El derecho a la educación

Definiciones, normativas y políticas públicas revisadas

Guillermo Ramón Ruiz

• Editorial: Eudeba
• Año: 2020
• ISBN:
  9789502330105
• Categoría: Diritto
• Categoría: Diritto pubblico

El punto de partida para los análisis que integran esta obra radica en una clara concepción de la educación como derecho. El trabajo puntualiza, en primer lugar, dos ideas en torno a lo que entendemos como educación que se asocian, por un lado, a una práctica social que permea todos los niveles de la vida humana en todas las épocas y, por otro, a la educación formalizada en escuelas de alcance masivo que se vincula con el desarrollo de los Estados nacionales modernos. A partir de esas especificaciones, establece las finalidades básicas de la educación contemporánea: la educación entendida como cambio, que le da al sujeto la posibilidad de relacionarse con su entorno y sus semejantes, y la educación que integra a las personas en los modos de vida, valores y aspiraciones de cada comunidad. De estas dos funciones surge claramente el carácter de derecho fundamental que asiste a la educación.

Capítulo IV. El derecho a la educación según la cobertura y el rendimiento interno del sistema educativo

Guillermo Ramón Ruiz

En esta obra hemos planteado que el derecho a la educación posee una definición de su contenido que requiere precisión conceptual desde una perspectiva dinámica, en la medida en que la educación como práctica social compleja se modifica de acuerdo con los cambios que las sociedades experimentan en función de sus contextos sociales y culturales. Ahora bien, la medición de este derecho precisa a su vez definiciones metodológicas e instrumentales que revelen el grado en que la población de una determinada región o país ejerce dicho derecho. Para el estudio de la política educacional, Paviglianiti (1999) se concentró en los principales instrumentos de análisis empleados desde el Estado para la construcción y la ejecución de las políticas educativas. Entre ellos destacaba lo que denominaba la expansión y la distribución cuantitativa de la escolarización, ambos como indicadores de los procesos de apertura y cierre en el acceso de saberes por parte de la población. A partir de ellos proponía la identificación de las tendencias históricas en la expansión escolar según los niveles, y según los sectores sociales para demarcar las diferencias en la distribución regional así como el peso de la participación de la enseñanza pública y la privada. Por su parte, Tomasevski (s/f) sostiene que las estadísticas educativas observadas desde la perspectiva de los derechos humanos resultan incompletas dado que operan como promedios mientras que la normativa de los derechos humanos postula el derecho a igual educación para todas las personas. Es así que el promedio nacional –por ejemplo– sobre los logros en materia de escolarización secundaria podría resultar muy notorio aunque escondería detrás de los altos niveles alcanzados por una minoría privilegiada a todos los que carecen de escolarización o acceden a menos educación por razones étnicas, lingüísticas o de nivel de ingresos. La realización del derecho a la educación constituye así un proceso continuo que requiere una medición periódica.

De forma complementaria a este planteo sobre el ejercicio del derecho a la educación en función del acceso a la escuela y de los resultados educativos, es posible mencionar que una robusta línea de indagación desde la sociología de la educación se ha concentrado en la desigualdad educativa, la cual se ha centrado en la distribución diferencial del acceso de las personas a las oportunidades de escolarización. En tal sentido, numerosas investigaciones han demostrado que las desigualdades sociales resultan determinantes en las trayectorias y en los resultados educativos que a su vez suelen profundizar las desigualdades preexistentes al ingreso a la escuela (Bourdieu y Passeron, 1977; Braslavsky, 1985). Atento a estos desarrollos teóricos, Bolívar (2005) sostiene la importancia de la promoción de lo que denomina justicia escolar como forma de resolver la situación de los sectores más empobrecidos en el marco de una redistribución proporcional de las oportunidades educativas entre los diferentes grupos sociales de acuerdo con sus necesidades materiales y culturales. De esta manera, según este autor la equidad de los sistemas educativos podría evaluarse a través de un sistema de indicadores que permita observar la desigualdad entre los individuos y entre los diferentes grupos así como también el umbral de equidad, es decir, el nivel debajo del cual no hay equidad.

Si en función de lo anteriormente planteado se consideran las dimensiones de la escolarización formal como uno de los componentes sustantivos del ejercicio del derecho a la educación por parte de la población, el análisis de los procesos de expansión y distribución de la escolarización adquiere centralidad. Esta perspectiva permite analizar dichos indicadores –expansión y distribución– a la luz de las políticas que el Estado argentino ha implementado en las últimas décadas y que han reestructurado desde el punto de vista académico el sistema en su conjunto en el marco de un régimen federal de gobierno. En contextos de recomposición de la moderna derecha, esta circunstancia ha dado lugar a diversas formas de instrumentación de las reformas estructu...