La educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante, 1946-1952

Forjistas, peronistas y católicos

Jorge Levoratti

• Editorial: Editorial Biblos
• Año: 2021
• ISBN del libro electrónico: 9789876919913
• Categoría: Didattica
• Categoría: Amministrazione nella didattica

Durante los seis años del gobierno de Domingo Alfredo Mercante las cuestiones educativas fueron tratadas desde distintas concepciones ideológicas. Si bien esa diversidad encuentra explicación en la distinta orientación político-ideológica de las gestiones de Alejandro Greca (1967-1947), Estanislao Maldones (1947-1949) y de Julio César Avanza (1949-1952), puede señalarse que reflejaba la pluralidad de líneas que coexistían en los niveles directivos de la educación. Así, figuras como Jaime Glattstein, quien orientó la enseñanza preescolar en los principios de la escuela activa, o Bernardo Serebinsky, médico psiquiatra de filiación freudiana y de compromiso político con los republicanos españoles, creador del Instituto de Psicología y Orientación Profesional, compartieron funciones con católicos, como Emilio Mignone, en la Dirección de Enseñanza, el pedagogo Rafael Ruta, en el Departamento de Didáctica, o el padre Leonardo Castellani, como asesor ministerial. Esta composición, no obstante el sesgo catolizante impreso a partir de 1949, evidenciaba tanto la heterogeneidad del campo técnico-pedagógico como la vigencia de una pluralidad ideológica.Múltiples fueron las transformaciones educativas durante el mercantismo. En lo institucional se produjo a partir de 1949 la transición del sistema educativo fundacional a un modelo que privilegió la ejecutividad sobre la deliberación, se complejizó la estructura de gobierno con la incorporación de organismos que atendieron a nuevos niveles y modalidades, y se sumaron otros, de sesgos modernizantes, que aportaron conocimientos técnico-científicos al tradicional saber pedagógico que predominaba en la educación provincial. La concreción de las 2982 obras del Plan Integral de Edificación Escolar resolvió el problema que la educación provincial arrastraba desde sus inicios.En tanto, el sesgo católico que Mercante impuso a la educación a partir de 1949, en tiempos que comenzaban a arreciar las tensiones entre Perón y la Iglesia católica, no puede considerarse extraño a la confrontación entre ambos líderes políticos.

CAPÍTULO 1
La Revolución de Junio en la educación de Buenos Aires

Políticas, situación y problemáticas (1943-1946)

La Revolución de Junio no fue un movimiento monolítico y homogéneo, con lineamientos políticos uniformes en todas las jurisdicciones de la Argentina. Tanto en la nación como en las provincias distintas corrientes político-ideológicas disputaron la hegemonía. Mientras que en el orden nacional existieron tres presidentes, en la provincia de Buenos Aires, la inestabilidad política fue mayúscula, dado que, entre comisionados e interventores, sumaron catorce funcionarios a cargo del gobierno. El mutante curso de la vida política bonaerense dio lugar a la implementación de varios proyectos educativos, todos ellos fallidos, inspirados en orientaciones ideológicas que propugnaban distintos modelos de sociedad.

Comisionados e interventores nacionales designaron entre 1943 y 1946 a los funcionarios de la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Consejo General de Educación (CGE), organismos autárquicos que tuvieron continuidad durante la dictadura de la Revolución de Junio. La orientación ideológica de los funcionarios designados por el gobierno nacional resultaba de las disputas, los choques y las crisis de las distintas tendencias y corrientes ideológicas existentes al interior de su elenco; en consecuencia, la política educativa bonaerense transitó por una trayectoria similar a la nacional. Según Daniel Campione (1996: 13), se sucedieron distintas líneas político-ideológicas, cuya periodización no reconoce como exclusivo criterio organizador el accionar de Perón y su encumbramiento. Un primer período se extendió desde los comienzos del gobierno militar hasta octubre de 1943, caracterizado por la presencia de funcionarios identificados con principios “liberales”, en un segundo período se evidenció el predominio del tradicionalismo católico y de expresiones filofascistas del nacionalismo, bajo la dirección de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la burocracia estatal hasta el desplazamiento de Pedro Pablo Ramírez de la presidencia en febrero de 1944. No obstante, varios nacionalistas continuaron en el gobierno, hasta que finalmente se produjo el alejamiento del coronel Luis César Perlinger del Ministerio del Interior. En el tercer período las lógicas reaccionarias fueron desplazadas por las sociales impulsadas por Juan Perón. A partir de enero de 1945, se intensificaron las manifestaciones contra las políticas sociales y la denunciada vocación autoritaria del gobierno, acciones motorizadas por los partidos políticos, las corporaciones propietarias y los sectores medios –universitarios y vinculados a estos– que tuvieron como respuesta gubernamental la profundización de las medidas favorables a los trabajadores, sin duda en procura del logro de consenso político entre los sectores populares, ante la perspectiva de la única salida que tenían los militares: la electoral. Por último, con posterioridad a los episodios del 17 de octubre, fortalecido el liderazgo político de Perón, se adoptaron medidas tendientes a acrecentarlo. Las orientaciones político-ideológicas referidas –con sus matices– se vieron espejadas en las políticas implementadas por la DGE y el CGE entre 1943 y 1946.

La Revolución de Junio en la Dirección General de Escuelas: liberales, católicos, nacionalistas, filosocialistas y radicales

Como se ha señalado, en la Revolución de Junio –lejos de la connotación exclusivamente totalitaria que sus opositores le atribuyeron– predominaron diversas filiaciones ideológicas y políticas, en ciertas instancias contrapuestas o poco compatibles. Es así que la educación provincial cursó por una sinuosa deriva ideológica a lo largo de sus años.

Según lo establecía la ley 888 de 1875 el gobierno de la educación bonaerense estaba a cargo de un organismo colegiado, el Consejo General de Educación (CGE) –constituido por ocho consejeros generales– y de un ejecutivo con el cargo de director general de escuelas, quien a su vez oficiaba de presidente del consejo. El CGE fijaba los programas y métodos de enseñanza, nombraba y separaba empleados, dictaba reglamentos, inspeccionaba escuelas, presentaba proyectos de leyes, expedía títulos de maestro, administraba los bienes y las rentas de las escuelas y se encargaba de adquirir terrenos y edificios para la instalación de otras (Barba, 1968: 60). Hacia 1943 el CGE conservaba la totalidad de las funciones asignadas por la ley de 1875, reformada en 1905. Sus responsabilidades eran diversas y se distribuían en tres comisiones: Asuntos Técnicos, Hacienda y Presupuesto e Higiene y Edificación, y estaba conformado por tres tribunales: de Clasificación, Disciplina y Concursos por Oposición.

También conservó el CGE, durante el período de la intervención nacional, las facultades de aprobar la incorporación al Fondo de Escuelas de ingresos procedentes de herencias vacantes, donaciones y multas aplicadas por las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Asimismo, compraba terrenos y edificios para las escuelas, aceptaba o rechazaba denuncias de herencias vacantes y donaciones y propuestas de venta de terrenos y edificios, aprobaba el presupuesto anual de educación, los planes y programas de estudio, la creación de grados y escuelas privadas, la designación de su personal y los certificados de aptitud pedagógica. Reconocía y/o negaba el cobro de sueldo de los docentes, imponía los nombres a las escuelas, bonificaba los títulos y otras tantas cuestiones menores, como otorgamiento de cesiones de uso de los edificios escolares, daba autorización para instalar mástiles en el patio de las escuelas, suspender las actividades, etcétera.

A lo largo de los 36 meses de intervención nacional se designaron nueve directores generales de la DGE (cuatro abogados, dos profesores, un teniente coronel, un arquitecto y un no titulado).¹ Mientras que 37 consejeros generales fueron alternativamente integrantes del CGE –entre ellos solo una mujer–, muy pocos actuaron en distintas gestiones, en tanto que ningún consejero permaneció en todo el período. Según titulación o profesión el CGE estuvo compuesto por catorce abogados, ocho no titulados, cinco profesores, tres sacerdotes, dos militares y un ingeniero. Muy significativa fue la presencia de sacerdotes en todos los CGE que se constituyeron entre 1943 y 1946. Nunca con anterioridad, ni posteriormente, miembros de la Iglesia católica formaron parte de ese organismo del gobierno educativo.

Escasa fue la representación del magisterio en la DGE y el CGE: solo dos directores generales tenían formación docente –uno de ellos con trayectoria en la enseñanza primaria provincial–, en tanto de los veintisiete consejeros generales que alternativamente integraron el CGE solo cinco eran profesores. Resultado, en parte, del desconocimiento de la especificidad del quehacer educativo de la mayoría de sus integrantes y, de la prioridad dada por estos a la lucha política, la agenda de la DGE y del CGE versó principalmente sobre cuestiones político-ideológicas, o presupuestarias, mientras que fueron derivados a la intervención de la Inspección General los asuntos estrictamente técnico-educativos.

Muy limitadas en su duración fueron las gestiones de los directores generales: solo las tres primeras alcanzaron los siete meses, las restantes en algunos casos apenas un mes. La discontinuidad se vio acentuada por la renuncia de los consejeros en cada remoción de director general. Consecuentemente, no hubo una única y coherente política educativa de la Revolución de Junio en la provincia. La sucesión de equipos con proyectos educativos animados en distintas concepciones educativas y divergentes modelos de sociedad operó como un inhibidor de cualquier transformación o reestructuración del aparato estatal. Algunas tibias innovaciones naufragaron entre una maraña de desinteligencias. En general, la historiografía sobre la situación del Estado nacional en el período destaca la existencia de un fuerte proceso de reorganización y centralización, proceso que adquirió singular relevancia en el área de trabajo, reorganizada en Secretaría de Trabajo y Previsión a partir del Departamento Nacional del Trabajo (Campione, 2003: 129). Al respecto, es necesario recordar que el área contó con la jefatura política de Perón desde noviembre de 1943 hasta octubre de 1945. La continuidad sostuvo el proceso de transformación. Por el contrario, la discontinuidad reinó en el aparato educativo estatal bonaerense que conservó –a diferencia del nacional–² los organismos de gobierno surgidos en el siglo XIX.

Armando Molla Villanueva: “Vosotras, como mujeres y como maestras, sois las reinas de la democracia”

Armando Molla Villanueva fue el primer director general de escuelas designado por la intervención nacional de Armando Verdaguer. Al asumir sus funciones el 28 de junio de 1943 reivindicó al expresidente Ricardo Ortiz y definió a su administración –junio de 1943 a enero de 1944– como la continuación de su desempeño en la DGE durante la intervención nacional a cargo de Octavio R. Amadeo, que puso fin al gobierno de Manuel Fresco.³ De militancia “antipersonalista”, señaló como fundamentos de su política el respeto a la constitución y a la legislación educativa. Comprometió su quehacer con la eficiencia administrativa, condenó la que denominó “burocracia excesiva” y afirmó el cumplimiento estricto de la ley 4.675, para determinar los ascensos y traslados de los docentes. En su discurso prometió reconocimientos a los “buenos maestros, a los maestros dignos, que acaso no buscan o no quieren padrinazgos políticos” y represión enérgica para las faltas graves y el incumplimiento del deber.⁴ Acorde con la preocupación por la eficiencia administrativa, la cuestión presupuestaria ocupó un lugar de relevancia; de esta, como luego se verá, surgió la ocupación del numeroso plantel docente en la atención del primer grado inferior, creación que propuso su gestión.

“Despolitizar” el sistema educativo, anulando las redes de padrinazgo político, era para Molla Villanueva la clave de su gestión, que proponía como consiga el aséptico lema “decencia, orden y trabajo”. Su compromiso con la Revolución de Junio era explícito e irrestricto: “Estamos aquí como consecuencia de un movimiento realizado para salvar los destinos del país”, escribía en las páginas de la Revista de Educación.⁵

Su re...

Índice

• Cubierta
• Acerca de este libro
• Portada
• Índice
• Dedicatoria
• Agradecimientos
• Prólogo, por Carolina Barry
• Introducción
• Capítulo 1. La Revolución de Junio en la educación de Buenos Aires
• Anexo. Autoridades provinciales y educativas 1943-1946
• Capítulo 2. La condición docente en los prolegómenos del peronismo
• Capítulo 3. Alejandro Greca, un militante “radical” (1946-1947)
• Capítulo 4. Estanislao Maldones: “el cristianismo práctico” (1947-1949)
• Capítulo 5. La Constitución provincial de 1949, la cuestión de la enseñanza religiosa y la creación del Ministerio de Educación
• Capítulo 6. Julio César Avanza, el Ministerio y la “catolización” de la educación
• Consideraciones finales
• Bibliografía
• Anexo
• Créditos