Despolitización y resistencias en la paradoja del refugio

Experiencias de colombianos en Ecuador y Canadá

Adriana Marcela Medina Carrillo

• Editorial: Autónoma de Occidente
• Año: 2019
• ISBN del libro electrónico: 9789587841732
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Conflicto de leyes

El Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) definió la condición de refugiado como una situación excepcional y, por ello, como una figura 'humanitaria', lo que tuvo como consecuencia hacer del refugio una situación excluida de la dimensión política de los derechos. Algunos autores (Nyers, 2006; Agamben, 1998; Arendt, 1974) encuentran que con esta definición se instauró una 'inclusión' aparente de las personas refugiadas en los países de destino, precisamente desde su exclusión como sujetos con agencia política, lo cual ha constituido un contrasentido. Este estudio se ocupa de este contrasentido que se presenta como 'La paradoja del refugio'.

Capítulo 1

Las luchas políticas de los refugiados colombianos en Ecuador y Canadá

Foto 1. Monumento a las víctimas. Cacarica, Chocó, 2012

Tomada por Zilia Castrillón

En este capítulo, a partir de un contexto explicativo de Colombia como país de origen, y de Ecuador y Canadá como países de destino, se presentan inicialmente las experiencias de un grupo de refugiados que, ante la falta de protección internacional que les asistiese en Ecuador, se organizan de manera inédita en una federación de asociaciones: Fenare. En seguida, se presentan las memorias del exilio de varios colombianos que actualmente están en Canadá, quienes salieron del país en el curso, desde los años ochenta, de diálogos y negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y miembros de grupos armados ilegales.

De ambas experiencias, a modo de conclusión, se identifican tensiones que comprende la lucha política para que los refugiados sean incluidos en los países de destino como sujetos de protección internacional con agencia política. La identificación de estas tensiones lleva a la luz la existencia de una paradoja en torno al refugio en cada contexto. Esta exposición marca la apertura de los siguientes capítulos del estudio orientados a comprender la paradoja del refugio desde distintas expresiones.

1.1. Dinámicas de migración forzada internacional por violencia sociopolítica desde Colombia

Foto 2. Población refugiada colombiana durante intervención de la Fenare sobre el refugio. Quito, Ecuador, agosto 2010

Tomada de Fenare, archivo digital

De acuerdo con el informe The Global Overview 2015 del Consejo Noruego para Refugiados, Colombia¹ es el segundo país en el mundo con mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado interno e internacional, con cerca de 6 044 200 migrantes forzados en diciembre del 2014. Solo es superado recientemente por Siria, con más de 7 600 000 personas (IDCM, 2015). De dicha cantidad, al menos 400 000² habrían cruzado las fronteras para salir del país, razón por la que Colombia ocupa, desde mediados de la década del 2000, entre el tercer y cuarto lugar dentro de los países con mayor cantidad de refugiados alrededor del mundo. Actualmente, ocupa el octavo lugar a raíz de la intensificación del refugio en otros países (Acnur, 2013).

Se estima que los tres principales lugares de destino de la población colombiana fueron, durante dicha década, respectivamente, Ecuador, Estados Unidos y Canadá (Codhes, 2012; Riaño-Alcalá et ál., 2008; Verney, 2009). En Ecuador se encontró el 47,9 % de los refugiados colombianos reconocidos (54 523 al 2011), el 52 % restante se encontró en Estados Unidos (33 455 en el 2010), Canadá (16 054 en el 2010), Costa Rica (10 279 a junio del 2011), Venezuela (2734 a julio del 2011), Panamá (1328 a diciembre del 2010), Chile (814 a julio del 2011), Brasil (654 a diciembre del 2011), Argentina (403 a julio del 2011) y México (247 a julio del 2011) (Codhes, 2012, p. 64). España también ha sido un destino clave de la diáspora colombiana con cerca de 779 479 personas; sin embargo, no existe una discriminación clara sobre quiénes serían refugiados a raíz de los procesos de nacionalización adelantados allí (OIM, 2007; 2013).

A pesar de estos intentos por cuantificar los refugiados colombianos en el mundo, los datos no reflejan la magnitud real de la presencia de refugiados por haberse elaborado con estadísticas de registro de peticiones formales de asilo en los países de destino. No dan cuenta de quienes por miedo, desconocimiento o convicción no solicitan el asilo, ni de quienes, siendo refugiados, les ha sido negado el asilo (Medina, 2014, pp. 136-138; Verney, 2009, p. 60). Pero ¿cómo comprender las dinámicas migratorias colombianas?

Debe considerarse, en principio, que son el resultado de factores comunes en el contexto latinoamericano como las desigualdades sociales y la inestabilidad política (Corredor, 1992; Márquez, Chong & Duryea, 2007), y factores típicos del contexto nacional como la violencia sociopolítica de larga duración (Arocha & Sánchez, 1995), la narcocriminalidad organizada transnacional³ y el hecho histórico de ser el mayor productor de desplazados internos y refugiados en el continente (Guarnizo, 2006; Medina, 2014). Por consiguiente, la migración forzada en Colombia ha estado marcada por la manifestación de dichos factores en distintos momentos de su historia.

Un primer momento se puede ubicar a partir de los años cuarenta, a raíz del estallido de la violencia política por las diferencias bipartidistas que entonces imperaban en el país. Se empezaron a visibilizar algunas migraciones forzadas (Vidal, Martín, Sánchez & Velásquez, 2011). Esta violencia se desarrolló en distintos episodios hasta los años setenta⁴ (Medina, 2011), y fue la causa de desplazamientos forzados (especialmente de población campesina) hacia ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hacia algunas zonas de colonización y a países fronterizos⁵ (Dix, 1967; Guillen, 1986; Jaramillo, 2008; Mejía, 2012).

A la par, desde finales de la década de los sesenta, pasando por los setenta e inicios de los ochenta, las dinámicas de los desplazamientos de colombianos se vieron influenciadas por factores económicos, una serie de reformas migratorias en países como Estados Unidos y España, así como por la bonanza petrolera en los países vecinos de Venezuela y Ecuador, que resultaron atractivas ante la situación que se vivía en Colombia (OIM, 2010; Mejía, 2012). Para entonces, Colombia se vinculó a las dinámicas internacionales del narcotráfico, la expansión de las guerrillas y el surgimiento del paramilitarismo⁶. La violencia sociopolítica se extendió, prácticamente, por todo el territorio nacional. Se acentuaron, entonces, los desplazamientos forzados⁷ (Granada, 2008; Medina, 2014).

La respuesta gubernamental a inicios de los setenta pareció prometedora frente a este panorama, la Cancillería colombiana, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), con otras organizaciones de la sociedad civil mostraron un interés por atender la situación, sin embargo, sería el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuya respuesta sobresaldría en mayor medida a partir de la serie de diagnósticos e investigaciones que gestionó para orientar la implementación de una política pública que tuviera en cuenta la movilidad interna, fronteriza e internacional que se hizo evidente⁸.

Un segundo momento clave, para algunos autores, se sitúa entre 1984 y 1995. Es un periodo en el que la migración forzada fue utilizada como medio para ejercer represión y lograr, entre otros objetivos, la desarticulación de las organizaciones políticas surgidas de los procesos de paz de mediados de los ochenta entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y distintas guerrillas agrupadas después bajo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar⁹ (Ortiz & Kaminker, 2014). Desde mediados de los ochenta se perpetraron asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados internos e internacionales por parte de grupos de extrema derecha en supuestas alianzas con autoridades estatales (Fundación CEPS, 2007; Ortiz & Kaminker, 2014). Hubo desplazamiento de miembros del partido de la Unión Patriótica (UP), del movimiento social sindical, estudiantil y campesino. Se refugiaron en países europeos como Francia, España y Suecia, centroamericanos como México y Costa Rica y, en menor cantidad, en Canadá y Estados Unidos (Fundación CEPS, 2007; Medina, 2013).

Paradójicamente, en 1984 Colombia fue la sede elegida por los países de las Américas para firmar la Declaración de Cartagena, el instrumento a escala regional más importante hasta el momento sobre refugio (Medina, 2013). En este momento, en Colombia se inicia un periodo caracterizado por la expansión del desplazamiento y la migración forzada internacional (Jaramillo, 2008). Unos años más tarde se instauró un contexto asimétrico de derechos en Colombia con la expedición de la nueva Constitución política de 1991 y, simultáneamente, con el desarrollo de una política de apertura económica que trajo graves problemas de desempleo y disminución de los servicios sociales, especialmente, en el sector agrario, esto es, en el principal escenario de la violencia sociopolítica del país (OIM & Instraw, 2007).

Un tercer momento clave va de 1996 al 2005 (Ortiz & Kaminker, 2014). Aumentó el desplazamiento forzado interno y el refugio de colombianos a niveles sin precedentes desde la época de la Violencia¹⁰ (1946-1966) (OIM, 2009). Fue un momento de reorganización de los territorios a través de la desterritorialización de poblaciones enteras, principalmente campesinas, indígenas y afros, y posteriormente repobladas con la expansión de las estructuras paramilitares y la narcocriminalidad organizada. Se agudizó el conflicto armado y la violencia en los núcleos urbanos (Jaramillo, 2008).

La intensificación del conflicto armado interno se dio, entre otras razones, por la militarización del territorio y la implantación del convenio de cooperación militar entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, conocido como el Plan Colombia¹¹, para la erradicación del narcotráfico y la derrota de los grupos armados ilegales, en un contexto de reiteradas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH por miembros de la fuerza pública, incluyendo complicidades con los paramilitares bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico (Palacio, 2012).

Entre el 2002 y el 2010, durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, se produjo un quiebre en el conflicto armado interno por la confluencia de medidas de defensa militar e iniciativas de paz negociada. El Gobierno recuperó la iniciativa militar contra las guerrillas mediante la política de defensa y seguridad democrática. Desde el año 2003 se abrió un proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Vidal, Salcedo & Medina, 2011). Con esta estrategia de militarización del territorio, el Gobierno colombiano replegó a la guerrilla hacia las zonas apartadas, incluyendo las fronteras, reconfiguró el conflicto armado interno en una “lucha contra el terrorismo” y desfiguró la observancia del derecho internacional humanitario al vincular a la población civil al conflicto (Rangel, Arteta, Lozano & Medina, 2008). Las políticas de dicho Gobierno influyeron en el desarrollo de migraciones de colombianos ubicados en departamentos limítrofes.

Para algunos expertos en la materia, el año 2002 fue un hito en el inicio de programas de protección específicos hacia Canadá, Estados Unidos y Europa, ante la victimización contra líderes sociales y defensores de derechos humanos por medio de dinámicas de judicialización y persecución¹², y la disminución de los poderes de las Altas Cortes en Colombia encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos (Ortiz & Kaminker, 2014). Se desató una crisis diplomática que llevó al rompimiento parcial de relaciones internacionales con los gobiernos vecinos de Ecuador y Venezuela, entre otros (Medina, 2013; Riaño-Alcalá et ál., 2008).

En el año 2003, Colombia, con 21.411 solicitudes de refugio (es decir, el 98,6 % del total de solicitudes en el mundo), fue el país en el mundo con mayor número de solicitantes, por encima de países como Iraq, Afganistán y Perú (Eguiguren, 2004), concentrados mayoritariamente en Ecuador, Estados Unidos y Canadá (Riaño-Alcalá et ál., 2008). Respecto a Ecuador y Canadá, las cifras de solicitud de asilo y refugio reflejan la gran oleada de refugiados que se inició después del año 2000. Mientras el incremento de solicitudes en Ecuador fue entre el 2001 y el 2003, en el 2004 Canadá ocupó el primer lugar de solicitantes de refugio con un 75 %¹³ (Jaramillo, 2008).

Se dice que el refugio de víctimas de la guerrilla y los paramilitares hacia finales de los años noventa e inicios del siglo XXI, en ocasiones con anuencia de miembros del Gobierno colombiano, fue creciendo anualmente entre el 2005 y el 2007¹⁴ hasta alcanzar magnitudes que no se habían visto en el país (Granada, 2008; Medina, 2014). Hubo continuidad de la acción guerrillera, proceso inacabado con los grupos paramilitares y afianzamiento de bandas criminales emergentes (Bacrim) en gran parte del territorio nacional (Vidal, Salcedo & Medina, 2011). Igualmente, se consolidó como el periodo del desplazamiento forzado sistemático en Colombia (Agudelo, 2007). Los vínculos entre paramilitares, funcionarios del Estado de distintos niveles (congresistas, ministros y alcaldes), empresarios y multinacionales, hicieron parte de la consolidación del desplazamiento y el despojo perpetrado (Semana, 2007).

Para autoras como Riaño y Villa (2007), a pesar de que los actos perpetrados fueron justificados en el discurso público con razones políticas e ideológicas, estructuralmente significaron, en realidad, migraciones forzadas asociadas a intereses políticos y económicos particulares con miras a la apropiación de territorios, recursos económicos de origen legal e ilegal (incluidos los provenientes del narcotráfico), presupuestos públicos y mercados regionales de distintos tipos.

Debe tenerse en cuenta, además, que a lo largo del periodo de tiempo al que se ha hecho referencia, en general, la política migratoria para colombianos en el exterior se concentró en los migrantes “privilegiados” económicamente. Se relegó a los refugiados de los intereses estatales, mientras que el Estado permitió la migración vinculada a la actividad diplomática con otros gobiernos (Medina, 2013), reflejando una brecha entre los ordenamientos jurídicos y la situación de los refugiados (Villa, 2008).

La política de refugio en Colombia parece haberse hecho visible solo recientemente. Sobre todo, con la mención en el exterior, de las víctimas del conflicto armado interno en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y Resti...

Índice

• Cubierta
• Portadilla
• Portada
• Créditos
• Contenido
• Agradecimientos
• Introducción
• Capítulo 1. Las luchas políticas de los refugiados colombianos en Ecuador y Canadá
• Capítulo 2. La paradoja del refugio: se anuncia como inclusión, se resuelve como exclusión (despolitización)
• Capítulo 3. Una aproximación al derecho internacional de refugiados: el refugio entre lo universal y lo regional
• Capítulo 4. Resistencias entre la paradoja del refugio: un regreso a lo político (la politización)
• Conclusiones finales
• Anexos
• Referencias
• Siglas y acrónimos
• Notas al pie