Presente y perspectivas

Rolando Cordera

• Editorial: Fondo de Cultura Económica
• Año: 2019
• ISBN del libro electrónico: 9786071660640
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia mexicana

Se abarcan diversos temas de suma importancia, como las relaciones entre la justicia y el derecho; la Constitución y la democracia; el corporativismo y la estabilidad; la iglesia, el Estado y la sociedad; los retos del federalismo; la violencia y la política; la globalización y demás aspectos que acompañan el ciclo modernizador más reciente del país.

El peso del corporativismo en el siglo XXI1

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA*

Introducción

En México, el siglo XX fue el siglo del corporativismo: asociaciones, centrales, cámaras, federaciones, confederaciones, sindicatos, frentes, consejos, uniones, comités, asambleas. Cientos de agrupaciones que supieron aglutinar políticamente los intereses particulares de diversos gremios y sectores: campesinos, burócratas, obreros, patrones, industriales, empresarios, maestros, taxistas, vendedores ambulantes, etc. Esas corporaciones permitieron pacificar el país después de la Revolución. Fueron capaces de institucionalizar exitosamente el conflicto. Este arreglo corporativo no sólo produjo una notable estabilidad política sino que, además, hizo posible un paradigmático proceso de modernización y una prolongada etapa de crecimiento.

Pero ese crecimiento fue, a la larga, insostenible. Las sucesivas crisis que padeció la economía mexicana de 1976 en adelante, y más gravemente a partir de 1982, forzaron un cambio drástico en el modelo económico. Estas crisis también estimularon la democratización del sistema político.

México no fue el único en enfrentar cambios profundos. Muchos países vivieron crisis graves en el mundo cambiante de los años ochenta, con movimientos bruscos en precios clave para la economía mexicana, como el petróleo y las tasas de interés internacionales. El cambio en el contexto mundial obligó a la reforma, aunque la manera en que se dio ésta dependió de las circunstancias de cada país.

Las últimas dos décadas del siglo XX se caracterizaron, en resumidas cuentas, por un amplio y ambicioso ciclo de reformas, en México y en el mundo. En muchos países el corporativismo como espacio para la negociación de privilegios fue sustituido por mercados más abiertos y libres.

En el caso mexicano dichas reformas, sin embargo, fueron menos profundas de lo deseado por unos y temido por otros: las viejas estructuras corporativas supieron adaptarse al nuevo entorno, en muchos casos sin haber sufrido cambios importantes. Su supervivencia tiene implicaciones muy negativas, tanto para el desempeño de la economía como para la capacidad del régimen democrático de enfrentar nuevos retos.

Las reformas económicas no crearon una economía más dinámica, que ofrezca mayores oportunidades a las amplias capas sociales menos favorecidas. El crecimiento ha sido modesto en las últimas décadas, lo mismo que la creación de empleos formales. Sólo gracias a la economía informal y a la emigración a los Estados Unidos hemos amortiguado el efecto de la creciente demanda de trabajo, sobre todo de los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral.

El ciclo de reformas políticas dio, por fin, efectividad al sufragio.2 Con su voto, los ciudadanos decidieron poner fin a las mayorías absolutas en el Poder Legislativo y llevar a la presidencia, por primera vez en la historia moderna de México, a un candidato presidencial de oposición.3

Sin embargo, la dispersión del poder que las urnas impusieron, aunada a la erosión en la legitimidad de las reformas económicas tras la crisis de 1994, condujo a una situación en la que, por un lado, ningún actor cuenta con suficiente fuerza para impulsar un nuevo ciclo de reformas que haga frente a los déficit que dejaron los anteriores; y, por el otro, a que los actores que se pueden ver potencialmente afectados, incluidos varios de los más beneficiados por las reformas anteriores, bloqueen sistemáticamente la posibilidad de que se forme una nueva coalición reformista. Así, liberalizamos nuestra economía, pero tenemos mercados con poca o nula competencia, tanto en el sector privado como en el público; democratizamos nuestro sistema político, pero tenemos órganos de representación con una magra capacidad para tomar las decisiones necesarias e instrumentarlas, en buena medida por el peso de esas instituciones corporativas que aún están muy bien representadas en estos mismos partidos políticos.

El Estado se hizo más delgado en términos de su intervención directa en la economía, pero no se hizo más fuerte: carece del poder suficiente para encauzar el interés ciudadano por encima de los intereses corporativos o de los individuos con gran poder personal dado los recursos que controlan. De hecho, cuando trata de hacer valer la regulación existente, de resolver conflictos conforme a dicha regulación o de reformarla, es visible que la capacidad de operación misma del Estado mexicano es rehén de los actores a los que tendría, precisamente, que estar regulando. La liberalización económica y la democratización política arrojaron un Estado cuya autonomía está severamente minada.

El gran poder histórico de la presidencia priista no era el de un Estado poderoso, sino el de un pacto político muy funcional, basado en su capacidad de distribuir pacíficamente premios y castigos, incluido el premio mayor, la presidencia misma. Este pacto se rompió con la alternancia y entonces la fragilidad del Estado se hizo evidente. O quizás, para decirlo con más precisión, lo que se hizo evidente fue que el Estado, como agente encargado de hacer valer reglas que promueven determinados comportamientos sociales e inhiben otros, no existía salvo en unas cuantas esferas. El tránsito hacia un sistema político más democrático y una economía más abierta no se ha traducido en un aumento de su capacidad de cumplir con esa responsabilidad de hacer valer las reglas.

En los últimos años se ha fortalecido un sólido programa de investigación académico a propósito de la importancia de las instituciones, tanto en el desarrollo político como económico de los países.4 Dicha bibliografía muestra que las instituciones reflejan los equilibrios que en el pasado les dieron origen. De ahí que todo proceso de reforma constituya una amenaza, en primer lugar, para los actores que se benefician de esos arreglos institucionales heredados.

Así, para entender el desempeño económico de una sociedad hay que entender sus instituciones no como meras estructuras burocráticas, sino como conjuntos de reglas que reflejan una correlación de fuerzas. Las instituciones propician algunas conductas y evitan otras, imponen límites, reducen la incertidumbre, estabilizan las expectativas, canalizan el conflicto. Pero nunca son neutrales: dan más poder a algunos actores que a otros. No son neutrales, no pueden serlo, porque las circunstancias en las que surgen no son asépticas; porque las sociedades en las que operan son siempre conflictivas; porque las soluciones que ofrecen no pueden dejar contentos a todos. Pueden ser, por ejemplo, subóptimas para crear crecimiento económico pero permitir a ciertos sectores extraer jugosas rentas, producir bienes y servicios de calidad inferior a las que se encuentran en otros mercados, y dejarlos sobrevivir si son suficientemente proactivos y/o si el país no enfrenta una crisis mayor que lo obligue a instrumentar reformas.

Los niveles de bienestar entre los países no convergen en automático cuando las economías se abren al intercambio de mercancías y/o a la inversión extranjera, como esperaría la economía neoclásica. De hecho, la experiencia muestra que es más fácil quedar atrapados en equilibrios institucionales subóptimos en términos de crecimiento, que favorecen la ineficiencia y la falta de competitividad, que lograr los complejos equilibrios que impulsan a las economías a crecer de forma sostenida. Incluso cuando es evidente que ciertas reformas crearían un beneficio mayor para la sociedad como conjunto, esas reformas pueden no llevarse a cabo, o hacerlo de tal forma que no alteren, en lo esencial, los beneficios para ciertos grupos o incluso pueden crear nuevos espacios de privilegio.

Ocurre que los actores que más beneficios extraen de dichos arreglos institucionales subóptimos son, por lo mismo, los más poderosos y los que disponen de mayores recursos para frenar cualquier tentativa de reforma que amenace su interés por perpetuar un statu quo que les es tan rentable. La desigualdad social complica aún más la posibilidad de corregir esas ineficiencias institucionales, ya que los grupos privilegiados, que no sólo incluyen a los burgueses típicos sino al conjunto de privilegiados de todos los sectores (sindical, burocrático, campesino), tienen mucho margen para protegerse.

Pero cuanto más desigual es una sociedad, mayores pueden ser a su vez las presiones en pos de la redistribución. Las mayorías ciudadanas pueden articular una amenaza creíble y los grupos privilegiados, en consecuencia, verse obligados a admitir, o incluso a impulsar por iniciativa propia, reformas sustantivas. Bien dice el dicho que más vale un mal arreglo que un buen pleito. El espectro de una revolución, por ejemplo, puede ser un gran acicate para que los grupos privilegiados acepten compartir poder y recursos.5

Sin embargo, no hay un desenlace asegurado. No siempre se acepta perder privilegios porque se perciba el riesgo de algún movimiento revolucionario. Tampoco está escrito que éste se dé si no hay negociación que lleve a un mundo de menos privilegios. La desigualdad es también una desigualdad de recursos políticos, y los grupos bien organizados pueden sobrevivir mucho tiempo en un equilibrio subóptimo para el conjunto de la sociedad.

Este ensayo parte de un hecho bien sabido: la ineficiencia de las instituciones en México para promover el crecimiento de la inversión, de la productividad y, por tanto, del bienestar. Mi objetivo es tratar de mostrar cómo México ha quedado atrapado en un equilibrio subóptimo.6

Mi argumento central es que los actores que se conducen conforme a la lógica corporativa del pasado, muy visiblemente una parte de los grupos empresariales de mayor tamaño y de los sindicatos más poderosos (sobre todo los que agrupan a los trabajadores que laboran en el sector público), privilegiados que ganan con un sistema semicompetitivo que les permite extraer rentas al resto de la economía, han obstaculizado sistemáticamente la realización de reformas institucionales que los afectarían en lo particular, pero que en términos agregados beneficiarían al conjunto de la sociedad. Estos actores han logrado protegerse de la competencia recurriendo a una multitud de recursos formales y materiales, así como a su capacidad de influencia política, incluida su complicidad con los partidos políticos, que igualmente tienen su propio mercado poco competitivo que proteger y que buscan aprovechar los insumos que estos actores les proporcionan para derrotar a sus adversarios en la lucha por el poder.

La falta de verdadera competencia no es, por supuesto, el único factor que explica las dificultades de México para crecer. Tenemos problemas serios en materia de capital humano, infraestructura, Estado de derecho, etc. Sin embargo, varias de estas fallas no son ajenas a la falta de competencia en la medida en que los grupos privilegiados, aquellos que por su poder tienen mayor capacidad para corregir estas deficiencias, no muestran interés en hacerlo, pues no les hace falta para sostener o incluso acrecentar sus actuales niveles de ingreso. Además, uno de los grupos privilegiados, el sindicalismo en el sector público y la burocracia que lo alimenta, dificultan enormemente proveer servicios públicos de calidad a los ciudadanos.

Cabe señalar un tema que dejo fuera de este ensayo, a pesar de ser central. Me refiero al problema de inseguridad que en este momento corroe al país y que c...

Índice

• Siglas
• A manera de presentación
• Nuestro (mal) devenir constitucional
• El peso del corporativismo en el siglo XXI
• Los cristianos frente a la modernización
• La modernización de la economía política mexicana: las aventuras de la globalización neoliberal
• Treinta notas sobre la modernización frustrada del federalismo mexicano
• México: tendencias modernizadoras y persistencia de la desigualdad
• El crecimiento de las últimastres décadas en México: ¿para quién?
• Violencia y política en el México del bicentenario. Causas y consecuencias de la primera crisis de la democracia
• Bibliografía