México tóxico

Emergencias químicas

Lilia Albert, Marisa Jacott

• Editorial: Siglo XXI Editores México
• Año: 2016
• ISBN del libro electrónico: 9786070307133
• Categoría: Ciencias sociales
• Categoría: Estudios de desarrollo global

La respuesta a las emergencias químicas en México se caracteriza por la falta de una política pública integral como lo evidencian la aprobación de normas incongruentes, la proliferación de dependencias e insuficientes medidas para prevenir y controlar estas emergencias. La falta de esta política afecta directamente la salud ambiental de muchas comunidades, pone en riesgo su integridad, impide que se asignen los fondos necesarios para prevenir dichas emergencias y a que los cuerpos que deben responder a ellas carezcan de la preparación y el equipo adecuados para hacerlo de manera oportuna, eficaz y segura.Por la importancia del tema y ante la escacez y dispersión de la información respectiva, en este libro se reúnen los datos disponibles sobre la emergencias químicas ocurridas en México y se ponen en el contexto de los principios actuales para la gestión de las sustancias peligrosas, las directrices y los convenios internacionales sobre el tema, así como los compromisos que México ha adquirido al respecto.Se incluye información sobre el marco legal mexicano para que, por comparación con los lineamientos internacionales, se pueda evaluar objetivamente la situación en México, así como una cronología de las principales emergencias químicas que han ocurrido en el país, un resumen de las estadísticas oficiales respectivas y cinco estudios de caso de emergencias importantes —Anaversa, Tekchem, Dragón, Ecoltec y Buenavista del Cobre—, cuyas características pueden orientar sobre lo que es necesario complementar o corregir en las acciones oficiales en este tema

IV

ESTUDIOS DE CASOS DE EMERGENCIAS QUÍMICAS EN MÉXICO

9. ANAVERSA. UN CRIMEN IMPUNE

LILIA AMÉRICA ALBERT

Entre las emergencias químicas más graves ocurridas en México, destaca la explosión en la formuladora de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), cuyas causas y consecuencias siguen vigentes más de veinticuatro años después.

ANTECEDENTES

Esta planta se estableció en 1962 en Córdoba, Veracruz, para formular, envasar, almacenar y distribuir varios plaguicidas. Se ubicaba en una zona central de la ciudad, de nivel económico medio y bajo, cerca de importantes avenidas y de varias escuelas, una guardería infantil, dos iglesias, la estación del ferrocarril, una gasolinería, varias fondas, pequeños comercios y casas-habitación; en los alrededores había numerosos puestos callejeros de frutas, vegetales y comida preparada. Después del accidente se supo que había operado sin licencias la mayoría de los casi 30 años transcurridos desde su instalación.

Oficialmente, la empresa tenía autorización para formular cinco plaguicidas: pentaclorofenol, 2,4-D, malatión, paratión metílico y paraquat, pero en las paredes del local había anuncios de varios más, lo que permite suponer que, al menos, los almacenaba y distribuía. En el momento de la explosión, sus licencias federales de ambiente y salud habían sido renovadas recientemente, a pesar de que no acreditaba los requisitos mínimos; en contraste, las autoridades de agricultura le habían negado la renovación debido a varias deficiencias.

Prácticamente desde que la planta inició sus operaciones, los vecinos se quejaron de problemas de salud como irritación de ojos, nariz y garganta que asociaban con sus actividades, así como del desagradable olor alrededor de la planta, que también salía por los drenajes cuando se limpiaban las instalaciones. Inclusive, poco antes del accidente, los padres y maestras de una de las escuelas cercanas habían pedido por escrito, a las autoridades municipales, que la reubicaran.

Por lo tanto, es posible suponer que la comunidad aledaña había estado expuesta, quizá desde un inicio, a varios plaguicidas: a] a través de los humos, vapores y polvos generados por la ineficiente operación de la planta, b] a través de los desechos líquidos de Anaversa que iban por el drenaje municipal hacia el arroyo El Coyol o directamente a la calle y c] con los desechos sólidos que enviaba al basurero municipal.

EL ACCIDENTE

A las 13:20 pm del viernes 3 de mayo de 1991 se inició en Anaversa un incendio –que fue atribuido a un corto circuito–, seguido de una serie de explosiones. De acuerdo con la comunidad y la prensa local, en los días previos al accidente en la planta hubo al menos tres pequeños incendios, el último de ellos, el día anterior.

Del local se levantó una gran columna de humo de olor desagradable, formada por los gases y vapores del incendio que, debido al viento del norte que prevalecía en ese momento, se movió con rapidez hacia el sureste y cubrió la tercera parte de la ciudad, que entonces tenía 153 000 habitantes.

Los bomberos de la ciudad llegaron poco después de que se inició el incendio. Este servicio estaba formado por voluntarios sin capacitación especial ni equipo adecuado, por lo que no lograron controlar el incendio y los tuvieron que apoyar grupos de respuesta a emergencias de ciudades cercanas. El control del incendio requirió más de tres horas, durante las cuales hubo otras cuatro explosiones.

Además de controlar el fuego, los bomberos estuvieron enfriando con agua dos tanques de 50 000 litros cada uno que contenían disolventes inflamables. Aunque posteriormente se les culpó por diseminar los contaminantes, es una realidad que, si no lo hubieran hecho, estos tanques podrían haberse incendiado y, al llegar el fuego a la gasolinera situada a menos de 100 metros de distancia, se hubiera causado un accidente aún más grave.

El acceso a las instalaciones no fue restringido y numerosas personas trataron de participar en el control del incendio, exponiéndose innecesariamente y dificultando la labor de los bomberos. Las autoridades municipales no aparecieron.

En la zona hubo pánico y caos que fueron agravados porque era la hora de la salida de los niños de las escuelas cercanas; sin embargo, la comunidad actuó rápidamente: algunos vecinos recogieron a los niños, otros trataron de ayudar a los bomberos, unos más llevaron a los afectados a los servicios de salud. Cuando se controló el incendio, las amas de casa acordonaron el sitio; después, fueron reemplazadas por los dueños de los comercios cercanos y otros vecinos que acordonaron unas doce manzanas hasta que llegó el ejército.

DESPUÉS DEL ACCIDENTE

Doce horas después llegó el ejército y puso en operación el plan DN-III de control de desastres. Los soldados ayudaron a evacuar a más de 1 700 vecinos en 15 colonias de la zona y acordonaron la planta durante 48 horas, después de las cuales el ejército se retiró. En ese momento se permitió que los evacuados de la zona aledaña regresaran a sus hogares, a pesar de que persistía el fuerte olor; a los que vivían más lejos se les dejó regresar a las 72 horas y casi todos los demás regresaron a los cinco días.

No se informó a los evacuados sobre las precauciones que deberían tomar al regresar a sus casas, por lo que continuó habiendo intoxicados hasta tres semanas después del accidente, los que, sin embargo, ya no fueron incluidos en las cifras oficiales.

Tampoco se informó a los vecinos sobre las precauciones que deberían tener con el polvo que entró en sus casas y cubrió sus muebles, por lo que deben haberlo barrido y enviado al basurero municipal junto con la basura normal.

Dos meses después, el 8 de julio, la Secretaría de Salud federal revocó la autorización que había dado a Anaversa y clausuró definitivamente la planta, pero no canceló el acceso y varias personas siguieron entrando a las instalaciones y exponiéndose a los desechos peligrosos remanentes.

Todavía cuatro meses después del accidente, en septiembre de 1991, en la zona era claramente perceptible el olor a plaguicidas. Cuando llovía, el agua penetraba por los agujeros que se hicieron en el techo a causa de las explosiones y de la planta salía un líquido verdoso con el mismo olor.

LOS AFECTADOS

La capacidad de los servicios locales de salud fue rebasada rápidamente debido al elevado número de afectados y a que se intoxicaron de manera casi simultánea, por lo que se tuvo que pedir el apoyo de médicos y enfermeras privados, así como de estudiantes de medicina. Algunos afectados fueron trasladados a otras ciudades por la gravedad de sus síntomas o porque ya no hubo sitio para ellos en los hospitales de la ciudad.

Según datos oficiales, en las instituciones locales de salud fueron atendidas 292 personas, todas ellas con debilidad muscular, 95% con náuseas y 56% con dolor abdominal, dificultad respiratoria o visión borrosa. Es posible que muchas más hayan tenido manifestaciones subclínicas y que la cifra oficial solamente incluya a quienes tuvieron síntomas más graves o fueron atendidos en un hospital público.

Entre los más afectados estuvieron los bomberos, los residentes que ayudaron durante la emergencia y las personas que se abastecían de los pozos artesianos. También los soldados deben haber sido muy afectados, pero se desconoce su número e identidad y si tuvieron síntomas de intoxicación. A causa de la dispersión de humos y polvos con el viento, también hubo intoxicados en zonas alejadas de la planta.

En marzo de 1992, casi un año después de la explosión, quienes habían estado intoxicados seguían teniendo nerviosismo, agotamiento y debilidad muscular.

LOS DESECHOS

El agua que se usó para controlar el incendio y enfriar los tanques con disolventes corrió sobre todo en dos direcciones: la primera hacia la calle y, de ahí, hacia el drenaje municipal por los arroyos La Sidra, Tepachero y Las Conchitas; la segunda, hacia el arroyo El Coyol, por una conexión clandestina de la planta con el drenaje municipal. A lo largo de estos arroyos había varios pozos artesianos. El agua de estos arroyos y pozos, inclusive algunos bastante lejanos a la planta, tomó rápidamente un color verde intenso y los peces murieron de inmediato.

Debido a que la conexión de la planta con el drenaje municipal era clandestina, en un principio no se supo cuál era la ruta del drenaje de la planta lo que impidió que las autoridades clausuraran de inmediato los pozos contaminados y fue hasta cinco días después que las autoridades de salud clausuraron 120 pozos y proporcionaron agua a las familias afectadas; el color persistió por varios días.

La limpieza de las instalaciones tardó más de dos semanas; debido a que la explosión rompió el techo y era época de lluvias, el agua entraba al local, arrastraba los residuos de arena, arcilla adsorbente y plaguicidas y generaba un líquido verdoso de olor desagradable que corría por las calles del barrio.

Una parte del producto fue acarreado por el agua, se coló por las alcantarillas y llegó a la calle en donde los residuos se acumularon y en donde seguían una semana después del incendio; otra parte fue absorbida con arcilla y cal y, posteriormente, recogida en tambos; éstos se llevaron a la vecina ciudad de Fortín de las Flores en donde se depositaron atrás de un hotel, hasta que las quejas de los vecinos por el fuerte y desagradable olor, obligaron a las autoridades a trasladarlos de nuevo.

El manejo de los desechos del incendio estuvo a cargo de las autoridades federales del ambiente las que, a fines de mayo, informaron que en junio se enviarían al confinamiento de RIMSA en Monterrey, sin que exista constancia pública de que haya sido así.

LA EMPRESA

La empresa informó a las autoridades que, en las instalaciones, había unos 30 mil 500 litros de algunos de los productos que estaba autorizada para formular. Afirmó que, de ellos, sólo el 15% salió de las instalaciones, ya diluido con el agua que se usó para controlar el incendio. Añadió que, sobre el lugar, se esparcieron cal y celita para inactivar algunos de los plaguicidas.

A pesar de las evidencias de las que, inclusive, había un video, negó que hubiera habido explosiones o intoxicación por agroquímicos y afirmó que era muy poco probable que los pozos se contaminaran por esta causa.

La empresa no indemnizó a los afectados ni les repuso ninguna de sus pérdidas.

Debido a que los dueños de la planta no proporcionaron una lista comprobable de los productos que se formulaban o almacenaban allí y de las materias primas respectivas, hasta el momento se desconoce cuáles plaguicidas u otras sustancias había en la planta en el momento del accidente, en qué cantidades, ni cuáles formulaba o almacenaba.

ACCIONES QUE DEBIERON REALIZAR LAS AUTORIDADES DE SALUD

Las limitaciones de espacio en los hospitales de la zona se complicaron porque el personal de salud no estaba preparado para atender a los intoxicados, pues tenía un conocimiento superficial de los efectos adversos de los plaguicidas organofosforados (plaguicidas OF), no conocía los de otros plaguicidas y no contaba con antídotos para ninguno de ellos; por lo tanto, trataron a todos los afectados de la misma manera, independientemente de sus síntomas.

Por otra parte, inmediatamente después del incendio, las autoridades de salud debieron compilar una lista exhaustiva de los expuestos, incluyendo los residentes a lo largo de los arroy...

Índice

• Portadilla
• Página de título
• Créditos
• Las sustancias químicas: mejor prevenir que lamentar: Iván Restrepo
• Introducción
• I. Aspectos generales
• II. Desarrollo del marco legal
• III. Situación en méxico
• IV. Estudios de casos de emergencias químicas en méxico
• V. Emergencias químicas emblemáticas en el mundo
• VI. Conclusiones
• Índice