Capítulo 1
La borrachera inmobiliaria
En el Banco de España “había una especie de euforia que llevaba a no ver, o no querer ver, los riesgos que se estaban acumulando”.
Luis Linde, gobernador del Banco de España. 17 de julio de 2012, Congreso de los Diputados
Aquel día hizo calor. El gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, visitaban Valencia, el epicentro del que sería el mayor terremoto inmobiliario de la historia de España. El terreno que pisaba Ordóñez ya se estaba resquebrajando, pero él no quiso verlo o no deseaba traer nubarrones a la economía española, que era la envidia de Europa. Tampoco lo hizo Trichet, jefe de una de las instituciones con mayor capacidad de análisis del mundo gracias a sus cientos de economistas en nómina. Ambos asistían al Foro de Bancos Centrales de la Cuenca Mediterránea. Era el 28 de marzo de 2007.
Ante la llegada de noticias preocupantes del otro lado del Atlántico, el gobernador del Banco de España afirmaba: “Es totalmente infundado comparar y hacer paralelismos de la evolución del mercado inmobiliario entre Estados Unidos y Europa. Más aún extraer alguna conclusión relativa al futuro del mercado inmobiliario español”, remató. Miguel Fernández Ordóñez recordó que la baja morosidad y la “sobrecobertura” de las entidades financieras en España hacían que la situación aquí no fuera comparable con la del sector en Estados Unidos.
Por si quedaba alguna duda, el todopoderoso BCE corroboró lo dicho por Ordóñez. “La economía de Estados Unidos tiene influencia mundial”, sentenció Trichet, “pero lo que pueda suceder al otro lado del Atlántico no tiene un correlato directo en Europa”. Trichet explicó que la zona económica mediterránea estaba creciendo de forma notable en los últimos dos años y vaticinó “buenas perspectivas” para 2007. Los países asistentes al foro cifraron en un 4,8 por ciento el crecimiento medio de la cuenca mediterránea para aquel año.
España, sin embargo, estaba ya muy lejos de ese mundo feliz. El PIB aumentó ese año un 3 por ciento. Sería el último. En años sucesivos no dejó de bajar hasta la doble recesión que se vive ahora. Pero en marzo de 2007 el panorama parecía tan soleado como aquel día primaveral en Valencia. De hecho, la primera bomba de la crisis financiera mundial no estalló hasta agosto de 2007, cuando los fondos norteamericanos del banco Bear Stearns, fundado en 1923, no pudieron devolver las inversiones a sus clientes. El incendio parecía lejano y con nulas posibilidades de propagarse a través del océano.
En ese momento, sin embargo, existían algunos conatos de fuego amenazantes y había señales de que la economía española caminaba hacia el precipicio. Se habían publicado ya serias advertencias sobre los efectos del desmedido crecimiento inmobiliario. Así que algunas entidades decidieron pasar a la acción y desprenderse de sus filiales inmobiliarias ante el temor a las consecuencias de una caída del mercado. Fueron menos que las que se quedaron instaladas en la autocomplacencia y se pusieron de perfil en un momento en el que la prevención hubiera evitado males terribles.
En el Banco de España “había una especie de euforia que llevaba a no ver, o no querer ver, los riesgos que se estaban acumulando”. Así de explícitas son, a toro pasado, las palabras de Luis Linde, nombrado gobernador del Banco de España en junio de 2012. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, poco después de jurar su cargo, fue meridianamente claro al denunciar los problemas que tenía el sector bajo su supervisión: “Las dificultades que atraviesa ahora nuestro sistema financiero hay que buscarlas en el largo periodo de expansión iniciado a mediados de los noventa y prolongado hasta inicios de 2008. Fue un periodo en el que la inversión crediticia del sector privado residente aumentó a una media anual del 15 por ciento, ritmo que se aceleró en la parte final de este periodo, llegando a cifras medias del 23 por ciento entre 2004 y 2007”.
Dijo más: “Se actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado”, y admitió errores en la crisis cometidos bajo el mandato de sus antecesores en el cargo, Jaime Caruana (2000-2006) y Miguel Fernández Ordóñez (2006-2012). Nunca en la historia del banco central se había entonado un mea culpa con tanta claridad.
No es fácil explicar por qué los máximos responsables del supervisor financiero no explicaron ni, lo que es más importante, actuaron con mayor contundencia para reducir los impactos que iba a producir la evidente explosión de una década de locura en el sector inmobiliario y financiero.
Algunos expertos consideran que el inicio del declive inmobiliario en España comenzó en septiembre de 2006, un trimestre después de la llegada de Ordóñez al Banco de España. Ese trimestre, el incremento del crédito hipotecario tocó techo con una tasa del 25,7 por ciento. Desde ahí empezó a bajar en picado.
No solo era motivo de alarma el disparatado ritmo de incremento de los créditos, sino que lo hicieran concentrados en el ladrillo. Una peligrosa similitud con los Estados Unidos. Linde lo describió con exactitud en su comparecencia en el Congreso, lanzando otro ataque más contra sus antecesores. “El crecimiento de la inversión crediticia de la banca no fue equilibrado, sino que se concentró en el sector inmobiliario, de manera que el riesgo relacionado con la adquisición, promoción y construcción inmobiliarias llegó a alcanzar en 2007 el 62 por ciento de la financiación al sector privado residente.”
Es decir, cuando Ordóñez dijo aquellas palabras en Valencia sabía que tenía dos problemas que se funden en uno solo: créditos bancarios demasiado concentrados en el ladrillo y activos inmobiliarios recalentados con precios artificiales. El gobernador lo sabía porque las estadísticas públicas eran inequívocas (y porque él mismo lo había advertido en dos artículos publicados en El País en 2003). El precio medio del metro cuadrado construido se había triplicado entre 1996 y 2007, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento. Pocos activos (legales) en todo el mundo pueden batir este récord.
Pero Ordóñez no quería salirse de la guía política. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, que en la oposición había sido extremadamente crítico con la burbuja inmobiliaria que creó el Partido Popular (PP), no vio ningún riesgo cuando se hizo cargo de la cartera con el Gobierno del Partido Socialista (PSOE). Así lo sentenció: “Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción, solo una ligera desaceleración que permite ajustarse a una realidad que, lógicamente, exigirá una demanda inferior a la actual”. Era mayo de 2007, solo dos meses después de las declaraciones de Ordóñez en Valencia.
Un año antes, el ministro Solbes ya había sido seriamente advertido en privado por el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, sobre los riesgos que asumía el sector financiero. Solbes nunca dio crédito a estos avisos. El entonces gobernador se inhibió de tomar medida alguna. Esto provocó una alarmante carta de los inspectores del Banco de España al ministro Solbes en mayo de 2006 pidiendo acción. “No compartimos la complaciente actitud del gobernador ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional desde 2000”, apuntaban. Es justo decir que en la carta ni siquiera los inspectores anticipaban la debacle: “La gran mayoría de las entidades españolas están bien capitalizadas y su solvencia no es previsible que se vea comprometida aun en los escenarios más desfavorables”. Sin embargo, alertaban sobre “el desmedido crecimiento del crédito bancario, que es una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles” y le reprochaban a Caruana “falta de determinación” para exigir “rigor” a las entidades financieras “en la asunción de riesgos”.
Entre los banqueros, a Caruana se le considera un buen técnico que, pese a conocer la situación y hacer diagnósticos adecuados, “no pasó a la acción. No obligó a cortar el endeudamiento exterior, no forzó a las cajas a que frenaran su apetito por el ladrillo como monocultivo, no evitó que las tasadoras suministraran munición para la bomba inmobiliaria… Decía cuáles eran los riesgos, pero no obraba en consecuencia. Siempre se puso de perfil. No quería líos”. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, comenta: “El gobernador no es un analista de mercado. Si avisa de un problema de endeudamiento excesivo de empresas y familias y no se soluciona, tiene que actuar en consecuencia”. No obstante, añade: “Ninguno de nosotros predijo la magnitud de esta crisis, que ha tenido un efecto mucho mayor del que cualquiera pudiera imaginar”.
Algo parecido le ocurrió a Ordóñez. En los citados dos artículos de 2003 en el diario El País hizo un duro diagnóstico de la situación cuando aún estaba lejos de la Plaza de Cibeles, sede del banco central español. Ordóñez criticaba con dureza la gestión de Rodrigo Rato como vicepresidente económico en el Gobierno del PP. En su opinión, el ministro negaba la burbuja “por el miedo con que cualquier responsable de Economía ve acercarse el final de un modelo de crecimiento basado en el boom inmobiliario y en la explosión del endeudamiento de las familias”. Este comentario también encajaría como anillo al dedo para definir la actitud de Solbes.
En ambos artículos auguró que la caída de los precios de la vivienda propulsaría el paro y deprimiría el consumo. “Por eso el ministro niega la evidencia. Porque estuvo en su mano diseñar una política fiscal coherente con la política monetaria” para que la vivienda se revalorizara sin pausa. “El legado de Rato es buenos resultados a corto y problemas a medio plazo”, concluía. Ordóñez se refería a la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el PP, que fue leña de la buena para encender un fuego que tomaría dimensiones pavorosas. Lo que nunca podía esperar Ordóñez cuando escribió esos artículos es que tres años más tarde, cuando la burbuja inmobiliaria alcanzó sus máximas dimensiones, él asumiría la dirección del Banco de España.
Poco después de la publicación de estos artículos, en septiembre de 2003, con el PP en el poder, el Boletín Económico del Banco de España denunciaba que “la magnitud de la sobrevaloración [de la vivienda] podría llegar al 20 por ciento” y que “entre 1997 y 2002, el precio medio de las viviendas tasadas en España creció un 78 por ...