El apocalipsis a la vuelta de la esquina

Lima, la crisis y sus supervivientes (1980-2000)

Jesús Cosamalón

• Editorial: Fondo Editorial de la PUCP
• Año: 2018
• ISBN:
  9786123174224
• Edición: 1
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia social

Las décadas de 1980 y 1990 son recordadas por la gran cantidad de dificultades que el Perú afrontó: violencia, amenaza de cataclismos, basurales, epidemias, interminables huelgas, y, como si fuera poco, una profunda crisis económica que nos hizo creer que las plagas del apocalipsis se habían ensañado con los peruanos. Mientras esto ocurría a nivel nacional, otro conflicto no menos importante se desarrollaba en las calles de Lima: la expansión del comercio informal, que agregó enfrentamientos entre autoridades, comerciantes y vecinos.Este libro enfrenta la tarea de explicar esa expansión, analizando este fenómeno y su relación con la crisis mayor del Estado nacional y local, sus vínculos con la extensa y profunda crisis económica y su impacto en los imaginarios urbanos. Además, esta investigación busca incorporar la perspectiva de los propios ambulantes, por medio de la información periodística y entrevistas. Una propuesta importante de este libro se resume en discutir si la expansión del ambulantaje, una de las caras más visibles de la informalidad, se debió a un exceso de regulación estatal, la cual se habría producido paradójicamente en un contexto de extrema debilidad del Estado peruano, agobiado por la crisis y la violencia política.

Capítulo 1
Un largo debate
Definiciones del sector informal urbano

Propuestas y discusiones

Según diversos estudios, la preocupación acerca del surgimiento de esta nueva forma de participación económica, el sector informal urbano, comenzó desde los primeros años de la década de 1970, especialmente luego de la publicación de una investigación dedicada a los mercados laborales en el África (Pok & Lorenzetti, 2007). El tema se convirtió rápidamente en objeto de interés académico, especialmente para instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual desde 1972 buscaba comprender la evolución e impacto del capitalismo en las zonas llamadas periféricas. Desde esa fecha no han cesado de presentarse diversas publicaciones dedicadas a estudiar a este sector, que abarcan una gran dimensión de regiones y de subtemas9.

La aparición del sector informal urbano más allá de las zonas periféricas, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, renovó el interés en comprender sus características. Así, se pueden registrar estudios en diversos lugares del mundo, los cuales muestran que este problema ha dejado de ser exclusivo de las llamadas economías en vías de desarrollo o que sufren de constantes crisis económicas. En América del Sur, países que en la década de 1980 parecían alejados de este tipo de problemas, como Argentina, Chile o Uruguay, por diversas causas, desde la última década del siglo XX, comenzaron a registrar la presencia de un pujante sector informal urbano, lo que motivó una serie de estudios acerca de la economía informal10. Un informe del año 2000 reconoce que este problema afectaba en diverso grado a las economías de todo el mundo: el porcentaje de participación del sector informal urbano en el PBI oscilaban entre el 40 y 60% en América Latina, y entre el 8 y 25% en las regiones desarrolladas (Europa, Japón y Estados Unidos)11.

De este modo, el problema dejó de ser una preocupación exclusiva de los llamados países en tránsito al desarrollo o de desempeño económico por debajo de la media mundial. En el contexto de América Latina, en Argentina —que no padecía del fenómeno masivo de la informalidad— por ejemplo, se incrementó el porcentaje de trabajadores por cuenta propia de 7% de la PEA en 1947 a 12,5% en 1960, 19,4% en 1980, 22,4% en 1991 y 20,3% en el año 2000; incluso el 6,3% de estos trabajadores se encontraba dentro de las ventas ambulantes (Donaire, 2007, p. 58). En Chile, a principios del siglo XXI el sector informal urbano ocupaba el 32% de la mano de obra empleada en el sector urbano, mientras que se registraba un 57% en el caso boliviano12. La expansión del fenómeno en regiones desarrolladas, o que no habían sufrido masivamente su presencia, ha contribuido de manera decisiva a que el debate acerca de su surgimiento y características se renueve constantemente.

Se pueden organizar las interpretaciones en tres vertientes13. La primera de ellas, de corte estructuralista, fijó su atención preferentemente en la relación existente entre el surgimiento de la economía informal y la producción moderna o capitalista de cada lugar14. Como reconoce José M. Candia, esta perspectiva tuvo el mérito de abandonar el concepto de marginalidad propuesto anteriormente por Aníbal Quijano (2003). El peligro de esta última propuesta es que no permite establecer la articulación entre el sector informal urbano y el resto de la economía, considerándola un producto anómalo, literalmente ‘secretado’ por el sistema15. La perspectiva estructuralista considera que la incapacidad del sector moderno para absorber la mano de obra y proveer de empleo a la creciente migración campo-ciudad es el factor trascendental que explica el surgimiento de un sector informal urbano (Cortés, 1988, p. 43). Esta propuesta fue enriquecida con diversos estudios que mostraron la funcionalidad y articulación de este sector con el resto de la economía; el sector informal urbano permitía la reproducción a bajo costo de la mano de obra y la producción de bienes y servicios16. Como resultado de esta perspectiva, el sector informal urbano se definió como «las pequeñas unidades de producción y distribución de bienes y servicios», generalmente ubicadas en los países en desarrollo, «con manejo de mano de obra familiar, de escasa tecnología y bajo capital» (Pok & Lorenzetti, 2007, p. 8). La insuficiencia de esta propuesta ha sido ampliamente discutida. Los vacíos más evidentes son la ausencia del Estado en el análisis y la hipótesis no siempre verificada de la falta de opciones laborales de quienes se incorporaban al sector informal (Pinilla Cisneros, 2004). Finalmente, esta definición tan restrictiva del sector informal urbano dejaba fuera del campo semántico del concepto a las grandes empresas que decidían subcontratar o mantener parte de sus actividades fuera de la economía formal.

La segunda perspectiva está inspirada en la economía neoinstitucional que enfatiza el costo de transacción en las actividades económicas. En este caso, es un autor de origen peruano, Hernando de Soto, quien realizó uno de los aportes más influyentes, con la publicación de su estudio acerca del sector informal en la ciudad de Lima. De Soto desestima casi totalmente los factores estructurales —como el modelo de desarrollo o el desempeño macroeconómico— y se preocupa del papel del Estado en las economías latinoamericanas de origen colonial y su ineficacia para llevar adelante la modernización económica17. Al contrario que los estudios estructuralistas de inspiración marxista, De Soto considera que el Estado ha tenido históricamente demasiada injerencia en la economía y que los gobiernos latinoamericanos han sido manejados por intereses mercantilistas alejados del espíritu liberal que fomenta la libertad de empresa. Por ejemplo, el Estado peruano, caduco y arcaico, desde la segunda mitad del siglo XX se mostró claramente incapaz de ofrecer las reglas apropiadas para dinamizar la economía, dedicándose a proteger por medio de engorrosas barreras legales los derechos económicos de una minoría, la cual siempre se las ingeniaba para mantener fuera del juego a quienes sí eran capaces de tener la iniciativa económica.

La propuesta de Hernando de Soto se nutrió de otras investigaciones desde la década de 1960 dedicadas a las barriadas y su capacidad de autogestión, especialmente los trabajos mundialmente conocidos del arquitecto John Turner (1963) y del antropólogo William Mangin (1967). De acuerdo con Ana María Fernández-Maldonado, Turner visitó Lima entre 1957 y 1965, y mostró al mundo académico que las barriadas no eran lugares solo de delincuencia y marginalidad, y en 1968 Mangin y Turner publicaron un ensayo conjunto en que ensalzaron la lucha de los habitantes por conseguir una propiedad, conservarla y prosperar (Fernández-Maldonado, 2015, p. 5). Ambos autores, especialmente Turner, abogaron por la defensa de este proceso autogestionario ante la ineficiencia de la inversión estatal, antes que la erradicación de las barriadas; el arquitecto afirmó que «el movimiento barrial era un vehículo para el desarrollo local, la integración de la comunidad y, más aún, para la realización personal» (Fernández-Maldonado, 2015, p. 7)18.

En la década de 1980 y con el progresivo derrumbe mundial del estado de bienestar expresado en la cada vez menor inversión pública, De Soto criticó el costo que supone la excesiva reglamentación y burocratización del Estado, tanto a nivel central como local19, las cuales dificultan el acceso al mercado y elevan innecesariamente los costos de la formalidad, razón por la cual los actores, en un análisis costo-beneficio, optan por mantenerse fuera de la legalidad20. Estos hechos explicaban el auge de la construcción informal, que hacía que los poseedores de los lotes, ante el elevado costo de las licencias y de la pérdida de horas/hombre de los trámites, optaran por desarrollar su vivienda al margen de las engorrosas regulaciones estatales y no pudieran valorizarla en el mercado.

En ese sentido, la definición de economía informal de Hernando de Soto abarca a las actividades económicas no delictivas que se realizan al margen del ordenamiento jurídico, tanto por desconocimiento como por la incapacidad real de cumplimiento21. Sin embargo, como señala Javier Iguíñiz, si la violación del ordenamiento jurídico es económicamente rentable, ¿por qué sería deseable incorporarse a la legalidad? La respuesta del Instituto Libertad y Democracia (ILD) a esta interrogante es insuficiente y contradictoria: porque la informalidad trae demasiados costos, producto de la exclusión de los beneficios de la formalización, reservados a quienes se aprovechan mercantilistamente del mercado (Iguíñiz, 2008, p. 12)22.

Un aspecto positivo de esta propuesta es que permite recuperar la decisión de los actores, quienes antes de ser solo víctimas pasivas de los factores estructurales de la economía, cuentan con capacidad de elección23. Sin embargo, un aspecto de esta propuesta claramente desconcertante y contradictorio es, como señaló Flores Galindo (1988), la ausencia de personas concretas en su análisis. Es paradójico cómo De Soto presenta a los informales como defensores del libre mercado24, de la iniciativa individual y del progreso, mientras que prácticamente no muestra a ninguno con su nombre y apellido: son personas anónimas. Abundan las denominaciones genéricas: ‘el ambulante’, ‘un dirigente’, etcétera.

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