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1. Los lugares
La historia de los orígenes y el desarrollo del tráfico de drogas ilegales en Medellín y en Culiacán requeriría escribir otro libro. Al mismo tiempo, sería imposible comenzar un análisis literario de las obras escritas en estas ciudades sin hacer referencia a algunos de los momentos más representativos de sus historias. Este capítulo está dividido en dos secciones; cada una se ocupa de una ciudad. Me enfoco particularmente en los lugares, acontecimientos e individuos que están vinculados o aparecen en la obra literaria analizada.
Culiacán
La ciudad tiene su encanto, aunque no es lo que se considera una ciudad bella. Durante mi visita me hospedé en el Hotel San Marcos, ubicado en el centro, cerca de los lugares mencionados en varias novelas: la catedral, el mercado Buelna y sus principales librerías. En mis caminatas, me sorprendió la diversidad de vecindarios (colonias), donde, al lado de casas humildes, hay residencias amuralladas, con columnas dóricas y exagerados enrejados blancos; algunas tienen garajes cubiertos, otras, estatuas de santos y vírgenes de un metro de alto. Existen también barrios cerrados; se ve muy poco de las casas estilo búnker donde residen los capos. Dado el tamaño y el carácter de la ciudad, impresiona su parque automotor: circulan numerosos Hummer, Grand Marquis, Jaguar, con vidrios polarizados. Muchos tienen placas estadounidenses y en sus estéreos suena a todo volumen la música de tambora y los corridos. Muchos de sus arrogantes conductores no respetan las leyes de tránsito; es como si el respeto y la obediencia fueran signos de estupidez y debilidad. En las bocacalles, los códigos para la circulación de tráfico son hostiles, los conductores precavidos parecen atemorizados.
En Culiacán, todos tienen una historia acerca del tráfico de drogas: un primo distante implicado en el negocio, un abuelo que sembraba marihuana, un tío que tiempo atrás transportó un cargamento para comenzar su tienda de productos deportivos, un joven que llevó a casa a un amigo de la infancia para descubrir que ese amigo se había convertido en un “duro”, el pariente de una empleada doméstica originario de la Sierra Madre que estaba a cargo de llevar bolsas de dinero a un expresidente. Aun cuando no son historias escuchadas de primera mano, son el telón de fondo de la realidad de la ciudad. Todos han visto, por lo menos una vez, un cadáver abandonado en la calle, metido en una bolsa o simplemente tendido boca abajo.
Llegué a Culiacán en enero del 2007, cuando las tropas enviadas por el presidente Felipe Calderón entraron a la ciudad. Cuando prendí la televisión en el hotel, me sorprendió ver a un oficial del ejército hablar de “la necesidad de combatir a los traficantes de droga de la sierra respetando los derechos humanos”. Consciente del papel que el ejército ha desempeñado en América Latina, me resultó aterrador escuchar a un oficial del ejército defender los derechos humanos. Sus palabras estaban vacías de significado, pues la guerra declarada por Calderón no tenía nada que ver con la prevención de abusos de los derechos humanos. El objetivo de los comentarios del oficial era neutralizar una respuesta social, al menos en ese momento. Solo más tarde logré entender la necesidad que tenía el ejército de dirigirse de esta manera a esta audiencia. La historia de violencia perpetrada por el ejército en la sierra ha dejado una profunda cicatriz. Sinaloa es un lugar paradigmático al momento de entender la genealogía del negocio ilegal en México, pero es también el sitio traumatizado por las acciones cometidas por el Estado. Lo paradójico es que los narcos sinaloenses, históricamente, han tenido fuertes lazos con el Gobierno central.
Mi primer contacto en Culiacán lo hice a través de Difocur (ahora Instituto Sinaloense de Cultura o isic). Meses antes de mi viaje escribí a Juan Esmerio Navarro, entonces director de la editorial del instituto. Él fue mi guía. Juan Esmerio fue muy generoso; me dio acceso a publicaciones locales y me presentó a artistas y escritores. El isic, situado en el centro de Culiacán, es el lugar donde trabajan muchos artistas e intelectuales. Allí conocí a Élmer Mendoza, a César López Cuadras y a Lenin Márquez. También establecí contacto con Javier Valdez Cárdenas, Nery Córdova y Juan José Rodríguez. Nery y Juan José me dieron un tour por Mazatlán.
En el isic se presentan abundantes espectáculos de artistas locales e internacionales; el instituto, además, ofrece una gran variedad de talleres de danza, pintura, teatro, escritura, para niños y jóvenes. Muchos culichis resienten la manera en que se identifica a Sinaloa —y Culiacán en particular— con los valores y la estética de los traficantes de droga: el gusto por el dinero fácil, una industria musical que promueve corridos en cuyas letras se exalta la violencia, y un código de vestir en el que predominan las camisas de seda, los cinturones brillantes y las botas vaqueras bastante costosas (el narcouniforme). Muchos de los facilitadores de los talleres del isic y del personal que ahí trabaja conciben que lo suyo es un servicio a la comunidad y ven el isic como el espacio que da una oportunidad importante para realizar actividades alternativas que resisten las prácticas y la cultura de violencia difundidas por el negocio del narcotráfico.
La declaración de la guerra contra los narcos por parte del gobierno de Calderón había comenzado semanas antes en Michoacán y Durango. Los culichis se mostraban escépticos e irónicos y hacían comentarios sarcásticos acerca de la manera en la que la prensa cubría la incursión del ejército en Sinaloa. Para ellos, Calderón seguía los pasos de su predecesor, el presidente Vicente Fox, quien —según ellos— negoció con uno de los carteles para deshacerse de los otros (el supuesto pacto era entre Fox y el Chapo Guzmán —jefe del cartel de Sinaloa— para combatir otras coaliciones, tales como el cartel del Golfo, en ese momento aliado de Los Zetas). Muchos de mis amigos decían que en las redadas —que ellos consideraban propaganda gubernamental— los que sufrían las consecuencias eran los pequeños productores y los campesinos independientes. Todos coincidían en que ni siquiera los militares se atreverían a ingresar a los extensos plantíos en las montañas de la Sierra Madre.
Bien fueran estas opiniones verdaderas o fruto de mera especulación, lo cierto es que reflejaban el escepticismo general de los culichis hacia las acciones del Gobierno central. Nadie anticipó los desastres que causaría la guerra llevada a cabo por el presidente Calderón contra los narcos. En diciembre 1.º del 2006, Calderón, del Partido de Acción Nacional (pan), se posesionó como presidente en medio de un descontento popular en relación con su cuestionable victoria contra el candidato Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (prd). En su primer discurso como presidente, en el Auditorio Nacional, ya que no pudo dar su discurso inaugural en el Congreso debido a los disturbios y a la situación de tensión entre miembros del pan y del prd, Calderón declaró que una de las principales preocupaciones durante su mandato sería recobrar la seguridad pública y la legalidad: “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso, y por desgracia, vidas humanas” (citado en Osorno, 2009, p. 303).
En ese momento, las declaraciones de Calderón parecían fuera de contexto. El narcotráfico era un tema permanente en la política nacional y en la extranjera, pero los problemas críticos del país cuando él asumió la presidencia eran otros: las masivas huelgas en Oaxaca y el Atenco, la crisis de los trabajadores mineros y una nueva acción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en Chiapas. Pero el problema más grande que enfrentaba Calderón en ese momento eran los miles de mexicanos que consideraban que su presidente legítimo era Manuel López Obrador, quien seguía recorriendo las calles de Ciudad de México reclamando justicia (Osorno, 2009, pp. 301-303). Una semana después de tomar posesión, Calderón envió seis mil soldados a Michoacán (gobernado por el partido opuesto, prd, para combatir a los narcos). Fue el inicio de la guerra.
Los argumentos de Calderón para legitimar su guerra contra las drogas fueron cambiando: primero la justificó por la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado (aunque ningún político había sido arrestado durante su presidencia); después, dijo que se trataba de una guerra para salvar a los jóvenes del consumo creciente de drogas (no había sido publicado ningún estudio que confirmara este crecimiento); por último, justificó la guerra por la relación de la violencia en México con la provisión de armas venidas de los Estados Unidos (Castañeda citado en Osorno, 2009, p. 304). Los analistas políticos argumentaban que Calderón había comenzado la guerra contra el narco como una táctica de silenciamiento que le evitaba tener que tomar acciones políticas para combatir los problemas mexicanos de larga data, a saber, la pandemia de tuberculosis y el hambre. A pesar de la parcialidad de estos análisis —que de alguna manera minimizan la amenaza real del narco en la sociedad mexicana—, todos esos años de guerra no solo no mejoraron la situación, sino que la empeoraron. Dejando de lado la maquinación política, la guerra contra las drogas desgarró el tejido de la sociedad mexicana. La falta de implementación de las leyes, la violencia y el despliegue de sus usos perversos, fueron extremos durante el periodo presidencial de Calderón, como lo fue el nivel de impunidad. Hasta el día de hoy, después de los seis años de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (pri) y lo que va del actual gobierno de amlo (Morena), el país continúa experimentando situaciones de violencia e impunidad sin precedentes históricos.
El hecho de que esta guerra escapara el control de Calderón, debe analizarse desde una perspectiva histórica. En estados como Sinaloa, donde el negocio del tráfico de drogas ha operado tradicionalmente, la gente experimenta la violencia de una manera muy particular. El escepticismo inicial de los sinaloenses y la desconfianza ante la decisión de Calderón de enviar el ejército a su estado tienen que ver con el recuerdo traumático de la última vez que el Gobierno central envió un importante contingente militar a la región. Esto ocurrió durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), quien, siguiendo las políticas represivas de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), implementó la Operación Cóndor. El general Jesús Hernández Toledo, el oficial que dirigió la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, y la invasión de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) ese mismo año, dirigió la Operación Cóndor en los estados norteños, con diez mil soldados bajo su mando (Astorga, 2005, p. 115).
La meta de la Operación Cóndor era eliminar a los grupos guerrilleros que operaban en la región y quemar las plantaciones de marihua...
