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Quién gana con el proceso de privatización de la sanidad pública en España

Mariela Rubio Jiménez

• Editorial: Ediciones Akal
• Año: 2014
• ISBN:
  9788496797772
• Edición: 1
• Categoría: Medicine
• Categoría: Public Health, Administration & Care

La privatización sanitaria en España ha venido desarrollándose progresivamente desde finales de los años ochenta. Encontrando cobertura en la supuesta racionalización del gasto, el capital privado comenzó entonces a abrirse camino, de manera lenta y silenciosa, en el sistema público de Salud. Sin embargo, es a partir del año 1996, tras la llegada de José María Aznar al Gobierno de la nación, cuando comienza en España una auténtica cruzada privatizadora basada en la búsqueda de la llamada eficiencia del sistema. Cataluña, Valencia y Madrid se han convertido en exponentes de la externalización de servicios sanitarios y de la privatización de la gestión hospitalaria que han avanzado a pasos agigantados en la última década. El proceso ha sido tremendamente complejo y ha estado plagado de irregularidades, lo que se ha traducido en un reguero de altos cargos imputados y, sobre todo, en una fuerte oposición social y profesional unificada en un movimiento reivindicativo sin precedentes: la marea blanca.Pero ¿quién se ha beneficiado del la privatización sanitaria en España? La lista es larga: gobiernos que han podido inaugurar hospitales sin incurrir en déficit y al tiempo externalizar los recortes presupuestarios traspasándolos a empresas libres de rendir cuentas ante sus electores; expolíticos que han rentabilizado desde el sector privado su experiencia previa como gestores públicos; compañías norteamericanas y británicas que se han hecho por la vía de la compra con buena parte de los activos nacionales privatizados; fondos de capital riesgo con expectativas de grandes beneficios a corto plazo; consultoras, despachos de abogados...¿Cuánto han ganado y cuánto pueden llegar a ganar en el futuro?Quienes se han beneficiado con la privatización sanitaria (y aspiran a seguir haciéndolo) tienen nombres y apellidos. Quien quiera conocerlos sólo tiene que leer este libro.

II. Sanidad pública, intereses privados: más allá de la puerta giratoria

De lo público a lo privado sin solución de continuidad. De la gestión y la regulación desde las instituciones a los despachos de los consejos de administración de las empresas del ramo. Es la llamada puerta giratoria: entrar en contacto con un sector privado desde la política e incorporarse después a él tras la gestión pública. Sólo hay que empujar, entrar en uno de sus huecos y esperar a que la puerta avance. En pocos pasos, uno se hallará al otro lado, desde donde podrá repetir el proceso tantas veces como desee.

Importado de la práctica política norteamericana, en España el tránsito de cargos públicos hacia lo privado (y viceversa) ha gravitado tradicionalmente alrededor de sectores como el energético o la banca, pero si en algún sector el fenómeno ha cobrado una dimensión sin precedentes, ha sido sin duda en la Sanidad. Algo mimético a lo que sucede en Estados Unidos.

Quizá resulte innecesario, en este punto, insistir en las situaciones de intensa promiscuidad ética que se derivan de esta práctica, así como en los graves conflictos de intereses que pueden llegar a generar. Algunos de ellos se han expuesto en páginas anteriores. Después de todo, no es un secreto que lo que buscan las empresas que contratan a altos cargos políticos es obtener ventajas y maximizar los beneficios de sus negocios, utilizando la agenda personal de su fichaje, su conocimiento de la Administración desde dentro, su capacidad de influencia y la información privilegiada que aportan. Todo sin vulnerar la ley… ¿Sin vulnerarla?

En lo que respecta a la privatización sanitaria en España, a la vista de los casos que analizaremos a continuación, resulta difícil trazar una línea definida entre casos extremos de puerta giratoria y conductas que bordean o entran directamente en la categoría de ilegalidad.

La lista de imputaciones por distintos delitos relacionados con la gestión sanitaria en Cataluña (pionera en dar entrada a lo privado en lo público) es larga; entre ellas, la de Josep Prat y Carlos Manté, ambos exdirectores de la principal empresa pública sanitaria (CatSalud), y las de dos altos directivos del Hospital San Pau, Jordi Varela y José Ignacio Cuervo.

Y si en Cataluña la lista es larga, en Madrid lo es más. El que fuera consejero regional de Sanidad, Manuel Lamela, y su sucesor, Juan José Güemes, han sido imputados1 por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación supuestamente cometidos durante la primera fase de la privatización de la Sanidad madrileña emprendida durante el Gobierno de Esperanza Aguirre a partir de 2003. Junto a Güemes y Lamela, el listado de imputados incluye a Patricia Flores (actual número dos de la Consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales e ideólogo de la privatización fallida, que dejó su cargo unos meses antes de concluir la redacción de este libro. También han sido citados como imputados los responsables de empresas que el lector ya conoce, como Capio/IDC, Ribera Salud y Asisa, así como otras que pronto conocerá, como Unilabs.

Lamela y Güemes han sido imitados en su viaje hacia lo privado por otros muchos altos cargos, no sólo en Madrid sino también en Valencia y Castilla-La Mancha.

Como comprobaremos, las leyes nacionales y regionales en materia de incompatibilidades2 impiden que los altos cargos trabajen en el sector privado sobre el que han tenido responsabilidad hasta dos años después de su cese. Pero sólo en teoría. La legislación es lo suficientemente ambigua como para que el alto cargo pueda encontrar un hueco con facilidad. Veamos el ejemplo de la Ley madrileña:

Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo3.

La vía de escape radica en la exigencia de haber firmado resoluciones relativas a expedientes concretos. Basta con no haber firmado, aunque se haya intervenido en el expediente, para estar libre de incompatibilidad. Las posibilidades de eludir la ley son casi infinitas.

Pero incluso en casos de violaciones flagrantes de la ley (en los que no hay escape posible) lo habitual ha sido que baste con poner fin a la situación incompatible para que el afectado resuelva el problema sin consecuencias. Así ha ocurrido, como veremos, en Cataluña. Al fin y al cabo, la sanción por incompatibilidad es simplemente administrativa y corresponde imponerla a un Gobierno con frecuencia afín al infractor o incluso que él mismo nombró. De este modo, los casos se han sucedido sin cesar. La puerta ha girado y girado hasta quedar anclada en un estado de permanente revolución.

Lamela Fernández: los apellidos de la Sanidad privada

Manuel Lamela Fernández, abogado del Estado de profesión, comenzó su carrera política en el año 1997, cuando se incorporó al recién inaugurado Gobierno Aznar como secretario de Estado del Ministerio de Agricultura. De allí saltaría al Departamento de Economía, para dirigir durante menos de un año el gabinete del entonces ministro Rodrigo Rato. Años después, Esperanza Aguirre le reclamaría, nombrándole consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cargo que ostentó entre los años 2003 y 2007, periodo en el que licitó los ocho primeros hospitales de la era Aguirre. En esos cuatro años al frente de la Sanidad madrileña adjudicó no sólo los siete centros de gestión mixta (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Sureste, del Henares, del Tajo y Puerta de Hierro) sino también el primer hospital que seguía el modelo Alzira: el de Valdemoro, concedido a Capio/IDC Salud.

Si aquellos centros fueron el símbolo del entonces nuevo modelo de Aguirre, Lamela puede portar perfectamente la etiqueta de cerebro y ejecutor de la geografía sanitaria configurada por el PP en aquella primera fase de la privatización.

Abrasado políticamente por el caso Severo Ochoa, el escándalo de las acusaciones vertidas por el consejero sobre supuestas sedaciones irregulares a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés4, Lamela pasaría de la cartera de Sanidad a la de Transportes, para abandonar definitivamente el Gobierno madrileño un año después, en 2008.

Aunque carecía de experiencia en el ámbito sanitario hasta su paso por la Consejería, una vez retirado de la política Manuel Lamela encontró en la Sanidad privada su nuevo medio de vida, y lo hizo, como veremos, sin ningún complejo.

Siempre he intentado ser coherente conmigo mismo. Y lo voy a seguir siendo. Yo siempre he hablado de una Sanidad sin apellidos. Lo he considerado siempre como una suma de lo privado y lo público, no hay otro futuro posible.

Así respondió el exconsejero en julio de 2011 cuando, en el transcurso de la presentación en Madrid de su primer proyecto privado del ámbito sanitario, los periodistas le preguntaron por la ética y la estética de su nuevo negocio: Madrid Centro Médico.

De la Agencia Tributaria al turismo sanitario

Madrid Centro Médico fue presentada en sociedad como una asociación sin ánimo de lucro que nacía con el objetivo de aglutinar a todos los centros sanitarios privados de la Comunidad para potenciar el turismo sanitario5. En realidad, se trataba de un lobby de la industria sanitaria privada de manual. Su objetivo era generar en su primer año un volumen de negocio de 18 millones de euros y atraer a 3.400 pacientes. Para el 2016, las previsiones eran conseguir unos ingresos de entre 18 y 22 millones de euros, con una cartera de 12.000 pacientes.

Lamela aseguró que pretendía conseguirlo ofertando paquetes turístico-sanitarios diseñados a la medida del turista-paciente, aprovechando la circunstancia de que en España hay tratamientos mucho más baratos que en otros países:

Tenemos magníficos profesionales, magníficos centros asistenciales y una capacidad de ser muy competitivos. Eso significa que determinados tratamientos, incorporando el precio de los desplazamientos, son más baratos que en otros países, y eso nos hace más atractivos. Hay un componente económico. Somos líderes en fertilidad, y hay países, como Francia o Italia, que están deseosos de exportar pacientes en este ámbito.

Aunque la principal aportación financiera a Madrid Centro Médico provenía de los socios, el proyecto contó con la ayuda pública del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Economía, a través de Madrid Network, destinó 1,3 millones de euros para que el proyecto arrancase. El Ayuntamiento6 también aportó financiación a través de la sociedad municipal Madrid Emprende. Se implicaron asimismo en él otras instituciones como la CEIM7 o la Cámara de Comercio.

Era el primer paso de Lamela una vez cruzada la puerta giratoria, pero ni mucho menos el último8. El exconsejero había constituido la sociedad mercantil Madrid Medical Destination, con el mismo objeto social que la asociación Madrid Centro Médico. El negocio de la empresa privada de Lamela iba a depender de lo que lograse facturar a Madrid Centro Médico. La sociedad privada del exconsejero ingresaría una comisión del 8% sobre la facturación total que generase, y, según Lamela, ese porcentaje serviría «para mantener la estructura de la sociedad»9.

Lo llamativo es que, a pesar del intenso apoyo institucional recibido a todos los niveles, ninguno de estos proyectos salió finalmente adelante. Pero Lamela no había hecho más que comenzar su carrera en la sanidad privada.

El fichaje por Assignia

«Sabemos que como mejor se usa el dinero de los contribuyentes es invirtiéndolo en Sanidad», dijo Esperanza Aguirre durante la inauguración del Hospital del Tajo (Aranjuez) el 7 de abril de 2007. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid hacía estas declaraciones flanqueada por el que en aquel momento era su consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Como ya se ha expuesto, él mismo había licitado y adjudicado la construcción y explotación del centro en 2005. El Hospital del Tajo, que tiene 120 camas y que presta servicio a un área de unos 80.000 pacientes, fue uno de los primeros de naturaleza mixta construidos por la Comunidad (médicos y camas públicas y el resto de servicios privados).

La concesionaria fue un consorcio liderado por la constructora madrileña Hispánica en colaboración con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez. El contrato, firmado por e...