Crisis S.A.

El saqueo neoliberal

Ana Tudela Flores

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2014
• ISBN del libro electrónico: 9788446040057
• Edición: 1
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia del siglo XXI

La mano invisible está metida en el bolsillo de los ciudadanos. El capitalismo no se pregunta cómo evitar los ciclos, vive de ellos. Siembra burbujas sin control porque al final se le permite cargar el coste a la espalda del trabajador, gracias a la inestimable ayuda de la clase política más mediocre y entregada al poder económico que ha conocido el mundo contemporáneo. Ya nadie se lanza desde las ventanas de Wall Street ni se lanzará desde las torres de la Castellana. Han ganado y España es el ejemplo más claro de su victoria. Se llenaron los bolsillos y, cuando no daba para más, hipotecaron los impuestos que debían proteger a la población que los paga para recuperar el dinero apostado. El único modo de lograr su propósito era crear un pánico paralizador que les ha servido además para deshacer en tiempo récord lo que se tardó tanto en conseguir: los derechos laborales, la cobertura del Estado de bienestar, la redistribución de la riqueza. Se lo quieren llevar todo y para lograrlo están relegando de nuevo a la clase trabajadora a una única aspiración: sobrevivir.

VI. Quinto trasvase: la privatización del Estado de bienestar

Titular de El País del 10 de abril de 2012: «La presión de los mercados fuerza a Rajoy a adelantar los planes de recorte». El mismo día, Expansión: «Recortazo de 10.000 millones en sanidad y educación para calmar a los mercados». En la portada de Abc: «Golpe de autoridad: recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación, Rajoy se reunió con su equipo económico para lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados».

No hacía ni una semana que el Gobierno del Partido Popular había presentado sus presupuestos y ya se los enmendaban los mercados, alguien sin rostro ni ventanilla en la que reclamar, alguien que se había equivocado durante años invirtiendo en subprimes, en Madoff o en las burbujas de España o Irlanda. El Gobierno no salió a dar explicaciones sobre lo que significaba un recorte de ese tamaño ni por qué y cómo se iba a aplicar al gasto social, que no ha sido el culpable ni mucho menos de que estalle la crisis. Lo anunció con una nota de prensa. Europa no dice recorta. Dice recorta aquí. Y aquí es pensiones, sanidad, educación. Recorta el Estado de bienestar. Y el Gobierno central, que ya había fijado un recorte del gasto autonómico de 15.600 millones en los presupuestos, dirige un nuevo tijeretazo a partidas que son competencia autonómica (era difícil en cualquier caso que el tamaño de los recortes que se estaban exigiendo a las comunidades autónomas no afectasen a sanidad y educación teniendo en cuenta que su peso en el gasto autonómico es de alrededor del 75 por 100). Aquel día no se dan explicaciones, como si a los ciudadanos ya se les hubiera dado el motivo: la prima de riesgo, el coste de la deuda que estaba por encima de los 400 puntos básicos y si sigue subiendo se va a hacer inasumible. Ese número que nos tuvieron años mirando, como un temporizador a punto de estallar. Una escalada que podía detenerse con una frase, como demostró el presidente del Banco Central Europeo, Mario Dra­ghi, unos meses después.

¿Cómo es posible que, en mayo de 2010, con la prima alrededor de los 150 puntos básicos (a principios de 2014 se celebraba que estuviera en torno a 200), el primer recorte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tocase ya las pensiones para ahorrarse 1.500 millones de euros? ¿No se dieron cuenta hasta un año después de que podían ahorrarse 2.000 millones recetando medicamentos genéricos, como incluyeron en uno de los siguientes ajustes? ¿Cuánto más ha costado la deuda de lo que se pensaba entonces?

Para calcular el verdadero recorte producido en educación y sanidad no sirve la cuenta habitual de sumar los recortes de un año con respecto al anterior, dando por consolidada año tras año la pérdida del nivel de gasto. Es más ajustado calcular que, si se hubiese mantenido el gasto de 2010, se habrían destinado a sanidad 17.800 millones de euros más de los que se han destinado entre los años 2011 y 2014, ambos incluidos. Lo mismo con educación, de mantenerse el nivel de gasto de 2010, se habrían destinado a este ámbito 16.753 millones más entre los años 2011 a 2014.

En total, unos 34.500 millones recortados bajo el látigo del control del déficit. Pero mientras se estrujaba la bolsa del gasto en el apartado social, se la dejaba desbocarse por otro lado. De nuevo: la deuda. La presión a las autonomías y el mal estado de la banca ha encarecido su financiación, al tiempo que seguían incurriendo en déficit dada la merma de ingresos lo que incrementa su endeudamiento. En total, entre amortizaciones e intereses, las autonomías habrán pagado por su deuda 87.710 millones entre 2011 y 2014, según sus presupuestos. Si se toma la cifra de cada ejercicio con respecto a lo que se pagó en 2010 y se suman todas las diferencias, son 41.124 millones más desde que estalló la guerra de la deuda pública y se impuso la doctrina de la austeridad. La excusa perfecta para devorar el Estado de bienestar con el argumento de que quieren hacerlo más barato.

Todas estas cifras hay que tomarlas con cautela porque se trata de presupuestos. La ejecución, lo que se gasta de verdad al final, tiene todavía un larguísimo camino que recorrer en materia de transparencia.

Breve historia del bienestar

Las calles de Alemania ardían a finales del siglo xix por las condiciones a las que se había sometido a la clase obrera con la industrialización. Otto von Bismarck, el autoritario Canciller de Hierro, más por pragmatismo y necesidad de contrarrestar el auge del socialismo que por simpatía alguna con el proletariado, se esforzó en encontrar una fórmula de financiación para ofrecer a los trabajadores cobertura en caso de enfermedad, accidente, vejez o invalidez. Y la encontró: obligar a crear un fondo común. Su idea permitió al Káiser Guillermo I aquel mensaje del 17 de noviembre de 1881, redactado probablemente por el propio Bismarck, en el que se anunció, a cambio de paz en las calles, la creación de los seguros obligatorios, que se consideran el nacimiento o primer germen de los seguros sociales. El Káiser lo expresó así:

La superación de los males sociales no puede encontrarse exclusivamente por el camino de reprimir los excesos socialistas, sino mediante la búsqueda de fórmulas moderadas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores.

La idea debió gustar mucho, porque el sufrimiento de la clase trabajadora la tenía levantada en armas en muchos otros puntos de Europa y un Estado detrás de otro, incluida España, empezaron a copiar la fórmula de Bismarck. Tras varios impulsos en este país, que empiezan con la Conferencia de Previsión Popular en 1904, y el aliento que reciben las diferentes iniciativas tras el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo a raíz del Tratado de Versalles (1919), el principal avance llega a España con la Segunda República, cuya Constitución establecía:

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, (así como) la protección de la maternidad.

La dictadura de Franco termina con aquel avance como con todo lo demás pero retoma cierta senda bismarckiana estableciendo seguros sociales obligatorios, como el SOE (de enfermedad), en 1942; el SOVI (de vejez e invalidez), en 1947; y el Seguro Nacional de Desempleo en 1961. En 1963 se sientan las bases de creación de la Seguridad Social, con la sistematización de todos los seguros. Ya en democracia, la Constitución de 1978 establece en su artículo 41 la garantía de la Seguridad Social para todos los ciudadanos por parte de los poderes públicos, una idea en línea con la que desarrolló el británico Beveridge a mediados de siglo por la que se estableció la Seguridad Social en Gran Bretaña.

En España, la sanidad pública se construyó al principio dentro del esquema de la Seguridad Social sencillamente porque las cuotas obligatorias, que se descontaban del salario, proporcionaban una fórmula «muy estable y más ágil que la recaudación de impuestos generales», explica Fernando Lamata en su Manual de administración y gestión sanitaria. Al estabilizarse la recaudación por impuestos, gracias al descuento del IRPF directamente de la nómina, y aumentar las cargas de la Seguridad Social por las mayores jubilaciones y el aumento del desempleo (tras las crisis del 73 y el 79), el Estado, que tiene que subvencionar a la Seguridad Social, se plantea «la posibilidad y la conveniencia de establecer la financiación de toda la sanidad mediante impuestos y dejar a la Seguridad Social que financie las prestaciones económicas», continúa Lamata. El trasvase será gradual pero el primer cambio se establece en la Ley General de Presupuestos de 1989.

Es curioso que a los dos años de iniciarse el trasvase de la financiación, el Gobierno encargase un informe para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud. También es curioso que, contra todo pronóstico de los que querían privatizarlo, ha sido sostenible más de veinte años. Una de las características más sorprendentes del liberalismo neocon, que capitaneó Milton Friedman, es que les gusta mucho la gestión privada con financiación pública. Los impuestos no les gustan, sobre todo los que gravan a las clases adineradas y a las empresas, pero donde ven dinero público (¿de dónde pensarán que sale?), allí se van con su crecepelo de la eficiencia a exigir que les den un pellizco del pastel porque, dicen, saben hacerlo mejor.

Como explica Klein en La doctrina del shock:

A sus noventa y tres años, y a pesar de su delicado estado de salud, el «tío Miltie», como le llamaban sus seguidores, tuvo fuerzas para escribir un artículo de opinión en The Wall Street Journal tres meses después de que los diques se rompieran: «La mayor parte de las escuelas de Nueva Orleans están en ruinas —observó Friedman—, al igual que los hogares de los alumnos que asistían a clase. Los niños se ven obligados a ir a escuelas de otras zonas, y esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo». La idea radical de Friedman consistía en que, en lugar de gastar una parte de los miles de millones de dólares destinados a la reconstrucción y la mejora del sistema de educación pública de Nueva Orleans, el Gobierno entregase cheques escolares a las familias, para que éstas pudieran dirigirse a las escuelas privadas, muchas de las cuales ya obtenían beneficios, y dichas instituciones recibieran subsidios estatales a cambio de aceptar a los niños en su alumnado.

El caos provocado por una crisis, sea por un desastre de la naturaleza o económica, es el momento perfecto para esta doctrina de reconstruir sacando tajada. Llevan mucho tiempo queriendo poner la sanidad pública española en el escaparate. Las pensiones, también. Por eso se funden el fondo de reserva de la Seguridad Social y asfixian sus fuentes de ingresos, hasta que las pensiones realmente no sean sostenibles, al tiempo que meten miedo sobre el futuro, regulando la pérdida sistemática de poder adquisitivo de los pensionistas, y preparan sistemas que informen a los ciudadanos de cuál va a ser su pensión cuando se jubilen partiendo de la extraña premisa, teniendo en cuenta el entorno normativo que han creado, «de que el ciudadano continuará trabajando y cotizando a la Seguridad Social de forma estable».

Merece la pena mirar con algo más de detalle lo que se está haciendo con la sanidad, donde ya existe un estrecho lazo entre la esfera pública y la privada. El mayor grupo hospitalario privado no benéfico es Quirón, seguido de IDC Salud (antigua Capio). Este último facturó unos 675 millones de euros en 2011 de los que alrededor del 75 por 100 eran dinero público. Existe además un grupo privado que se ha hecho fuerte gracias a su poder en la Comunidad Valenciana, Ribera Salud, participado en su nacimiento a partes iguales por dos de las cajas rescatadas Bancaja y la CAM (hoy parte de Bankia y Sabadell respectivamente), controladas por políticos o personas cercanas a dirigentes del Partido Popular. Capio debe su fuerza sobre todo a la gestión privatizada de hospitales de Madrid, donde es propietario de un centro que mantiene un convenio singular con la Comunidad, como es la Fundación Jiménez Díaz. Ribera Salud, pionera en el negocio de gestión íntegramente privada de la salud pública, se ha extendido por tierras valencianas de la mano de diferentes aseguradoras. Con Adeslas, que es la mayor empresa por cuota de mercado en seguros de salud en España, comparte accionariado en el Hospital de La Ribera para el que nació la sociedad, situado en la localidad de Alzira. Con Sanitas, segunda mayor aseguradora de salud de España, ha participado hasta finales de 2012, cuando le vendió su participación, en el Hospital de L’Horta-Manises, y le ha vendido su parte también del Hospital madrileño de Torrejón de Ardoz. Con Asisa, tercera mayor aseguradora de salud, participa en el hospital de Torrevieja.

Existen muchas vías de relación entre lo público y lo privado en sanidad. Se ha recorrido un larguísimo camino hasta llegar al punto actual, pero la historia demuestra que ni las alarmas que se hicieron sonar hace décadas eran ciertas, lo que lleva a cuestionar las actuales, ni se contaron con claridad las intenciones. Flash back.

El Informe Abril y el camino a la privatización de la sanidad

Crecientes tensiones económicas derivadas del imparable aumento de los gastos sanitarios, profundas mutaciones demográficas, nuevas actitudes sociales y la presión incesante del acelerado progreso técnico-médico demandan en todo el mundo la revisión y transformación de los actuales sistemas de asistencia sanitaria.

Este texto, que parece de ayer, es de 1990 y forma parte de la exposición de motivos de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario CDS ante el Congreso de los Diputados que solicitaba una comisión para revisar el Sistema Nacional de Salud español. El Gobierno de Felipe González, que se mostró a favor, puso frente a dicha comisión a Fernando Abril-Martorell, un «banquero», como criticarán algunos, puesto que ocupaba el cargo de vicepresidente del Banco Central Hispano. Sin duda, lo que era Abril es un histórico de la vida pública de los que transitó por las instituciones tanto en la dictadura como en democracia, incluyéndose entre los cargos que había ocupado el de vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de Adolfo Suárez entre 1978 y 1980.

Las recomendaciones que figuran en el informe final de la comisión, conocido como «Informe Abril», salen a la luz antes de lo que se pretendía y se forma un considerable revuelo social. Primer aviso: quieren privatizar la sanidad. El Gobierno socialista, que ha promovido el informe, se asusta y lo mete en un cajón. El Partido Popular lo critica duramente porque no gobierna y hay que vapulear todo lo que haga el contrario (hay cosas que no cambian), aunque con los años lo citará una y otra vez como referencia en sus discursos sobre cómo lograr la eficiencia del sistema de salud. El caso es que allí queda el informe, palpitando. Es un mapa con todas las recomendaciones a seguir para lograr el objetivo de introducir la mano privada en el gigantesco cajón de gasto público en sanidad.

El informe propone lo que llama «colaboración con el sector privado» en un «nuevo esquema organizativo» en el que se supone que todos ganan. «El sector privado que vinculase su actividad a las reglas del juego tendría la oportunidad de competir, en términos de seguridad jurídica, con los proveedores de titularidad pública» y esa situación de competencia «serviría también de aliciente para promover una mayor eficiencia entre los proveedores públicos». Había que distinguir entre los que financian y compran los servicios sanitarios por un lado, y por otro quienes los gestionan y proveen. Hablando en plata: los que pagan y los que cobran. Para ello había que transformar a las administraciones en receptores de los servicios de salud y abrir la puerta a que los proveedores pudieran ser tanto públicos como privados. Se insiste en la creación de un sistema de facturación en cada centro.

Según un artículo publicado por El Economista en febrero de 2014, basado en datos del Ministerio de Sanidad, «solo uno de cada tres hospitales públicos tiene gestión directa de la administración», ya se ha sustituido buena parte del modelo clásico que el Informe Abril recomendó cambiar. «La mayoría de los hospitales públicos, 299 o el 66 por 100 del total, están gestionados por empresas, fundaciones, entes públicos o sociedades mercantiles». ¿De qué sirve esta fórmula? Facilidad para comprar y flexibilidad a la hora de contratar proveedores.

El lenguaje y las formas de la empresa privada debían impregnarlo todo, incluida la búsqueda de «cierto estímulo competitivo entre las unidades de provisión de servicios (hospitales, centros de salud, etc.)». El Informe Abril indicaba que, tal como en teoría se debería dar en el ámbito privado (ya se verá posteriormente que esto no es así), había que fomentar la competencia entre los centros hospitalarios. Esa competencia «proporcionaría al usuario un mayor margen de elección entre los proveedores», para lo que sería necesario cambiar la ley y permitir la «libertad de elección al usuario». Esa «libertad» ha terminado teniendo una traducción en cifras en las cuentas de resultados de las empresas privadas de salud, ya que desde que la elección es posible, a los centros privados adscritos a la red pública o los públicos de gestión privada se les paga un extra (facturación intercentros) por lograr pacientes de un área que no es la suya. Y hay muchas formas de derivar pacientes de los centros de gestión pública hacia los que tienen gestión privada, sobre todo si se cuenta con inest...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Legal
• Presentación
• I. El juego de los trasvases
• II. Primer trasvase: el dinero remonta el río del euro
• III. Segundo trasvase: del salario al beneficio
• IV. Tercer trasvase: el reverso tenebroso de la redistribución
• V. Cuarto trasvase: pueblos pobres, constructores ricos
• VI. Quinto trasvase: la privatización del Estado de bienestar
• Conclusiones