Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)

Elizabeth Lira Kornfeld, Brian Loveman

• Editorial: LOM Ediciones
• Año: 2021
• ISBN del libro electrónico: 9789560013767
• Categoría: Historia
• Categoría: Historia del mundo

La verdad judicial que resulta de los casos aquí estudiados, permite reconsiderar la historia oficial y ofrecer una visión distinta, y a veces sorprendente, sobre algunos acontecimientos críticos de la historia nacional.

Capítulo XIII
Por la escoba o por la espada:
«La Defensa de la Democracia», 1952-1955

Cronología

1952

31 octubre	Dictación ley 10.957 de amnistía.
3 noviembre	Asume la presidencia Carlos Ibáñez del Campo.

1953

5 febrero	Ley 11.151 de facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública.
12-16 febrero	Se constituye Central Única de Trabajadores de Chile (CUT). Juan Domingo Perón, Presidente de la República Argentina, visita Chile.
4 marzo	Elecciones parlamentarias.
17 junio	Huelga ilegal y ocupación obrera de industria textil Sumar; procesos contra dirigentes sindicales.
23 julio	DFL 244, establece Salario Mínimo Agrícola.
31 julio	DFL 245. Establece la asignación familiar en favor de los obreros imponentes del Servicio de Seguro Social.
23 septiembre	Decreto 3.303. Declara zona de emergencia la provincia de Antofagasta.
octubre	Partido Socialista Popular se retira del Gobierno.
2 noviembre	Sentencia de la Corte Suprema en el proceso por injurias contra el director de La Unión de Valparaíso y proceso de desafuero de diputados y senadores del Partido Radical.
18 noviembre	Se declara zona de emergencia la provincia de Santiago y los departamentos de Valparaíso, Quillota, Concepción, Coronel, Yumbel, Tomé y Talcahuano.
1 diciembre	Paro de advertencia por campesinos en Molina y Lontué.
2 diciembre	Huelga campesina en las viñas de Molina y Lontué.

1954

8 abril	Proceso de desafuero del senador Salvador Allende Gossens.
3 mayo	Denuncia contra Clotario Blest por injurias al Primer Mandatario.
17 mayo	Primer paro general de la CUT, en solidaridad con su presidente Clotario Blest.
mayo-julio	Ola de huelgas en la minería, empleados públicos, transportes y comercio; conspiración de Línea Recta; rumores de autogolpe de Estado.
6 julio	Paro general de 24 horas protestando por encarcelamiento de Clotario Blest y solicitando amnistía para dirigentes sindicales presos, relegados y procesados.
10 julio	Ibáñez propone reformas constitucionales con el fin del «completo restablecimiento del régimen presidencial».
septiembre	Huelgas en El Teniente, Potrerillos; huelgas de profesores, empleados bancarios y otros.
10 septiembre	Zona de emergencia declarada en varias provincias, incluyendo Santiago.
13 septiembre	Presidente pide facultades extraordinarias al Congreso para enfrentar la «descomposición moral del país».
20 septiembre	Presidente declara estado de sitio por 6 meses.
21 septiembre	Decreto 3.713 extiende estado de sitio a la provincia de Concepción.
28 sep.- 23 dic.	Debates en las Cámaras y Comisión Mixta sobre estado de sitio. Se comunica al Ejecutivo el rechazo del estado de sitio decretado el 20 y 21 de septiembre.
4 octubre	Se publica la ley 11.625: «Fija disposiciones sobre los estados antisociales y establece medidas de seguridad que indica».
8 octubre	Desafuero del diputado Ernesto Araneda Rocha.
9 noviembre	Sentencia de la Corte Suprema, estado de sitio subsiste después de la reapertura del Congreso mientras este lo considere como «proposición de ley».
22 diciembre	Congreso rechaza continuación del estado de sitio. Acusación constitucional contra ministro del Interior Arturo Olavarría.

1955

4 enero	Ibáñez reconoce término de estado de sitio. Se archiva la acusación constitucional contra ministro del Interior.
5 mayo	Ley 11. 828 de «Nuevo Trato» empresas cupríferas de la Gran Minería. Paro general declarado por la CUT. Procesos judiciales contra huelguistas.
24 mayo	Ley 11.773 de amnistía publicada en Diario Oficial.
20 diciembre	Fallo de Corte Marcial por el caso de Línea Recta.

La sesión inaugural del año judicial de 1952 fue presidida por el ministro Gregorio Schepeler, presidente de la Corte Suprema. Como era habitual, la sesión estuvo dedicada a informar sobre el trabajo de la institución en el año precedente y las necesidades del Poder Judicial. Tal como se había señalado en años anteriores, se hizo referencia a las causas del atraso de los juicios en la Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones, mencionando que el número de funcionarios era escaso para completar oportunamente las tareas encomendadas. En esta ocasión se destacó especialmente que los procesos por desafuero de miembros del Congreso eran un trabajo adicional. Se dijo que anteriormente los desafueros se resolvían en la Cámara y que desde «hace 25 años se resuelven en las Cortes de Apelaciones, con recurso de alzada a la Corte Suprema [...]. Que si bien no ocupa mucho tiempo, causa preocupaciones y sinsabores y es del todo extraño a la función judicial, ya que siempre había sido parlamentario». Tomado literalmente, el informe del presidente de la Corte Suprema parecía una petición de reforma constitucional, para volver a tiempos más «puros» (¿la Constitución de 1833?) y menos «políticos» para el Poder Judicial¹⁹⁰⁹.

En su discurso, el ministro Schepeler recalcó que «el fallo de los tribunales se encuentra entre dos extremos de gravísimas consecuencias» debido a que la ley proporcionaba pocos elementos a los tribunales para decidir con conocimiento de causa¹⁹¹⁰. La mención de este tema sería premonitoria. Los desafueros continuarían durante los años siguientes recayendo la responsabilidad de su resolución sobre los tribunales, tal como estaba dispuesto en la Constitución de 1925, reflejando las tensiones políticas, pero también la fiscalización legal del comportamiento de los parlamentarios en distintos ámbitos.

Hacia el final de su discurso, el presidente de la Corte Suprema se refirió a la independencia del Poder Judicial, la cual consideraba cimentada. Asimismo, señaló que ni los gobiernos de fuerza de 1924 y 1932 habían atentado contra ella, o no habían tenido éxito en esos intentos, con excepción de «la laguna de abril de 1927, pero fue durante un gobierno constitucional y se le dio aspecto legal»¹⁹¹¹. Definió la independencia «como se ha entendido clásicamente»,

que el juez al juzgar no tiene más norma rectora que la ley y que esto no es un privilegio establecido en su beneficio sino del pueblo en general que recurre a los tribunales o es llamado a ellos, es así un sólido baluarte de la libertad individual. En verdad, no es un signo de la separación absoluta de los tres poderes del Estado, generalmente aceptados y que en la práctica no existe, ya que cada uno tiene ramificaciones en los otros: el poder legislativo determina los sueldos judiciales y puede mandar procesar a los miembros superiores de los tribunales de justicia; el Presidente de la República nombra a los jueces, les concede licencias y jubilaciones y dispone de los locales en que funcionan; los magistrados pueden declarar el desafuero de un parlamentario o la inaplicabilidad de una ley contraria a la Constitución, pero en el conjunto hay armonía¹⁹¹².

Para Schepeler, debía existir coordinación entre los distintos poderes del Estado. Agregó que el punto más crítico era precisamente la fijación de los salarios de los jueces y que para consagrar la independencia judicial se requería que se aseguraran sus remuneraciones por mandato constitucional¹⁹¹³. Estos temas volverían a ser planteados en la inauguración del año judicial en los años siguientes.

El presidente Gabriel González Vide...

Índice

• Portada
• Título
• Créditos
• Índice
• Agradecimientos
• Prefacio
• Introducción
• Capítulo I Dictadura constitucional y la «Segunda anarquía», 1925-1931
• Capítulo II Tribunales y caos político, 1931-32
• Capítulo III Legado de los Gobiernos de Facto
• Capítulo IV Propiedad Austral y los sucesos de Lonquimay
• Capítulo V Democracia chilena
• Capítulo VI Alessandri y el Poder Judicial, 1936-1938
• Capítulo VII Frente Popular: impunidad y gobernabilidad
• Capítulo VIII «Ariostazo» y anticomunismo, 1939-1941
• Capítulo IX Zonas de emergencia y conflictos sociales 1942-1946
• Capítulo X El peligro rojo y la huelga del carbón, 1947-1948
• Capítulo XI Facultades extraordinarias y Ley de Defensa Permanente de la Democracia
• Capítulo XII De la «Revolución de la Chaucha» al «Complot de Colliguay», 1949-1952
• Capítulo XIII Por la escoba o por la espada: «La Defensa de la Democracia», 1952-1955
• Capítulo XIV Huelgas, estados de sitio y acusaciones constitucionales, 1955-1957
• Capítulo XV Seguridad del Estado y Reforma Institucional
• Epílogo
• Referencias
• Colofón