Las voces de la represión

Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentina

Claudia Feld, Valentina Salvi, Enrique Andriotti Romanin, Paula Canelo, Diego Galante, Santiago Garaño, Luciana Messina, Eva Muzzopappa

• Editorial: Miño y Dávila
• Año: 2020
• ISBN del libro electrónico: 9789874735812
• Edición: 1
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Derechos humanos

Desde el regreso de la democracia a la Argentina, los responsables de la represión tomaron la palabra públicamente generando impactos, debates y polémicas. A pesar del silencio corporativo de los militares y de su ínfima o nula colaboración en la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos, a pesar de que muchas veces justificaron y negaron los crímenes cometidos, sus declaraciones constituyen un aspecto controversial pero no poco significativo de los procesos sociales a través de los cuales se ha elaborado el pasado de terrorismo de Estado en la Argentina. Estas declaraciones públicas de represores, sus condiciones de posibilidad, sus marcos de interpretación, sus escenarios de ocurrencia, sus contenidos y sus efectos, son el objeto de este libro. La investigación colectiva e interdisciplinaria que se recoge en el presente volumen recorre diversas trayectorias y declaraciones de perpetradores, incluyendo a militares que ocuparon altos cargos políticos durante la dictadura, como Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy. El análisis de estas declaraciones en tanto fenómenos sociales se propone como una herramienta para ponderar los desafíos políticos y éticos que plantea la responsabilidad de estos actores, y para constituir una condena simbólica duradera hacia tales crímenes.Escriben: Enrique Andriotti Romanin, Paula Canelo, Claudia Feld, Diego Galante, Santiago Garaño, Luciana Messina, Eva Muzzopappa, Valentina Salvi

De militar a torturador.

Las declaraciones de Julián “el Laucha” Corres en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca

Enrique Andriotti Romanin

Introducción

El 13 de diciembre de 1999, el teniente coronel Julián Oscar Corres se presentó como testigo –esto es, prestando juramento a decir verdad– ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca1 (CFB) en una audiencia del denominado Juicio por la Verdad.2 De esta forma, Corres, que por entonces se desempeñaba como Jefe del Destacamento de Inteligencia del Ejército situado en la ciudad de Río Gallegos, se convirtió en el primer militar argentino en actividad que brindó declaración en un juicio en relación con los desaparecidos durante la dictadura militar con posterioridad a la aprobación de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” y los indultos.

En su declaración ante el tribunal, Corres reconoció su participación en la “guerra antisubversiva” como jefe de guardia del centro clandestino de detención La Escuelita3 (CCD Escuelita), aportó precisiones acerca de su funcionamiento y organización y mencionó el apodo que utilizaba en dicho centro: “el Laucha”. Como resultado de su declaración, Corres fue denunciado por la comisión del delito de falso testimonio y debió enfrentar dos careos: con una de las sobrevivientes del mencionado CCD, que lo acusó de haberla torturado y abusado de ella durante su cautiverio, y con un médico que lo señaló como partícipe de un operativo que culminó con dos personas muertas. Las alternativas de la participación de Corres en las audiencias de este juicio permitieron observar algunas de las tensiones que, por entonces, se articulaban en torno al tratamiento del pasado de terrorismo de Estado en esta novedosa modalidad jurídica, pero también los conflictos y disputas entre distintos actores a la hora de evocar el pasado reciente.

El presente texto se propone analizar las declaraciones realizadas por Corres en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca con tres objetivos específicos. En primer lugar, dar cuenta de los modos en que se refirió a su participación en el CCD Escuelita y explicó el accionar de los integrantes de las FFAA. En segundo lugar, intentar identificar la incidencia del contexto de enunciación en el que esta presentación del pasado tuvo lugar, indagando los límites y posibilidades de los Juicios por la Verdad en tanto modalidad para el tratamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, en el contexto de vigencia de leyes e indultos que impedían el juzgamiento de los crímenes cometidos por los integrantes de las FFAA entre 1976 y 1983. Por último, se busca aportar a la comprensión de cómo se manifestaron, tras el retorno de la democracia, los miembros de las FFAA en el escenario judicial, cuando se refirieron a su accionar durante la represión, y se intenta explorar la incidencia de estas manifestaciones en la construcción social de la figura del “represor” (Feld y Salvi, 2016).

El juicio de Bahía Blanca. Civiles y militares en la sala de audiencias

Con las declaraciones de Adolfo Scilingo y Víctor Ibáñez4 y las autocríticas de los máximos responsables institucionales de las FFAA sobre el accionar de la fuerza, entre marzo y abril de 1995,5 se inició a mediados de los años noventa un nuevo “ciclo de memoria” (Lvovich y Bisquert, 2010) acerca de la violencia política y el terrorismo de Estado en Argentina. Posteriormente, otros factores como la aparición de H.I.J.O.S., las movilizaciones por el vigésimo aniversario del golpe militar y la realización de un proceso judicial en España sobre los desaparecidos en Argentina contribuyeron a dar impulso a nuevos debates sobre el pasado de violencia política y a restablecer en distintos escenarios las preguntas sobre el destino de los desaparecidos.

En el ámbito de la justicia nacional a mediados de los años noventa dos procesos contribuyeron a reabrir el tratamiento del pasado de violencia política y terrorismo de Estado en el ámbito judicial. Por un lado, la causa que iniciaron las Abuelas de Plaza de Mayo denunciando el plan sistemático de apropiación de menores por parte de los militares durante la dictadura militar permitió la detención de algunos de los jefes del régimen militar6 e instaló en la órbita de la justicia penal la cuestión de los niños y niñas que aún estaban en manos de sus apropiadores. Por otro lado, las distintas presentaciones judiciales realizadas con el objetivo de obtener información acerca de los desaparecidos dieron origen a los llamados Juicios por la Verdad. Estos juicios fueron el resultado de una estrategia jurídica novedosa elaborada por los abogados de algunas organizaciones de derechos humanos (Andriotti Romanin, 2013a) que permitió reactivar, en distintas instancias de la justicia penal federal, la búsqueda de la verdad acerca de los desaparecidos. Su puesta en marcha generó la emergencia de distintas voces que, a favor o en contra, se manifestaron respecto de la revisión del pasado de terrorismo de Estado, pero también significó el retorno a la sala de audiencias de militares retirados y en actividad, quienes confrontaron por el sentido de lo ocurrido principalmente con los familiares de desaparecidos y los sobrevivientes. Por este motivo, y también por las características que asumieron, estos juicios atrajeron rápidamente la atención de los medios de comunicación y, con ello, de una parte de la sociedad argentina.

La ciudad de Bahía Blanca fue la segunda ciudad del país donde se realizó uno de los Juicios por la Verdad. No era la primera vez que allí se producía una investigación oficial, ya que en 1984 había funcionado una de las delegaciones de la CONADEP,7 que elaboró un primer informe sobre las desapariciones en esa ciudad. Tampoco era la primera vez que la justicia federal intervenía en la indagación de los crímenes cometidos durante la dictadura en Bahía Blanca. En efecto, en 1986, la CFB investigó los delitos cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, y ordenó la detención de los principales responsables, entre ellos Acdel Vilas, quien prestó en esa ocasión una extensa declaración indagatoria.8 Con la promulgación de los indultos, estas actuaciones debieron finalizar. En función de estos antecedentes, la realización del Juicio por la Verdad mostró desde un comienzo la continuidad de posiciones antagónicas sostenidas por los actores sociales acerca de cómo evocar e interpretar el pasado reciente.

La instancia judicial donde se llevó adelante este juicio fue la CFB, que al haber intervenido previamente en causas referidas al pasado de violencia política, poseía un gran caudal de testimonios y de documentación referida a la estructura operacional del Ejército y la Armada durante la represión. Asimismo, el fiscal Hugo Omar Cañón estaba identificado con la demanda de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y trabajó con la querella en la presentación que dio inicio al juicio.9

Desde un inicio, la realización del juicio en la CFB organizó tempranamente las posiciones en torno a él. Por un lado, los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, nucleados en organizaciones de derechos humanos, interpretaban a la CFB como un potencial aliado y veían en el Juicio por la Verdad una instancia donde tendrían una oportunidad para hablar del pasado, contar lo que les ocurrió y dar a conocer de manera pública su verdad a la sociedad. Por otro lado, los militares y los actores civiles vinculados al proceso dictatorial cuestionaban a los integrantes de la CFB y manifestaban su recelo frente al juicio por considerarlo “político” y “parcial”. Entre los actores civiles de este grupo se destacaban algunos miembros del poder judicial y también el diario de Bahía Blanca, La Nueva Provincia (LNP), que había estado históricamente vinculado a las FFAA y que por entonces, junto con LR2 y Canal 9, conformaba el multimedio La Nueva Provincia (Zapata, 2013). Ante la inminente realización del juicio, este diario inició una campaña de desprestigio hacia el fiscal Cañón y, un día antes del comienzo de las audiencias, publicó un editorial cuestionándolo por su participación como testigo en el juicio español y advirtiendo sobre el “uso político” de la justicia:

Ha de haber extrañado la aparición de un magistrado del fuero en un reciente programa televisivo durante cuyo transcurso se expusieron argumentos a favor de legitimar las pretensiones del juez español Baltasar Garzón de extender su jurisdicción a nuestro país […], el magistrado aludido es Hugo Omar Cañón […] en suma, una vez más han quedado al descubierto las tergiversaciones y adulteraciones de la ley nacional e internacional que se permiten estos comités autotitulados como defensores de los derechos humanos, tan parecidos a los demás comités partidarios. Eso sí, siempre en nombre de la justicia y en cuanto sirva para el desquite de la derrota padecida en el terreno militar por los ex subversivos marxistas y por sus pasados y actuales camaradas de ruta. De la justicia entendida como la continuación de la guerra.10

Este cuestionamiento por parte de LNP se inscribía en una impugnación más amplia promovida por este diario respecto al accionar de la justicia en relación a la llamada “guerra antisubversiva”, que se desplegó mediante una serie de notas donde exmilitares y periodistas bregaban por una “verdad comple...

Índice

• Siglas y abreviaturas
• Introducción.
• PARTE I
• El hilo de Mayorga.
• La H es muda, pero habla.
• “Para que la sociedad no se diera cuenta”.
• PARTE II
• En busca de la imagen del represor: las entrevistas al excabo Vilariño
• Culpables de nada y responsables de todo: los excomandantes y el Juicio a las Juntas
• PARTE III
• Reflexiones en torno a la figura del torturador:
• Del “debate” imposible a la negación de los hechos: las declaraciones de Etchecolatz en 1997
• De militar a torturador.
• PARTE IV
• Un testigo anómalo. Un análisis del proceso de construcción como testigo de un exgendarme enviado al Operativo Independencia
• Los dichos de Eduardo “Tucu” Costanzo y la construcción de la verdad
• Referencias bibliográficas
• Biografías de los/as autores/as