VII. Repensar el modelo de empleo y el modelo productivo
Las medidas concretas que hemos apuntado anteriormente para abordar de forma inmediata el problema del desempleo deben inscribirse en transformaciones económicas y sociales de mayor calado, que conlleven la reorganización de nuestro modelo productivo y nuestro modelo de empleo.
Hacia la soberanía económica
Las medidas orientadas al estímulo de la demanda agregada señaladas resultan insuficientes para garantizar una recuperación del empleo si no se enmarcan en una estrategia que vaya más allá.
El modelo productivo del Estado español se encuentra actualmente devastado, no solamente por la crisis, sino también por muchos años de erosión del tejido industrial y de especialización en el turismo y en el sector inmobiliario. Esta estructura productiva genera una importante dependencia externa para muchos bienes y manufacturas, particularmente para los de mayor contenido tecnológico, dado que se carece de desarrollo industrial significativo en estos sectores. Pero el modelo productivo español no sólo es débil por ser excesivamente dependiente del exterior. Es débil porque no es capaz de garantizar las principales necesidades sociales y productivas de nuestro país.
Así, reforzar la «soberanía económica» no debe entenderse como una forma de privilegiar el capital nacional frente al extranjero. Se trata de construir un tejido productivo autocentrado, que adopte como prioridades la satisfacción de las necesidades sociales y medioambientales, la creación de empleo, así como la inclusión de la propia ciudadanía en el diseño e implementación de dicha estrategia; por ejemplo, priorizando los bienes y servicios sociales y colectivos. Tanto el sector público como el privado estarían orientados al desarrollo de esta estrategia. Para ello es necesario un importante debate en torno a cuáles deben ser las necesidades sociales que debemos y podemos –desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica– atender.
La importancia de la industria en la creación de empleo no es cuantitativamente importante, en tanto en cuanto es el sector donde más fácilmente se incorporan cambios tecnológicos y aumenta la productividad. No obstante, su capacidad para estructurar y articular el desarrollo conjunto de un modelo productivo coherente –tanto industrial como de servicios– resulta esencial a la hora de abordar la sustitución de nuestro modelo de empleo. Un modelo de desarrollo más articulado y estructurado habría facilitado que con la llegada de la crisis la destrucción de empleo hubiese sido mucho menor. Buena prueba de ello es que la evolución del desempleo en nuestra economía ha sido sensiblemente menor en aquellos territorios que –como Euskadi, Navarra, Cataluña o Madrid– mantienen cierta base industrial. Resulta necesario, por tanto, un proceso de reindustrialización.
Ahora bien, no se trata de perseguir el crecimiento de la producción industrial, ni tampoco de desarrollar cualquier tipo de inversión por un mero objetivo productivista. La reindustrialización estaría enfocada a avanzar en la soberanía mencionada, a llenar los vacíos que ahora existen y a producir aquellos bienes que son necesarios para el conjunto de la población por su consumo directo o porque se utilizan en la producción de otros bienes y servicios. Desarrollar una industria propia mitigaría los desequilibrios comerciales, cubriría necesidades productivas insatisfechas y estimularía nuevos yacimientos de empleo.
La demanda interna debe estar en el centro de esta política. Se trata de generar una producción dirigida al mercado interno, que maximice la creación de puestos de trabajo, propicie la necesaria descarbonización de la producción y la transición hacia el uso de energías renovables, y despliegue nuevos patrones de consumo centrados en garantizar la sostenibilidad ecológica y social.
No obstante, una estrategia de soberanía económica no se puede limitar a la industria que ciertamente tiene un papel clave; también afecta a los restantes sectores productivos. La soberanía económica abarca tanto las nuevas inversiones como la regulación de las empresas que ya existen, para orientar los recursos productivos hacia las necesidades sociales. Además, una estrategia de soberanía económica podría emplear diversas fórmulas que ya existen o bien otras a explorar. El punto de partida sería determinar –colectivamente– cuáles son los sectores clave para el desarrollo económico (tecnología, energía,�etc.) y para los bienes y servicios básicos de la población (suministros, comunicaciones, alimentación,�etc.), y establecer las medidas más adecuadas para un control social de estas producciones. El apoyo popular y las formas de organización y participación determinarán las posibilidades, que pueden ir desde la nacionalización de empresas y la socialización de activos productivos hasta el establecimiento de requisitos y condicionamientos en la actuación de las empresas privadas.
En este sentido, el desarrollo del cooperativismo y las empresas autogestionadas puede resultar de especial ayuda, en la medida en que puede contribuir a reforzar el carácter social de la soberanía económica. De este modo, la reindustrialización y el cambio de modelo productivo podrían desarrollarse con cotas de mayor democracia económica y, con ello, con una mayor prioridad a los objetivos de creación de empleo.
Hacia un modelo ecológicamente sostenible
No es viable –en términos ecológicos– que el pleno empleo se alcance única, ni principalmente por la vía de un incremento generalizado y masivo de la producción material.
Debemos, por lo tanto, encuadrar las medidas anteriormente planteadas en el marco de lo que nos ha enseñado a lo largo de las últimas décadas la Economía Ecológica. Esto da lugar a dos consideraciones.
En primer lugar, la política fiscal y el desarrollo productivo debieran centrarse en determinados ámbitos que faciliten la recuperación del empleo y el crecimiento de la renta de los hogares, sin ocasionar con ello un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La demanda pública ...