Memorias de la guerra: repertorios de violencia y afectaciones a la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra
Johana Linares García y Juan C. Aceros
Introducción
El valle del río Cimitarra (VRC) es una región caracterizada por su gran riqueza natural. Sin embargo, ha sido considerada históricamente por las élites colombianas como no nación, como fuente de amenazas rebeldes, como un obstáculo para los proyectos de desarrollo planteados desde la política nacional (Serje, 2006). Esto ha llevado a que se desencadene la violencia armada en el territorio como estrategia de control, mediante la ocupación militar y la acción paramilitar para enfrentar a las guerrillas que circulaban por esta vasta zona y, a su vez, sobre la población civil que allí habita, con el ánimo de instaurar el proyecto neoliberal (De Zubiría, 2015; Valencia y Romero, 2007; Velásquez, 2007). Como resultado de esta situación, la población del VRC ha experimentado distintos procesos y situaciones de victimización.
Para Velásquez (2007), en general, las formas de victimización responden en gran medida a la violencia desplegada por agentes del Estado contra quienes desafiaban sus formas de control y dominación. Dichas violencias, propias del conflicto armado colombiano, se inscriben en el ámbito político y son multicausales, cuestión que determina su complejidad (Cancimance, 2013; De Zubiría, 2015). Aquí nos referiremos a ellas bajo la denominación de ‘repertorios de violencia’. Este concepto se utiliza para dar cuenta de los patrones de actuación que exhiben los grupos armados en el marco de un conflicto. Se refiere al subconjunto de prácticas violentas que los grupos armados llevan a cabo con regularidad en sus interacciones con otros actores políticos o sociales (Wood, 2010). Los repertorios de violencia pueden variar entre un grupo armado y otro y pueden incluir la práctica rutinaria del asesinato, la tortura, los secuestros, las violaciones y otras formas de violencia (Wood, 2012).
En el valle del río Cimitarra han sido denunciados actos violentos como «las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones forzadas, las violencias sexuales, el desplazamiento forzado de población, la destrucción de bienes y viviendas y despojo de tierras» (Vega, 2011, p. 84). Los mismos forman parte de patrones de coacción empleados estratégicamente por los actores armados para vencer la resistencia de otros grupos y alcanzar control territorial (Moreno, 2012). En la región, las víctimas recurrentes han sido campesinos, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales, como es el caso de la ACVC.
Inevitablemente, las acciones perpetradas por los actores armados ocasionan daños a distintos niveles. Como es de esperarse, se asocian a «repertorios de experiencias traumáticas» (Suárez, 2008) que fracturan al individuo que los experimenta en carne propia. Además, impactan negativamente su entorno familiar, comunitario y organizativo, razón por la cual su recuerdo permanece en la memoria de los actores individuales y colectivos locales. Sin embargo, no es infrecuente que los daños colectivos pasen desapercibidos y no sean tomados en consideración. En efecto, en el ámbito jurídico, un daño se entiende como el detrimento que se causa a un objeto material cuyo perjuicio es la afectación que sufre el dueño del objeto por su destrucción o menoscabo, ante lo cual se genera una obligación de resarcir y reparar sus consecuencias, ya sean económicas, físicas o psicológicas (Velásquez, 2013). Se trata entonces de una comprensión limitada que deja de lado las afectaciones en el proyecto de vida comunitario y desconoce el sufrimiento como una experiencia social (Kleinman y Klienman, 2006).
El sufrimiento social se acentúa especialmente cuando se da en contra de un sujeto colectivo como la ACVC. Actor que es reconocido por las comunidades como un agente que representa el «nosotros», algo que va más allá de la suma de individuos organizados, cuyo fin se centra en ampliar la lucha en el territorio mediante el cuestionamiento social a los fundamentos del sistema dominante y la búsqueda de un proyecto de desarrollo alternativo (Sánchez, 2013).
El presente capítulo da cuenta de los repertorios de violencia sistemática que fueron perpetuadas en el valle del río Cimitarra en las décadas más recientes, particularmente aquellos patrones coercitivos que, desde la perspectiva de los habitantes locales, se han orientado hacia la aniquilación directa del proceso de organización campesina conocido como la ACVC. Asimismo, presenta los daños y afectaciones materiales, ambientales, físicas, emocionales, políticas y al proyecto de vida comunitario propuesto por la organización, producto de la violencia desplegada en el territorio contra los campesinos, sus líderes y proyectos comunitarios. Finalmente, se exponen las medidas de reparación colectiva propuestas desde cada una de las seccionales de la Asociación (media, nordeste antioqueño y sur de Bolívar), como un aporte al largo proceso de reparación integral colectiva, acorde a los hechos más recurrentes en los territorios.
Los hechos, daños y medidas de reparación presentados a continuación son parte de un proceso de construcción de memoria histórica (ver Introducción). Por tanto, este capítulo da cuenta de las acciones que permanecen en el recuerdo de líderes y campesinos de la región; recuerdo que ha sido reconstruido a partir de entrevistas y talleres sobre los hechos ocurridos en el VRC desde el surgimiento de la ACVC, en 1996. De esta manera, más allá de tener pretensiones históricas, las siguientes páginas se concentran en dar cuenta de los acontecimientos que modificaron la existencia de los sujetos, tal como ellos dicen haberlos experimentado. Tales acontecimientos se comparten y reafirman en las narraciones conjuntas que, aunque permiten ser situados en el tiempo, este suele ser difuso en el recuerdo (Halbwachs, 1995).
Repertorios de violencia desplegados en el VRC
El VRC es un territorio en disputa debido a su gran riqueza natural y a su posición geoestratégica, en el centro del Magdalena Medio, al sur de la Serranía de San Lucas. El proceso de poblamiento de esta zona se ha dado, entre otras cosas, a causa a la violencia armada que generó desplazamientos hacia el interior del territorio, a las economías extractivas de pequeña y gran escala, a la expansión del latifundio y el monocultivo, así como al desarrollo de economías ilegales (Narváez, 2018). Esta última situación, sumada a la casi total ausencia del Estado y al poder político y militar de las guerrillas, han atravesado la vida cotidiana en la región.
Tras la crisis económica del país de finales de los noventa y la ruptura de los diálogos de paz con las FARC-EP, en el periodo del presidente Andrés Pastrana, se estableció en la zona un nuevo ordenamiento político caracterizado por una intensa violencia estatal (Mantilla, 2012) acompañada por un proceso de paramilitarización en el VRC: la entrada en escena de grupos contrainsurgentes, no oficiales, que buscaban debilitar a la guerrilla y los grupos políticos de izquierda, a través de la acción bélica irregular. ...