Régimen jurídico de los vertimientos en Colombia

Análisis desde el derecho ambiental y el derecho de aguas

María del Pilar García Pachón

• Editorial: Universidad Externado
• Año: 2017
• ISBN del libro electrónico:
  9789587727944
• Categoría: Derecho
• Categoría: Derecho medioambiental

Los parámetros cuantitativos del agua más que favorables que posee Colombia pueden ser claramente alterados y en muchos supuestos lo son, si la calidad de las aguas es degradada por vertimientos sin tratamiento previo y, además, como muchas veces sucede, se trata de actividades clandestinas ya que no cuentan con autorización administrativa. Este libro aborda con rigor jurídico y con múltiple documentación práctica el estado actual de los vertimientos en Colombia y llama la atención sobre la contradicción que se da entre la realidad que describe y las premisas de las que parte su Constitución de 1991, justamente denominada "ecológica". A esos efectos, y tras el correspondiente estudio, se proponen soluciones destinadas a la mejora en el funcionamiento tanto de los servicios públicos como de la situación ambiental de los ríos.

NOTAS AL PIE

1 Cfr. IDEAM-Minambiente (2015, p. 184).

2 De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (MAVDT, 2010), 2.812 usuarios habían realizado para esa época algún trámite tendiente a obtener la autorización administrativa necesaria para desarrollar sus vertimientos; no obstante, el documento no refiere la cantidad de usuarios que, debiendo realizar el trámite administrativo, aún no lo habían adelantado.

3 Los criterios de interpretación de las fuentes exigen no solo tener en cuenta reglas cronológicas, sino que se hace necesario aplicar principios de jerarquía y competencia. Cfr. G. ZAGREBELSKY (1988, p. 48).

4 MONTAÑA PLATA afirma que el derecho administrativo no puede concebirse por fuera de su relación con las normas constitucionales que lo orientan, como si esta rama del ordenamiento jurídico pudiese entenderse como un todo coherente en la regulación de actividades públicas y privadas que merecen ser normadas. Cfr. MONTAÑA PLATA (2002, p. 26). La misma afirmación podría aplicarse al derecho ambiental o al derecho de aguas, sin importar si las podemos considerar ramas del derecho con absoluta autonomía o carentes de ella.

5 Sobre este tema cfr. AMAYA NAVAS, quien hace un análisis detallado que abarca desde las constituciones provinciales de 1810 hasta la Constitución de 1886 y sus reformas. En ese recorrido el autor identifica diferentes disposiciones en las que se hacía referencia a asuntos relativos a la relación del hombre con elementos de la naturaleza, por ejemplo: la tierra como patrimonio del hombre (art. 4.º de la Constitución del Estado Libre e Independiente de Socorro de 1810), la relevancia de la enseñanza de las ciencias naturales (art. 5.º de la Constitución de Cundinamarca de 1811), el respeto y protección de la propiedad (arts. 8.º de la Constitución del Estado de Antioquia de 1812, 6.º de la Constitución de Tunja de 1811 y 42 de la Constitución de Mariquita de 1815), la explotación de bosques (arts. 185 de la Constitución de 1886 y 83 de la Reforma constitucional de 1945), la función social de la propiedad (Reforma constitucional de 1936), la mejor utilización de los recursos naturales (art. 11 de la Reforma Constitucional de 1968), entre otros. Cfr. AMAYA NAVAS (2010, pp. 27 a 62).

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998, M. P.: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Santafé de Bogotá, abril 1 de 1998.

7 En la Sentencia T-411 de 1992, la Corte Constitucional explicó que el Concepto de constitución ecológica está conformado por 34 disposiciones: “Preámbulo (vida), 2.º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8.º (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas), 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)”. VELÁZQUEZ MUÑOZ identifica hasta 70 disposiciones diseminadas en la Constitución; Cfr. C. VELÁZQUEZ MUÑOZ (2001, pp. 62-109). Por su parte AMAYA NAVAS, afirma que son 32 las normas que hacen referencia directa a asuntos ambientales. Cfr. Ó. AMAYA NAVAS (2010). Cabe afirmar que el espíritu ambiental del Constituyente de 1991 está disperso en la Carta, y ...

Índice

• CUBIERTA
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• CRÉDITOS
• DEDICATORIA
• CONTENIDO
• TABLA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS
• PRÓLOGO
• INTRODUCCIÓN
• PRIMERA PARTE
• SEGUNDA PARTE
• CONCLUSIONES GENERALES
• BIBLIOGRAFÍA
• NOTAS AL PIE