Así se murió en Chile

Reformismo y Revolución en la trágica experiencia de la Unidad Popular

Liborio Justo

• Editorial: Editorial Cienflores
• Año: 2021
• ISBN del libro electrónico:
  9789874490612
• Categoría: Política y relaciones internacionales
• Categoría: Historia de Latinoamérica y el Caribe

En vísperas del 45º aniversario de la caída de Allende, del golpe del 11 de septiembre de 1973, este libro inédito de Liborio Justo propone una apasionante lectura de la historia de Chile y de sus luchas sociales hasta la década del setenta. La elección de Salvador Allende, un presidente marxista democráticamente elegido fue un evento extraordinario, no solo en la historia chilena y latinoamericana sino a nivel mundial. En su crónica de los hechos, Liborio Justo fue incorporando distintas voces, declaraciones de las fuerzas políticas y partidarias, publicaciones de izquierda, los testimonios de obreros partícipes de los Cordones Industriales, periódicos y corresponsales extranjeros para dar cuenta de la agonía de "la vía socialista" y del gobierno popular de Salvador Allende, que documentan sus últimos meses hasta el golpe militar de septiembre de 1973 y postula la hipótesis de la "guerra civil" que cierra el libro.

Introducción

El 17 de diciembre de 1969, después de largos meses de difícil elaboración, el Comité Coordinador de la Unidad Popular, constituido por los partidos Socialista, Comunista, Radical, Social Demócrata, Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y Acción Popular Independiente (API), aprobaban un programa común, el que, en sus partes sustanciales, decía:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos, y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud (...) Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase, a los que jamás renunciarán voluntariamente. Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más su dependencia en su papel de socio menor del capital extranjero.

Para unos pocos, vender a diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días. Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados (...)

(...) El aumento del nivel de lucha del pueblo (...) endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza. Las formas brutales de la violencia del Estado actual, como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de los campesinos y estudiantes, y las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos (...)

(...) La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras (...) De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia. Los monopolios norteamericanos, con complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro, y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicio; gozan de Estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos, y distorsionan la actividad apícola por la vía de los excedentes agropecuarios. Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos, tratan de penetrar las Fuerzas Armadas.

Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero. Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tendrá el récord de ser uno de los países más endeudados de la Tierra en proporción a sus habitantes. En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece intacto (...)

(...) El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno (...) En los últimos lustros hemos crecido en promedio apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio gobierno (...)

Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país. La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.

Con tal fin el programa de la Unidad Popular, disponía, en primer término, la “construcción de una nueva economía” cuyo propósito era “terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo”. Para ello, se creaba el Área de Propiedad Social.

El proceso de transformación de nuestra economía –decía el programa– se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedará integrando este sector de actividades nacionalizadas, las siguientes:

1. La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral.

2. El sistema financiero del país, en especial, banca privada y seguros.

3. El comercio exterior.

4. Las grandes empresas y monopolios de distribución.

5. Los monopolios industriales estratégicos.

6. En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

También, según el programa, existiría un Área de Propiedad Privada, que sería la que comprendería el mayor número de empresas, dado que de 30.500 que sumaban las industriales en 1967 (incluyendo las artesanales) solo unas 150 controlaban con carácter monopólico todos los mercados y, así, sujetas a expropiación para ingresar al Área de Propiedad Social. Asimismo, habría otra Área de Propiedad Mixta constituida por empresas que combinaban capitales del Estado con particulares.

Respecto a la “Profundización de la Reforma Agraria”, el programa proponía expropiar “los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva”. Y, entre otras disposiciones, se establecía que: “Las tierras expropiadas se organizarán, preferentemente, en formas cooperativas de propiedad. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna”.

En cuanto a la “política de desarrollo económico”, tendría como objetivos:

1. Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías (...)

2. Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado (...)

3. Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar al capital imperialista, a realizar una política de creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etcétera.

4. Asegurar un crecimiento rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas (...)

5. Ejercitar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones (...)

6. Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria.

El programa se proponía, además, “preservar y hacer más efectivos, profundizar los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores, transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan real ejercicio del poder”. Para tal fin, proponía dictar una nueva Constitución política, creando la Asamblea del Pueblo, “como órgano superior de poder”, creación de Juntas de Vecinos, descentralización administrativa, modernización de las estructuras municipales, reorganización de la justicia, construcción de viviendas, etcétera.

Luego, venían medidas sobre “tareas sociales”, “cultura y educación” y “política internacional”. En este renglón, se destacaba la “denuncia de la actual OEA como instrumento y agencia del im...

Índice

• Así se murió en Chile
• Capítulo 1
• Capítulo 6