Resistir Buenos Aires

Cómo repensar las políticas excluyentes desde una praxis popular

María Carman, Romina Olejarczyk

• Editorial: Siglo XXI Editores
• Año: 2021
• ISBN:
  9789878010656
• Edición: 1
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Planificación de ciudades y desarrollo urbano

¿Cómo es habitar Buenos Aires en lo que va del siglo XXI, en especial para sectores populares que no siempre tienen asegurado el acceso a una vivienda en condiciones ambientales sanas? ¿Quiénes pueden usar, embellecer o permanecer en la ciudad? ¿Cómo se piensan los espacios públicos y hasta qué punto están abiertos para todos? ¿Qué apropiaciones se consideran legítimas y cuáles aparecen como indeseables y generan, cada vez más, respuestas represivas? Este libro aborda conflictos sociourbanos y experiencias del habitar que llaman a preguntarse quiénes reciben atención del Estado y qué estrategias deben desplegar para lograrlo, y quiénes no resultan dignos de esa apuesta porque, según se dice, "ensucian, afean o dañan" la ciudad.A partir de un riguroso trabajo etnográfico en barrios de la ciudad y el AMBA, las autoras y autores indagan críticamente el despliegue de políticas y reconversiones de espacios motorizadas por el Estado, que muchas veces interviene "desde arriba", en sintonía con sectores empresariales, agentes inmobiliarios o turísticos, sin contemplar las necesidades de los supuestos beneficiados. Los textos ponen el foco también en las iniciativas y estrategias de lucha de sectores populares que –mediante el activismo, la negociación o la judicialización– buscan acceder a planes de vivienda social o participar en procesos de (re)urbanización de villas, desarrollan innovaciones tecnológicas con residuos (como las cooperativas de cartoneros), o sostienen prácticas agrícolas de encuentro comunitario (como las huertas). Así, Resistir Buenos Aires revela que, más allá de la retórica democrática de los funcionarios, el acceso a la ciudad está condicionado por el capital del que se dispone y por una normativa legal que estigmatiza como amenazantes a vastos sectores sociales que se ven desalojados y expulsados con violencia, y sometidos a padecimientos.Al registrar el impulso vital de un amplísimo repertorio de prácticas populares que no pueden encasillarse en términos simplistas de sumisión o rebelión, este libro es una invitación a seguir habitando la ciudad y un llamado urgente a repensar las políticas públicas desde una praxis popular.

1. Las implicancias sociales de la labor académica

Reflexiones en torno a los umbrales de reconocimiento de las voces populares

María Carman
Vanina Lekerman
María Paula Yacovino

En este capítulo interesa reflexionar sobre los procesos de producción, circulación y recepción de un producto antropológico (un informe colectivo sobre la problemática de una villa), en un momento histórico específico (entre 2005 y 2011) de la lucha de sus habitantes por la permanencia. Nos referimos a la Villa Rodrigo Bueno, denominada formalmente Barrio Rodrigo Bueno desde la sanción de la Ley de Reurbanización en 2017.[19]

Nuestro supuesto es que las voces de esos habitantes de la villa fueron fortaleciéndose y cobrando legitimidad durante los sucesivos caminos de inscripción a partir de voceros autorizados. ¿Cuántos umbrales de reconocimiento cruzaron esas voces a medida que eran reproducidas y consagradas por obra de complejas mediaciones? ¿De qué modo ese informe antropológico fue resignificado en su contacto –mediato o inmediato– con los habitantes de la villa, la Legislatura porteña, los abogados de un organismo de derechos humanos –a la par de su inscripción en los ámbitos científicos– y en su posterior inscripción en los fundamentos de un fallo judicial a favor de la urbanización de esta villa? Nuestro propósito consiste en reconstruir parte de la intrincada trayectoria de legitimación y deslegitimación de argumentos de esta problemática urbana, para analizar algunas implicancias sociales de nuestra labor académica.

Reconstruyendo la historia

En 2005, un grupo de antropólogas comenzamos a realizar trabajo de campo en la denominada Villa Rodrigo Bueno, ubicada en terrenos de lo que actualmente es la Reserva Ecológica Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires y a pocos metros del exclusivo barrio de Puerto Madero. En esa misma época, el gobierno de la ciudad puso en marcha el Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica, eufemismo para la voluntad de desalojar esta villa. En tal contexto, un grupo de habitantes interpuso un recurso de amparo a fin de frenar la erradicación del barrio y exigir su urbanización. Sus abogadas nos sugirieron que preparáramos un informe que diera cuenta de la historia de la villa y sus habitantes, a fin de adjuntarlo al recurso de amparo que tramitaba un juzgado de la justicia porteña.

Pero vayamos por partes. A fin de facilitar la comprensión, a continuación presentamos a los principales actores sociales involucrados en esta disputa durante el período bajo análisis, entre 2005 y 2011.

Un primer bloque de actores objetaba la presencia de la villa, así como el comportamiento ambiental y moral de sus habitantes, a quienes presentaban como invasores de terrenos pertenecientes a la Reserva Ecológica Costanera Sur, destructores del ecosistema y cercenadores del derecho al disfrute del espacio público del resto de la ciudadanía. Este primer bloque propició el desalojo de la villa para destinar esos terrenos a fines “nobles”, como el esparcimiento y la ampliación de la reserva. En líneas generales, podemos agrupar aquí a organizaciones ambientalistas vinculadas a la reserva ecológica, legisladores “verdes” y funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, fundamentalmente de las áreas de Desarrollo Social y Espacio Público.

En permanente diálogo con ese primer grupo no homogéneo, identificamos un segundo bloque de actores cuya interpretación de la problemática hizo hincapié en la vulneración estatal del derecho a la vivienda. Estos actores destacaban el esfuerzo que insumía a los sectores de menores recursos “construir ciudad” en condiciones adversas; esfuerzo que involucró el relleno de tierras ganadas al río, la construcción de sus viviendas y la gestión colectiva de servicios. A partir de tales consideraciones, este segundo grupo reivindicó desde 2004 la (re)urbanización del barrio, que finalmente se materializó –como veremos en el epílogo– en 2017. Entre los principales actores afines a esta postura se contaban los miembros de un organismo de derechos humanos de activa participación en la villa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, algunos legisladores porteños pertenecientes a la Comisión de Vivienda, funcionarios del Poder Judicial local, un equipo de arquitectos de la Universidad de Buenos Aires y habitantes de la villa. Y casi lo olvidamos: también nosotras mismas, el equipo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires.

El problema se fue construyendo en torno a la tensión entre el derecho a la vivienda –vulnerado por el Estado local– y el derecho al medio ambiente, en apariencia vulnerado por la existencia de la villa y los comportamientos non sanctos atribuidos a sus habitantes, tales como alimentarse con especies animales protegidas y afectar la biodiversidad de la reserva.

Durante 2005, la puesta en marcha del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires consolidó la clasificación del “problema” en los términos del primer bloque de actores. Si bien el programa admitía en su formulación escrita el interés en garantizar ambos derechos, el desalojo parcial de la villa iniciado por tal programa priorizó la recuperación del predio para fines recreativos y ambientales. Las soluciones habitacionales propuestas –magros subsidios monetarios e inalcanzables créditos– apuntaron menos a satisfacer necesidades de vivienda de los habitantes que a agilizar la desocupación del área.

A poco de comenzar un proceso de desalojo ilegal y seudocompulsivo,[20] un grupo de habitantes de Rodrigo Bueno interpuso un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese amparo de 2005, los vecinos denunciaban las acciones tendientes a amedrentarlos y así lograr su aceptación extorsiva del traslado, y solicitaban la protección de su derecho constitucional a la vivienda mediante la urbanización del barrio. También requerían que se dispusiera cautelarmente la suspensión de la operatoria y que se tomasen las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

El amparo recayó en el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4 a cargo de la doctora Elena Liberatori, quien hizo lugar al recurso presentado en el mes de septiembre. El operativo de desalojo que el gobierno de la ciudad había comenzado a implementar en julio de 2005 se vio entonces suspendido. Desde ese momento y hasta la sanción de la Ley de Reurbanización en 2017, la regularización de la infraestructura de servicios de la villa y otras políticas desplegadas por parte del Ejecutivo porteño se fueron desarrollando como respuesta a sucesivas conminaciones del juzgado.

Como ya comentamos, las abogadas del organismo de derechos humanos que patrocinaba a los vecinos nos sugirieron que redactáramos un informe sobre la historia de la villa para ser adjuntado al recurso de amparo. En palabras de ellas, el informe debía servir para probar lo que no podemos probar desde el derecho: la antigüedad del barrio y el impacto que produciría un desalojo en las tramas sociales de los habitantes.

Nuestros esfuerzos se orientaron a reconstruir la trayectoria vital y residencial de los primeros habitantes, cuyos testimonios resultaban los más difíciles de obtener, ya que trabajaban buena parte del día recolectando cartones, tenían poco contacto con el resto de los habitantes o bien presentaban diversas dificultades en el habla, ya sea por estrangulamientos de la voz, tartamudeos, pronunciaciones ininteligibles o poco manejo del idioma castellano, en el caso de una migrante ucraniana.

Esas voces intermitentes resultaron, sin embargo, cruciales para demostrar en sede judicial la preexistencia de la villa respecto de la reserva ecológica y el rol protagónico que tuvo el Estado en su erección. Pero veamos cada uno de estos aspectos con mayor detalle.

El primer elemento relevante que compareció en estos encuentros con los habitantes de Rodrigo Bueno se vincula con la antigüedad de la villa. Los vecinos “pioneros” refieren que la villa surgió a principios de la década de 1980 a partir de dos pequeños asentamientos ubicados en un área relegada de la ciudad: al sur del viejo puerto y del antiguo Paseo Costanera –ambos abandonados–, en los terrenos que habían quedado vacantes tras fracasar un proyecto de obra pública a fines de la década de 1970. Uno de los primeros asentamientos estaba en tierras de la actual reserva ecológica, todavía no instituida como tal. El otro se situaba en la cercanía de los galpones que la Prefectura Naval Argentina posee sobre la avenida España. Los primeros pobladores coinciden en señalar que tuvieron que enfrentarse a un entorno hostil, carente de servicios de cualquier tipo. Si bien la relegación de la zona ribereña comenzó a revertirse con la creación del Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica (1986) y, posteriormente, con la puesta en marcha del proyecto de reconversión del viejo puerto en lo que actualmente es Puerto Madero (1989), hasta los albores del siglo XXI estos asentamientos permanecieron invisibles tanto para los agentes del Estado como para el resto de los habitantes de la ciudad –a excepción de algunos amantes de la naturaleza–.

Un segundo elemento clave que surgió de esta etapa temprana del trabajo de campo giró en torno al rol activo del Estado en la conformación de la villa. Los pobladores más antiguos relataron que, hacia el año 2000, el entonces jefe de gobierno de la ciudad ordenó el traslado de los habitantes asentados en la ya constituida Reserva Ecológica Costanera Sur a la manzana 4 de la Villa Rodrigo Bueno. La entonces Secretaría de Desarrollo Social tuvo un rol central en este proceso: aportó los materiales y la logística necesaria. Otro tanto sucedió con las cuadrillas municipales, que proveyeron mano de obra para construir las nuevas casas.

Los pormenores de la trama local surgidos durante el trabajo de campo con los actores de menor visibilidad social se materializaron en artículos y en el informe ad hoc que fue anexado a la causa judicial en septiembre de 2005 (Carman y otras, 2005).

Desde la perspectiva de la jueza, nuestro informe constituía una suerte de “prueba”[21] de aquello que hasta entonces resultaba indemostrable: la antigüedad de la villa y la responsabilidad del Poder Ejecutivo porteño en la vulneración del derecho a la vivienda de sus habitantes. Tres argumentos podían articularse a favor de la radicación de la Villa Rodrigo Bueno: la posesión veinteañal, su presencia desde antes de que la reserva existiera como tal y la teoría de los actos propios, ya que, si el gobierno local los había llevado allí, el Estado no podía ir en contra de su propia acción (Carman, 2011: cap. 1).

Este carácter “probatorio” asignado al informe quedó en evidencia durante el desarrollo de las audiencias públicas celebradas en el juzgado a fines de 2009, a las que fueron invitados ambos bloques de actores. La jueza inauguró la primera de estas audiencias fundamentando el encuadre del problema a tratar:

Hay un informe en el expediente que han realizado unas antropólogas con apoyo también del Conicet […]. Ahí se expone de forma muy clara lo que concierne a las responsabilidades y a las omisiones incumplidas, a la falta de políticas públicas, digamos, vaivenes y contradicciones, actitudes erráticas del gobierno […]. En el informe decía bien […] que en los años ochenta cuando llegan las primeras personas a ese lugar de barro y juncos […] la reserva no estaba […]. Entonces ese argumento [el de la intrusión] lo vamos a dejar de lado porque la historia corrobora que no es así.

Esta delimitación de los términos en los cuales discutir el problema desarmó las argumentaciones preparadas por el primer bloque de actores (los representantes del Ministerio de Espacio Público y la directora de la reserva), quienes habían asistido a la audiencia munidos de documentación probatoria de la intrusión: ordenanzas, mapas de Google, etc. La jueza consideró pertinente abordar la problemática del expediente en los términos propuestos por el segundo bloque de actores, desestimando las interpretaciones que lo definían como un problema ambiental o bien como un mero delito de usurpación.

No fue sino hasta esas audiencias públicas que la población de Rodrigo Bueno fue internalizando la importancia que habían cobrado los pioneros. Gracias a sus testimonios, refrendados ahora por el juzgado interviniente, podía demostrarse que la villa preexistía a la reserva y que, por lo tanto, mal podía acusárselos de usurpación.

Aquellos que hasta entonces habían sido considerados habitantes más o menos lejanos o marginales comenzaron a ser redefinidos positivamente como los antiguazos. A partir del interés explícito demostrado por la jueza en conocerlos, los demás vecinos se ofrecían gustosamente a acompañar a todo visitante ilustre hasta las casas de los antiguazos, conscientes de la renovada importancia de tales personas en las relaciones de fuerza que habrían de definir –nada más ni nada menos– su permanencia en la villa. Durante una de las visitas de la jueza, uno de los habitantes contó que vivía en el lugar desde hacía veintiocho años, que originariamente esa zona era todo monte y que cuando se instaló allí no había nadie. Según relató, en ese entonces trabajaba en la zona y, al quedar sin trabajo, su jefe le dijo que se hiciera una casa allí, en el monte, en algún lado.

En ese clima más receptivo, los habitantes de Rodrigo Bueno encontraron una oportunidad fuera de lo ordinario para que sus demandas de mejores condiciones de vida fuesen incorporadas a las medidas ordenadas por el asesor de menores o la jueza. Si bien muchas de estas medidas –como la realización de un censo o la regularización de la provisión de luz y agua– habían sido exigidas en la medida cautelar ordenada por la jueza en 2005, solo se realizaron parcialmente con posterioridad a las audiencias públicas de 2009. También por ese entonces el hospital Argerich comenzó a realizar los esperados estudios para dete...