Capítulo 12
Mario Bravo
Las unas y los otros
Mario Bravo fue, claramente un espíritu batallador. Durante las primeras décadas del siglo XX, formó parte del grupo de legisladores de vanguardia del Congreso de la Nación, que sostuvieron posiciones ideológicas controvertidas para la época, entre ellas el divorcio vincular, el sufragio femenino, la igualdad civil del hombre y de la mujer, la separación de la Iglesia del Estado y la educación común en todos sus niveles. Era una época de profundos cambios, tensionada entre, por un lado, sectores que promovían nuevos modelos de modernización y progreso, avanzando sobre una sociedad marcada por las estructuras y las costumbres coloniales, de fuerte raigambre tradicionalista y católica, por otro, que se resistía fuertemente al cambio.
La historiadora Mirta Z. Lobato afirma que, en Argentina, las prácticas discursivas feministas comenzaron a constituirse a partir fines del siglo XIX. Según esta historiadora, en un principio, fueron voces masculinas las que demandaron públicamente la igualdad social, civil y política de las mujeres, en tanto a éstas se les negaba el uso público de la palabra. Sin embargo, ya a finales del siglo XIX las mujeres iniciaron una verdadera campaña por el reclamo de sus derechos civiles y políticos, agenda que se consolidó más allá de partidismos con el liderazgo de los socialistas y en lo que hemos denominado «La agenda del centenario».
Sucintamente, reclamaban más y mejor calidad educativa, mejores condiciones laborales, defensa de la madre obrera, igualdad civil, abolición de la prostitución, reconocimiento legal para las obreras y los niños, igual trabajo por igual salario, salubridad laboral, derechos de ciudadanía y protección a las madres obreras, como los más relevantes. Si bien muchas de estas reivindicaciones se hicieron en el marco de las «políticas maternalistas» no cabe duda de que significaron un avance en los derechos de las mujeres respecto de sus roles tradicionales y de su total dependencia económica, civil y legal respecto de los varones, como numerosos juristas relevantes de la época, por ejemplo Rodolfo Rivarola, pusieron de manifiesto. Al mismo tiempo, las agendas de las incipientes organizaciones sindicales, si bien se consolidaron como espacios de sociabilidad política masculina, se vieron obligadas a incorporar problemas vinculados al trabajo femenino, sobre todo si constituían un peligro para la maternidad o para la moral. Numerosas agrupaciones femeninas impulsaron reclamos basados en la libertad y la igualdad alimentando demandas por derechos civiles y políticos.
En ese marco, en 1888 –con fuerte apoyo socialista, de la Unión Cívica, anarquistas y librepensadores–, el diputado por la provincia de Corrientes, Juan Balestra (1861-1938), abogado, presentó el primer proyecto de matrimonio civil que incluía el divorcio vincular, inspirado por el proyecto francés de ley de divorcio de 1884. Estableció siete causas para la disolución del vínculo matrimonial, que cualesquiera de los esposos podía invocar: adulterio, condena de uno de los esposos a una pena infamante; crimen de uno de los esposos contra el otro o injurias graves; locura incurable; abandono voluntario o malicioso de uno de los esposos por más de tres años; desarreglo escandaloso de costumbres, o ebriedad consuetudinaria, siempre por más de tres años; intento del uno de los cónyuges de prostituir a los hijos y/o convivencia en la prostitución. No fue aprobado; a decir verdad, ni la comisión correspondiente realizó el informe necesario para que pasara a la cámara.
En el año de 1902, se discutió otro proyecto de ley de divorcio vincular ahora por iniciativa del diputado por Buenos Aires Carlos Olivera (1858-1910), periodista, traductor y reconocido escritor de cuentos policiales. A las causas establecidas por el proyecto anterior, Olivera agregó la ausencia del país por más de tres años, enfermedades no compatibles con la vida conyugal, y redujo a tres meses el abandono voluntario y malicioso del hogar. Hubo un fuerte apoyo popular, sobre todo de las agrupaciones socialistas y feministas. Caras y Caretas, por ejemplo, dio cuenta de ello e –¿irónicamente?– informó, de paso, que la policía controlaba al público participante en la manifestación a fin de darles seguridad. El meeting de respaldo al proyecto de ley de divorcio del día 1 de septiembre de 1902, contó con numerosa presencia femenina –más de cincuenta mujeres– la mayoría adherentes al Socialismo, concentrándose en Plaza Lorea para arribar frente al Congreso Nacional. Según Caras y Caretas:
MANIFESTACION PRO LEY DE DIVORCIO
El lunes, poco después de las 2, quedó organizada la columna de manifestantes pro divorcio en la plaza Lorea y destacando a su frente un grupo de damas portadoras de banderas argentinas, se puso en marcha en dirección al congreso. Liberales de todos los matices formaban el núcleo, engrosado por considerable número de socialistas, en la esquina de la plaza Victoria. No sin algunas dificultades lograron llegar hasta el presidente Villanueva los doctores Alfredo J. y Carlos Palacios, el mayor Soto y algunos otros delegados de los manifestantes, mientras el señor Adrián Patroni desde un balcón de la cámara pronunciaba un ardoroso discurso tan largamente aplaudido como el del doctor Palacios.
Para que no hubiera dudas de la importancia de la manifestación, la revista adjuntó fotos en las que (de modo un tanto borroso) se ven las damas mencionadas en primera fila.
Ahora bien, por un lado, en el Congreso Monseñor Romero hizo su alocución en representación del Episcopado y se dirigió a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación iniciándola con palabras del Evangelio de San Mateo sobre la importancia de guardar «todo aquello que yo [Dios] os he mandado», entre las que se cuenta, por cierto, la unión entre hombre y mujer, «que serán una sola carne». (Mateo, 28.19-20) Apela también a la palabra de la inefable autoridad papal –por aquel entonces Papa León XIII– quien, según cita Romero, habría afirmado que: «el divorcio, que es consecuencia de costumbres depravadas, abre el camino a una depravación todavía mayor y extremadamente nociva a las familias y a los pueblos». En su alegato, y para llegar «al fondo mismo de las cosas» en tanto una ley de divorcio implicaba, a su juicio, «la abjuración oficial de un dogma de la Iglesia Católica y la total subversión de la constitución de la familia según el precepto de Jesucristo y el orden de su santa Iglesia» como su aspecto religioso, pero más aún en tanto contradecía «fundamental y radicalmente» la Constitución Nacional, que en una suerte de malabar político admitía a la vez la libertad de culto y el sostenimiento del culto Católico, Apostólico, Romano, (art. 2º) y esta sería una cuestión de otro orden que el meramente religioso.
La defensa del proyecto se inició, por otro lado, con el alegato de Francisco Barroetaveña, diputado por la Unión Cívica, que lo defendió tal como estaba acordado por la mayoría de la comisión. Intervinieron en la misma línea Federico Pinedo, S. E. Pérez, Juan Balestra, Juan Argerich, Juan Ángel Martínez y Nicasio Oroño. Curiosamente, también en aras de la moral y de las buenas costumbres sociales, quienes defendían el divorcio alegaban que acabaría con una sociedad hipócrita de doble moral, que dejaba desprotegidas a muchas mujeres cuando el amor se había extinguido, por usar palabras de del Valle Iberlucea. También se hacía referencia a las «naciones civilizadas» que lo habían aprobado y presentaban «declaraciones públicas» y «manifiestos». Una interesante lista de intelectuales había escrito extensamente a favor del divorcio y de los derechos de las mujeres en general tanto en medios públicos como en tesis de doctorado. Pongamos por caso, las tesis de doctorado de Cristian de María, y de Enrique del Valle Iberlucea quién además por ese entonces ya había publicado un artículo sobre los fundamentos científicos del divorcio en la entonces denominada Revista de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría. Por esa razón, las mujeres del Centro Socialista Femenino lo invitaron a disertar sobre el tema, iniciando una nutrida agenda de conferencias, ampliamente difundida por La Vanguardia, periódico de difusión del Partido Socialista. Participaron de esa programación en calidad de disertantes, Carlos Olivera, Alfredo Palacios, Nicolás Repetto, Víctor Mercante, Justa Burgos Meyer, Cecilia Baldovino y Carlos Malagarriga, entre otros. También apoyaban el divorcio las primeras doctoras de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, Elvira López en cuya tesis abogaba por contar con una legislación que otorgara derechos a las mujeres, incluyendo la posibilidad de divorciarse.
Pero el discurso del joven diputado tucumano Ernesto Padilla, con una suerte de apología de la tradición católica del país, volcó la votación a favor del rechazo a la ley.
EL RECHAZO DE LA LEY DE DIVORCIO
Por fin votó la cámara de diputados la discutida ley de divorcio que dio ocasión á los espíritus batalladores de la cámara joven para lucir los recursos de su dialéctica. El debate llegó á su fin completamente agotado, lanzando los últimos chispazos los diputados doctor Juan A. Argerich y doctor Juan Balestra, ex ministro de instrucción pública y de justicia. La ley fue rechazada por 50 votos contra 48, notándose entre los antídivorcistas todos los militares que tienen un asiento en el recinto. El resultado no era el esperado, pues los divorcistas contaban con una mayoría asegurada, pero algo así como la influenza parece que raleó sus filas en el momento decisivo. Se contaban los votos qué faltaban y parecía increíble á muchos, que una enfermedad súbita impidiera el acceso al congreso en momento tan solemne. La ley Olivera no ha pasado este año, pero el autor del proyecto la renovará en el entrante, tratando de qué se vote cuando reine una temperatura menos enfermiza. Para entonces veremos si algunos de los abstinentes del día lo son meramente por razones de salud.
De modo que el proyecto de ley de divorcio de Olivera tampoco fue aprobado.
En 1907, «los espíritus batalladores de la cámara joven» como los calificó Caras y Caretas, insistieron. En esta ocasión, el proyecto fue presentado por Alfredo L. Palacios, abogado y primer diputado socialista por Buenos Aires. Palacios presentó un proyecto de divorcio absoluto –nunca fue tratado– que además de todas las causas previamente detalladas, permitía la disolución del matrimonio por el mutuo consentimiento de los cónyuges o por la sola voluntad de la mujer. Nuevamente hubo manifestaciones a favor y en contra y nuevamente Caras y Caretas dio cuenta de los hechos. Palacios reiteró la presentación de su proyecto en los años 1911, 1913 y 1914 sin éxito y otro tanto ocurrió con los de Carlos Conforti en 1911, que reiteró en 1913 el diputado Víctor Pessenti. Tampoco se discutió en la Cámara un nuevo proyecto socialista firmado en 1917 por los diputados Mario Bravo, Juan B. Justo y Nicolás Repetto, presentado nuevamente en 1918. Dos nuevas iniciativas se elevaron en 1922, una del diputado socialista Antonio De Tomaso, y la otra del radical Leopoldo Bard. Todas esas presentaciones, fueron rechazadas de un modo u otro. El tan ansiado progreso por el que los grupos más entusiastas abogaban, se demoraba.
Mario Bravo, el legislador sureño
Esos «jóvenes espíritus batalladores», como los había denominado Caras y Caretas, constituyeron un grupo solidario y mancomunado bajo un conjunto de ideales que no solo los reunió, sino que les dio fuerza, cohesión y confianza en el futuro, llegando a conformar una voz polifónica de mujeres y varones, entre ellos Mario Bravo.
Coetáneo y coprovinciano del grupo que en Tucumán se conoce como “Generación del Centenario”, Mario Humberto Nicolás Bravo, nació en el departamento L...