Derechos humanos en la Argentina

Informe 2017

Centro de Estudios Legales y Sociales

• Editorial: Siglo XXI Editores
• Año: 2019
• ISBN:
  9789876297974
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Derechos humanos

Este es el vigesimoprimer informe sobre los derechos humanos en la Argentina editado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Se presenta en una coyuntura muy particular, ya que una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de esos derechos en la Argentina.En un contexto regional e internacional que –más allá de los colores políticos– es adverso a los acuerdos globales en materia de derechos humanos, la respuesta del gobierno argentino ante hechos graves, la reiteración de represiones y los discursos puestos a circular sobre las amenazas del presente y episodios del pasado reciente, ponen en riesgo los consensos elaborados sobre derechos humanos en el país. A esto se suman decisiones judiciales que apuntan contra algunos pilares de la democracia, como la lucha contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y el compromiso con los sistemas internacionales de protección.Esta situación exige resguardar principios en materia de derechos humanos de la dinámica de polarización general. Esa es la mejor tradición social y política construida en la Argentina desde el fin de la dictadura y la base desde donde es posible defender los acuerdos de la democracia.

1. El impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales[*]

La asunción de la alianza Cambiemos modificó el rumbo de las políticas socioeconómicas que habían llevado adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, primero, como salida a la grave crisis social, económica y política de 2001 y 2002, y luego, para consolidar un modelo que se propuso alinear los objetivos de crecimiento económico con los de inclusión social. Aunque la evaluación de las políticas del ciclo de gobiernos kirchneristas difiere según los analistas y los aspectos que se consideren, durante esa gestión se registraron avances y mejoras de los indicadores sociales básicos y de calidad de vida. En esos años también se reconocieron nuevos derechos sociales y se realizaron reformas normativas que restablecieron otros que en décadas anteriores habían sido restringidos.

Los principales impactos de esta transformación son:

• Según el Indec, en el segundo semestre de 2016[1] un 30,3% de la población era pobre, y un 6,1%, indigente. Estas cifras no pueden compararse con las de años anteriores, debido a cambios metodológicos y de composición de la canasta de consumo; al mismo tiempo, son casi tan cuestionadas como las elaboradas por el gobierno anterior. Sin embargo, diversos análisis[2] señalan un aumento significativo de la pobreza, por un lado, a causa de los efectos de la devaluación y la aceleración inflacionaria –que superaron a los salarios negociados en paritarias– y, por otro, debido a la caída de la actividad económica, que redujo los ingresos de quienes trabajan en sectores informales y de la economía popular fuera del amparo que brindan los convenios colectivos de trabajo.
• Entre noviembre de 2015 y enero de 2017, unas 48.900 personas se quedaron sin trabajo en el sector privado, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).[3] La cantidad de desempleados en el año no fue mayor porque desde mayo el sistema incorporó nuevos registros de monotributistas debido al cambio de inscripción y no a la creación de nuevos puestos. A su vez, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra)[4] señala que en dicho sector se habrían perdido casi 128.000 puestos, si se compara el cuarto trimestre de 2015 con el tercero de 2016. El informe advierte que, si bien en los últimos meses de 2016 las reducciones fueron de menor magnitud, no es posible afirmar que se hayan detenido. Estas cifras son coherentes con las de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que registró que un 9,2% de la población económicamente activa estaba desempleada durante el primer trimestre de 2017,[5] mientras que en la medición de 2015 lo estaba un 5,9%. En ese trimestre de 2017, más de 4.140.000 de personas tenían problemas de empleo: casi 1.150.000 no tenían trabajo y 2.998.000 estaban subocupadas.
• Entre el segundo trimestre de 2015 y el de 2016, la diferencia en los ingresos entre el 10% de los hogares más pobres y el decil más rico pasó de 12,3 veces a 13,8,[6] según el estudio de CEPA-Indep[7] basado en datos del Indec. Esto evidencia un aumento marcado de la desigualdad social y un cambio en la tendencia decreciente que se registraba desde 2003. Los datos del tercer trimestre de 2016[8] mostraron que la brecha volvió a subir hasta 15,1 veces, y que un 20% de la población se apropiaba de un 50% de la riqueza producida. En el cuarto trimestre del año la desigualdad se mantuvo en los mismos niveles.
• Se agravaron las dificultades de acceso a un hábitat digno por la combinación del deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, los aumentos en los precios de los inmuebles (en pesos o en dólares), la casi paralización de las obras públicas en general y de los programas de vivienda social en particular.

La concurrencia de mayores niveles de pobreza, desempleo y desigualdad, así como la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, lesionan gravemente el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales básicos, y ponen en primera línea la discusión sobre el tipo de modelo excluyente que se está construyendo en la Argentina.

1. Las políticas económicas de Cambiemos

En un reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)[9] afirmó que, en la actualidad, América Latina “está experimentado un crecimiento económico negativo y que el proceso de reducción de la pobreza parece estar revirtiéndose” respecto de la década y media anterior. La Argentina se inscribe en esta situación regional a partir de los cambios de políticas económicas implementados a partir de diciembre de 2015 en adelante. Desde entonces se desplegó una estrategia con tres pilares: fuerte transferencia de ingresos hacia sectores de alta renta, reedición de un modelo de acumulación con acento en la primarización de la economía y realineamientos de la política exterior en marcada subordinación a los intereses de grandes corporaciones y países centrales.

Tal como analizó el Observatorio de las Élites Argentinas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), en la integración del Gabinete que asumió esta agenda resulta significativo que más de un 31% haya ocupado “alguna vez un puesto gerencial en una empresa privada” y que, en particular, “en la Jefatura de Gabinete de Ministros, la proporción de CEO llega casi al 70%”. Muchos de los funcionarios actuales (uno de cada cuatro) se desempeñaban en el sector privado al momento de ser convocados por el gobierno, fenómeno que la bibliografía especializada ha dado en llamar “puerta giratoria”. De esos ochenta y seis casos, sesenta ocupaban los puestos más altos en las empresas de origen. En su mayoría, ingresaron en el Banco Central, en los ministerios de Energía, Producción, Agroindustria y Hacienda, y también en otras carteras de peso en materia social, como la Jefatura de Gabinete, Interior y Trabajo. Además, venían de desempeñarse en tres sectores particularmente sensibles a la regulación estatal: el bancario y financiero, el energético y el de servicios profesionales (seguros, consultorías, grandes estudios jurídicos).[10]

Las medidas adoptadas (devaluación monetaria, incremento de los precios, acuerdos salariales por debajo de la inflación, apertura comercial, paralización de obras públicas y aumento de tarifas en los servicios públicos) produjeron una contracción de la economía: según el Indec, la caída del producto bruto interno (PBI) en 2016 fue de un 2,1%.[11] Además, se llevó a cabo un fuerte reendeudamiento del país, que ha empezado a constituir una seria limitación para el uso de recursos públicos y una mayor subordinación a las fluctuaciones del mercado financiero internacional.

Algunas de estas medidas son un claro ejemplo de los impactos negativos que estas políticas han tenido en los derechos económicos y sociales.

Fuerte transferencia a los sectores de mayores ingresos

El sector agropecuario fue beneficiado con la quita de los derechos de exportación que tributaban sus productos principales, mediante dos decretos que modificaron la estructura arancelaria. Por el Decreto 133/2015, se eliminaron las retenciones al trigo y al maíz y se redujeron un 5% las de la soja. El Decreto 1343/2017, por su parte, estableció una baja progresiva de las retenciones a la soja del 0,5% mensual hasta diciembre de 2018: la alícuota –que hasta fines de 2015 era de un 35%, y hasta fines de 2016, de un 30%– será de un 18% a partir de enero de 2019. Con el Decreto 349/2016, que eliminó los aranceles de exportación, el sector minero también se vio beneficiado.

Estos impuestos tienen dos objetivos: el primero, la participación estatal en la rentabilidad de los recursos naturales; el segundo, sostener un precio para el mercado interno que sea menor que el de exportación de los productos. Levantadas estas restricciones que tendían a favorecer el mercado interno, se incrementó lo que pagan los consumidores locales de trigo y maíz. Los sectores agropecuarios y mineros experimentaron un aumento extraordinario en su rentabilidad, como resultado de la quita y reducción de estos aranceles. A ello se suma el beneficio obtenido gracias a la devaluación de la moneda de un 40%, luego de la anulación de las restricciones cambiarias en la primera semana de gestión del actual gobierno.[12]

La transferencia de ingresos hacia el sector exportador (en particular, al agropecuario y al minero) tiene un gran impacto regresivo en la distribución del ingreso nacional. Aunque los cálculos varían según los criterios de medición –sobre todo si se tienen en cuenta o no los efectos de la devaluación– y el período del año que se considere, las estimaciones van de los 5000 a los 8115 millones de dólares.[13] El sector fue doblemente beneficiado: tuvo una eliminación o una reducción fuerte de los impuestos y sus ingresos en pesos se multiplicaron gracias a la devaluación.

El gobierno nacional condonó deudas a empresas distribuidoras de electricidad por una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos, tras una modificación en la Ley de Presupuesto. Estas empresas también se beneficiaron con el aumento de la tarifa de la electricidad. Otra de las medidas adoptadas (Decreto 11/2016, ratificado por el Decreto 825/2016) fue la reducción de los impuestos a los automóviles, motos y embarcaciones de alta gama, naturalmente importados, los únicos cuyas ventas aumentaron como efecto de la transferencia de ingresos.

Casi la totalidad de las medidas estuvo orientada a profundizar el modelo extractivista concentrado en grandes empresas. Una primera muestra de sus resultados directos en la rica región de la pampa húmeda se advierte en un reciente informe de la Dirección de Estadística de la provincia de Buenos Aires.[14] Durante 2016, las exportaciones provinciales totalizaron 18.257 millones de dólares, lo que significó una disminución de un 3,2% respecto del año anterior. Cuando se desagregan los rubros, todos los productos...