Las asociaciones público-privadas y el sector eléctrico en México

Luis José Béjar Rivera, Carlos Villanueva Martínez

• Editorial: Universidad Externado
• Año: 2021
• Edición: 1
• ISBN del libro electrónico:
  9789587905588
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Política medioambiental y energética

La presente obra aborda el régimen de las asociaciones público-privadas en México y su posible aplicación para proyectos del sector eléctrico. Para ello, de forma previa se presenta un panorama del régimen federal de contratación pública y de las alternativas que existían para el desarrollo de proyectos de infraestructura antes de la expedición de la Ley de Asociaciones Públicos Privadas a nivel federal, para continuar con la descripción del contenido de este ordenamiento y concluir con un análisis de las posibilidades de su utilización en el desarrollo de proyectos del sector eléctrico, considerando el nuevo régimen sectorial derivado de la reforma constitucional de 2013 en materia de energía.

NOTAS AL PIE

INTRODUCCIÓN

1 VALLS HERNÁNDEZ, SERGIO Y MATUTE GONZÁLEZ, CARLOS, Nuevo derecho administrativo, Edit. Porrúa, México, 2003, p. 15.

2 ROLDÁN XOPA, JOSÉ, Derecho administrativo, Colección Textos Jurídicos Universitarios, Oxford University Press, México, 2008, p. 65.

3 ALLI ARANGUREN, JUAN-CRUZ, Derecho administrativo y globalización, Thomson Aranzadi, Civitas Ediciones, Madrid, 2004, pp. 161-163.

4 Según Watson, citado por Fedtke, el “préstamo” de otros sistemas es actualmente la forma más generalizada de cambio jurídico. Sobre las razones de ello y las condicionantes que afectan estos procesos, cfr. FEDTKE, JÖRG, “Legal transplants”, en SMITS, JAN M., Elgar encyclopedia of comparative law, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006, pp. 434-437.

5 En este sentido, Gordillo afirma: “Quebró el sistema, empírica y teóricamente, por sobreexpandirse no más allá de lo imaginable como aspiración de justicia social, pero sí más allá de lo posible como gasto público eficaz. La vieja pregunta acerca de si había poco o demasiado Estado, de pronto se contestó: demasiado y además muy ineficiente. La respuesta, con variaciones, es análoga en el mundo”. GORDILLO, AGUSTÍN, Tratado de derecho administrativo. Tomo I. Parte general, 9.ª ed., UNAM-IIJ, Edit. Porrúa, Fundación de Derecho Administrativo, México, 2004, p. 109.

6 A manera simplemente ejemplificativa, mientras que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 previó en su artículo 2 un gasto neto total de $3.176.332.000.000 (Diario Oficial de la Federación [DOF], 7 de diciembre de 2009), el correspondiente a 2020 lo previó en $6.107.732.400.000 (DOF, 11 de diciembre de 2019). Durante todos los años intermedios, los correspondientes decretos fueron incrementando el monto del gasto neto total del Gobierno, de modo que, a pesar de reconocer que se trata de un ejercicio muy elemental de comparación numérica (que no considera diversos factores, como puede ser el efecto de la inflación), desvirtúa la idea de que existen menos recursos públicos disponibles o que el Gobierno gaste menos bajo el nuevo modelo.

7 ALLI ARANGUREN, JUAN-CRUZ, op. cit., pp. 312-313.

8 LÓPEZ OLVERA, MIGUEL ALEJANDRO, Tratado de la facultad reglamentaria, Porrúa, México, 2007, p. 81.

9 PRATS I CATALÁ, JOAN, “Derecho y management en las administraciones públicas: notas sobre la crisis y renovación de los respectivos paradigmas”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, n.^o 3, Caracas, enero de 1995, p. 10, consultable en http://siare.clad.org/revistas/0024500.pdf, consultado el 30 de mayo de 2020.

10 AGUILERA PORTALES, RAFAEL ENRIQUE, “Esfera pública, sociedad civil y propuesta política del republicanismo cívico”, en SAHUÍ, ALEJANDRO (coord.), Gobernanza y sociedad civil. Retos democráticos, Colecc. Filosofía y Cultura Contemporánea, n.^o 48, Ediciones Coyoacán, S. A. de C. V., México, 2009, p. 59.

11 La participación ciudadana se entiende, “en sentido amplio, como el modo en que las personas de una comunidad toman parte en los asuntos públicos, porque de algún modo se ven afectados e implicados […] en un sentido más restringido, la participación ciudadana se entiende como el modo en que los ciudadanos toman parte en la definición, elaboración y ejecución de las políticas públicas, más allá de las formas de participación vinculadas a los procesos electorales”, ARANGUREN GONZALO, LUIS, “La participación ciudadana: posibilidades y retos”, en Aposta. Revista de Ciencias Sociales, n.^o 22, Madrid, noviembre de 2005, pp. 1 y 2.

12 MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO, “Las concepciones del derecho administrativo y la idea de participación en la Administración”, en Revista de Administración Pública, n.^o 84, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, septiembre-diciembre de 1977, p. 532.

13 Cfr. art. 4, DOF del 14 de marzo de 2014.

14 RODRÍGUEZ-ARANA, JAIME, “El derecho fundamental a la buena administración en la Constitución española y en la Unión Europea”, en Revista Gallega de Administración Pública, n.^o 40, Santiago de Compostela, julio-diciembre de 2010, p. 244.

15 Sobre este particular, cfr. ACOSTA ROMERO, MIGUEL, Teoría general del derecho administrativo, Edit. Porrúa, México, 1999, pp. 921-922.

16 Cfr. RABASA, EMILIO O. (coord.), Nuestra Constitución. Historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano. Vol. 12. De las garantías individuales, artículos 28 y 29, Instituto para el Estudio de la Revolución Mexicana, México, D. F., 1990, p. 47.

17 Denominado “Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”.

18 Formalmente, su denominación es “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, publicado en el DOF el día 20 de diciembre de 2013. Esta reforma es parte de las llamadas reformas estructurales del Estado, entre las cuales se incluyen aquellas en materia de justicia laboral, derecho electoral, reforma política, planeación democrática, competencia económica, telecomunicaciones, en materia de educación, seguridad pública, derecho penal, transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y combate a la corrupción, entre otras.

I. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO: BREVES COMENTARIOS

19 El uso del término Estado es intencional, ya que las disposiciones de este precepto no son privativas de la Administración Pública, sino que son aplicables tanto a los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como a los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) y a los órganos dotados de autonomía constitucional. Específicamente, el artículo en comento, en sus párrafos tercero y cuarto, dispone:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y ...

Índice

• CUBIERTA
• PORTADILLA
• PORTADA
• CRÉDITOS
• CONTENIDO
• ABREVIATURAS
• PRESENTACIÓN
• INTRODUCCIÓN
• I. LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO: BREVES COMENTARIOS
• II. ANTECEDENTES Y ALTERNATIVAS PREVIAS A LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN MÉXICO
• III. LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN MÉXICO
• IV. EL SECTOR ELÉCTRICO Y LAS APP
• CONCLUSIONES
• BIBLIOGRAFÍA
• NOTAS AL PIE
• CONTRACUBIERTA