Neoliberalismo educativo

Educando al nuevo sujeto neoliberal

Enrique Javier Díez Gutiérrez

• Editorial: Ediciones Octaedro
• Año: 2019
• ISBN del libro electrónico: 9788418083303
• Edición: 1
• Categoría: Didattica
• Categoría: Didattica inclusiva

Este libro pretende ser un grito en defensa de una educación pública, universal, laica, inclusiva, coeducativa, ecológica, integral, apasionante y democrática, frente a la actual ola de neoliberalismo educativo que nos invade y que pretende privatizar este derecho y convertirlo en un nicho de "negocio".Estamos actualmente ante dos proyectos ideológicos, sociales y políticos que avanzan a nivel mundial y que encarnan dos formas radicalmente diferentes de entender el ser humano, las relaciones economicosociales y la educación. El primero asienta sus raíces en un modelo económico y social capitalista: apuesta por un programa educativo estandarizado, selectivo y exclusivo, al servicio del desarrollo técnico de los intereses económicos dominantes y del status quo. Pero en este libro se apuesta por otro modelo educativo, democrático e inclusivo, que forme rigurosamente, sí, pero cuya finalidad también sea conseguir el gusto por el saber y la pasión por el aprendizaje, así como la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que vive; un modelo de educación realmente poscapitalista, poscolonial y pospatriarcal.Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, el de nuestras hijas y el de la sociedad en su conjunto. Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.

El mercado educativo neoliberal

A imagen del modelo sociocultural neoliberal se está construyendo una educación neoliberal. Una educación neoliberal que, a su vez, realimenta, asienta y refuerza el modelo social.

El capitalismo persigue el beneficio, ese es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y obtener más beneficio. Es como una bicicleta: si dejamos de pedalear, se derrumba. El problema es que el capitalismo, como un virus, se ha extendido por todo el globo y por todos los ámbitos del planeta, de modo que ha convertido en negocio todos los aspectos de la vida. Prácticamente, ya no le quedan nuevas fronteras, otros espacios que conquistar geográficamente. La última frontera, el último far west que le quedaba por asaltar son los bienes comunes, lo público y, sobre todo, los servicios sociales que proporciona el Estado. Una fuente inagotable, puesto que son básicos, necesarios y esenciales para todos los seres humanos de todo el planeta, de forma continua.

Para el capital financiero, los bienes comunes son el último gran mercado que hay que asaltar, un fabuloso tesoro que, en educación, se cifra en casi cuatro billones de dólares al año según la Unesco. Cuando el mercado entra en la educación no solo se emprende un proceso de privatización y mercantilización de todo el sector educativo, desde el infantil al universitario, sino que genera un efecto colateral crucial, porque transforma el sistema educativo mismo. Se comienza a ver como un medio para el desarrollo de la competitividad en el mercado global y como una inversión personal en el éxito individual futuro en ese mercado.

Los efectos se manifiestan no solo en desigualdades y segregación (quién puede y quién no puede pagar esa «inversión», quién se coloca en los grupos o centros de «excelencia» y quién es segregado en los «itinerarios basura»), sino también en el contenido de los conocimientos (se valoran las materias más rentables en términos económicos de promoción profesional y social, se centra la enseñanza en alcanzar los mejores resultados de los exámenes estandarizados); en el desarrollo de formas de gestión gerencial y de mentalidades jerárquicas, consumistas y competitivas; en las formas de aprendizaje (orientadas a la obtención de resultados en las pruebas estandarizadas y centradas en aquellos aprendizajes pragmáticos que tengan futura empleabilidad). Se pone así en marcha una «industrialización del sistema educativo» al crear mercados educativos impulsados por los principios de «libre selección» y competición constante.

Las actuales políticas educativas fomentan el proceso de privatización educativa mediante la financiación pública de centros de enseñanza privada y la potenciación de su demanda, con diferentes estrategias que insisten en la implicación del mundo empresarial, denominado eufemísticamente «proveedores no gubernamentales» –algo que lleva recomendando la OCDE desde 1987–. Así, se les facilita la construcción y creación de centros privados mediante la cesión de suelo público, se adjudican directamente a empresas la explotación de centros públicos, se crean «zonas únicas» de escolarización (eliminando el criterio de proximidad y de distribución equilibrada de todo el alumnado a la hora de la matriculación), se amplían los criterios de los centros privados financiados públicamente para seleccionar a su alumnado y se establecen mecanismos para financiar públicamente más tramos de la enseñanza privada, como la educación no obligatoria, mediante cheques escolares que financian la demanda o desgravaciones fiscales para quienes lleven a sus hijos e hijas a colegios privados.

En paralelo, se aplican y extienden medidas de privatización de la red pública mediante la introducción de «técnicas de gestión de la empresa privada» en la dirección y organización de los centros educativos, que aseguran que son más eficaces, a pesar de ser precisamente esas formas de gestión en los bancos privados y las financieras quienes desencadenaron la mayor crisis-saqueo de la economía, que hemos pagado los de abajo. Pero estas estrategias con sus indicadores de resultados permiten establecer sistemas de medición y «rendición de cuentas» que facilitan «rankings comparativos» de centros, con lo que se generan un sistema de «expositorio educativo» de cara a promover la elección en el mercado de la educación. En este modelo, la gestión «flexible» desde la dirección/gerencia de los «recursos humanos» (lo cual se ha facilitado extraordinariamente con las reformas laborales), las fórmulas contractuales de «gestión por objetivos» y «pago por resultados» (contratos-programa) para la financiación y sostenimiento de los centros (dar más a las escuelas o al profesorado que mejores resultados académicos obtienen) se convierten en las estrategias para gestionar los centros como si fueran empresas.

Ello viene acompañado también de «medidas de comercialización» que avanzan en la utilización de los centros por empresas privadas que llevan a cabo actividades lucrativas complementarias en horario escolar o fuera del mismo; el fomento de la financiación externa (publicidad, alquiler de locales, patrocinio privado, máquinas expendedoras de productos, etc.) que convierten el centro docente en un espacio más comercial que educativo; la externalización o subcontratación de actividades extraescolares, comedores, incluso la formación del profesorado, la evaluación de los centros o la construcción y mantenimiento de edificios escolares, o la introducción dentro del currículo académico y del horario lectivo de personal privado y ajeno a los requisitos de acceso a la función docente.

Los organismos internacionales –como el FMI, la OMC, el BM– impulsan esta «liberalización» o «externalización»; eufemismos que esconden la privatización y conversión en negocio de la educación. Han diseñado para ello un «movimiento de recorte de la financiación pública en beneficio –aseguran– de una mayor respuesta del mercado, junto con una mayor apertura hacia mecanismos alternativos de financiación», como el impulsado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el GATS, el CETA y el TISA, donde las corporaciones tienen poder por encima de los estados. Los organismos internacionales de menor rango, como la OCDE, emiten «informes de expertos y expertas» que consagran esta doctrina en forma de «recomendaciones», presionados por los lobbies patronales del sector. Y los gobiernos nacionales se amparan en estos «informes técnicos neutros» para demostrar que es urgente e imprescindible acometer estas «recomendaciones» para no perder «competitividad».

De esta forma, la ideología neoliberal se ha convertido en el «telón de fondo» de los ajustes de la política educativa mundial; ajustes que no se limitan al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas pedagógicas.

Es difícil reconocer alguna divergencia sustantiva en acciones y discursos de quienes actualmente orientan estas propuestas de cambio educativo en todo el mundo. No solo estamos ante un proceso privatizador a escala mundial, abriendo la educación a los mercados y quebrando la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado, sino que se está adecuando la misma educación a los principios y prácticas del mercado, convirtiendo la educación en un producto más que se compra y se vende según la ley de la demanda y de la oferta, en un mercado supuestamente «libre» y autorregulado, en el cual el Estado debe dejar de interferir progresivamente. Lo sorprendente es que esta dinámica neoliberal se ha configurado como «sentido común» tan poderoso que ha sido capaz incluso de redefinir los límites de la discusión.

Se trata, en definitiva, de negar la condición de derecho social de la educación y transformarla en una posibilidad de consumo individual, variable según el mérito y la capacidad de los consumidores y las consumidoras. El sistema educativo, desde la infancia hasta la educación superior, pasa así del ámbito prioritario de los valores culturales y educativos a la lógica urgente del valor económico.

Potenciar la «oferta» privada

Una de las formas de privatización y venta del derecho público a la educación, que se ha ido extendiendo en España, son los denominados conciertos; es decir, la financiación con recursos públicos de centros privados, en su mayoría regidos por la Iglesia católica y, últimamente, el mundo empresarial.

El sistema de conciertos educativos se planteó inicialmente como una medida transitoria, como complemento a la red pública, ante la insuficiencia de centros públicos que existían en España a principios de los años ochenta, cuando el derecho a la educación se hizo universal. Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino más bien por razones de tipo ideológico de una determinada corriente neoliberal, muy extendida, ligada a la supuesta «libertad de elección». Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones privadas. Máxime cuando se están concertando unidades en zonas donde hay unidades públicas que se cierran. Si se tienen que distribuir los escasos recursos económicos públicos con colegios privados, lo que se está haciendo es estrangular progresivamente los públicos.

El dinero público dedicado a la educación concertada ha subido en España un 43 % en una década y ya supera los 6000 millones anuales: según datos del Consejo Escolar del Estado, la escuela concertada recibió en el curso 2012-2013 más de 6300 millones de euros. Pero esto se incrementa sustancialmente en las comunidades autónomas gobernadas por conservadores o neoliberales, donde hay un progresivo desvío del dinero público destinado a subvencionar los centros privados, mientras se aumenta el recorte de financiación a la educación pública. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,7 % en el país, en algunas de las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores, el porcentaje supera ya ampliamente el 50 % (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco). La Comunidad de Madrid, regida por un gobierno conservador, ahora apoyado por uno neoliberal (PP-Ciudadanos), desde 2006 ha incrementado los conciertos un 26 %, mientras que la inversión en enseñanza pública ha caído casi un 50 %; y en el curso 2017-2018 ha destinado 22 millones de euros para la financiación de escuelas infantiles públicas y 36 millones en «cheques guardería» para privadas. Es más, los gobiernos del PP en Madrid han concertado 15 nuevos colegios que segregan por sexos y han multiplicado por diez el presupuesto asignado a estos colegios, que en 1999 recibían 4,1 millones de euros y en 2017 obtuvieron 39 millones de financiación pública.

No solo se está produciendo una desinversión en la educación pública, sino que buena parte de los recursos públicos destinados a educación se dedican a financiar la enseñanza privada en régimen concertado. Las políticas de los últimos 15 años en España, con gobiernos tanto conservadores como socialdemócratas, evidencian la apuesta por la concertada, que ha supuesto un adelgazamiento de la pública (un 4,6 %) y un sustancial aumento de la concertada (un 6,2 %), llegando a triplicar casi el volumen de aulas concertadas en este período. De esta forma, la escuela privada concertada se ha convertido hoy en una competencia frente a la red pública, pues ha recibido un volumen cada vez mayor de recursos económicos a través de los conciertos educativos.

Se produce así un proceso continuado de privatización silenciosa del sistema educativo, a través de esta «privatización blanda» y gradual, mediante la extensión de los conciertos. Actualmente se ha alcanzado una situación en que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Y lo más significativo es que el 63 % de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder. Por supuesto, los colegios privados y concertados se concentran en grandes núcleos urbanos. Las zonas menos desarrolladas (zonas periféricas de las ciudades, zonas rurales, etc.), que no son fuente de negocio, han de ser asumidas por la educación pública.

Se puede considerar que España constituye al respecto una anomalía dentro del panorama europeo. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros privados sostenidos con fondos públicos, detrás de Bélgica y Malta. En todos los demás países (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, la católica Italia o Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente pública (89,2 % en educación primaria y un 83 % en educación secundaria en la UE-28, frente al 67,3 % de España).

Finlandia tiene una financiación en inversión educativa que supone el 12,81 % del gasto público y el 7,19 % del PIB, y un 98,8 % de escuelas pública...

Índice

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• Portadilla
• Portada
• Créditos
• Prólogo
• Introducción
• El mercado educativo neoliberal
• El nuevo sujeto neoliberal
• Otra educación es posible
• Bibliografía
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