100 años de periodismo en el Perú

Tomo II: 1949-2000

María Mendoza Michilot

• Editorial: Universidad de Lima
• Año: 2017
• ISBN del libro electrónico: 9788740406498
• Categoría: Filología
• Categoría: Investigación y metodología de las ciencias sociales

Esta investigación es el registro de lo que la prensa escrita limeña y sus directivos y periodistas testimoniaron sobre los hechos que hicieron noticia en el Perú y el mundo entre 1900 y el 2000. En sus dos tomos, esta historia del periodismo intenta responder a interrogantes tan complejas como si este es plural o si sirve a determinados intereses políticos, o cuánto valora el interés público.

Capítulo 7

De la toma de los diarios a la lucha por la democracia

La historia del periodismo está llena de cierres parciales y clausuras. Esa es una verdad incuestionable. Pero la toma de los medios de comunicación por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado fue una medida extrema: a diferencia de censuras anteriores se prolongó por seis años y afectó a toda la prensa limeña. Los militares que gobernaron el país entre 1968 y 1980 no presidieron una junta militar similar a las del pasado. Fue “una revolución institucional”, dijo en una entrevista radial, a fines del año 2011, el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de la República durante la llamada segunda fase (1975-1980).

Doce años estuvo el régimen en el poder. Casi a la mitad de ese interregno tomó la drástica medida contra los diarios de circulación nacional y poco después, agobiado por una crisis económica y social, abortaba el proyecto revolucionario. Morales Bermúdez empieza a preparar una retirada decorosa de sus colegas de armas a sus cuarteles, admite que la citada confiscación —reconocida erróneamente en leyes y normas como expropiación— fue uno de los más serios errores y abre el camino a una Asamblea Constituyente (1978-1979), que redactó una nueva Constitución Política del Estado. Al entrar esta en vigencia se reparó el grave daño restituyendo los medios a sus propietarios.

El retorno de la democracia trajo consigo una serie de acontecimientos, entre los que destacó la aparición de nuevas publicaciones, editadas en su mayoría por los periodistas que durante el gobierno militar asumieron la dirección de los medios expropiados. Pero el estallido del terrorismo, que deambulaba desde hacía tiempo en el país y bajo el conocimiento de autoridades responsables de la toma de decisiones, marcó la década del ochenta como un fenómeno doloroso que arrastró también a la prensa peruana.

1. Génesis y final de la confiscación de los diarios

La ruptura del orden institucional el 3 de octubre de 1968 por un grupo de militares sorprendió, por sus nuevas características, a los partidos más importantes del país, que permanecieron inactivos sin saber cómo enfrentar la nueva situación o con temor a la deportación de sus dirigentes. Algunas agrupaciones políticas pequeñas pusieron sus cuadros al servicio del régimen, así como ciertos grupos de izquierda.

El Perú vivía en medio de una atmósfera enrarecida por las acusaciones de corrupción atribuidas a la administración del presidente Fernando Belaunde Terry, lo que explica la indiferencia inicial de la población ante el nuevo gobierno que presidió el general Juan Velasco y algunas de sus primeras medidas: el cierre del Congreso de la República y la creación del Consejo Nacional de Justicia, que nombraba magistrados y asumía responsabilidades en materia disciplinaria e iniciativas legislativas, lo cual violentó la autonomía del Poder Judicial.

El nuevo orden se regía por el Estatuto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (Decreto Ley 17063), que dejó de lado la vigente Constitución Política del Estado de 1933. Los militares no presidieron una junta militar similar a las del pasado, sino una revolución orientada a sustituir el sistema político, económico y social imperante en defensa de las grandes mayorías, como aseguró el general Velasco en su mensaje a la nación en ocasión del primer aniversario de la revolución, el 3 de octubre de 1969 (Contreras y Cueto 2004: 327).

En concordancia con ese modelo, el régimen confiscó —el 27 de julio de 1974— los medios de comunicación. Un decreto ley puso fin al libre ejercicio de la libertad de expresión y de empresa, bajo un modelo que los ideólogos de la revolución defendieron como la panacea. En la práctica, la toma de los medios fue una decisión planificada para controlarlos, que se consumó luego de una serie de acciones previas y en consonancia con los parámetros del régimen de facto.

La arbitraria medida se produjo a menos de tres meses de cumplirse el quinto aniversario del proceso revolucionario. ¿Por qué demoró tanto el gobierno en tomar los diarios? Una pregunta de difícil respuesta, aunque a la luz de algunos documentos se podría afirmar que la idea estuvo presente desde el inicio en quienes conducían el país; si no en todos, sí en la mayoría de ellos.

Esa apreciación se sustenta en las continuas y sistemáticas críticas contra la prensa que lanzó desde los primeros meses de instaurado el régimen, como quien prepara el camino para el zarpazo. La confiscación representó la más radical de las políticas y, por lo tanto, estableció el punto más bajo en la siempre difícil relación entre prensa y poder político.

La medida se produjo en un contexto conflictivo para la comunicación mundial. Se cuestionaba la libre circulación informativa porque creaba desigualdades en perjuicio de los países del Tercer Mundo (Timoteo 1992: 126). Casi un año antes, en setiembre de 1973, durante la IV Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados realizada en Argel, se había colocado “la primera piedra” en el debate del llamado nuevo orden de la información. En esa conferencia se afirmó que:

[…] los países en vías de desarrollo deberían tomar medidas concertadas en el terreno de la comunicación masiva tendentes a promover un mayor intercambio de ideas entre ellos, para lo cual deberían:

Reorganizar los métodos de comunicación existentes, que son herencia del pasado colonial y que frenan una comunicación libre, directa y rápida entre ellos.

a. Iniciar una acción encaminada a revisar los acuerdos multilaterales vigentes, con vistas a cambiar los precios de la información cablegráfica y a facilitar una comunicación mutua más rápida y barata.

b. Dar con urgencia pasos dirigidos a acelerar el proceso de colectivización de los satélites de la comunicación y a elaborar un código que rija su uso; y

c. Promover contactos mutuos crecientes entre medios de comunicación masiva, universidades, bibliotecas, organismos de planificación e investigación y otras instituciones, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias, ideas y tecnologías entre los países en vías de desarrollo.

Aparte de estas líneas de acción […] se insistió en la conveniencia de combatir la alienación cultural y la civilización importada, impuestas por el imperialismo y el colonialismo, sobre la base de acentuar la identidad nacional y de infundir en el pueblo un conjunto de valores orientados a imbuirle la idea de que constituye un pueblo soberano (López-Escobar 1978: 304-305).

1.1 El periodismo y la revolución

Un documento titulado “La Revolución Nacional Peruana”, editado por el Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República (COAP),¹ recopila citas de discursos pronunciados por el presidente de la República, general Juan Velasco, en diferentes oportunidades, en el lapso comprendido entre el 3 de octubre de 1968 y el 3 de octubre de 1972. El punto 15, cuyo título es “El periodismo y la revolución”, contiene amenazas y anuncia entre líneas el destino inevitable que esperaba a los diarios de circulación nacional (COAP 1972: 159-166).

He aquí algunas citas (las cursivas son nuestras):

15.01

La gran mayoría de los medios de información no ve con simpatía los cambios revolucionarios que la Fuerza Armada está llevando a cabo. Y esto porque los intereses económicos y políticos de sus propietarios parecen en unos casos coincidir con los de los grupos antirrevolucionarios y, en otros, son los mismos intereses de la oligarquía los que se hallan en juego.

(Manifestación en Tacna, 1 de octubre de1971) (1972: 159).

15.02

El confusionismo que tratan de crear los órganos de prensa de la ultra-derecha conservadora no se circunscribe al ocultamiento y a la distorsión de las posiciones políticas de la Revolución Peruana.

Idéntico propósito se manifiesta en la tergiversación y en el falseamiento de las declaraciones públicas emitidas por los miembros del Gobierno Revolucionario. Nuestros enemigos usan y abusan de una libertad de prensa que jamás hemos cuestionado, pero cuyo respeto no puede llevarnos a ignorar su constante pisoteamiento por parte de quienes, justamente, hablan en su defensa. Se viola la libertad de prensa cuando las empresas periodísticas de propiedad familiar o de grupos económicos imponen una política periodística basada en la sistemática distorsión de lo que ocurre en el país. La verdadera libertad de prensa es inseparable del sentido de responsabilidad que deben tener quienes de ella hacen uso.

Propalar mentiras y ocultar deliberadamente los hechos de la realidad, constituye una burla flagrante de aquella libertad.

(Clausura del año académico del Centro de Altos Estudios Militares y de las escuelas de guerra, 22 de diciembre de 1971) (1972: 160).

15.03

Los periódicos reaccionarios han desatado una intensa campaña contra el Gobierno de la Fuerza Armada. ¿Qué son esos periódicos? ¿Son, como ellos dicen, órganos de expresión, voceros de la opinión pública? ¡No! Son solo propiedad e instrumento de familias y círculos económicos de la oligarquía arrojada del poder. No representan ni los intereses, ni el pensamiento, ni los deseos del pueblo peruano […].

(Segundo aniversario de la revolución, 3 de octubre de 1970) (1972: 160-162).

15.04

Los periódicos reaccionarios constantemente publican, con insidia y por paga, la especie irresponsable de que este gobierno tiene asesores y consejeros comunistas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué no identifican públicamente a esos supuestos asesores y consejeros comunistas del gobierno? No solo es por cobardía. Es también porque saben que es una gran mentira, una vil y cotizable calumnia de alquilados.

(Manifestación de los licenciados de la Fuerza Armada del Perú, 21 de abril de 1970) (1972: 162).

15.07

Los órganos periodísticos de familias o grupos económicos han sido siempre utilizados en el Perú principalmente como instrumentos de presión y de poder políticos. En el pasado fueron capaces de hundir o de encumbrar hombres públicos. Esto fue posible bajo la égida de gobiernos entreguistas, conservadores y timoratos. Los propietarios de esos órganos de expresión familiar y de grupo, aún no comprenden que su opinión interesada ya no puede tener en el Perú de hoy ni siquiera un peso lejanamente comparable al que tuvo cuando nuestro país vivía bajo el oprobio de los regímenes que gobernaron a espaldas de la nación.

Pueden seguir, por tanto, deslizando en sus críticas, mentiras y calumnias; pueden seguir falseando la verdad y ocultando los hechos; pueden seguir destilando veneno e insidia, costumbre en la que son maestros insuperados o insuperables; pueden seguir tratando vanamente de sembrar cizaña y rivalidad entre los hombres del gobierno; pueden seguir tratando, también en vano, de estimular la división en nuestra Fuerza Armada; y pueden finalmente continuar en el pueril intento de separar a los militares revolucionarios de los civiles revolucionarios.

Pero nada podrán lograr. Su época ha pasado, irremediablemente. Carecen de toda posibilidad de volver a influir sobre el gobierno o sobre el país. Pero si esto no fuera suficiente para persuadirlos de que no deben confundir su legítimo derecho a la discrepancia y a la crítica de nuestra revolución, con la práctica de una verdadera delincuencia moral y periodística, entonces deben saber que nuestra paciencia y la del Perú tienen un límite.

(Clausura del año académico del Centro de Altos Estudios Militares y de las escuelas de guerra, 22 de diciembre de 1971) (1972: 164-165).

1.1.1 Una medida anunciada

Las amenazas contra los medios de comunicación vinieron acompañadas de acciones de control que el régimen puso en marcha progresivamente.

Independientemente de los escándalos en los cuales se vio inmerso el gobierno de Belaunde Terry en agosto y septiembre de 1968, la prensa condenó el golpe de Estado y el derrocamiento de un presidente legítimamente elegido.

La Prensa y Última Hora estaban a favor de la inversión de la International Petroleum Company (IPC) y minimizaban la firma de un nuevo contrato con la transnacional estadounidense, así como el escándalo que suscitó la pérdida de la “página once”, denunciada por el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), Carlos Loret de Mola.

El Comercio cuestionó con firmeza la interrupción del orden constitucional, pero consideró que la expropiación de La Brea y Pariñas era necesaria por lo que significaba: la recuperación del petróleo frente a intereses lesivos para el país, una propuesta que sustentó en una larga campaña librada casi en solitario. Expreso y Extra fueron más críticos con el régimen militar, reseñó Manuel d’Ornellas en una entrevista con Augusto Álvarez Rodrich:

Un mes después, luego de mucha presión por parte de la SIP, nos reabrieron. Luego, en marzo del 70, la cosa se puso completamente insostenible porque golpeábamos fuerte… y éramos los únicos que lo hacíamos. Los otros periódicos estaban todavía bajo una especie de “operación-seducción” a Velasco. La Prensa, por ejemplo, pensaba que podía convencer a Velasco de que se convirtiera en un liberal y, por lo tanto, no lo hostilizaba. Y en El Comercio, don Luis Miró Quesada estaba subyugado por Velasco porque era nacionalista en materia petrolera, y esa era, precisamente, la gran bandera de don Luis. Esa actitud se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1969, cuando salió el Estatuto de Prensa, y allí se volteó El Comercio (Álvarez Rodrich 2000: 46).

Ante estas posiciones, mayoritariamente en contra, la reacción del gobierno de facto no demoró: el 31 de octubre de 1968 ordenó la clausura, por quince días, y el allanamiento de Expreso y Extra, de Radio ...

Índice

• Portada
• Portadilla
• Derechos de Autor
• Índice
• Introducción
• Capítulo 6. El costoso afianzamiento del Estado
• Capítulo 7. De la toma de los diarios a la lucha por la democracia
• Capítulo 8. Nuevas perspectivas y nefasto retroceso
• Capítulo 9. Rumbo a la modernidad
• Bibliografía
• Anexo