| CAPÍTULO | |
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| Intenciones en las políticas educativas oficiales |
Educar es parte de esencial en la conformación de un ser humano utópico, que ve la realidad como perfectible, que se siente obligado a descubrir siempre un mundo de opciones, a ser optimista en cuanto a las posibilidades de organizar modelos de sociedad cada vez más justos, inclusivos y democráticos.
En el nuevo planeta interconectado en el que vivimos es obvio que o bien aprendemos a vivir contemplando un nosotros cada vez más incluyente, o la fuente de exclusiones que generan las desigualdades, las injusticias y la explotación de unos colectivos sociales y pueblos por otros acabará poniendo en peligro al propio planeta. Las interdependencias son el núcleo clave que, día a día, es más visible y que precisamos aprender a gestionar mediante estrategias más democráticas y de mayor justicia social, con mejores políticas de redistribución y, obviamente con sistemas educativos más inclusivos y respetuosos con la diversidad pero no así con las desigualdades. Un nosotros construido intencionalmente entre seres humanos que aprenden a gestionar sus yoes tejiendo solidaridades sobre la base de políticas de conocimiento también inclusivas y democráticas; yoes que se centran en lo que les une, subrayando lo que les hace iguales —sin olvidar lo que también les hace diferentes—, lo que les obliga a ser seres solidarios y cooperativos. Y todo ello desde el reconocimiento de las mutuas interdependencias que se definen a partir de la construcción del nosotros. Aprendizajes de este tipo requieren nuevos sistemas educativos críticamente obsesionados con educar una ciudadanía que sabe informarse, que aprende a analizar nuestros déficits, nuestras urgencias y necesidades, que precisa aprender a ser solidaria, a desarrollar miradas optimistas ante los problemas y las dificultades, sabiendo que pueden y deben tener soluciones satisfactorias.
Una educación para una sociedad democrática, justa e inclusiva no es posible sin políticas públicas que traten de compensar y corregir todas aquellas injusticias estructurales que inciden y determinan las condiciones de vida de chicos, chicas y familias. Requiere, por tanto, que también el sistema educativo se comprometa con estos mismos ideales, lo que, a su vez, obliga a las administraciones, entre otras cosas, a garantizar un profesorado con una pertinente formación, autonomía profesional, condiciones laborales y recursos.
No obstante, en las últimas décadas, en especial a partir de la década de los ochenta y la gran crisis financiera mundial, las grandes organizaciones economicistas de ámbito mundial comenzaron a desempeñar un papel cada vez más preponderante a la hora de proponer soluciones “oficiales”, vendidas como técnicas, objetivas y científicas. La educación pasó a convertirse en uno de sus objetivos fundamentales, en gran medida debido a las posibilidades de negocio que posibilitaba el paso de sociedades con un importante Estado de bienestar a un Estado capitalista despiadado y preocupado por dejar completa libertad de movimientos a los mercados. En consecuencia, son este tipo de organismos economicistas los que comienzan a inundar a la sociedad con discursos acerca de la libertad de elección y, siguiendo su lógica, haciendo que gobiernos y ciudadanía, en general, se obsesionen con las ventajas de privatizar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia, etc.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoyándose en los informes alarmantes de las evaluaciones PISA —en los que se subraya la poca calidad de los sistemas educativos en la gran mayoría de los países que se someten a esa prueba-, pasan a funcionar en las últimas décadas como el verdadero y autoritario Ministerio de Educación del planeta Tierra, señalando el rumbo a seguir en las políticas y las reformas educativas.
Para facilitar que su mensaje cale cuanto antes en la sociedad, este tipo de organismos difunden con mucha frecuencia informes y estudios en los que tratan de convencernos de las bondades de las políticas y las prácticas neoliberales. Recurren para ello a conceptos socialmente bien valorados como excelencia, eficacia, competencias, elección, estándares de rendimiento, evaluaciones externas cuantitativas, etc., que, además, procuran visibilizar con un lenguaje matemático que la mayoría de la población entiende como equivalente a medidas objetivas, neutrales y apolíticas. De ahí la obsesión por construir rankings y por hacer comparaciones que se pretende que equivalgan a procesos públicos y transparentes de rendición de cuentas. Soluciones con las que contribuyen a que la ciudadanía con menos formación estadística, e incluso muchos profesionales de la educación, acepten como neutrales y apolíticas leyes, reales decretos, normas, tareas profesionales y, en general, toda la burocracia y las exigencias con las que los gobiernos —en especial, los más conservadores— prometen mejorar la educación.
Este tipo de estrategias permite ocultar de manera más fácil las dimensiones morales, sociales y políticas que conllevan las políticas y las prácticas educativas y, simultáneamente, dificulta ejercer críticas más contundentes y constatar sus efectos perversos a corto, medio y largo plazo.
En nombre de la eficiencia y la practicidad, este tipo de nuevas políticas y prácticas neoliberales producen un oportuno y pertinente discurso de control que no posibilita fácilmente traer al debate en las instituciones escolares ni en las aulas cuestiones y temas que nos ayuden a pensar y analizar qué tipo de contenidos, destrezas, procedimientos y valores son más urgentes para una formación verdaderamente integral, cuáles potencian un mejor desarrollo personal (cognitivo, social, afectivo, psicomotor) y cuáles contribuyen a comprender nuestra comunidad y el mundo, en general; en qué grado la preocupación y el empeño en ser eficientes, excelentes, competitivos, … obstaculiza o coadyuva a construir un mundo en que se haga realidad una auténtica igualdad de oportunidades, a asegurar una auténtica democracia, a mejorar los niveles de justicia y a incrementar la solidaridad y la fraternidad.
Tengamos también presente que este tipo de organizaciones economicistas de ámbito mundial son instituciones no democráticas en cuanto a la selección de sus profesionales de carácter más técnico. Incluso, dado que los gobiernos de los distintos países miembros tienen posibilidades de enviar allí a embajadores, este tipo de nombramientos muchas veces tiene más que ver con agradecer algún servicio o favor a aquellas personas a quienes envían allí, que ser el fruto de una decisión política consensuada con los grupos políticos presentes en la cámara de diputados.
A las familias y a la sociedad, en general, se les bombardea a través de toda una tupida red de medios de comunicación con discursos y ejemplos de que la educación debe ser estrictamente profesional, ocultando sus dimensiones de proyecto político. Con esta estrategia se deja poco espacio para mantener debates sobre las distintas medidas políticas y formas de hacer frente a los problemas reales que se detectan. Esta situación, además, se obstaculiza sobremanera, dado que tampoco los gobiernos facilitan la elaboración de diagnósticos rigurosos acerca del funcionamiento de nuestro sistema educativo, de sus puntos fuertes y débiles, de las dificultades específicas en cada una de las Comunidades Autónomas. En general, existe una tendencia en los gobiernos a no debatir democráticamente sus diagnósticos acerca de la situación de la educación en sus territorios. De esta manera, por ejemplo, todavía en pleno siglo XXI se viene dejando a un lado el debate y la resolución de problemas educativos que se arrastran desde la transición democrática en las denominadas nacionalidades históricas; problemas asociados a las formas de afrontar la enseñanza de sus lenguas y culturas en el marco de sociedades hoy mucho más interconectadas y cosmopolitas. Tampoco en las distintas reformas educativas llevadas a cabo desde la restauración de la democracia se toman en consideración las injusticias estructurales y de todo tipo que desde hace siglos vienen soportando pueblos españoles como el Romá (gitano). Igualmente, tampoco nuestro sistema educativo tiene entre sus objetivos y medidas concretas educar personas con una mente más global y solidaria y, por tanto, ayudar a tratar de entender e implicarse activamente en la resolución de conflictos internacionales, contribuir a resolver las invasiones e intervenciones políticas y/o militares en otros países, como por ejemplo, en países africanos como Somalia, Chad-Sudán, Nigeria, Libia y, especialmente Siria, que en este momento están inmersos en durísimos conflictos militares en los que se lleva a cabo la violación de los más elementales Derechos Humanos, la explotación y el robo de sus recursos naturales; países en los que se vienen generando desplazamientos forzosos de poblaciones, de millones de personas refugiadas ante los ojos cómplices y pasivos de las grandes potencias de Europa y del resto del mundo.
| Distintas prioridades de los sistemas educativos oficiales |
Fueron muy distintos los modelos de educación escolarizada en cada momento histórico tanto si los contemplamos teniendo en cuenta el Estado español como otros países europeos. Desde que la Ilustración, de la mano de una gran parte de los pensadores ilustrados que pasaron a propugnar su defensa del pensamiento reflexivo y crítico como modo de hacer frente a los poderes y dogmas de las iglesias, la educación pasa a contemplarse como un recurso prioritario para educar la razón, para atreverse a pensar, a saber y ser libre, tal y como proclama la famosa expresión del pensamiento kantiano: ¡Sapere aude!; lema que pasará a convertirse en característica idiosincrásica del despotismo ilustrado. La libertad de pensamiento pasa a ser el escudo con el que protegerse del oscurantismo y de la sinrazón de los dogmas religiosos.
La escolarización pública para toda la población se plantea ya de manera muy explícita en el siglo XIX, aunque intelectuales como Immanuel KANT (1724-1804) o el Marqués DE CONDORCET (1743-1794) en el siglo...