Entre narcos y policías

Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito, y su impacto violento en la vida de las personas

Javier Auyero, Katherine Sobering

• Editorial: Siglo XXI Editores
• Año: 2021
• ISBN:
  9789878010816
• Edición: 1
• Categoría: Scienze sociali
• Categoría: Criminologia

"La policía no hace nada. La policía es toda transa. Agarran a un narco a mitad de cuadra y lo sueltan en la esquina". "Quiero 3000 pesos o te tiro abajo el kiosco". "La policía bardea a los pibes. También les meten droga. Y algunos pibes trabajan para la cana". "Decile que tiene quince minutos para irse a otro lado, o le rompemos las piernas". En una polifonía reveladora y brutal, estas voces –de vecinos, de dealers, de policías– se entremezclan en este libro para reconstruir una escena inquietante: la colaboración clandestina entre narcotraficantes y efectivos de las fuerzas de seguridad en los barrios vulnerables de distintos lugares de la Argentina.Dinero por drogas, por armas, por liberar una zona, por anticipar un operativo, por impedir el negocio de un dealer rival: un entramado de lealtades y transacciones, siempre al borde de la traición, se repite del Conurbano bonaerense a Rosario y la frontera noreste del país. En estas páginas, los autores suman a un trabajo etnográfico impecable una fuente valiosísima pero inusual en estas investigaciones: las transcripciones de escuchas telefónicas entre narcotraficantes y agentes de la Policía, la Prefectura y la Gendarmería en varias causas judiciales. Todo este material aleja el análisis de las habituales miradas sobre un "Estado ausente" o, en el otro extremo, un Estado punitivo y "de mano dura". En estos barrios, dicen los autores, funciona un "Estado ambivalente", que mientras hace cumplir la ley, en el mismo lugar y al mismo tiempo es socio de conductas criminales.Entre narcos y policías rescata además a los protagonistas silenciados de esta historia: los habitantes de estas zonas vulneradas, para quienes el barrio se volvió "tierra de nadie" y el narco es esa fuerza capaz de entrar en sus hogares y arrebatarles a sus propios hijos. Al iluminar esa trama de complicidades, los autores –que han investigado estos territorios a fondo como pocos– revelan los problemas estructurales de los conurbanos, esa suerte de "caja negra" política y sociológica sobre la que siguen pesando prejuicios e ignorancias.

1. Las relaciones clandestinas importan

Clandestino. Secreto, privado, oculto; usualmente en un mal sentido, implica artificio o engaño; taimado, subrepticio.

Oxford English Dictionary

Carolina y sus vecinos en Arquitecto Tucci no son los únicos que creen que los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y los miembros de las organizaciones criminales tienen alguna clase de acuerdo mutuo o, en sus propias palabras, un arreglo. Las relaciones clandestinas que la gente sospecha entre la policía y los narcotraficantes han sido objeto de intensa atención por parte de sociólogos, antropólogos, historiadores y politólogos. Lo que presentamos a continuación no es una reseña completa de la literatura de las ciencias sociales sobre el tema, sino un resumen exhaustivo del conocimiento académico que orientó nuestra recolección de datos y nos ayudó a otorgar sentido a nuestro material empírico. Este capítulo comienza por presentar aquello que los antropólogos Jane Schneider y Peter Schneider (2003) llaman el intreccio: palabra italiana que designa el estrecho vínculo entre emprendimientos criminales y funcionarios del Estado.[29] Luego se desplaza hacia trabajos más específicos que examinan el entramado de redes entre las organizaciones de narcotráfico y las autoridades del Estado en América Latina, y concluye con un análisis de la actividad policial y el narcotráfico en la Argentina, que funciona como contexto general para nuestros análisis.

¿Cuál es la relación entre la violencia en un área determinada y qué hace o deja de hacer el Estado al respecto?[30] Cuando deben analizar niveles inauditos de violencia interpersonal en numerosos espacios marginalizados, y dado que las estructuras estatales “operan a través del ordenamiento –que a su vez transforman– de las redes circundantes de relaciones y prácticas sociales” (Clemens, 2016: 94), los politólogos se ven obligados a preguntar: ¿cómo vigila el Estado los barrios pobres? ¿Cuál es la relación entre esa intervención estatal y la violencia in situ?

Las respuestas a estas preguntas han estado dominadas por dos perspectivas principales: una que identifica la negligencia estatal hacia las áreas pobres, y otra que destaca la presencia dura y punitiva del Estado. Dos décadas atrás, la investigación de las ciencias sociales describía las áreas urbanas marginalizadas como vacíos de gobernanza donde el Estado brillaba por su ausencia (Anderson, 1999; Auyero, 2000; Williams, 1992). Los barrios pobres, las pequeñas ciudades del interior y los guetos afroestadounidenses se describían como espacios “abandonados” por el Estado. Los principales indicadores de este abandono eran la asombrosa falta de servicios sociales y la notable ausencia de la policía. Estudios más recientes realizados en las Américas y en Europa retratan las áreas pobres como espacios militarizados controlados con la firmeza del puño de hierro del Estado (Denyer Willis, 2015; Fassin, 2013; Goffman, 2009; Müller, 2016; Ríos, 2010; Stuart, 2016). Lejos de cualquier forma de “abandono”, las áreas urbanas marginadas son vistas como espacios profundamente penetrados y casi siempre maltratados por el aparato represivo estatal.

En los Estados Unidos, pese a la cambiante presencia estatal, los pobres urbanos enfrentan muchos de los mismos desafíos documentados por los sociólogos urbanos en las décadas de 1980 y 1990, entre ellos, perspectivas laborales limitadas, falta de instituciones sociales comunitarias, altos niveles de segregación, una predadora “industria de la pobreza” y violencia interpersonal crónica en la calle y, para algunos, en el hogar (Anderson, 1999; Desmond, 2016; Massey, 1990; Ralph, 2014; Rivlin, 2010; Wilson, 1996). Pero también deben afrontar tendencias perturbadoras en cuanto a vigilancia estatal, controles policiales, contención y prácticas punitivas incentivadas por una “guerra contra las drogas” muy racializada que tiene como objetivo a las comunidades pobres de personas de color mediante la institución de prácticas como “interdicción de pandillas”, “redadas y allanamientos” y “detención y registro” y la creciente militarización de las fuerzas policiales domésticas.[31]

En América Latina, las respuestas a las preguntas acerca de la relación entre intervención estatal y marginalidad urbana han recibido la enorme influencia de la noción de “zonas marrones” del politólogo Guillermo O’Donnell (1993), a las que define como “regiones neofeudalizadas”, donde la legalidad es obliterada y los moradores disfrutan, en el mejor de los casos, de una “ciudadanía de baja intensidad”. Los moradores de villas de emergencia (junto con los campesinos, las poblaciones indígenas y las mujeres), según este autor, “a menudo no pueden recibir un trato justo en los juzgados, obtener servicios estatales a los cuales tienen derecho, o estar a salvo de la violencia política” (1993: 1361). En América Latina, los pobres se encuentran con un Estado que viola habitualmente el Estado de derecho, y con frecuencia viola los derechos humanos.[32]

Aunque ambos corpus de literatura iluminan importantes aspectos de las interacciones entre el Estado y sus ciudadanos pobres, ni en los Estados Unidos ni en América Latina se ha prestado demasiada atención a un modo de intervención estatal que involucra a actores ilegales y conduce acciones ilícitas como parte de su funcionamiento diario.[33] No deja de ser cierto que quienes residen en áreas marginalizadas muchas veces son desatendidos por el Estado y, en otras ocasiones, sobrecontrolados (y abusados). Pero también están sometidos a lo que Enrique Desmond Arias (2006a: 324) llama “colusión policial-criminal”: una “constelación política activa” compuesta por el Estado y los actores ilícitos que no solo erosiona el Estado de derecho sino que instituye “un orden separado y localizado” capaz de producir elevados niveles de violencia interpersonal (Arias, 2006b; Arias y Barnes, 2016). Además de sus rutinas sancionadas por el Estado, los integrantes de las fuerzas de seguridad hacen acuerdos ilícitos –siempre de manera activa y secreta– con miembros de organizaciones criminales. Según el léxico de uno de los procesos judiciales que analizaremos en los siguientes capítulos, a estos acuerdos se los conoce como “arreglos”. Muchos son de carácter “fluido y permanente” y constituyen un conjunto de relaciones preestablecidas que organizan las acciones de los actores estatales y las bandas criminales (Sain, 2017). Pero antes de describir esta forma de acción estatal clandestina, revisaremos de manera breve el conocimiento académico que nos inspiró a descifrar las conexiones ilícitas entre autoridades estatales y narcotraficantes.

El intreccio

Politólogos, teóricos organizacionales y economistas han estudiado la colusión en una variedad de contextos.[34] Nosotros definimos la colusión como un subtipo de corrupción, que se refiere al “abuso de recursos públicos para obtener beneficios privados, a través de una transacción oculta que implica la violación de algún parámetro de conducta” (Della Porta y Vannucci, 1999: 16).[35] La palabra “corrupción” –que suele emplearse para aludir a un mal uso del poder asociado con el deber público– implica

un intercambio informal/ilegal y secreto de recursos adjudicados formalmente […] en el que al menos una de las partes corruptas debe tener membrecía formal o al menos una relación contractual con la organización de la que se extraen los recursos (Jancsics, 2014: 359).

La corrupción tiene lugar “entre dos o más partes corruptas” y siempre consiste en una “desviación de las reglas o expectativas sociales de alguna índole” (Jancsics, 2014: 359).[36] La colusión, a su vez, alude a aquellas situaciones en que los actores estatales colaboran en forma activa durante un prolongado período de tiempo con actores no estatales involucrados en actividades delictivas. Aunque el término es cada vez más común en la cultura popular y en los medios,[37] la microdinámica de la colusión aún no ha sido bien comprendida.

Como quedará claro, no buscamos probar en términos legales que la corrupción existe (ese es el objetivo principal de los procesos judiciales que analizamos). Dado el carácter sesgado y multifacético de los arreglos clandestinos documentados en los registros judiciales, nos interesa más aportar una descripción exhaustiva de los recursos intercambiados, las prácticas involucradas y los procesos en juego para teorizar el tipo de Estado con el que interactúan los ciudadanos pobres en los márgenes urbanos.[38]

En las últimas dos décadas, la investigación en ciencias sociales documentó una variedad de vínculos clandestinos entre funcionarios del Estado y organizaciones delictivas.[39] La presencia de estas relaciones ilícitas cuestiona los enfoques acerca de qué es y qué hace el Estado. Mientras algunos insisten en clasificar a los Estados como débiles o fuertes en función de su capacidad de monopolizar el uso legítimo de la fuerza, otros han descartado esta clasificación binaria para examinar formas plurales de dominación.[40]

Para nuestros propósitos, la noción italiana de intreccio es la que mejor expresa estas relaciones ilícitas. El término alude al “frondoso entramado” entre los miembros de la mafia y los funcionarios estatales que toman medidas para protegerlos. En su estudio sobre la mafia siciliana, Jane Schneider y Peter Schneider (2003) analizan las interacciones entre la violencia colectiva organizada y el Estado y los partidos políticos. Los mafiosi, afirman, comparten con algunas élites estatales y políticas un espacio moral y político que los palermitanos llaman el intreccio (véase también Schneider, 2018). “Antes que una simple reciprocidad entre mafia y Estado”, el término designa “una vasta zona gris en la cual es imposible determinar dónde termina uno y comienza la otra” (Schneider y Schneider, 2003: 34).

Desde una perspectiva que resultará crucial cuando analicemos nuestro material empírico, los Schneider aseveran que “para poder comprender el funcionamiento de este difuso nexo moral y político es necesario reconocer que el Estado no es unitario” (2003: 34). Por cierto, en Italia se utiliza mucho la expresión “partes del Estado”, que expresa sin rodeos un nivel generalmente alto de inconsistencia interna y la posibilidad de que, mediante una especie de sistema de relevos, un elemento del Estado se involucre con grupos locales díscolos para obtener ventaja sobre otro (Schneider y Schneider, 2003: 34).

Lo que los italianos llaman “acuerdo malicioso” –en referencia a la participación colusiva de las instituciones legítimas de la sociedad– es un ingrediente clave para el desarrollo y la operación de las mafias:

Las conexiones políticas, que se extienden hasta el sector de la justicia penal, son especialmente necesarias para evitar arrestos, abortar investigaciones policiales y juicios, y obtener permisos para realizar negocios y portar armas (Schneider y Schneider, 2003: 36).

Desde una perspectiva similar, el sociólogo Pino Arlacchi describe así “la complementariedad fundamental” entre la autoridad del Estado y el poder de la mafia:

Todas las actividades fundamentales de la mafia no ocurrieron, salvo en unos pocos momentos de rigidez oficial, en oposición frontal a las tareas y funciones de los organismos del Estado. [En cambio], la mafia y los organismos del Estado, que teóricamente compiten por el monopolio del control de la violencia, de hecho colaboraron a menudo con métodos muy similares para reprimir las amenazas más graves al orden establecido. En numerosos episodios de vandalismo o delincuencia común, como en otros casos de disenso político organizado o actividad sindical, la intervención del poder armado de los mafiosi del lado de las fuerzas oficiales del orden fue decisiva para matar, capturar o neutralizar a los desviados (Arlacchi, 1983: 117; el destacado es nuestro).

La colusión entre “bandidos y burócratas” (Barkey, 1994) –entendida como una “situación en la cual el Estado coopera de manera activa con actores no estatales armados geográficamente entrelazados con sus áreas de operación” (Staniland, 2012: 249)– es también una manera de distribuir la autoridad entre insurgentes y actores estatales durante un conflicto armado. A partir de ejemplos que incluyen la cooperación entre actores delimitados y unitarios (el gobierno de Sri Lanka con los grupos insurgentes tamiles que se habían “dado vuelta”) y entre partes del Estado e insurgentes (los soldados afganos y la policía que cooperaba con el muyahidín), el politólogo Paul Staniland (2012) hace dos afirmaciones que resultarán relevantes para nuestro análisis de las conexiones clandestinas entre actores estatales y narcotraficantes. Las relaciones colusivas, asevera Staniland, son

1. “complejas”, “fluidas”, “intrincadas” y “a menudo sorprendentes”,[41] y
2. estructuran la dinámica de la violencia in situ.

Les pedimos a nuestros lectores que tengan presentes estas dos perspectivas cuando incursionemos en nuestro material empírico en los próximos capítulos.[42]

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