Complicidad económica con la dictadura chilena

Un país desigual a la fuerza

Karinna Fernández, Juan Pablo Bohoslavsky, Sebastián Smart, Karinna Fernández, Juan Pablo Bohoslavsky, Sebastián Smart

• Editorial: LOM Ediciones
• Año: 2019
• ISBN del libro electrónico: 9789560012098
• Categoría: Economía
• Categoría: Economía política

El libro demuestra, con argumentos teóricos y estudios de casos, que en Chile, para alcanzar objetivos básicos en materia de justicia, memoria, reparación y prevención, resulta crucial concentrarnos en el comportamiento de los actores económicos durante la dictadura pinochetista. Mediante el análisis de diversos casos de complicidad económica con la dictadura, el libro establece cómo dichas conexiones contribuyeron a los niveles de desigualdad hoy experimentados en Chile y elabora un marco teórico para su análisis. Además, aporta información y argumentos legales, económicos, políticos, históricos e institucionales en la agenda que involucra a las complicidades económicas en Chile.

Capítulo 1
La complicidad en contexto: ¡Es la economía, estúpido!

Juan Pablo Bohoslavsky

El golpe militar de 1973, la consolidación del gobierno dictatorial y las atrocidades que este cometió tuvieron como principal propósito crear las condiciones necesarias para la implementación de políticas económicas que beneficiarían a una minoría en el país y en el extranjero y que, consecuentemente, serían rechazadas por gran parte de la población⁴⁶. La racionalidad de la dictadura fue eminentemente económica. La fuerte puja redistributiva que comenzó en los setenta en un gran número de países, exacerbada por las implicaciones de la Guerra Fría en la región, se hizo carne en Chile.

Este libro, a través de sus 26 capítulos, desentraña el rol que tuvieron los actores económicos durante la dictadura pinochetista y lo presenta y explica desde una dimensión sistémica e interdisciplinaria. De este modo, el libro intenta realizar un aporte a la narrativa histórica de la dictadura, puesto que la responsabilidad de los empresarios y empresas ha estado prácticamente ausente en el debate público en torno al pasado reciente de Chile.

Como podrá apreciar el/la lector/a, la noción de cómplices económicos sobre la cual este libro fue concebido excede en mucho a los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito de los que dio cuenta el escándalo del Banco Riggs⁴⁷. Se trata, tal como lo explicara la Comisión Internacional de Juristas en 2008, de las contribuciones que hacen posible, tornan más fácil o mejoran la eficiencia en la comisión de delitos⁴⁸. Es necesario aclarar que tanto las empresas privadas como las estatales pueden efectuar contribuciones para la perpetración de graves violaciones de derechos humanos, tal como lo atestiguan el caso de la Pesquera Arauco, que Fernández y Garcés explican en su capítulo, y los pilotos de LAN Chile que cumplieron encargos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)⁴⁹.

Esto no significa que todo actor económico que haya de algún modo contribuido a la consolidación de la dictadura deba hoy afrontar una sanción penal. Existió una amplia gama de conductas cómplices, que van desde requerir a la DINA que asesine a dirigentes sindicales, prestar instalaciones y camiones para secuestrar y torturar, pasando por la asistencia financiera al gobierno sin formular demasiadas preguntas, la manipulación de información periodística para garantizar impunidad a criminales, hasta el desarrollo de argumentos científicos que justifiquen políticas de exclusión y/o represión. Los capítulos de Bohoslavsky y de Sferrazza y Jara Bustos explican cuáles son, desde las ópticas del derecho internacional, comparado y chileno, las secuelas legales de cada uno de esos aportes.

Aunque la rendición de cuentas es un pilar central para la consolidación de la paz, la justicia y la democracia, el debate debe exceder el estricto marco de responsabilidad legal. Así, este libro, además de ampliar la narrativa sobre la dictadura de Pinochet y ofrecer elementos para considerar la responsabilidad de los cómplices económicos, invita a reflexionar acerca de cómo, en la búsqueda de los objetivos vinculados a la verdad, memoria, compensación de daños y no repetición, pueden (deben) considerarse el rol de las empresas y empresarios y las políticas económicas impulsadas por el gobierno. Al mismo tiempo, propone vincular esta nueva narrativa sobre complicidad económica con la actual agenda de justicia social. Los problemas y condicionantes socioeconómicos que explican el golpe de Estado y las políticas de la dictadura y sus efectos, también socioeconómicos, ¿aún se reproducen en democracia?

¿Por qué son cruciales los apoyos económicos que recibe un gobierno autoritario?

Los gobiernos autoritarios padecen de un déficit estructural de legitimidad, con lo que su permanencia en el poder está supeditada al uso equilibrado de dos tipos de recursos: a) asignar recursos económicos de una manera estratégica, procurando comprar lealtades y apoyo de sectores claves de la sociedad; y b) reprimir a la sociedad o conceder de manera oportunista libertades civiles y políticas a fin de minimizar las críticas⁵⁰. Tanto para comprar voluntades como para montar un aparato represivo eficaz se necesitan recursos económicos.

No sorprende, entonces, que los análisis cuantitativos indiquen que la mayor asistencia financiera e inversión extranjera directa favoreciendo regímenes criminales se encuentra asociada a una mayor duración de esos gobiernos⁵¹. Estos recursos ayudan a los gobiernos autoritarios a consolidarse, esto es, a desplegar su estrategia de compra de voluntades y represión de una manera eficaz.

¿Cómo operaron esta dinámica de elecciones racionales y presunciones estadísticas en la dictadura pinochetista?

En primer lugar, tal como explican Bohoslavsky & Rulli en su capítulo, el gobierno de Pinochet obtuvo financiamiento externo masivo gracias a su inmediato alineamiento geopolítico internacional en la lucha contra el comunismo. Esto le garantizó un flujo de fondos suficiente y continuo aun en un contexto de bajo crecimiento, alto desempleo y déficit fiscal.

De un modo más general, los instrumentos y canales a través de los que se asignaron recursos económicos de una manera estratégica, es decir, para granjearse el apoyo de sectores poderosos de la sociedad chilena, incluyeron políticas tributarias, presupuestarias, industriales, forestales, extractivas, bancarias y financieras, urbanísticas, carcelarias, previsionales, monetarias, de comercio exterior y privatización de empresas estatales. De todas esas políticas sectoriales dan cuenta los capítulos que componen este libro. El denominador común de dichas políticas fue el beneficio económico otorgado a las élites de Chile y las grandes empresas nacionales y extranjeras, que aumentaban la desigualdad en el país, y que usualmente encontraban un correlato en el rol cómplice o condescendiente de esos mismos beneficiarios con el régimen.

Claramente los militares disponían de su propia agenda ideológico-política para acceder y mantenerse en el poder: aplastar el comunismo, restablecer el orden social, despolitizar a la población y aumentar el gasto del sector militar. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que los militares instrumentalizaron a los empresarios para perpetuarse en el poder.

Sin embargo, una mirada más cercana a esa dinámica –que incluye, por ejemplo, la integración de altos cuadros técnicos del gobierno de Pinochet por parte de representantes de sectores empresarios beneficiados por ese gobierno– nos indicará que es difícil identificar la dirección de las causalidades: ¿el gobierno otorgaba beneficios económicos a esos grupos empresarios para poder mantenerse en el poder, o estos apoyaban a Pinochet (ya antes el golpe) para que aplicara esas mismas políticas? La respuesta a este interrogante nos puede llevar a repensar quién era cómplice de quién. La comisión de delitos económicos que beneficiaban tanto a militares, civiles y empresarios fue otra herramienta eficaz de asignación de recursos y compra de lealtades. Esto último se materializó, por ejemplo, en el apoyo político explícito al gobierno (como se evidenció con las cámaras empresariales) o, cuanto menos, en el silencio frente a los delitos de lesa humanidad que se estaban cometiendo. La complicidad de periodistas, medios de comunicación, think tanks y académicos también se explica, no sólo por los claros alineamientos políticos e ideológicos, sino también por los beneficios materiales que recibían.

Esa dinámica micro tuvo un correlato macro, tal como lo explican Ahumada & Solimano y Rodríguez Weber en sus respectivos capítulos. La radical y rápida –luego del golpe– transferencia de riqueza nacional a favor de la clase empresarial y en detrimento de la trabajadora, que se tradujo en un aumento brutal de la desigualdad económica y social, fue el resultado de la imposición de la política económica neoliberal. El descontento se contuvo con violencia estatal extrema contra los representantes sindicales (ver el capítulo de Winn & Vergara) y con un fuerte debilitamiento del poder de negociación colectiva de los trabajadores, lo cual se tradujo, obviamente, en un deterioro de sus condiciones laborales, incluyendo el salario (ver el capítulo de Marzi).

La dimensión económica del plan criminal de la dictadura pinochetista, esto es, la virtuosa relación entre represión y concentración de la riqueza, no es una novedad. Antonio Cassese, relator especial designado en 1977 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el mandato específico de evaluar la relación entre la ayuda financiera recibida por el régimen de Pinochet y las violaciones de derechos humanos que la población de Chile estaba experimentando por entonces, presentó en 1978 un detallado informe oficial⁵². Su principal conclusión fue que «[l]a asistencia económica extranjera en gran medida sirve para fortalecer y apuntalar el sistema económico adoptado por las autoridades chilenas, que a su vez necesita basarse en la represión de los derechos civiles y políticos, las conclusiones confirmaron que la masa de la actual asistencia económica actual es instrumental en la consolidación y la perpetuación de la actual represión de aquellos derechos»⁵³. Este sofisticado informe de 260 páginas fue ignorado por décadas; es por eso que sus principales conclusiones son reproducidas en este volumen en un capítulo aparte.

Por su parte, mientras es conocida la envergadura y gravedad de los delitos de sangre cometidos por el pinochetismo, aquí es necesario señalar que, en un contexto de restricción fiscal y contracción del gasto público, los gastos en defensa y policía aumentaron significativamente –del 14,9 % de gastos del sector público en 1969 al 23,3% en 1982–, mientras el gasto social disminuyó⁵⁴. Aquí, otra vez, se puede comprobar la racionalidad en el uso de los recursos estatales: sostener financieramente un aparato burocrático-represivo eficaz para poder implementar políticas económicas que generaban resistencia social y política.

Otro dato que corrobora y reconoce la relación que puede existir entre apoyo económico y las violaciones graves de derechos humanos que comete un gobierno autoritario fue la política que el gobierno de James Carter –diferenciándose de sus antecesores– adoptó hacia Chile a partir de 1976: Estados Unidos (al igual que otros gobiernos europeos) redujo y luego interrumpió la ayuda financiera y militar a Chile basándose explícitamente en la situación de los derechos humanos en el país⁵⁵. Con la reticencia a contribuir económicamente con el régimen de Pinochet se buscaba debilitarlo y de ese modo obligarlo a conceder libertades civiles y políticas.

Asunto pendiente

La agenda chilena de verdad, memoria, justicia, reparaciones y reformas institucionales ha focalizado sus recursos discursivos, legales, políticos e institucionales casi exclusivamente en los delitos de sangre, marginalizando el rol y posible responsabilidad de los cómplices económicos de la dictadura pinochetista. El debate en torno a la racionalidad económica que latía en el pinochetismo estuvo limitado, casi exclusivamente, al enriquecimiento ilícito del que dio cuenta el escándalo del Banco Riggs y sus negocios opacos con Pinochet y su familia, y algunos otros casos de corrupción estatal.

Este no es un fenómeno exclusivo de Chile, sino que se inserta en una tendencia general del derecho internacional de los derechos humanos a establecer responsabilidades, prioritariamente, en cabeza de los Estados y sus agentes. La responsabilidad de las empresas y los empresarios que facilitan y/o se benefician con gobiernos autoritarios ha permanecido históricamente fuera del radar de la justicia transicional, tal como explica Roht-Arriaza en su capítulo. Aun cuando los juicios de Núremberg lidiaron con la responsabilidad de los empresarios que contribuyeron con el régimen nazi⁵⁶, esta responsabilidad no volvió a emerger en contextos transicionales sino de una manera esporádica y parcial.

Por diversos motivos, esta inercia está cambiando en forma acelerada, tal como lo describen Payne y Pereira en su capítulo. En el plano internacional, el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cristalizando las obligaciones internacionales de las corporaciones en materia de derechos humanos, ha implicado un cambio en el paradigma legal consistente en que sólo los Estados deben respetar los derechos humanos. En la última década un número creciente de Comisiones de la Verdad han venido incorporando a sus agendas de trabajo la cuestión de la complicidad económica. En el plano regional, Argentina, Brasil y Colombia están avanzando en la implementación de medidas de justicia transicional que abarcan explícitamente a los cómplices económicos. Y, también, la literatura académica internacional en este campo crece de manera exponencial. Es tiempo de formular estos interrogantes en el contexto chileno, tal como lo han sugerido al enviar ...

Índice

• Prólogo
• Capítulo 1 La complicidad en contexto: ¡Es la economía, estúpido!
• Pasado y presente de la complicidad económica
• La economía del pinochetismo
• Juego de apoyos, corrupción y beneficios materiales
• Normas y prácticas represivas en favor de los grupos empresariales
• Estudios de casos
• Aspectos jurídicos de la complicidad económica
• Conclusiones y prospectivas