímenes de lesa humanidad» y no a las organizaciones armadas por los que cometieron, cuyos integrantes son glorificados y presentados como mártires? ¿Por qué se les ha aplicado retroactivamente una ley penal más gravosa? ¿Por qué detenidos por delitos de lesa humanidad que son ancianos y enfermos no reciben el mismo trato y posibilidad de la detención domiciliaria como los demás? ¿Es que la Constitución Nacional no consagra iguales derechos para todos, o qué? ¿Por qué no se aplican en esta temática, las convenciones internacionales que se refieren a los derechos humanos, y que son ley suprema en la Argentina?

Muchos de estos procesos judiciales, observa el historiador Luis Alberto Romero, se apartan radicalmente del principio de la igualdad de la ley; para ellos rige un derecho diferente: el llamado derecho de los vencedores:

La retaliación, la venganza, han pesado más que la preocupación por afirmar, con estos juicios, un Estado de Derecho que en la Argentina es extremadamente débil. Esto ha sido posibilitado por una opinión pública militante y facciosa, a la que los jueces han seguido. Muchos actuaron -por voluntad o presionados- según estos criterios de retaliación, tanto en los juicios como sobre todo en el tema de las prisiones domiciliarias. Aún quienes afirman defender la ley, en estos temas suelen hacer concesiones al «estado de la opinión» y a la «interpretación».

V

La tarea del historiador es tranquila cuando solo tiene que revolver papeles y documentos de épocas lejanas, fiscalizar testimonios de los coetáneos y emitir una opinión evaluativa con la relativa imparcialidad del que nada siente de las pasiones que agitaron la época que estudia. Pero no es tarea fácil escribir la historia contemporánea reciente, y no lo es para nuestra generación porque conservamos en nuestra memoria la impresión fidedigna de lo que en aquel tiempo pasó, hemos podido conocer y oír a los hombres que actuaron entonces, escuchamos sus relatos (palabras vivas, rebeldes a la esclavitud del papel y de la letra), las recriminaciones de los unos, las explicaciones de los otros, y a veces hemos sorprendido en sus fisonomías el reflejo de las pasiones, de las ansiedades o de las aspiraciones de su tiempo.

En un primer momento, la producción fue más política que académica, donde las certidumbres a priori eran mucho más importantes que el trabajo de investigación. De modo que el abordaje temático no tenía otro propósito que convertir ese saber en un arma de intervención social o política. Hoy se cuenta con muchas fuentes y cada tanto salen a luz, a veces con estudiado retardo, testimonios fehacientes. De modo que la historia reciente se reforma constantemente y los historiadores tienen que rehacer lo que hasta ayer se consideró definitivo, por variar el criterio con que se juzgó determinadas cuestiones y por cambiar el punto de vista que para considerarlos se adoptó, o por aparecer elementos desconocidos que arrojan luces impensadas.

Nunca está de más plantear problemas que otros ya pensaron y creyeron resolver. En materia histórica, no existe la clausura definitiva que impone el principio de la «cosa juzgada». Los principios jurídicos no pueden transferirse de modo directo a la investigación histórica. Es cierto que la operación historiográfica y la acción judicial tienen algo en común: la búsqueda de la prueba documental y la explicación-comprensión de los hechos. Pero después difieren: el juez debe pronunciar un juicio judicialmente definitivo conforme el derecho, pero al historiador, que no tiene como función instruir un caso, no le incumben ni la acusación, ni el alegato, ni la pronunciación del veredicto que inculpe o exculpe, porque su verdad, resultado de la investigación, no tiene un carácter normativo, sino que es parcial y provisoria, nunca definitiva.

El historiador no juzga, sino que emite una opinión evaluativa. De modo que, así como no debe vestir la toga, tampoco compete a los Tribunales adentrarse en los dominios de la diosa Clío, olvidando que el pasado puede ser explorado con categorías de análisis diferentes. El fallo del juez tiene los límites que el derecho impone y, si es definitivo, en algún momento se convierte en irrevisable, pero la búsqueda de la verdad histórica forma parte integrante de la libertad de expresión y es objeto del debate abierto y siempre en curso entre los historiadores. Con los elementos que su oficio le provee, el historiador argumenta en la arena de la investigación histórica. Y puede reabrir su causa tantas veces como resulte necesario hacerlo, aun corrigiendo su propia interpretación anterior cuando es necesario, ya que el propio precedente no lo obliga.

¿Resulta necesariamente falso todo lo que no coincide con lo que habitual u oficialmente se tiene por verdadero, o con las creencias dominantes? El proceso judicial que condujo a Juana de Arco a la hoguera, para algunos historiadores, es una obra maestra de parcialidad bajo la apariencia de un procedimiento por demás regular, pero para otros estaba de acuerdo con los cánones de su tiempo. Pocas veces un resultado se ha revertido por un inverso proceso de rehabilitación judicial y, cuando ello ha ocurrido, muchas veces ha sido en realidad el resultado de un paciente trabajo de los historiadores.

VI

La expresión del espíritu de investigación en acción está comprendida en la libertad de expresión, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y ampliada en el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es uno de los derechos fundamentales más valiosos en el sistema const...

Índice

• Al lector
• Capítulo 1
• Capítulo 2
• Capítulo 3
• Capítulo 4
• Capítulo 5
• Capítulo 6
• Capítulo 7
• Capítulo 8
• Capítulo 9
• Capítulo 10
• Capítulo 11
• Capítulo 12
• Capítulo 13
• Capítulo 14
• Capítulo 15
• Capítulo 16
• Capítulo 17
• Capítulo 18
• Capítulo 19
• Capítulo 20
• Capítulo 21
• Capítulo 22
• Capítulo 23
• Capítulo 24
• Epílogo
• Bibliografía