El acertijo de la legitimidad

Por una democracia eficaz en un entorno de la legalidad y desarrollo

Luis Rubio, Edna Jaime

• Editorial: Fondo de Cultura Económica
• Año: 2015
• ISBN del libro electrónico: 9786071632401
• Categoría: Politics & International Relations
• Categoría: Democracy

Los autores proponen que para restablecer el orden y la seguridad el gobierno debe utilizar sus prerrogativas en el "monopolio de la violencia" y la sociedad tiene que emprender la reconstrucción institucional.

VIII. EL CÓMO DEL PROBLEMA POLÍTICO
EN MÉXICO: MÉTODO Y SUSTANCIA

Éste es nuestro estilo: primero rompemos la cáscara del huevo y luego nos ponemos a buscar una sartén.

VICTOR SHEYMOV, Tower of Secrets

LA CLAVE para enfrentar los problemas de legitimidad que caracterizan al país radica en separar el método de la sustancia; es decir, en no mezclar los objetivos que se persiguen con los medios para decidir cómo llegar a ellos. Ello implica avanzar hacia la definición de la forma en que se decidirá el futuro sin mezclarla con el contenido de ese futuro.

Un buen ejemplo de esto son, o deben ser, los procesos electorales. La legislación electoral no es más que un conjunto de reglas y procedimientos. Nada en esa legislación versa sobre los objetivos que deben perseguir los candidatos ni el contenido de sus programas o propuestas. Una cosa son los mecanismos que establece la ley y otra la sustancia emanada de cada partido o candidato. Es decir, la legislación está diseñada para ser un método para la elección de candidatos a funciones de gobierno, independientemente de los objetivos que cada uno de ellos persiga. Un candidato puede ser de izquierda, de derecha o de centro, y eso nada tiene que ver con la manera en que se elige. Y viceversa: un candidato puede ganar o perder de acuerdo con los procedimientos codificados en la legislación, independientemente de la ideología o postura que profese.

Nuestra legislación electoral ha separado el contenido de los programas partidistas del procedimiento para ganar una elección. La propuesta que se desarrolla en este capítulo es que se adopte exactamente el mismo principio para la construcción de la legalidad en el país como sustento esencial de la legitimidad.

LA DEMOCRACIA COMO MÉTODO

La función central de todo sistema político es procesar demandas, ofrecer canales de comunicación para solventar crisis y articular mecanismos de negociación. Estos temas han sido materia de discusión entre practicantes y objeto de análisis por parte de estudiosos y académicos desde hace siglos. Hace 500 años, Maquiavelo escribió el “manual del practicante de la política”.¹ Desde entonces, innumerables estudiosos de ambos lados del espectro academia-práctica han ofrecido sus perspectivas sobre la forma en que funciona o debe funcionar un sistema político. Locke y Tocqueville ofrecieron algunas perspectivas; estudiosos más recientes han aportado otras. Si uno revisa la literatura, se va a encontrar con que las explicaciones sobre el funcionamiento de un sistema político democrático funcional van desde la capacidad innata de los individuos para autogobernarse hasta la ética protestante, pasando por la tradición legal teutónica. La literatura de las últimas décadas tiende a separarse en tres escuelas de pensamiento: a) la que vincula el funcionamiento efectivo de un sistema político con un conjunto de condiciones sociales y económicas, como el nivel de ingreso per capita, nivel promedio de alfabetización y de urbanización (por ejemplo Seymour Martin Lipset); b) la que vincula la democracia y, de hecho, cualquier sistema político, con la capacidad de resolución de conflictos y reconciliación entre los grupos de una sociedad (i.e., Carl Friedrich, E. E. Schattscheider, Ralph Dahrendorf, Arend Lijphart). Un subgrupo de esta misma escuela vincula la estabilidad de una democracia a la existencia de estructuras de autoridad y hegemonía en toda la sociedad por medio de las escuelas, iglesias, empresas, sindicatos y organizaciones cívicas (los autores van desde Antonio Gramsci hasta Harry Eckstein); y c) finalmente, un tercer grupo enfatiza la necesidad del acuerdo o consenso como el fundamento de una construcción política estable, sea éste en la forma de una creencia común en ciertos elementos fundamentales o en un consenso sobre los procedimientos y las reglas del juego. Algunos autores en esta corriente hablan sobre los “acuerdos para diferir” (Ernest Barker), otros enfatizan la capacidad de “empatía y disposición a participar” (Daniel Lerner) y otros más hablan de una “cultura cívica” (G. Almond y S. Verba) o del compromiso necesario con los valores democráticos, sobre todo entre los miembros de la clase política (Robert Dahl).

Como puede notarse, cada una de estas escuelas propone perspectivas distintas sobre cómo se articulan o cómo se puede provocar la articulación de estructuras políticas capaces de cumplir con las funciones medulares de todo sistema político: resolver conflictos y procesar demandas. En sus aportaciones, tanto los estudiosos como los practicantes reflejan los momentos y las sociedades que están observando. No es entonces una casualidad que quienes estudian sociedades estables codifican variables como la sociedad civil, en tanto que aquellos que estudian sociedades en conflicto apuntan hacia un consenso básico como fundamento para la construcción de instituciones capaces de lograr esos objetivos.

Para una sociedad como la mexicana, en la que existe un nivel elevado de conflicto entre los políticos y sobre el acceso y uso del poder, la única manera de comenzar a articular una estructura capaz de darle viabilidad a un sistema político es comenzar por el principio; por los factores que permitan acuerdos sobre lo elemental. Cuando no existen consensos sobre los procedimientos, mucho menos puede haberlos sobre los temas sustantivos. Por eso es necesario comenzar por los procedimientos y quizá no haya nada más útil en este sentido que tomar como punto de partida la definición acuñada por el economista austriaco Joseph Schumpeter en su obra magistral Capitalismo, socialismo y democracia.

La democracia, según Schumpeter, no es otra cosa más que un método. Para ese célebre pensador, la democracia no debe entenderse en los términos tradicionales (“gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” o similares), sino como un método: “un arreglo institucional para arribar a decisiones políticas a través de las cuales los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una batalla competitiva por el voto popular”.² En esta concepción, la democracia no tiene un contenido particular; más bien, se trata de un mecanismo a través del cual un candidato o partido se disputa el favor popular en las urnas. La democracia es el medio a través del cual se decide y no entraña consideración alguna de valor: el mismo mecanismo puede servir para que gane un partido u otro, una ideología u otra, un proyecto u otro. Bajo este principio es como se puede plantear la diferencia entre método y contenido para avanzar hacia la conformación de un Estado de derecho.

En abstracto, el concepto es muy claro y su aplicación bastante evidente. El problema estriba en cómo aplicarlo a una realidad concreta, máxime cuando ésta muestra un elevado grado de conflictividad. Vayamos por pasos.

De entrada, es importante reconocer, como se apuntó en el capítulo V, que existe una conexión directa entre la estructura y conformación de las instituciones y los incentivos que éstas producen para el comportamiento de los actores políticos. Las instituciones son eso, formas y estructuras, medios a través de los cuales se discute el contenido, por eso no hay que confundirlos. Una cosa es el proceso y otra la sustancia. La única manera de resolver el problema de legitimidad es separando lo uno de lo otro. La clave radica en acordar los métodos y procedimientos por medio de los cuales se arribará a una decisión, pero esa decisión no está limitada, a priori, en forma o en contenido. Cuando esto ocurre, una sociedad puede avanzar hacia la discusión de los temas de fondo sin provocar una crisis en cada etapa.

En años recientes hemos podido observar la proliferación de propuestas para solucionar el problema político e institucional del país. Algunas son mucho más específicas y funcionales (enfocadas a modificar algunos elementos de las estructuras políticas o institucionales existentes), que transformadoras de lo existente. Otras son mucho más ambiciosas: fundacionales en su carácter. Algunas buscan corregir deficiencias, otras tienden hacia la propuesta de nuevas maneras de estructurar al conjunto de la sociedad mexicana. Típicamente, las primeras procuran ofrecer correcciones a lo existente, en tanto que las segundas plantean una redefinición radical. Las primeras propondrían cambios en, por ejemplo, la forma en que se elige a los gobernantes, modificaciones en los plazos de permanencia en el poder (como un menor periodo presidencial o la reelección para legisladores), alteraciones a las campañas electorales y otros mecanismos orientados a corregir deficiencias o crear incentivos para un mejor desempeño político y electoral. Por otro lado, en años recientes ha proliferado un conjunto de propuestas que apunta hacia un replanteamiento del sistema político, generalmente para implantar, parcial o totalmente, un sistema parlamentario y, como consecuencia, redefinir la naturaleza de la presidencia. Algunas de las propuestas tienen una mayor lógica o congruencia histórica (o inclusive una mayor aplicación práctica que otras), pero cabe señalar que todas son respetables de entrada. Habiendo dicho esto, tal y como se discutió anteriormente, lo importante no es el contenido de la propuesta específica, sino el proceso de decisión que llevaría a la adopción de una determinada reforma. En otras palabras, lo relevante sería comenzar por acordar un método para la decisión y no entrar de lleno en la discusión del contenido.

Como lo sugiere el párrafo anterior, en el país existen diferencias dramáticas sobre los contenidos de lo que sería necesario o deseable modificar en el entorno institucional y político para enfrentar el problema tanto de funcionalidad como de legitimidad del sistema en su conjunto. Como se desprende de lo escrito líneas arriba, aunque existen muchas sutilezas trascendentales que diferencian a las diversas propuestas específicas, hay dos grandes líneas de pensamiento: las que pretenden hacer funcional y efectivo el sistema presidencial, para lo cual proponen correcciones y ajustes, y las que se proponen modificar el sistema para implantar un modelo de tipo parlamentario o semiparlamentario. Ambas propuestas exponen la racionalidad, experiencia y preocupaciones de quienes son sus autores y todas ellas ofrecen respetables e inteligentes aportes a la discusión.

Pero lo que es evidente en el México real (en el México del conflicto), es que ninguna de estas aproximaciones resolvería el problema del país en tanto no estén presentes dos condiciones: primero, y fundamental, que se defina un método para la discusión y eventual aprobación de alguna propuesta o reforma. Segundo: que el proceso gane credibilidad y legitimidad para que el gobierno no sólo lo pueda hacer cumplir, sino que no tenga más remedio que actuar de esa manera.

Estos puntos son la esencia de nuestro dilema actual. Al confundir contenido con método de aprobación acabamos haciendo imposible la discusión de propuestas de solución, así como la aprobación de alguna que tuviera oportunidad de funcionar. En tanto el método de discusión, ascenso al poder y resolución de disputas no sea independiente del contenido de lo que se discute y de las propuestas de los distintos candidatos en una elección, el país seguirá paralizado. En la elección presidencial de 2006, un contendiente empató los contenidos de su propuesta con el resultado electoral, descalificando por esa vía el triunfo de cualquier otra propuesta o candidato. Esa combinación, articulada con un evidente objetivo, resulta ser enemiga de la democracia y de la funcionalidad de un sistema político, lo que hace tanto más difícil separar el contenido del método.

El método resulta esencial pues es el factor que determina la legitimidad. La legitimidad no depende, no puede depender, del contenido, sino del proceso. Cuando todos los integrantes de una sociedad aceptan el método, la institución adquiere legitimidad y eso permite ir a la discusión de la sustancia. Por ejemplo, en el caso de las elecciones, la reforma electoral realizada en 1996 fue un acuerdo sobre el método para elegir a un gobernante, mas no una garantía de que una determinada persona o partido ganaría las elecciones. Es decir, se separó el método del contenido. En 2006 pudimos observar las limitaciones de ese consenso inicial. Resultó evidente que lo electoral es una condición necesaria mas no suficiente para lograr resolver los problemas de legitimidad de una sociedad. En otras palabras, para poder lograr la legitimidad integral de las instituciones políticas será necesario ir a cada una de esas instancias y lograr un consenso sobre el método en todos los ámbitos: el del gobierno, el poder judicial, la interrelación entre los poderes públicos y, para culminar, respeto a las leyes que van a normar la convivencia en la sociedad.

En la actualidad vivimos inmersos en pleitos interminables sobre la sustancia de las soluciones, pero por esa vía es imposible llegar a un acuerdo. Se contraponen visiones tan diametralmente opuestas que no hay manera de lograr acuerdos al respecto. Más importante aún: esas discusiones resultan en buena medida irrelevantes para el conjunto de la sociedad, la cual no se siente representada en ellas e intuye que responden solamente a los intereses particulares de los políticos o partidos. Es por eso que hay que comenzar por el método.

Tan extraviados están nuestros legisladores en sus discusiones sobre contenidos que no pueden resolver, que terminan por perder de vista procesos elementales. Quizá nada ilustre mejor la naturaleza de tales entuertos que resaltar los absurdos a los que pueden conducir. Por ejemplo, durante el proceso de transición de una presidencia a otra a partir de la elección de julio de 2006, los legisladores entraron de lleno en una interminable discusión sobre contenidos de la tan discutida “reforma del Estado”. Por su parte, el entonces presidente electo Calderón presentó su agenda legislativa, misma que fue en buena medida ignorada por los políticos y los legisladores, preocupados más por sus propios temas. La escena en su conjunto es reveladora: no existe un método acordado para la discusión de agendas entre los propios legisladores o con el ejecutivo; no se reconoce que las diferencias en posturas son tan grandes que sin un método para diferenciarlas es imposible llegar a un acuerdo y, quizá lo más importante, no hay una comprensión de que ninguna de las conclusiones a las que lleguen por esos medios gozará de aceptación entre la población.

ENFRENTANDO AL MÉXICO REAL

Los métodos y procedimientos implican ciertas maneras de hacer las cosas. La sociedad mexicana cuenta con un sinnúmero de procedimientos perfectamente establecidos, aunque muchos no gocen de legitimidad. El primer paso para avanzar hacia la institucionalización (es decir, la legitimación) de los métodos y procedimientos existentes reside en lograr una legitimidad original. El segundo, en hacer valer y cumplir esos métodos y procedimientos. Desde luego, el gran tema político del México de hoy, el México posterior al conflicto postelectoral de 2006, es cómo lograr dicha legitimidad original. Pero el segundo tema, el de afianzar y hacer cumplir los procedimientos, no resulta menor.

En abstracto, y siguiendo a los tratadistas del contrato social, el establecimiento de un acuerdo fundacional que se traduzca en legitimidad no es algo difícil de conceptualizar. Sin embargo, en la práctica cotidiana y bajo un entorno de conflicto, disputa y rispidez esto es algo mucho más difícil de lograr. Todos...

Índice

• Portada
• Presentación
• Introducción
• I. La disputa por el poder sin reglas ni límites
• II. Un mundo de ilegalidad
• III. La ilegalidad y el Estado de derecho
• IV. ¿Qué hubiera dicho Rousseau sobre el México de hoy?
• V. Coordenadas para la reforma institucional
• VI. Instituciones, legitimidad y desarrollo
• VII. El qué del problema político en México
• VIII. El cómo del problema político en México: método y sustancia
• IX. Los problemas de México no son técnicos: se pueden resolver. El tema clave no es “qué” sino “cómo”
• Colofón
• Bibliografía