Patrimonialización de la cultura

Dilemas éticos en torno a la herencia social, su registro, estudio y gestión

María Laura Gili

• Editorial: Editorial Biblos
• Año: 2020
• ISBN del libro electrónico: 9789876918916
• Categoría: Histoire
• Categoría: Histoire sociale

Una de las consecuencias del excesivo uso del patrimonialismo como herramienta de dominación desde el siglo XIX fue la homogeneización y la uniformidad social. Hoy las estrategias giran al reconocimiento de la diversidad en la modernidad neoliberal e intercultural, con una tendencia creciente hacia la patrimonialización de la cultura. Pero al intervenir instituciones y gestores culturales en la declaración patrimonial de prácticas culturales, se están asignando sentidos no siempre relacionados con las nociones originarias de sus productores.En este libro se abordan diferentes aristas sobre el estudio y la gestión de la herencia social (arqueológica, cultural e histórica) en sus diversas posibilidades, en especial la gestión, las políticas asociadas a ella y los dilemas éticos. Entre los temas tratados se encuentran la mayor cantidad de restos materiales que son exhumados y documentados en proporciones cada vez más importantes por la aplicación de nuevas técnicas de excavación y por el auge de la arqueología, y la necesidad de optar entre los bienes a conservar y poner a disposición del disfrute social.El Estado procura la homogeneización social a partir de la construcción simbólica expresada en el patrimonio material y simbólico que gestiona y administra; las comunidades locales tensan por hacer de sus bienes arqueológicos y culturales, sus herencias sociales, recursos turísticos que redunden en beneficios económicos para la región; las comunidades originarias luchan por preservar sus identidades étnicas recuperando, en la herencia cultural de sus ancestros, parte del lugar social, político y económico que les fuera avasallado en instancias violentas relacionadas a los inicios de las sociedades nacionales, de las que hoy forman parte desde la marginalidad; y los especialistas, desde la experticia disciplinar, manifiestan preocupación por resguardar para sí derechos científicos y académicos sobre los bienes culturales patrimonializados.

1. Nociones sobre la patrimonialización de la cultura

En las últimas décadas se observa el incremento de estudios vinculados con las herencias sociales. Al respecto el historiador francés Jacques Revel señala que ha habido un uso excesivo de la conmemoración, haciendo de la cultura una herramienta política; así como de patrimonialización de los bienes culturales, lo cual ha generado una sociedad museográfica y archivística, y, finalmente, de producción de memoria, de un nuevo régimen de memoria, al servicio de un nuevo modelo de Estado. En efecto, el modelo de Estado nacional homogéneo que rechazó la diversidad sociocultural durante el siglo XIX y la primera mitad del XX ahora procura la reivindicación y la promoción de formas particulares y originarias, con renovadas estrategias que intentan reformular el lazo social (Revel, 2005). De esta manera, la cultura da visibilidad a la diversidad, ocultando la disparidad socioeconómica profunda que las políticas neoliberales refuerzan (Achilli, 2006).

Las investigaciones sobre el pasado expresan las preocupaciones actuales. En este sentido, Ana María Rocchietti (2002a: 8) sostiene que la investigación en el ámbito de la cultura tiene relación con el carácter y la dirección de la macroeconomía y con las tendencias sociales de la época. En el marco de la implementación de políticas neoliberales de las últimas décadas, se observa la tendencia creciente a su patrimonialización. La cultura como patrimonio (propiedad y derecho de propiedad) se expresa cada vez más en diferentes ámbitos: municipal, provincial, nacional, regional, mundial, etc. Todo es objeto de patrimonialización: restos arqueológicos, expresiones de la cultura viva, cascos de ciudades antiguas, territorios y paisajes, etc. Todo es válido para sumar al desarrollo económico y social (Rocchietti, 2002a: 9). Al mismo tiempo, se plantea el concepto de patrimonio integral (sensu Martini, 2002, 2007, 2008), cuya investigación, registro, conocimiento, protección y difusión se aborda como herramienta de afirmación colectiva. En el medio, el debate ético queda esbozado frente a las diferencias culturales y el dilema entre lo universal, expresado en la legislación, y lo particular, manifiesto en la explosión de la multiculturalidad.

Ahora bien, la idea de transmitir a la posteridad un concepto, algo, se inicia con las sociedades esclavistas, que concedían gran importancia al poder religioso y al político. En el Medioevo los objetos adquirieron valor histórico; lo importante era conservar los que poseían valor religioso-histórico. El desarrollo de la arqueología en el siglo XIX y de los museos públicos marcó un punto de inflexión (Rigol y Rojas, 2014: 30-42) en el interés por el pasado. El siglo XIX significó, además, el saqueo masivo de objetos culturales-arqueológicos de los países periféricos a Europa. Recién luego de la Segunda Guerra Mundial comenzaron la preocupación y el interés ético por la propiedad originaria de esos objetos y el marco colonial de su expropiación.

Desde sus inicios el Estado moderno mostró interés por patrimonializar la cultura, sus materiales y objetos. A ese efecto, generó políticas e implementó acciones. Así transformó a la cultura en un bien de cambio, en un objeto de mercado. Y comenzó el conflicto en torno a ella. El pensamiento científico acompañó el proceso. Por ello, es innegable la relación establecida entre la práctica científica y la reflexión ética, más aún en aquellas áreas de producción de conocimiento sensibles a problemas de índole social, donde los resultados del conocimiento científico afectan aspectos relacionados con lo cotidiano, mítico y tradicional de las sociedades o de determinadas comunidades.

Entre los documentos más destacados producidos a lo largo del siglo XX por organismos internacionales para la ciencia y la cultura, la Carta de Venecia de la Unesco, en 1964, abrió el camino a la diversidad en el reconocimiento y la valoración del patrimonio cultural urbano o rural, monumental o modesto, y permitió más tarde la aceptación internacional de las manifestaciones de las culturas periféricas hasta la actual protección del patrimonio inmaterial (Rojas, 2014: 63-65). A partir de ella, los sucesivos documentos de la Unesco¹ y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos)² pasaron de considerar sitios urbanos o rurales a observar conjuntos, centros, asentamientos, ciudades, paisajes y territorios, abarcando tanto elementos naturales como antrópicos. De igual manera, la museología hizo lo suyo, pasando de abarcar objetos a comunidades, ciudades, territorios.

Por otra parte, se asistió a la incorporación de nuevos aspectos: el ético, en la discusión sobre la gestión patrimonial, teniendo en consideración los asuntos económicos, de reconocimiento y lo que esta implica para los sectores involucrados. Y el educativo, en la línea sociedad-patrimonio:

La determinación de la valoración por parte de los diferentes grupos sociales es sumamente compleja y depende, en gran medida, tanto del nivel escolar como de la gestión comunitaria educativa desarrollada hasta el momento en el sitio. (Rojas, 2014: 69)

Acerca del vínculo entre ética y patrimonio, Ángela Rojas (2014) sostiene que se involucran asuntos de proyección social, el concepto de lo valioso, su ampliación, la tradición y la autenticidad: “[Un] compromiso con la cultura como realidad y derecho de la sociedad” (228).

Por ello, lejos de continuar siendo solo un instrumento para diluir los reclamos y las contradicciones suscitadas en su ámbito, la reflexión ética aplicada a la herencia social debería actuar como instancia de denuncia de las condiciones de dominación, extendidas en remozadas formas de actuar como también en planteos de nuevas instancias de transformación, tal como pareciera suceder con los reclamos de los pueblos originarios. Por diversas razones (políticas, ideológicas, de narrativa histórica, etc.), el relato histórico constitutivo de las identidades nacionales en Latinoamérica, a finales del siglo XIX, ignoró la existencia de una sociedad originaria previa o bien generó imágenes estereotipadas de ella. Recuperar la historia de los pueblos originarios para la historia tiene doble sentido (Mandrini, 2013: 20-22): historiográfico, por incorporar un amplio campo del saber a la disciplina, y ético, de justicia con los pueblos desplazados por la conquista y la formación de los Estados modernos, pueblos expulsados de sus tierras y de las narrativas históricas de sus países.

Sin embargo, hoy los estudios sobre el patrimonio cultural reconocen que este ha quedado inserto en patrones de poder que reproducen situaciones de explotación colonial en distintos planos (político, cultural, social, ético, económico, etc.). Los estudios poscoloniales realizan una crítica al saber occidental, cuestionando la negación de la voz del subalterno (Spivak, 1998). Catherine Walsh los ubica en el pensamiento, la práctica y el poder desde la diferencia, discutiendo y desafiando lo establecido, el legado occidental; originados por fuera del centro geopolítico de producción del saber académico. Por ello, Walsh (2006) señala la necesidad de llamar la atención sobre el vínculo entre interculturalidad y colonialidad del poder (Quijano, 2000), y patrimonio cultural como diferencia; es decir, lo construido en experiencias históricas en contextos coloniales, que la modernidad no puede imaginar.

La interculturalidad crítica en América Latina se vincula con el campo educativo, en específico con la educación bilingüe e indígena y los afrodescendientes (Walsh, 2006: 41). Luego se extendió al campo filosófico. Expresa el vínculo de respeto, reconocimiento y autorreconocimiento. Lo cierto es que se trata de un asunto inserto en procesos y proyectos políticos y epistemológicos. El conocimiento generado por la modernidad está asociado al sistema-mundo moderno, aún colonial. De ahí que Aníbal Quijano (2000) planteara la colonialidad de poder, patrones de poder que reproducen situaciones de explotación colonial en diferentes niveles: político, cultural, ético, económico, social, etcétera.

Todo ello nos permite observar que una de las consecuencias del excesivo uso del patrimonialismo como herramienta de dominación desde el siglo XIX fue la homogeneización y la uniformidad social. Hoy las estrategias giraron hacia el reconocimiento de la diversidad en la modernidad neoliberal e intercultural. Es momento de realizar una ciencia social que se formule preguntas científica y socialmente relevantes en atención de los contextos sociales, políticos y económicos del presente y el pasado que estudia. Asimismo, las discusiones científicas de las últimas décadas admiten su extensión al ámbito de la ética y la política. En el marco del pensamiento posmoderno, que plantea la validez del pensamiento científico, ha de observarse también el terreno de la ética y el de la política. El arqueólogo español Víctor Fernández Martínez (2006: 14) señala que para las ciencias sociales, la arqueología entre ellas, lo dicho es una manera de observar el recorrido hacia la construcción de un saber emancipador al servicio de la humanidad global.

Desde una postura crítica de estas filosofías del consenso y los acuerdos, Alfredo González-Ruibal (2012: 108) sostiene:

Frente al objetivismo ingenuo de la arqueología procesual, los posprocesuales contrapusieron un relativismo con frecuencia extremo (aunque se ha exagerado por parte de sus detractores). La arqueología que aquí se propone rechaza el relativismo y defiende la búsqueda de la objetividad, tanto por motivos científicos como políticos.

Más adelante el autor señala:

Algunos investigadores preferirán decir que es necesario escuchar a todos, recoger todas las versiones y buscar el acuerdo: en eso consiste la práctica política en arqueología. Eso, sin embargo, significa rehuir el conflicto que supone darle la razón a una versión de los hechos y negársela a otros. Las palabras clave de los arqueólogos posmodernos y políticos neoliberales son negociación, diálogo, reconciliación y consenso […] es el vocabulario de la despolitización. (108)

Finalmente acordamos con Isabel Villaseñor y Emiliano Zolla Márquez (2012: 2) cuando señalan el ejercicio del poder implícito en toda patrimonialización:

La inclusión de prácticas culturales específicas como parte del patrimonio inmaterial, lejos de ser una práctica políticamente inocua, tiene el efecto de situar a estas dentro de otros discursos y formas de representación, asignándoles nuevas significaciones y valores, y jerarquizándolas de acuerdo con criterios distintos a los que tienen en el ámbito local. El acto mismo de declarar una práctica como perteneciente al reino de lo patrimonial relocaliza expresiones culturales locales dentro de categorías construidas con criterios distintos a los de los “portadores de cultura” y cuya racionalidad es generalmente definida por grupos de “expertos” que se valen de procedimientos que no siempre reflejan las preocupaciones de los actores locales, sino las normas y preceptos de instituciones y burocracias culturales.

El fenómeno de la patrimonialización de elementos culturales se generó en el siglo XIX. En ese momento los objetos culturales adquirieron interés por condensar cierto conocimiento del pasado y ser susceptibles de instrumentalización para legitimar acciones estatales en el marco de la formación de los Estados modernos. En la actualidad, los bienes culturales se han transformado también en recursos para el disfrute social y económico, y son objeto de nuevas formas de patrimonialización renovadas en sus estrategias. Así, por ejemplo, ocurre con gran cantidad de restos materiales que son exhumados y documentados en proporciones considerables por la aplicación de nuevas técnicas de excavación y por el auge de la arqueología, con el otorgamiento de significación diferente en función del uso de paradigmas nuevos, con la necesidad de optar entre los bienes a conservar y poner a disposición del disfrute social. Decidir qué se resguarda y se patrimonializa es el desafío de los involucrados en acciones que tienen impacto en dichas resoluciones. Cada generación decide cómo se proyecta al futuro y qué imagen hereda a sus sucesores en cada bien cultural revalorizado. De allí la importancia que adquiere construir mecanismos cada vez más inclusivos en esta toma de decisiones.

Desde la última década del siglo XX, se acentuaron las acciones políticas que tomaron la cultura como un bien o servicio, interés de planificadores urbanos y administradores gubernamentales, y entendida a partir de los beneficios económicos que puede aportar a ciudades y sectores de interés. Esto habilitó la generación de planes estratégicos para la puesta en marcha de acciones conducentes, por ejemplo, a producir marca ciudad con megaeventos, festivales, creación de centros culturales, entre otras. El uso estratégico de la cultura (Zarlenga y Marcús, 2014: 38) se volvía, así, instrumento clave para la renovación urbana en gestiones mercantilizadoras de la cultura y su expresión, las herencias sociales cada vez más patrimonializadas.

Herencia social: ¿evasión o interpelación?

La herencia social está compuesta por bienes materiales y simbólicos que la sociedad produce, usa, y a los que otorga significados o desecha en los diferentes momentos de su devenir histórico. Es la memoria colectiva que engloba la suma de manifestaciones de la acción humana y que constituye la base de diferenciación de cada sociedad, su identidad, en un marco de integración con el ambiente social y natural. Por ello, su conservación y rescate excede lo puramente técnico (inventario, registro, restauración de edificios, etc.) para abarcar aspectos socioculturales diversos (Gili, 2008). En las últimas décadas, el acentuado proceso de hibridación de las ciencias sociales ha generado numerosos interrogantes a los problemas de investigación tradicionales. Los diferentes campos disciplinarios debieron volver a reflexionar sus temas centrales, procurando responder a nuevos cuestionamientos (Dogan y Pahre, 1991). La herencia social es ahora un concepto ubicado en el cruce de distintas disciplinas, y emplea para su estudio métodos, técnicas y conceptos antropológicos, históricos, sociológicos, políticos, económicos, arqueológicos, éticos para documentar antiguos paisajes culturales y tecnológicos, tradiciones genuinas e inventadas. Pero también la herencia social es centro de luchas políticas y sociales por la construcción de hegemonía desde la cual los sectores dominantes ejercen control social sobre los sectores subalternos.

La revalorización de la herencia social implica diagramar actividades conjuntas entre especialistas, investigadores, técnicos y los vecinos del lugar. Una efectiva gestión cultural no puede prescindir de la sociedad a la que está destinada, que debería actuar como protagonista (no solamente receptora) de las acciones emprendidas al efecto. La gestión del patrimonio cultural tiene connotaciones políticas. Los bienes que lo integran fueron elaborados por un determinado sector social. Tienen valor de clase y un contenido simbólico específico a ella y su momento de vigencia. Los bienes simbólicos que forman parte del legado histórico de un país poseen esta carga ideológica (Madrazo, 1989: 104). Por esta razón, la acción cultural que los revalorice deberá contemplar una explicación histórica de la función originaria y su filiación social.

Las visiones patrimonialistas han hecho hincapié en los objetos más que en las sociedades que hay detrás de ellos, que los producen y usan. Históricamente, los bienes culturales patrimonializados han sido objeto de apropiación de los sectores hegemónicos para darle legitimidad a la dominación, en una continuidad temporal supuesta y ficticia, puesta en escena en los diferentes montajes museológicos (Delfino y Rodríguez 1992). La Argentina, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se caracteriza por su heterogeneidad poblacional, cultural y social. Esto se traduce en distintas formas de participación en la construcción del patrimonio cultural y en distintas herencias sociales. También son diferentes las formas de uso de este. En efecto, para amplios sectores de la población el patrimonio cultural carece de utilidad, o bien le asignan una utilidad distinta de la otorgada por los especialistas o funcionarios de gobierno.

La formación en Europa de los Estados modernos fue el contexto histórico, político y social en que se configuró el pensamiento conservacionista a partir del cual se les otorgó tratamiento jurídico y político a los bienes materiales culturales e históricos. Allí se originó la patrimonialización de los restos materiales del pasado como asunto de Estado. Durante el siglo XIX el poder público fue adquiriendo cada vez mayor espacio de decisión en el gerenciamiento de los bienes culturales, pero con más preocupación por resguardar la propiedad privada de la burguesía que por los objetos con valor histórico cultural en sí mismos. En el siglo XX, con el Estado social en marcha, se produjo un giro en el rol del Estado hacia el mayor control y ordenamiento de la sociedad, asumiendo un rol activo en ...

Índice

• Cubierta
• Acerca de este libro
• Portada
• Agradecimientos
• Prólogo
• Introducción
• 1. Nociones sobre la patrimonialización de la cultura
• 2. La discusión ética con relación a los bienes culturales arqueológicos
• 3. La gestión de la herencia social como ejercicio de destradicionalización: un espacio para la permanente revisión de la memoria social
• 4. La responsabilidad social de la arqueología: un ejemplo en el marco de la arqueología monumental de la costa norte peruana
• Conclusiones
• Referencias bibliográficas
• Créditos