Autonomía y dependencia académica

Universidad e investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980)

Fernanda Beigel

• Editorial: Editorial Biblos
• Año: 2010
• ISBN:
  9789876911214
• Categoría: Pedagogía
• Categoría: Educación superior

Con rigurosidad y frescura en este libro se tejen un conjunto de temas, argumentos y reflexiones sobre el proceso de institucionalización de las ciencias sociales en América Latina desde una ubicación geográfica poco frecuente. Se trata de una investigación originada en la provincia de Mendoza, desde donde un grupo de investigadores analizan la estructura de dominación y subordinación académica, ofreciendo facetas poco frecuentes a partir de las cuales mirar en forma comparada el proceso de creación de un circuito regional en Argentina y Chile de la segunda mitad del siglo XX.

TERCERA PARTE

La contracción de la autonomía: las dictaduras y los exilios

CAPÍTULO 10

Modernización conservadora: la investigación científica durante el último gobierno militar en Argentina

Fabiana Bekerman

El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas, el 24 de marzo de 1976, dio inicio a una de las etapas más cruentas para la sociedad argentina en su conjunto. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se había propuesto una transformación radical de la sociedad. De hecho, este golpe no fue “simplemente un eslabón más en la cadena de intervenciones militares que se inició en 1930. La crisis inédita que lo enmarcó dio paso a un régimen mesiánico inédito que pretendió producir cambios irreversibles en la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, partidaria y gremial” (Novaro y Palermo, 2003: 19). El complejo plan elaborado por la cúpula militar dio especial relevancia a dos terrenos: el sindical y el educativo. Dentro del terreno educativo la universidad se transformó en un elemento clave ya que se consideraba que desde allí “«el virus subversivo» se difundiría y penetraría en las mentes de los estudiantes, captando nuevos cuadros e influyendo en la formación de la elite dirigente” (116).

En consecuencia, pocos días después de producido el golpe, se dictó la ley 21.276 (B.O., 6 de abril de 1976) la cual disponía que las universidades quedasen bajo el control del Poder Ejecutivo. Se suprimieron los órganos de gobierno colegiados y se prohibieron las actividades gremiales y políticas en el ámbito universitario. Los primeros interventores fueron oficiales de las Fuerzas Armadas que ejercieron el gobierno de las instituciones por algunos meses, siendo reemplazados luego por civiles. En este marco se produjeron desapariciones y asesinatos de estudiantes y profesores, a las cuales se sumaron las cesantías masivas: “Sólo en mayo de 1976 fueron separados de sus cargos más de cien docentes de la Universidad Nacional del Litoral, 300 profesionales entre docentes y no docentes en la de Córdoba y doscientos en la Universidad Nacional del Sur. Más de cien estudiantes fueron expulsados también en la universidad mediterránea. A la gran mayoría de los docentes cesanteados se les prohibió el ejercicio de su profesión en cualquier ámbito educativo” (Buchbinder, 2005: 208). El proyecto de transformación universitaria incluía, además del control político e ideológico, la modificación de los planes de estudio, en particular de las ciencias sociales: psicología, sociología, antropología y un plan para reducir en términos generales las dimensiones del sistema, redistribuir la matricula y canalizar hacia ámbitos extrauniversitarios las actividades de investigación científica.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) no estuvo exento de los avatares autoritarios. De hecho, a partir de 1976 se iniciaron procesos de depuración/expulsión de investigadores a través de mecanismos jurídicos como la extensión al Consejo de las bajas dadas en la universidad apelando a leyes de facto que habilitaban este mecanismo y la aplicación indiscriminada del artículo Nº 11 del Estatuto del investigador y del personal de apoyo que establecía la baja por pérdida del lugar de trabajo.[1] Asimismo, por una resolución del Consejo se permitía que los procedimientos administrativos sean arbitrarios y secretos. La misma establecía que “la información proporcionada por terceros a pedido de las dependencias del CONICET, relativas a la actividad científica y tecnológica de las personas, así como la documentación producida al respecto incluidos los despachos de las Comisiones internas de este Organismo, tienen carácter estrictamente reservado y confidencial, por lo cual no accederá a los pedidos de vista de los mismos que formulen los propios interesados o personas ajenas al asunto de que se trata” (Resolución del CONICET N°687 de 1977). De esta manera, se dio paso a bajas por causas ideológicas, especialmente en el área de las ciencias sociales. El propio CONICET en un Boletín de 1985 hace un balance de lo ocurrido durante la Dictadura Militar y sostiene que “las ciencias sociales fueron especialmente afectadas por el anticientificismo que predominó en las últimas décadas y se ejerció con particular saña contra aquellas disciplinas consideradas ideológica y políticamente “peligrosas”. La conducción de la política científica y académica en esta área fue entregada a representantes de las corrientes más tradicionales, cuando no a los ideólogos de irracionalismos totalmente marginales a las corrientes de pensamiento actuales. Salvo contadas excepciones, el CONICET no escapó a este proceso” (Boletín Informativo, 1985: 8). Desde el punto de vista de la organización interna, en el Consejo se produjo un proceso de recambio de agentes a partir del cual la conducción del mismo quedó en manos de un reducido grupo de investigadores que fueron acumulando cargos directivos (en el Directorio, en Comisiones Asesoras, en las Juntas de Calificación, en la dirección de Institutos y Programas, etc.), cuyos nombres comenzaron a repetirse en los distintos niveles de la gestión institucional.[2]

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en las universidades nacionales, después del disciplinamiento-depuración inicial, el CONICET fue destinatario de un aumento progresivo y sostenido en las partidas presupuestarias recibidas desde el gobierno nacional, lo cual se reflejó, como demostraremos en este trabajo, en un significativo crecimiento de su personal (investigadores, becarios, personal de apoyo) y de la infraestructura disponible (equipamiento, creación de centros regionales de investigación, institutos, programas, proyectos). Nuestro trabajo empírico y analítico estuvo dirigido a la comprensión de estos procesos de expansión del CONICET y simultánea contracción de las universidades nacionales, cuya estrecha vinculación intentaremos demostrar. Para ello, pondremos especial énfasis en el análisis de los cambios sufridos por el CONICET y, desde allí, analizaremos las relaciones causales con los procesos ocurridos en las universidades nacionales. En suma, en este trabajo intentaremos explicar el espacio conflictivo y relacional que se estableció entre la política científica y la política universitaria, durante el último gobierno militar, con el fin de comprender sus características y visualizar la transferencia de recursos que las sustentaron.

El impulso nacional y regional para la institucionalización de la investigación científica

Entre la década de 1950 y principios de 1960 subyace en las políticas de los gobiernos latinoamericanos la idea de los efectos positivos de la investigación científica para el progreso de la humanidad. Se esperaba que los centros de excelencia produjeran una abundante oferta de ciencia y de ello se desprenderían las aplicaciones tecnológicas que modernizarían la economía y otorgarían mayor bienestar a la sociedad. Hacia 1949 la UNESCO creó en Montevideo un Centro Regional para el avance de la Ciencia en América Latina, desde donde se inició una labor propagandística y de apoyo a las comunidades científicas latinoamericanas. Ya en 1942 se había creado en México la Comisión impulsora y coordinadora de investigación que en 1970 pasó a ser CONACYT, en 1951 nació el Consejo Nacional de Investigaciones (CNPq) en Brasil, en 1961 la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICYT) en Uruguay y en Chile, en 1968 se originó el CONICYT en Venezuela, el Fondo Colombiano de Investigaciones Científica y Proyectos Especiales “Francisco J. Caldas” (COLCIENCIAS) en Colombia, el CONCYTEC en Perú y el CONACYT en Ecuador (Oteiza y Vessuri, 1993: 150)

En Argentina la organización de la investigación en ciencia tiene sus primeros antecedentes, justamente, en los inicios de la década de 1950, momento en el cual comienza a configurarse el denominado “Complejo Científico y Tecnológico” (CCYT) que incluye instituciones y grupos dedicados a la investigación científica y tecnológica. Este proceso estuvo fuertemente inspirado, al igual que en otros países de la región, en los modelos organizativos de Ciencia instaurados en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, que proporcionaron los rasgos fundamentales de la estructura formal del CCyT (Oteiza, 1992: 20).

Se fue constituyendo “una suerte de «generación del 60» con claros conceptos de desarrollo científico-tecnológico [...] que organizaron centros de investigación y escuelas científicas que dieron lugar a la formación de recursos humanos de importante relevancia” (Bosch, 1994: 212). La educación superior fue testigo de un proceso de revitalización y modernización. De hecho, se produjo una expansión de la matrícula universitaria sin precedentes: en 1950 era de 266.000 estudiantes, al año siguiente ascendía a 542.000, en 1970 llegaba a 1.560.000 y hacia 1980 la matrícula universitaria en América Latina era de 5.383.000 estudiantes (Informe PNUD, Volumen 3, 1981: 5). Se promovió la regionalización a partir de la creación de universidades en el interior de los países, en ciudades que no eran capitales ni centros dominantes en el espacio social nacional (23). Además, aumentó la participación femenina en la matrícula, llegando en 1980 a una situación en la cual “todos los países tienen las tasas de participación femenina superiores al 20%” (19). Desde el punto de vista morfológico, ocurrió un fenómeno que incidirá en la reconfiguración del campo científico durante el proceso de institucionalización. Nos referimos al auge de las ciencias sociales y el proceso de declinación del derecho y otras disciplinas tradicionales. Hacia 1950 las ciencias médicas eran la primera carrera en cuanto a porcentaje de su matrícula en diez países, y hacia 1975 sólo mantenían esa posición en dos de ellos; el derecho, dominante antes en tres países, se reduce a uno; las ciencias sociales, que habían figurado con primera posición en dos países [...] llegan hacia 1975 con diez primeras posiciones, ocupando el lugar que otrora tenían las ciencias médicas. [...] De esta manera, las universidades latinoamericanas han pasado a definirse por el claro predominio de las ciencias sociales en su matrícula, acompañadas por las humanidades y las ciencias de la educación (37).

Así, las te...