Covid-19 y derechos humanos

La pandemia de la desigualdad

Juan Pablo Bohoslavsky, Rita Laura Segato

• Editorial: Editorial Biblos
• Año: 2020
• ISBN del libro electrónico: 9789876918763
• Categoría: Politics & International Relations
• Categoría: World History

¿De qué manera la Covid-19 y las medidas estatales para combatirla afectan los derechos humanos? ¿Cuáles son los grupos más golpeados por la pandemia, el ASPO y la recesión económica? ¿De qué modo las desigualdades persistentes agravan los efectos de la crisis sanitaria y económica? ¿Por qué las mujeres padecen con mayor dureza los efectos de la crisis? ¿Cuáles son las prescripciones que los derechos humanos imponen al Estado al diseñar las políticas sanitarias, económicas y sociales para capear la pandemia? ¿Qué criterios deben utilizarse para balancear derechos humanos en competencia? ¿A qué "nueva normalidad" deberíamos aspirar?

1. Introducción: Covid-19, desigualdad y derechos humanos

Juan Pablo Bohoslavsky^*

Desigualdad y “nueva normalidad”

Ramona Medina, vecina y referenta de La Poderosa en la Villa 31 de la ciudad de Buenos Aires, denunciaba a principios de mayo de 2020: “No tengo plata para comprar bidones, tengo que reciclar agua para todo; desde el gobierno se la pasan diciendo que este virus se combate higienizándose, pero ¿cómo podemos hacer para higienizarnos si no tenemos ni una gota de agua?”. A las dos semanas le diagnosticaron Covid-19 y falleció. Ramona trabajaba como cuentapropista realizando gestiones para traslados de personas con discapacidad. Era insulinodependiente y vivía junto a seis integrantes más de su familia, incluida una hija con diabetes, otra en silla de ruedas y el suegro con problemas cardíacos. Sus dos hijas, sobrina y cuñados también se contagiaron.

Este es un libro sobre muchas cosas, pero, antes que nada, es una interpelación a no volver al mundo pre-Covid-19 porque lo normal es parte del problema. En lo inmediato, se puede señalar un número de causas que han exacerbado el contagio y la letalidad de la Covid-19 y los efectos sociales y económicos de las medidas implementadas para contenerlo, pero todas ellas pueden ser sintetizadas en una: las profundas desigualdades que existen en el mundo. De algún modo el libro pretende anticiparse como un antídoto contra la negación y el olvido con los que se suele reaccionar frente a traumas personales o colectivos y que nos lleva a embellecer las situaciones previas a las tragedias. No se intenta contar cómo será el país después de la pandemia, sino desarmar y denunciar injusticias y abusos con el objetivo de sacudir conciencias y dar contenido a políticas para construir un país mejor. El marco conceptual para llevar adelante tal desafío son los derechos humanos, que constituyen una narrativa colectiva, dinámica, conectada con la experiencia y con potencial para abordar problemas complejos.

¿Qué tienen que ver las desigualdades, la Covid-19 y los derechos humanos? La enfermedad, las medidas para contenerla y sus efectos sociales y económicos golpean más fuerte a las personas de menores ingresos y/o a aquellas que pertenecen a otros grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas expuestas a discriminación múltiple e interseccional. Las y los pobres se contagian y mueren más por la Covid-19 y disponen de menores recursos para capear la recesión económica que llevará hacia finales de 2020 a que América Latina cuente con treinta millones más de pobres (Cepal, 2020a). Y si son mujeres, migrantes, personas refugiadas, indígenas, con discapacidad, en contextos de encierro, adultas y adultos mayores, niñas, niños o adolescentes y/o pertenecientes a alguna minoría racial, étnica, religiosa, lingüística o sexual, se multiplicará el impacto sobre sus hombros. Tal como lo muestran numerosas investigaciones científicas y periodísticas en todo el mundo, las tasas de mortalidad del virus pueden llegar a multiplicarse entre las poblaciones en situación de vulnerabilidad. América Latina es la región más desigual del mundo y es también, a agosto de 2020, la que registra más fallecidas por Covid-19.

Pero no es el virus lo que discrimina, sino las personas y la infraestructura social y económica que imponen unas (pocas) personas a otras (muchas): el retraimiento de los Estados en áreas profundamente sensibles para los derechos humanos –tales como vivienda, salud y educación–, un sistema económico-jurídico que legitima la concentración del capital hasta el paroxismo, un mercado del trabajo que institucionaliza la explotación laboral, la creciente protección de patentes monopólicas, la naturalización de políticas fiscales regresivas, así como la mercantilización de derechos económicos y sociales explican un escenario en el que las desigualdades y la consiguiente pobreza se encuentran asociadas a mayores niveles de contagio y letalidad de la Covid-19 así como a la violación de derechos sociales y económicos. Pensemos, por ejemplo, qué tan practicable es la recomendación sanitaria de “lavarse las manos regularmente y quedarse en casa” para una gran parte de la población que, como Ramona, no tiene acceso al agua potable ni a una vivienda adecuada. O que las compras esenciales se realicen en línea cuando un alto porcentaje de la población no puede acceder a una tarjeta de crédito, o que no se viaje en transporte público cuando no existen opciones disponibles de transporte privado. O que la escolarización continúe por medios digitales, cuando un alto porcentaje de la población tiene acceso muy limitado a internet (ver el capítulo 16 de Nancy Cardinaux).

Así, no debe sorprender que esté emergiendo la noción de soberanía estratégica que está poniendo ahora el foco en la responsabilidad y correlativo poder de los Estados nacionales para proteger eficazmente la salud de sus respectivas poblaciones y asegurar resiliencia suficiente para garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales (Acemoglu y Robinson, 2019) y con ello la reproducción social: un modelo económico centrado en las necesidades y los derechos humanos de las personas antes que en la expansión del capital. Esta noción de soberanía estratégica desafía algunos pactos que se habían forjado durante la hiperglobalización, como aquellos referidos al ilimitado flujo del comercio internacional, la protección de las inversiones extranjeras, la libre circulación de personas por el mundo, la inviolabilidad de las patentes intelectuales, la desregulación de capitales financieros, la financiarización de prácticamente todos los aspectos de la vida (Laval y Dardot, 2013), la flexibilización laboral, la minimización de los sistemas de protección social, la disciplina fiscal cortoplacista y la mercantilización de servicios públicos esenciales –siendo la salud la nave insignia–. Revertir esas tendencias no parece ser una mala noticia para los derechos humanos.

De hecho, como advierte Ignacio Ramonet (2020), los gritos de agonía de los miles de personas enfermas y muertas por no disponer de camas en las unidades de cuidados intensivos condenarán por largo tiempo a los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas de austeridad. Cada uno de los países de ingresos bajos que siguió en los últimos tres años la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de recortar o congelar el empleo público ya ha sido identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como atravesando déficits críticos en materia de trabajadoras y trabajadores del sector (ActionAid, 2020), que a su vez afecta de manera diferenciada a los grupos más vulnerables.

Si la nueva normalidad es un oxímoron que continuará beneficiando a las elites o si en cambio entraña una verdadera agenda transformadora depende de todas y todos nosotros. Es algo que se construye día a día, antes que nada, a partir de la confrontación de ideas. Si imaginar primero y asegurar después que en las crisis una serie de ideas estén flotando en el aire ofrece alguna ventaja para implementar una cierta agenda, pensar y poner ya en palabras una perspectiva de derechos humanos para enfrentar la pandemia y motorizar un cambio transformador en nuestra sociedad, es algo cuya trascendencia nunca podríamos sobrestimar. De hecho, cuando observamos que países con similares PBI registran en el contexto de la pandemia muy disímiles resultados en cuanto al nivel de protección de los derechos a la vida y la salud, así como de otros derechos, es obvio que además de contar con recursos los Estados necesitan desplegar un “buen gobierno”, sobre cuya noción los derechos humanos deben formar parte central. El paradigma de los derechos humanos debe guiar la modelación, el diseño y la implementación de las políticas públicas.

Así, este libro no asume un enfoque minimalista de los derechos humanos, intentando solo reducir el sufrimiento, sino que sale al cruce de las desigualdades extremas y el cambio climático con una cosmovisión y agenda de trabajo que son comprehensivas, consistentes y sustentables. Los derechos humanos pueden ser una guía de gobierno.

Responsabilidad de todas y todos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás” (art. 29). Ese mismo artículo dispone que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad”. La vigencia de los derechos humanos implica un proyecto y esfuerzo colectivo. Así, proveer una respuesta enraizada en los derechos humanos para enfrentar la pandemia y sus efectos sociales y económicos debe entrañar no solo construir conocimiento y proponer políticas públicas para proteger y promover los derechos de las personas sino también poner énfasis en las responsabilidades correlativas del conjunto de actoras y actores, incluyendo tanto al Estado, las organizaciones internacionales, los sujetos no estatales (empresas, medios, clínicas, etc.) como a las personas (Sikkink, 2020).

Y no se trata solo de señalar quién ha sido la o el culpable de una determinada violación de derechos humanos sino también de indicar qué debemos hacer para abordar la pandemia y los problemas estructurales que explican su impacto diferenciado. Se trata de nuestra responsabilidad política frente a las injusticias estructurales (Young, 2011), que debe y puede traducirse en obligaciones concretas, tal como lo proponen los capítulos en este libro.

Así, sabemos que tenemos el derecho a circular, pero tenemos la responsabilidad de no exponer a las y los demás al riesgo de contagio; tenemos el derecho a protestar, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo de un modo que no ponga en riesgo la salud pública; tenemos el derecho a que el Estado despliegue políticas fiscales que protejan a los grupos más expuestos, pero tenemos la obligación de pagar los impuestos; tenemos el derecho a que los bienes y servicios esenciales continúen fluyendo, pero tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que hacen que ello sea posible; tenemos el derecho a pensar y expresar nuestras opiniones acerca de cuáles serían las políticas sanitarias más adecuadas, pero tenemos la responsabilidad de respetar las que han sido aprobadas, en particular aquellas que coinciden con las recomendadas por la OMS, no incitar a su quebrantamiento ni propalar noticias falsas. No tenemos la obligación personal de ser ciudadanas y ciudadanos virtuosos o defensores de los derechos humanos, pero, como miembros de una comunidad política, tenemos el deber cívico de contribuir a que otras y otros miembros puedan realizar sus derechos.

De alguna manera, el quebrantamiento de las disposiciones de aislamiento y distanciamiento como medidas para prevenir la propagación del virus, que explicaría en gran medida por qué a agosto de 2020 continúa aumentando el número de contagios y muertes, es indicativo de la necesidad de fortalecer la cultura de los derechos humanos como proyecto colectivo. Obviamente, el machaque de la gripecita, la infectadura y la economía primero erosiona cualquier política sanitaria, por eso mismo debe ponerse el mismo empeño en asegurar que las medidas de distanciamiento se cumplan, que en fortalecer el sentido de responsabilidad individual frente a la comunidad. En este punto es donde se hace imprescindible el diálogo entre las ciencias médicas, las ciencias sociales y la política.

Guías de derechos humanos para tomar decisiones

Los acontecimientos suceden con vértigo y el conocimiento científico sobre la Covid-19 evoluciona día a día. Solo para darnos una idea de la incertidumbre sobre la cual se toman decisiones trascendentales en materia de políticas públicas, aún no sabemos si se desarrollará una vacuna. Al momento de cerrar este libro, en agosto de 2020, Rusia registra una vacuna, pero aún resta ver qué tan eficaz es y cómo se produce, distribuye y aplica a gran escala. Entonces, en un entorno con información limitada, más que nunca las decisiones deben ser tomadas de manera participativa y transparente, y estar ancladas en los principios de derechos humanos.

No parece necesario ni conveniente refundar los derechos humanos. Afirmar que hay que rehacer los derechos humanos porque estamos lidiando con una crisis sin precedentes, y que por ello se necesitan respuestas extraordinarias, nos llevaría a una situación de desaprovechamiento y desprotección. Por un lado, no podríamos echar mano al consolidado desarrollo cultural, político y jurídico de los derechos humanos, cuyo músculo institucional se activó apenas se produjo el brote de la pandemia. La narrativa de las Naciones Unidas (ONU) y del sistema interamericano de protección de los derechos humanos da cuenta de ello. Por el otro lado, si nos abocáramos ahora a refundar los derechos humanos no podríamos imponer ningún límite, por ejemplo, frente a la militarización de la salud y la violencia institucional que puede desprenderse de ella. Además, invertir energía en la refundación de los derechos humanos nos haría desviar de la raíz de los problemas: la extrema desigualdad que caracteriza al actual sistema. Por eso mismo, lo que sí necesitamos hacer es interpelar la tradición liberal de las libertades negativas y rebalancear los derechos humanos poniendo mayor énfasis en las obligaciones positivas (Cusato et al., 2020).

En consonancia con el enfoque de seguridad humana y seguridad de salud (OPS y OMS, 2010), el deber de implementar políticas sólidas de salud pública que salven vidas y eviten el colapso de los sistemas de salud (art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC–) debe complementarse con políticas que hagan posible que el sistema económico importe y/o produzca y distribuya bienes y servicios para su consumo para así cumplir con los derechos humanos básicos mientras se minimizan los efectos económicos negativos a mediano y largo plazo de la pandemia. Tal como lo explicamos con Alfredo Calcagno en el capítulo 5, es falso plantear que se deba elegir entre “la economía o los derechos humanos”, también pueden salvarse ambos, o llevar a lo peor de esos dos mundos. Esta dicotomía es per se rechazable en cuanto se “absolutiza”, ignorando que, en cualquier condición, en la sociedad contemporánea, diferenciada por funciones, el sistema de la economía y el del derecho operan en simultáneo, condicionándose recíprocamente.

No hay duda de que el impacto de la recesión económica implica desafíos colosales para el disfrute de los derechos a acceder a una vivienda adecuada, atención médica, educación, alimentación, agua y saneamiento, protección social y trabajo. Tal como está claramente establecido en el derecho de los derechos humanos, las personas no deberían tener que optar entre el ejercicio de uno u otro de sus derechos humanos básicos. Esto podría darse, por ejemplo, cuando hay personas que reducen la ingesta de alimentos para poder pagar una vivienda o atención médica.

A fin de sopesar los costos y beneficios de proteger y promover los derechos humanos debemos ser lo más concretas/os y articuladas/os posible. Esto es evidente cuando estudiamos el impacto de las políticas sanitarias sobre los derechos humanos más allá de los referidos a la vida y la salud física. Frente al paradigma médico –que focaliza en los aspectos biológicos y la supervivencia de las personas– como discurso legítimo que informa regulaciones y modela prácticas y representaciones sociales, se erige otro más holístico. ¿Hasta qué punto es legítimo ceder libertades en el altar de una visión estrictamente sanitarista? El derecho internacional de los derechos humanos ofrece pautas precisas para responder a esta pregunta fundamental.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 4º) establece que, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de una nación, los Estados pueden limitar ciertos derechos civiles y políticos (mas no todos, como aquellos relacionados con la protección de la vida, los que prohíben la tortura y la esclavitud, o los que aseguran la participación libre en el proceso de comunicación que constituye la sociedad, como los que aseguran la libertad de acción y comunicación social –base mínima del Estado democrático–, el debido proceso y la libertad de pensamiento, conciencia y religión). Así, por ejemplo, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como la emergencia pública como justificación de la desaparición forzada (art. 1º). De manera similar, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (art. 27) autoriza la suspensión de algunos derechos pero nunca los siguientes: al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la esclavitud y servidumbre, al principio de legalidad y de retroactividad, a la libertad de conciencia y de religión, a la protección a la familia, al nombre, de niñas y niños, a la nacionalidad, derechos políticos y garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. El Estado argentino, al disponer el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), no recurrió a la derogación del derecho de circulación sino a su regulación (DNU 297/20 y subsiguientes). Ta...

Índice

• Cubierta
• Sobre este libro
• Portada
• Agradecimientos
• Prólogo, por Michelle Bachelet
• Prefacio. ¿Por qué y para qué se escribió este libro?
• 1. Introducción: Covid-19, desigualdad y derechos humanos por Juan Pablo Bohoslavsky
• Primera parte. Miradas generales sobre la pandemia, las políticas sanitarias y la recesión económica
• Segunda parte. Derechos humanos afectados
• Tercera parte. Grupos y situaciones de mayor vulnerabilidad
• Cuarta parte. Prospectivas
• Posfacio. De la negatividad del sufrimiento y la muerte a la positividad del pensamiento, por Rita Laura Segato
• Autoras y autores
• Sobre el editor
• Colección Derechos Sociales y Políticas Públicas
• Créditos