Justicia profana

El jurado de imprenta en el Perú

Carlos Ramos

• Editorial: Fondo Editorial de la PUCP
• Año: 2018
• ISBN del libro electrónico: 9786123173791
• Edición: 1
• Categoría: Law
• Categoría: Latin American & Caribbean History

La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese límite? En una sociedad democrática como la nuestra que está regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa dinámica. Aunque bien sabemos que las leyes no son expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones humanas. Por tanto, la delicada relación entre libertad y regulación se convierte en un terreno de negociación y disputa en el que las respuestas definitivas y consensuales resultan imposibles de alcanzar. Una de las instituciones que durante un siglo intentó ejercer esa regulación en el Perú fue el jurado de imprenta, que es el objeto de estudio de este exhaustivo trabajo del magistrado Carlos Ramos Núñez, el más importante historiador del derecho que ha producido nuestro país. En este nuevo libro, el autor ilumina el accionar de una institución que, sorprendentemente, no había recibido hasta ahora la atención que se merece. El jurado de imprenta se dedicaba a procesar casos de delitos de imprenta que podemos considerar comunes, en oposición a aquellos de naturaleza claramente política. Estos últimos constituyeron solo una pequeña fracción del total de casos existentes. Ciudadanos ordinarios que veían sus derechos y su honor afectados por alguna publicación recurrían al jurado de imprenta para intentar obtener justicia y castigar conductas contrarias a la convivencia y el respeto mutuo.

Prólogo

Vivimos tiempos en los que el acceso a la información se ha hecho mucho más fácil; pero, simultáneamiente, la calidad de esa información se resiente por la manera en que las cadenas de noticias, las grandes firmas que controlan las redes sociales y el poder político y económico ejercen su influencia para manipular dicha información. Son los tiempos de la postverdad y las fake news; pero también vivimos tiempos en los que otro tipo de amenaza a las libertades de expresión e información se cierne sobre nuestras sociedades: la censura. Bajo distintos tipos de regímenes —democráticos o autoritarios— se prohiben libros que «distorsionan» el pasado, se atenta contra publicaciones satíricas por «faltar el respeto» a símbolos religiosos, se encarcela a cantantes y compositores por escribir letras «difamatorias» contra el poder político o se clausuran exposiciones de arte por contener materiales «subversivos». Nada de esto es nuevo, naturalmente; pero, luego de algunas (pocas) décadas durante las cuales el mundo parecía encaminarse hacia una ampliación de las fronteras de la libertad, hemos entrado en un periodo de retroceso que parece acentuarse día a día.

El ejercicio o la amenaza de la censura ha sido una constante a lo largo de la historia y, de una u otra manera, ha sido utilizada para acallar voces incómodas o disconformes y para intentar imponer una ortodoxia religiosa, cultural o política. Sus métodos y sus niveles de eficacia han sido muy variados, pero sus efectos fueron siempre perniciosos. Hace solo unas semanas, en Francia, se produjo un intenso debate en torno al proyecto de publicar los panfletos antisemitas del escritor Louis-Ferdinand Céline. La prestigiosa editorial Gallimard, que había anunciado la publicación de esos textos, optó finalmente por desistir del proyecto, pese a que estrictamente hablando nada se lo prohibía. Esta decisión —a mi juicio, un serio error— sienta un pésimo precedente y hace temer que, en el futuro, incluso en las sociedades más libres y tolerantes, la publicación de libros o escritos que puedan considerarse ofensivos para ciertas personas o colectividades sea efectivamente bloqueada y, con ello, la censura termine imponiendo su lógica.

En el Perú republicano, el ejercicio de la libertad de expresión siempre estuvo condicionado por las contradicciones propias de una sociedad desigual, jerárquica y conflictiva. El poder político, económico y religioso intervino con frecuencia en la regulación, cuando no en el intento de supresión, del ejercicio de esa libertad, y no todos los ciudadanos pudieron ejercerla a plenitud. Al mismo tiempo, usando distintos tipos de medios impresos (volantes, panfletos, libros, periódicos) los ciudadanos y sus organizaciones trataron de hacer escuchar sus voces para ventilar todo tipo de asuntos, desde los más altos problemas de Estado hasta los sucesos cotidianos y privados de la gente de a pie. La lucha por expandir los límites de la libertad y consolidar espacios democráticos en el Perú ha tenido como protagonista central, al igual que en tantas otras sociedades, a la palabra impresa.

La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. La libertad de un individuo, se dice, termina donde empieza la del otro. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese límite? En una sociedad democrática regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa dinámica; pero bien sabemos que las leyes no son siempre expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones humanas. Por tanto, la delicada relación entre libertad y regulación se convierte en un terreno de negociación y disputa en el que las respuestas definitivas y consensuales resultan imposibles de alcanzar.

Una de las instituciones que durante un siglo intentó ejercer esa regulación en el Perú fue el jurado de imprenta, que es el objeto de estudio de este exhaustivo trabajo de Carlos Ramos, el más importante historiador del derecho que ha producido nuestro país. A él le debemos una obra de dimensiones imponentes, tanto en cantidad como en calidad, sobre la historia de los códigos, las instituciones y los personajes que han regulado la práctica del derecho en nuestro país. En este nuevo libro, Ramos Núñez ilumina el accionar de una institución que, sorprendentemente, no había recibido hasta ahora la atención que se merece.

Creado en los albores de la república, el jurado de imprenta obedeció, paradójicamente, a un impulso democratizador: los asuntos relacionados con la libertad de imprenta no podían ser puestos solamente en manos de tribunales y jueces; sino que —pensaron los legisladores— debían involucrar a la ciudadanía a través de la más democrática de las instituciones encargadas de impartir justicia: el jurado. Resulta curioso constatar que, si bien el jurado nunca pudo establecerse en el país para el fuero criminal —pese a que hubo más de un intento—, sí se utilizó para dirimir asuntos relacionados con la libertad de imprenta, aun si solo se usaba para determinar la procedencia o no del juicio, pues el veredicto final sobre cada caso estaba, en última instancia, en manos del juez.

El jurado de imprenta, tal como nos explica Carlos Ramos, estuvo abocado en lo sustancial a procesar casos de delitos de imprenta que podemos considerar comunes, en oposición a aquellos de naturaleza claramente política. Estos últimos constituyeron solo una pequeña fracción del total de casos existentes. Ciudadanos ordinarios que veían sus derechos y su honor afectados por alguna publicación recurrían al jurado de imprenta para intentar obtener justicia y castigar conductas contrarias a la convivencia y el respeto mutuo. La gran mayoría de casos se refiere a expresiones consideradas falsas, insultantes o deshonrosas y, a través del recurso al jurado de imprenta, sus víctimas trataban de restablecer la verdad y su honorabilidad personal. Los numerosos casos que el autor presenta con lujo de detalles permiten apreciar la amplia variedad de razones por las que ciudadanos de distintos estratos sociales acudían al jurado de imprenta. Entre quienes iniciaron o fueron objeto de una demanda ante dicho jurado encontramos a personajes virtualmente desconocidos pero también a otros tan destacados como Ricardo Palma, Nicolás de Piérola, Manuel Atanasio Fuentes, Enrique López Albújar y Víctor Larco Herrera, por mencionar solo algunos nombres.

¿Cuál fue el impacto que tuvo el jurado de imprenta sobre la cultura, la política y la convivencia democrática del Perú durante su primer siglo de vida republicana? A juzgar por las dificultades para implementarse y el alto número de casos que permanecieron sin resolverse, podría decirse que fue muy limitado. Pese a ello, no estuvo exento de críticas (Manuel Atanasio Fuentes lo llamó «máquina trituradora del libre pensamiento») y en muchos casos se usó para intentar efectivamente cercenar la libertad de expresión. Al mismo tiempo, fue un recurso al alcance de los ciudadanos que buscaban hacer respetar sus derechos frente al insulto o la mentira. Nos queda la impresión de que, si bien no fue una institución que sirviera para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, tampoco puede ser considerada una maquinaria totalitaria de censura. Hubo quienes, de hecho, la consideraron totalmente innecesaria. En todo caso, como dice Ramos, el jurado de imprenta fue concebido como una especie de «termómetro moral» de la sociedad, con todos los riesgos, excesos y limitaciones que eso implica.

Estamos frente a un libro que, si bien reconstruye procesos y debates que se iniciaron hace casi doscientos años, tiene mucho que decirnos sobre el presente y el futuro de las relaciones entre los individuos y las sociedades y entre el ejercicio de la libertad y los intentos por suprimirla. Las amenazas contra las libertades son una realidad permanente. La censura (y su correlato más pérfido, la autocensura) es un riesgo permanente en manos de poderes que, bajo excusas de carácter religioso, moral, cultural o de otro tipo, buscan suprimir la disidencia, la creatividad y la crítica. La principal lección de este exhaustivo estudio radica en la convicción que el autor logra trasmitir de que el ejercicio de la libertad de expresión, si bien debe estar regulado por la ley, es y debe ser siempre un derecho inalienable de nuestra condición ciudadana.

Carlos Aguirre

Universidad de Oregon

Presentación

Profano/na: «Que carece de conocimientos y autoridad en una materia». Solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los diccionarios de la Real Academia Española incorporaron esta acepción a un término que, hasta entonces, había estado marcado por significados con una fuerte carga negativa: profano era lo opuesto a sagrado, lo que no respetaba las reverencias debidas a las cosas sagradas, lo libertino, deshonesto etc. Sin perder estas denotaciones, la incorporación de una referencia más o menos neutra a la carencia de conocimientos sobre una materia venía a reflejar, con cierto retardo, un aspecto crucial de las profundas transformaciones experimentadas en el orden de los saberes (y los poderes), en la cultura occidental entre finales del XVIII y mediados del siglo XIX. El canon lexical reflejaba así, en parte, el desenlace de un proceso de secularización y desacralización que afectó todos los campos de la cultura en Occidente.

En dicho contexto, el saber jurídico de la tradición romano-canónica, que durante siglos se había sostenido sobre una comprensión sacralizada del mundo y la política —y que incluso se había figurado a sí mismo como una disciplina de lo sagrado—, se convirtió en blanco preferido de las críticas del pensamiento ilustrado. En este nuevo escenario, lo profano podía tener un sentido positivo: podía reflejar la libertad de quien no estaba contaminado p...

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