Habitar digno y Nueva Constitución

Valentina Saavedra Meléndez, Fernando Toro Cano, Carlos Lange Valdés, Fernando Toro Cano, Carlos Lange Valdés

• Editorial: LOM Ediciones
• Año: 2022
• ISBN del libro electrónico:
  9789560014856
• Categoría: Design
• Categoría: Design General

El proceso constituyente es una oportunidad histórica para que el hábitat, lxs habitantes y la relación social con el territorio se hagan parte, en pos de la sostenibilidad de un hábitat que refleje la dignidad de todxs.

Una Constitución para un nuevo habitar

Agua, territorio y medioambiente: ejes constituyentes para transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo

Rodrigo Mundaca Cabrera44 y Rodrigo Faúndez Vergara45

Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra
y la protección del Medioambiente (Modatima)

En el presente artículo nos proponemos establecer algunos ejes que consideramos claves para terminar con el régimen mercantil del agua, el medioambiente y el territorio que permitan transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo en Chile. Los apuntes que ponemos a disposición son el reflejo de una reflexión colectiva, nutrida de nuestra experiencia de organización y movilización social en el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (Modatima), el cual nació al calor de la emergencia de una diversidad y multiplicidad de movimientos y actorías sociales en la última década del Chile neoliberal.

El modelo de desarrollo y las bases de la desigualdad

Una de las causas principales del estallido social sucedido en 2019 en el país se relaciona con las desigualdades y abusos propios del modelo de desarrollo vigente en el Chile neoliberal46. Un modelo de desarrollo rentista47, que se basa en la explotación intensiva de la naturaleza para la exportación de materias primas con baja agregación de valor destinadas a los mercados de Estados Unidos, China y Europa principalmente48.

El mercado predomina en las relaciones socioecológicas, subordinando las políticas, regulaciones y la justicia ambiental al interés privado. El denominado consenso de los commodities49 asienta su lógica en un condicionamiento global que ha vuelto a los países en desarrollo intensamente dependientes de las economías desarrolladas.

La posición que deja a nuestros países este particular tipo de capitalismo es de profunda desigualdad, ya que los grupos económicos más relevantes de estos sectores productivos son aquellos que concentran, a su vez, la riqueza. A modo de ejemplo, el 75,5% de la riqueza cotizada forzosamente por las y los trabajadores del país en los fondos de pensiones (AFP) es invertida en sectores tales como agronegocio, minería, hidrocarburos y monocultivos50.

La concentración de las actividades extractivistas ha permitido la conformación de poderosos grupos económicos –mineros, agrícolas, pesqueros y/o forestales–51, que han incidido sobre múltiples ámbitos de la política y la legislación, cuestión que explica, de cierta manera, la fragilidad de la regulación e institucionalidad ambiental de Chile.

El marco regulatorio y la institucionalidad ambiental tienen una serie de debilidades y contradicciones que son concomitantes con el amplio poder otorgado a los privados sobre las decisiones que afectan los territorios. La actual legislación les otorga un amplio marco de interpretación a los tribunales y no es suficientemente estricta en este sentido, entregando al comité de ministros o, en última instancia, al presidente/a de la República la potestad de decidir sobre un determinado proyecto de inversión52.

Junto con lo anterior, en la última década la institucionalidad ambiental no ha sido capaz de procesar la alta carga de conflictividad socioterritorial que generan cientos de proyectos extractivos en diversos territorios del país53.

La mercantilización anclada en la arquitectura constitucional y legislativa

Chile se ha caracterizado por tener una tradición constitu-cional conservadora, que ha posibilitado la construcción de un Estado unitario centralista, que concentra el poder y sienta las bases de la acumulación del capital en los grupos más poderosos del país, radicados mayoritariamente en Santiago.

La Constitución Política de 1980 sostiene una serie de principios y definiciones que ponen en su centro una visión economicista y propietarista, derivada de la doctrina neoclásica de Hayek y Mises, que otorga al Estado un rol subsidiario y consigna sólo derechos en términos individuales, omitiendo la posibilidad de que el Estado garantice derechos colectivos. Los múltiples articulados que conforman el corpus doctrinario y orgánico de la Constitución vigente se complementan con la serie de legislaciones y amarres que han permitido que esta norma y el modelo heredado de la dictadura no se haya transformado en todas estas décadas, sino que haya sido profundizado54 (Atria et al. 2014).

Uno de los ejemplos que reflejan nítidamente las diversas características de la mercantilización es la privatización del agua. Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas en sus fuentes y su gestión. La Constitución Política de 1980 declaró el derecho de aprovechamiento de aguas como un derecho de propiedad (art.19 numeral 24). Es justamente este fenómeno el que ha sido objeto de cuestionamiento desde la sociedad civil y que, a su vez, ha sido severamente defendido por el gran empresariado
nacional (Mundaca 2020, 21). De este modelo hídrico resultan las innumerables injusticias que atraviesan múltiples comunidades rurales y urbanas del país que no cuentan con acceso al agua potable55.

Ejes constituyentes para un nuevo
modelo de desarrollo

Con lo relatado en los párrafos precedentes queda en evidencia que transformar el modelo de desarrollo no pasa solamente por la acción de un gobierno ni del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Reorientar el rumbo estratégico del país pasa por transformar los pilares en los que se asienta dicho modelo; esto es, la Constitución Política, la arquitectura legislativa, la institucionalidad y la organización del territorio. A continuación, sugerimos tres ejes clave para la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.

a. Estado, Mercado y Propiedad

El primer ámbito para comenzar una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que enfrente los desafíos que impone el siglo XXI pasa por cambiar el sentido de tres aspectos elementales de la vida social: el carácter del Estado, el rol del mercado y el de la propiedad.

El carácter del Estado debe estar orientado por una perspectiva solidaria, plurinacional y de derechos sobre la vida social, que asegure la igualdad de género en el plano económico, institucional, político y cultural. Esto significa que se deben garantizar los derechos sociales y ambientales por sobre los negocios. Que el Estado pase a ser un agente activo de una economía sustentable, que agregue valor, diversifique la matriz productiva, con investigación e innovación, e invierta en los territorios, las comunidades y en actividades económicas sostenibles.

A su vez, es preciso transformar la visión propietarista consignada en la Constitución –que superpone el derecho de propiedad sobre otro tipo de derechos fundamentales–, por lo que bienes no corporales, como el derecho de aprovechamiento de agua, no pueden considerarse como propiedad.

Al mismo tiempo, se debe limitar el derecho de propiedad toda vez que afecte a los derechos políticos, sociales, económicos, culturales o ambientales, ya que a la fecha solo el código civil y ciertas leyes ponen límites al derecho de propiedad.

Finalmente, se deben reconocer otras formas de propiedad, superando este enfoque acotado estrictamente a la propiedad privada. Podrán ampliarse otras formas de propiedad no privada, tales como la propiedad estatal o la propiedad comunitaria, de tal forma de sentar las bases de la gestión colectiva de bienes comunes, tales como los ríos, mares, bosques o glaciares. Esto, además, puede abrir la posibilidad a que el Estado tenga un rol activo en la economía, en conjunto con la sociedad civil.

b. Derechos de la naturaleza, derecho humano al agua
y a un medioambiente sano

Un segundo ámbito tiene relación con cambiar el eje desde donde nos relacionamos con la naturaleza. La naturaleza tiene un valor intrínseco que a lo largo de la historia moderna de Occidente ha sido menospreciado, o bien, se la ha considerado como objeto de apropiación. La crisis climática global y las últimas décadas de intensificación del despojo socioambiental nos alerta que debemos fundar una nueva relación con la naturaleza.

Tal como lo consignan las constituciones de los pueblos de Bolivia y Ecuador, consideramos relevante consagrar los derechos de la naturaleza en la carta magna. Esta experiencia ha sido particularmente interesante en el caso colombiano, en que diversos ríos han sido declarados sujeto de derechos.

Por otro lado, en línea con el derecho internacional, apuntamos a consagrar constitucionalmente el derecho a un medioambiente sano, superando la redacción actual que menciona el derecho a «vivir en un ambiente libre de contaminación». Esto supone la obligación del Estado de asegurar el disfrute de un medioambiente seguro y sostenible, que no comprometa la vida de las generaciones presentes ni futuras.

En relación con el agua, será preciso que sea considerada como un derecho humano, un bien natural común y bien social de uso público, consagrando el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, tal como señala Naciones Unidas.

Asimismo, para que lo anterior tenga efectos prácticos, la regulación deberá considerar criterios ecológicos, de justicia y democracia en su gestión. Todas las especificaciones respecto de sus usos obligará a cambiar el código de aguas vigente, el cual contiene un marcado sesgo economicista.

c. Territorio y democracia

Un tercer ámbito tiene relación con la organización del territorio y la democracia.

La excesiva centralización económica y política que tiene el país merma la posibilidad de que las regiones y sus territorios tengan opciones de desarrollo propio. E...

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• Colección 18 de octubre
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• Una Constitución desde sus habitantes
• Una Constitución para un nuevo habitar
• El derecho a habitar más allá de una casa
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