El leviatán azul

Policía y política en la Argentina

Marcelo Sain

• Editorial: Siglo XXI Editores
• Año: 2019
• ISBN:
  9789876296137
• Categoría: Politica e relazioni internazionali
• Categoría: Sicurezza nazionale

¿Qué papel ha desempeñado la política en un tema tan complejo y fundamental como el de la seguridad? En todo Estado democrático, la policía es una institución civil profesional que garantiza los derechos y las libertades individuales. En nuestro país se ha convertido, en muchísimos casos, en una agencia habilitada para regular actividades delictivas.El Leviatán azul aborda un aspecto central de la seguridad pública en la Argentina: la relación entre policía y política. Con un estilo claro y concluyente, el autor ofrece una descripción minuciosa de la estructura doctrinaria, organizativa y funcional de la institución policial, y propone un conjunto de lineamientos generales de reforma del sector que busca superar ciertas visiones parciales, tan de moda en nuestro país.Más que un trabajo de investigación empírica, el libro ordena una serie de problemáticas que no han formado parte todavía del campo de indagación científica ni del debate político. Pero más importante aún, se orienta a revertir el histórico desgobierno político de la seguridad y su policialización, consecuencia de la delegación que autoridades gubernamentales y legisladores han hecho del tema en las propias instituciones policiales. Porque, como dice Marcelo Sain: "La seguridad pública no es una cuestión policial, sino sustancialmente política".

Parte I. Entre la pluma y la gorra

Anatomía de la seguridad pública

1. Sin ley ni control

La cuestión policial en la Argentina

Un importante factor que contribuye a [la] violencia estatal ilegal es, pues, el doble efecto del legado del autoritarismo y del hábito arraigado en los cuerpos de aplicación de la ley de resistir a todo intento de sujetarlos a controles democráticos. El resultado es una policía y cuerpos de seguridad que no son, para cualquier propósito práctico, responsables frente a la autoridad civil, y que son inmunes a todo escrutinio serio por parte de cualquier mecanismo institucional. De hecho, parecen incluso insensibles a los numerosos esfuerzos por parte de la sociedad civil de arrojar luz sobre sus acciones […]. Pero bien pudiera ser que esos esfuerzos de la sociedad civil no hayan crecido en intensidad o en influencia a causa de otro factor que parece presente en casi todas partes: la amplia indiferencia frente a esos esfuerzos de lo que vagamente podríamos denominar “opinión pública”. En muchos países, la preocupación por la percepción del aumento del delito y por la inseguridad de los ciudadanos está favoreciendo una peligrosa tendencia a la justificación de la brutalidad policial, o al menos una tendencia a considerarla tan sólo un desafortunado hecho de la vida. En el mejor de los casos, existen protestas públicas contra la tortura y la brutalidad policial, ruidosas pero generalmente breves; en el peor de los casos, las manifestaciones toman la forma de apoyo activo a tales acciones.

Méndez (2002: 34)

POLICÍA, POLÍTICA Y DELITO: UN VÍNCULO FATÍDICO

El 9 de diciembre de 2006, Susana Acosta, delegada vecinal en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, vio cómo asesinaban a su hijo Lucas de una puñalada en el corazón. Se trató de un asesinato por error encargado por un grupo de narcotraficantes que dominaban el lugar desde hacía un tiempo. “Me cansó que la policía los protegiera”, sostuvo Susana, dando cuenta de la vinculación existente en ese sitio, como en tantos otros, entre el narcotráfico y ciertos sectores de la policía de la zona que regulaban y amparaban la empresa ilegal.[2]

Unos días antes, el 6 de diciembre, Mónica Cuñarro y Carlos Rívolo, fiscales nacionales y federales, respectivamente, habían presentado una denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la que, sobre la base de numerosos hechos delictivos que se habían producido durante los últimos tiempos en ciertos barrios situados cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires, se daba cuenta de la connivencia y la protección brindada por efectivos policiales a organizaciones de narcotraficantes que operaban en dichas zonas y desde los cuales se abastecía gran parte del extendido mercado minorista de cocaína de la capital de la Argentina. Luego de relevar más de veinte causas judiciales habían determinado la existencia de “graves hechos criminales”, tales como “homicidios con arma de fuego, estrangulamientos, eviscerados post mortem, ingresos a la ciudad de armamento de grueso calibre, lesiones graves, robos, abusos de armas”, que se habían iniciado en 1999 y se habían intensificado durante 2005 y 2006 en los Barrios 1-11-14, Rivadavia I y Rivadavia II del Bajo Flores, y que se habían extendido a otras zonas, como Palermo, Once, Boedo y Almagro:

Graves hechos criminales en los que se enfrentan diversas bandas por el dominio del territorio y que han desatado una violencia sin igual, ante la desidia, omisión y fracaso de la inteligencia y prevención que les corresponde a las autoridades respectivas, o tal vez su participación (Cuñarro y Rívolo, 2006: 2).[3]

En dicha denuncia, los fiscales destacaban que la policía había dejado “el control de varios territorios” en manos de los grupos narcotraficantes de la zona, con quienes la fuerza de seguridad había mantenido, “en forma clara y certera, una actitud complaciente, una desidia, una omisión y una íntima vinculación”, todo lo cual había provocado que esas zonas se convirtieran en “un territorio sin ley ni control, ni prevención, ni atención”.

No se trata de hechos aislados, sino que forman parte de una batalla para el control de un territorio propicio para el tráfico de sustancias estupefacientes, que tiene su epicentro en la ciudad de Buenos Aires y que se puede llevar a cabo sin mayores trabas con la tácita anuencia o participación de las autoridades que tienen a su cargo la seguridad de los ciudadanos, no sólo al hacer la “vista gorda”, sino al no poner en conocimiento de las autoridades respectivas –judiciales, del Ministerio Público, de inteligencia– la íntima vinculación de todos los elementos de prueba, lo que impide que se avance en la dilucidación de los hechos. […] ¿Puede pasar desapercibido a los funcionarios competentes que en tan sólo seis meses hayan ingresado al Hospital Piñero más de cien personas procedentes de la misma zona [el Bajo Flores] con heridas de armas blancas o de armas de fuego? […] ¿Puede ser que desde 1997 a la fecha no se haya realizado ninguna actuación en conjunto de inteligencia previa en la zona que permita vincular estos hechos con la asociación ilícita de grupos para la venta o distribución de drogas? ¿Pueden no darse cuenta de que los heridos de bala lo han sido por armas de grueso calibre que libremente ingresan, se compran, se encuentran en la zona, y no vincularse esto con los informes periciales de balística? ¿Puede simplemente pasarse por alto el incremento desorbitado del consumo de estupefacientes en la zona de influencia de estas bandas, conforme los datos de los servicios de salud? ¿Puede desconocerse que, según las propias cifras de las fuerzas de seguridad, los secuestros de sustancias son en su casi totalidad para tenencia y consumo en la vía pública y que no hay laboratorios?

Seguramente la respuesta a esos interrogantes es no. Lo saben y, peor aún, los funcionarios omiten proporcionar los datos necesarios para que se investigue –y se devele– el trasfondo y la causa madre de estos hechos violentos […]. Pero al fraccionar los hechos, o las causas, u omitir la vinculación de elementos de prueba, se ocultan los elementos vitales para desentrañar la trama oculta y que, a no dudarlo, de conocerlos, ello permitiría neutralizar y prevenir este flagelo (Cuñarro y Rívolo, 2006: 5-6).

Esta denuncia revela, con dramática claridad, que en el corazón de la ciudad de Buenos Aires se producen hechos sociales semejantes a los que se observan con mayor naturalidad, y en forma recurrente, en otras ciudades latinoamericanas, y que entrañan la estructuración de extendidas redes y circuitos criminales de altísima rentabilidad económica al amparo de la protección o con la participación de la policía.

Buenos Aires constituye, así, una expresión significativa del vínculo fatídico establecido en América Latina entre un Estado perverso, signado por la omisión y la complacencia ante los ilícitos, y diversas formas del delito, en particular, los de alta rentabilidad económica derivados del tráfico y la comercialización de drogas prohibidas. Corrupción policial y criminalidad compleja parecen ir de la mano en un escenario en el que la desafección política ante los asuntos de la seguridad pública que ha caracterizado el desarrollo institucional de la Argentina desde la última instauración democrática de 1983 completa el panorama.

La notoriedad y la reiteración dramática de acontecimientos como los narrados han opacado la estima pública sobre las instituciones policiales y sobre los gestores gubernamentales. En la Argentina, los hechos que dan cuenta de las deficiencias y los abusos policiales son recurrentes, como también lo son los reiterados esfuerzos de las sucesivas autoridades gubernamentales por intentar evadir los costos políticos de esos acontecimientos cuando toman estado público eludiendo sistemáticamente sus responsabilidades en la gestión de la seguridad.

El miércoles 10 de enero de 2007, un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató de un tiro en la cabeza a Darián Barzábal, de 17 años, cuando era trasladado en un patrullero al destacamento policial, luego de su aprehensión por haber intervenido en el robo de una vivienda. El joven estaba esposado y, luego de su asesinato, otros compañeros del sargento homicida “plantaron”[4] un revólver calibre .32 dentro del patrullero para inculpar al detenido de portarlo e intentar matar a los efectivos policiales, engaño tendiente a justificar el asesinato y cuya falsedad quedó rápidamente al descubierto. Se trató, en verdad, de un caso más de “gatillo fácil”. Como consecuencia de esos hechos seis efectivos fueron apartados de la fuerza, y los implicados en el homicidio y en su encubrimiento quedaron detenidos.[5] La reiteración sistemática de abusos policiales o de sucesos que dan cuenta de la participación policial en las actividades delictivas que esta institución debería prevenir o conjurar indica que no se trata de acontecimientos aislados, sino de la manifestación de una crisis organizacional de amplia envergadura, que da lugar a un persistente desprestigio en medio de un contexto en el que el mundo de la política sólo aborda estas cuestiones de modo episódico y casi nunca en forma integral.

UNA SOCIEDAD POLICIALISTA

Pese a la escasa confianza ciudadana en la policía, son sistemáticos y reiterados los reclamos sociales por mayor y más severa presencia policial ante cualquier evento de desorden público, e incluso ante aquellos que derivan de comportamientos y prácticas sociales poco apegados a las reglas o directamente ilegales, tan extendidos en nuestro país. En la Argentina, para numerosísimas personas, las conductas violatorias de las normas no son más que manifestaciones legítimas e inevitables producto de la ausencia de un Estado vigilante eficiente o, en verdad, de poderes públicos –entre ellos, de instituciones policiales– que controlan poco y que están atravesados por actos de corrupción. La extendida creencia de que es válido o admisible cometer infracciones u ocupar compulsivamente el espacio público –privatizándolo de hecho– si las instancias de control institucional no intimidan o amenazan con cierta credibilidad o éxito a los infractores u ocupantes compulsivos va acompañada de un abarcativo reclamo de “mayor presencia policial” en todo el espacio social. Vale la pena repasar algunos sucesos que dan cuenta de ello.

A fines de febrero de 2006, el grupo de rock de origen inglés The Rolling Stones llevó a cabo dos concurridos recitales en el estadio del club de fútbol River Plate, cuya seguridad fue encargada por los organizadores a una empresa privada. Durante el primer evento, un centenar de jóvenes ingresó en el estadio sin entradas y de manera violenta, golpeando al personal de servicio y arremetiendo contra todo aquello que pretendiera impedirles el ingreso.[6] Al día siguiente, la prensa argentina, al unísono, interpretó que los hechos eran consecuencia de la ausencia de efectivos policiales que garantizaran la seguridad del espectáculo. Reflejando esta opinión, un cronista televisivo del canal Crónica TV se preguntaba en vivo: “¿Dónde está la Policía Federal?; ¿por qué no se montó un operativo que impidiera semejante violencia?”. Se trataba, en verdad, de un espectáculo privado y no había razón para que el conjunto social afrontara los gastos de la seguridad a través de la policía. Lo destacable es la interpretación, tan naturalizada en la sociedad argentina, de que la violencia generada por aquellos que pretendían ingresar en el estadio por la fuerza respondía básicamente a la ausencia de policías, ausencia que, de alguna manera, justificaba esos desmanes.

Durante la Semana Santa de ese mismo año, cerca de un millón de personas visitó diferentes centros turísticos de la provincia de Buenos Aires. Durante el regreso desde dichos centros, se produjeron numerosas demoras en las principales carreteras de ingreso a la ciudad de Buenos Aires debido a la concentración de más de 300.000 vehículos en ellas. Uno de los conductores, ofuscado por los retrasos y las dificultades para regresar, señaló ante las cámaras de un noticiario que “semejante embotellamiento” se había producido debido a la “falta de policía en la ruta ordenando el tránsito”. “En los últimos diez quilómetros, no hubo un solo patrullero y, debido a ello, otros automovilistas arremetían por la banquinas generando un verdadero caos”, decía el enojado ciudadano. Para él, como para muchos argentinos, las infracciones de tránsito cometidas por los automovilistas son una consecuencia directa de la falta de un sistema policial que haga cumplir las normas que regulan el tráfico vehicular, perdiendo de vista que la principal responsabilidad por las asiduas y cotidianas infracciones de tránsito que se cometen derivan básicamente del desapego recurrente que las personas tienen respecto de aquellas reglas y, en ese marco, de la negligencia con que transitan por las calles de nuestro país. Ello hace, entre otras cosas, que los accidentes de tránsito constituyan la principal causa de muerte en la Argentina.

Según fuentes oficiales, durante 2005 en la Argentina se produjeron 6453 homicidios, de los cuales 3443 ocurrieron como consecuencia de accidentes de tránsito y 2115 fueron dolosos. Vale decir que del total de homicidios producidos en el país, el 53% constituyó homicidios culposos en hechos de tránsito y solamente en el 33% de los casos se trató de homicidios dolosos (Dirección Nacional de Política Criminal, 2006).

Estas cifras reflejan un serio problema de seguridad. La asociación civil Luchemos por la Vida dio a conocer recientemente un informe en el que se indica que, durante 2006, en nuestro país creció el número de personas muertas en accidentes de tránsito o como consecuencia de ellos por cuarto año consecutivo. En efecto, en 2006 hubo 7557 personas muertas en esas circunstancias, mientras que en 2003 fueron 7055, en 2004, 7137 y en 2005, 7138. Entre las principales causas de los accidentes de tránsito con muertos registrados se ubica el exceso de velocidad –la mitad de ellos– y el consumo de alcohol por parte de los automovilistas. El informe destaca que, del total de accidentes registrados en 2006, el 85% respondió a fallas humanas.[7]

Por cierto, los vehículos son conducidos por personas que deben cumplir con las prescripciones establecidas en la legislación de tránsito vehicular. El Estado y sus órganos de control están apenas en un segundo lugar. No obstante, para los argentinos, la delincuencia constituye el principal problema nacional,[8] y no existen voces grandilocuentes que protesten contra las recurrentes prácticas infractoras de las normas de tránsito vehicular que signan la vida cotidiana de nuestra sociedad y que están en la base de los accidentes ocurridos. Según una encuesta nacional realizada por la consultora Opinión Pública, Servicios y Mercado a pedido del Grupo de Seguridad Vial del Instituto para el Desarrollo Empresario (IDEA), el 95,1% de los encuestados considera como “muy urgente” y “urgente” la necesidad de que “el Estado resuelva la cuestión”, y al 82,4% le preocupan “mucho” las muertes y las lesiones producidas como consecuencia de los accidentes de tránsito. El 68,2% de las personas consultadas indicó, en primer lugar, como responsables de la siniestralidad, a los “conductores que no respetan las normas de tránsito”, mientras que el 23% le adjudicó dicha responsabilidad a la “falta de control de las autoridades” y el 8,8% a las “rutas en mal estado”, lo que implica imputarle tal responsabilidad al gobierno. Asimismo, el 40,7% de los encuestados evalúo que los argentinos manejan vehículos de manera “regular”, el 29,4% que lo hacen “mal” y el 13,6% que lo hacen “muy mal”. No obstante, el 66,4% cree que conduce “bien”, el 15,3% que lo hace “muy bien” y sólo el 15,2% que lo hace “mal”.[9] Vale decir que gran parte de los argentinos cree que los accidentes de tránsito se deben sobre todo a la ausencia de sujeción de los automovilistas a las normas del sector, pero al mismo tiempo considera que es el Estado quien básicamente debe resolver la cuestión.

La contradictoria impronta social, manifiesta, por un lado, en un exacerbado reclamo de protección policial y, por otro lado, en el sistemático desapego a las normativas que de algún modo pretenden regular las relaciones sociales, también se expresa con énfasis en otras dimensiones de la vida colectiva. El domingo 12 de noviembre de 2006, durante el segundo tiempo del encuentro futbolístico entre los clubes Independiente y Racing, ambos de la localidad bonaerense de Avellaneda, el encuentro debió ser suspendido en medio de una feroz batalla campal iniciada por unos trescientos hinchas de este último club contra los efectivos policiales que se encontraban ubicados en la tribuna cumpliendo labores preventivas. Las razones por las cuales aquellos comenzaron a arrojar objetos y proyectiles de todo tipo contra los uniformados fueron que su equipo estaba siendo derrotado por dos goles contra cero y que el dominio de Independiente sobre su rival era neto, algo que, en la visión de los simpatizantes convertidos en delincuentes ocasionales, quedaba validado si, mediante semejante violencia, se suspendía el partido. Y eso fue lo que ocurrió cuando las autoridades policiales encargadas del operativo de seguridad determinaron que no estaban dadas las condiciones para continuar el encuentro. La secuela de esa jornada violenta fue la detención de 36 personas, 25 policías sufrieron lesiones de distinta envergadura y hubo numerosos destrozos materiales.[10]

No son pocos los simpatizantes y los dirigentes de fútbol que justifican y avalan actos de violencia si a través de ellos es posible obtener ciertas ventajas para sus parcialidades, tales como, en el caso citado, evitar una “goleada” en un encuentro signado por una rivalidad clásica. Durante los últimos años se reiteraron acontecimientos de esta índole y, en numerosos casos, se cobraron la vida de alguna persona.

A los pocos días de aquellos lamentables hechos, José María Aguilar, presidente del club...