Pedagogía antifascista

Construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia

Enrique Javier Díez Gutiérrez

• Editorial: Ediciones Octaedro
• Año: 2022
• ISBN de la versión impresa: 9788419023773
• ISBN del libro electrónico: 9788419023780
• Edición: 2
• Categoría: Pedagogía
• Categoría: Ensayos de la educación

Pedagogía antifascista es una reflexión de urgencia y compromiso ante el actual auge del neofascismo y su progresiva «normalización» por una parte de la sociedad, dado su carácter funcional al capitalismo neoliberal. El neofascismo es un virus que hemos de combatir desde la educación, antídoto que permite la comprensión de los valores y los derechos humanos, más allá del egoísmo, el miedo y el odio que siembra y expande esa «peste», como diría Camus.En la primera parte de este libro se analizan las estrategias de penetración de la ideología que sustenta el neofascismo en la educación, revisando su agenda profundamente reaccionaria y radicalmente neoliberal, así como sus principales mecanismos de infiltración en las aulas y el sistema educativo. La segunda parte del libro plantea alternativas, estrategias y propuestas para avanzar en un modelo de pedagogía antifascista inclusiva y democrática al servicio del bien común, que nos ayude a construir colectivamente un discurso y una práctica sólidamente fundamentados que se contrapongan y cuestionen el modelo capitalista, neofascista y neoliberal defendido por la ultraderecha.La comunidad educativa no puede permanecer ajena. Hay que educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista. Sin concesiones ni medias tintas. Debemos implicarnos claramente y sin ambages para combatir el neofascismo. No se puede ser demócrata sin ser antifascista.

1. La penetración del neofascismo en la educación

Para analizar los mecanismos de penetración de la ideología que sustenta el neofascismo en las aulas y en el sistema educativo, en cada apartado de esta primera parte iremos desarrollando los diferentes aspectos de la agenda neofascista, que es a la vez profundamente reaccionaria y radicalmente neoliberal, así como sus principales mecanismos de infiltración en el sistema educativo.

Para ello nos centraremos no solo en sus obsesiones más pregonadas: erradicar lo que denominan adoctrinamiento en la escuela e implantar «su doctrina» y combatir el marxismo cultural (aludiendo a la libertad de conciencia y expresión, los derechos humanos y el análisis crítico); desterrar el virus de la ideología de género (referido a educar en igualdad entre hombres y mujeres), o recuperar un mítico pasado de orden, ligado a una supuesta época de autoridad y control, y a unas tradiciones culturales nacionalcatólicas. También analizaremos sus obsesiones vinculadas al neoliberalismo autoritario, ideología que penetra de una forma constante, sutil y difusa, consolidando una racionalidad dominante individualista, consumista y patriarcal.

Esta ideología neoliberal, asumida y abrazada por el neofascismo actual, promueve la privatización de la escuela mediante el recorte de la financiación a la educación pública, desviándola para financiar centros privados (denominados por ello, en España, «concertados»), lo cual propicia una mayor segregación social ya desde la escuela. Incentiva el emprendimiento empresarial educando en las reglas del capitalismo desde la infancia. Recupera los estandartes de la competición, el mérito, la ideología del esfuerzo o la cultura de la autoridad, que convierten al profesorado en una figura coercitiva y disciplinadora, y al alumnado en el responsable de su propio fracaso. Mientras incentiva simultáneamente pedagogías de la represión centradas en la presión, el castigo y los exámenes limitando así la posibilidad de pensamiento crítico del alumnado. Aunque, eso sí, todo esto revestido de neolengua que disfraza la segregación con «excelencia», la privatización con «libertad de elección», la mercantilización con «patrocinio» o la conversión de las escuelas en empresas con «gestión eficaz y eficiente».

«Educar» y adoctrinar

Si por algo se ha distinguido el fascismo a lo largo de la historia es por el adoctrinamiento ideológico. Para el neofascismo actual todo lo que no es su ideología es adoctrinamiento; todo lo que no sea adoctrinar en su «credo» lo tacha de tal, con su reiterada estrategia de acusar a los demás de lo que ellos practican. Mientras, a su adoctrinamiento el neofascismo lo denomina «libertad», con su táctica de construir un neolenguaje para apropiarse y resignificar los valores y principios de los derechos humanos conquistados a lo largo de la historia.

Utilizan para ello un discurso simplificador en el que detectan supuestos problemas y definen la «solución» en función de cómo han delimitado el problema. En mayo de 2021, el grupo político ultraderechista Vox en el Ayuntamiento de Murcia consiguió que se aprobara una moción para promover que los colegios colgaran una bandera de España en su entrada y que cada mañana resonara el himno nacional a primera hora en todos los centros educativos (esta es «su solución»), argumentando que «ante los ataques que sufre la unidad de España –así definieron el supuesto problema–, debemos poner en valor la bandera, la corona o el himno que dan unidad y coherencia a todos los españoles y deben estar presentes en las futuras generaciones para que los sientan como suyos y los pongan en valor».

No era algo demandado por ningún centro ni por la comunidad educativa, que reclamaban por el contrario presupuesto suficiente para arreglar y mejorar los centros, ampliar aulas, reducir ratios de alumnado o mejorar los comedores escolares. Una región con las mayores tasas de retraso académico y de abandono escolar (es la segunda comunidad con la mayor tasa de España), con un menor nivel educativo de la población adulta y con una cifra cercana al 30 % de población menor de 18 años en riesgo de exclusión social (Viñao, 2021).

El neofascismo pretende reinstaurar en las escuelas, en pleno siglo XXI, lo que denominan «valores patrios», herencia de la dictadura en España y del nacionalcatolicismo franquista. Identificar la patria con el ejército, una bandera o un himno cantado es un clásico de la manipulación política, pero es especialmente más grave si se hace con niños y niñas. Parece una nueva reedición de la «Formación del Espíritu Nacional» propia de la dictadura franquista.

A la vez que pretende imponer «vetos» y censuras a enseñar derechos humanos, igualdad y democracia, lo hace impulsando medidas como el denominado «pin parental» mediante el cual pueden vetar actividades no afines a su ideología e incluso denunciar al profesorado y a los centros educativos en los tribunales. Es la estrategia del lawfare, o guerra jurídica, que instrumentaliza la justicia para imponer el «estado de miedo», propio del fascismo. Mecanismos para generar temor y sumisión en la comunidad educativa.

Pin de censura educativa

La censura y control sobre la educación pública es una estrategia que el neofascismo practica en todos los países donde accede al poder. Anclados en la falsa creencia de todo pensamiento totalitario: «Si controlas su educación, controlarás sus mentes».

Con ello persiguen varios objetivos: cuestionar y desprestigiar la educación pública por su capacidad de formar en valores democráticos plurales y favorecer la igualdad social, acusándola de adoctrinar; centrar el debate en la prioridad de la decisión individual del progenitor (según su moral privada religiosa o su ideología particular), frente al derecho del menor a una visión plural (ética pública y bien común); atacar el modelo de escuela pública, sembrando la sospecha sobre la labor del profesorado y socavando la relación de confianza entre la familia y la escuela; impulsar el miedo (o, al menos, la prevención) del profesorado, que empieza a sentirse acosado y amenazado; judicializar la escuela pública y cuestionar su labor educativa integral, vía denuncias contra profesionales y centros, y sobre todo hacer girar la agenda mediática sobre estos aspectos en vez de los verdaderos retos de la educación: reducir el número de alumnado por aula (ratios), la falta de recursos, las plantillas inestables por sus altas tasas de interinidad o suprimir el mayor factor actual de segregación educativa: la financiación pública a los centros educativos privados.

Es una maniobra habitual de manipulación de los modelos autoritarios: presentar el control y la censura como un paternal ejercicio de «protección de los menores», incluso de sí mismos. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, difunden falsas imágenes y vídeos de niños y niñas «encantadores», desde Costa Rica a España, que piden que en el colegio se dé matemáticas y en casa se eduque en valores. Este mensaje ha sido asumido por buena parte del espectro conservador y neoliberal. Obviando que la libertad de las familias para elegir la educación para sus hijos e hijas no puede poner en tela de juicio los valores que hemos consensuado como sociedad democrática. Que una familia con valores racistas, machistas o fascistas no puede impedir que sus hijos e hijas conozcan que esas opiniones son contrarias a los Derechos Humanos y atentan contra infinidad de tratados y acuerdos internacionales, y que hay unos valores universales acordados socialmente por la humanidad tras años de barbarie. Por eso, como decía Fernando Savater (2009), «los padres que de verdad se preocupan por la educación en valores de sus hijos no les enseñan a pensar como ellos, sino a pensar por sí mismos».

Lawfare educativo

Una de las primeras medidas del exmilitar y presidente de Brasil, Bolsonaro, cuya ministra de familia declaraba que «las niñas van de rosa y los niños de azul», fue combatir la educación en el respeto a la diversidad y contra el bullying homofóbico, denominándola kit gay. Utilizaba para ello fake news; aseguraba que se pasaban películas porno gay en las escuelas cuando se formaba en educación contra la LGTBIfobia. La versión brasileña del «pin parental» español fue la campaña «Escuela sin partido», que pretendía «acabar con la prevalencia de ideas de izquierda en las aulas», persiguiendo las ideas del mundialmente reconocido pedagogo Paulo Freire y estimulando a los estudiantes para que grabaran las clases y denunciaran al profesorado.

Estas formas de persecución se han convertido en una estrategia de lawfare educativo: acoso vía judicial contra los valores democráticos e inclusivos de una escuela pública abierta, libre y plural. Exigen una censura educativa previa, un nihil obstat propio del nacionalcatolicismo de la dictadura franquista, para controlar que los centros educativos públicos no aborden lo que según el neofascismo son «temas controvertidos»: la homofobia, el racismo o la desigualdad.

Lo que hay detrás de ese pin es su incapacidad para admitir una sociedad democrática plural y tolerante. Su estrategia es utilizar la educación para imponer una mentalidad única, una sola forma de ver el mundo: volver al blanco y negro del nodo franquista. Es su discurso del odio trasladado a la educación (Emcke, 2017).

Acoso a la educación pública

Pero estas campañas de censura educativa tienen una finalidad añadida que es clave. Sembrar la desconfianza sobre la educación pública. Buscan cuestionar la labor de estos profesionales de la educación, a quienes acusan de «adoctrinar». Profesionales que han accedido a su labor docente por oposición, tras una formación universitaria certificada. Este tipo de acceso a la función docente garantiza la diversidad de personas, de creencias y de ideologías que pueblan la escuela pública y traslada la diversidad social en la que va a convivir el alumnado. Aunque esto no es aplicable a las escuelas privadas y concertadas (privadas financiadas con el dinero de todos los contribuyentes), dado que su selección de personal se hace a dedo por la dirección del centro o los dueños de la empresa.

El neofascismo considera que en la educación pública hay demasiada diversidad, excesivo pensamiento crítico, mucha falta de «vigilancia y control» sobre el profesorado, según su baremo. Quiere censurar la labor e instaurar la vigilancia permanente de los profesionales de la educación pública. Así, persiguen y demandan judicialmente a quienes no se dobleguen a su delirio.

Esto no solo es un atentado contra la autonomía de los centros educativos, sino, también y especialmente, respecto a la libertad de cátedra de los docentes, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Se empieza con el «pin», se continúa grabando con cámaras de seguridad en las aulas y se termina persiguiendo y encerrando al profesorado disidente. Ya se ha descrito suficientemente en novelas sobre distopías totalitarias como 1984 de Orwell.

Cuestionan al profesorado

La planificación de las enseñanzas y los contenidos esenciales del currículo común los definen las administraciones competentes y los desarrollan las comunidades educativas de los centros escolares a través de los profesionales de la educación. No es cada padre o madre quien tiene que decidir el currículo académico, porque, para asegurar el derecho universal a la educación, ha de estar reglado y no sometido a caprichos o decisiones individuales.

Ciertamente, los hijos e hijas son también responsabilidad de los padres y madres, y están bajo su cuidado y cargo. Pero los niños y las niñas no «pertenecen» a nadie. Tienen sus propios derechos. Las familias pueden transmitir sus valores a sus hijos e hijas, pero no tienen derecho a limitar sus horizontes de conocimiento, ni empeñarse en que se atengan a sus creencias. La fórmula es ofrecer más información, no censurarla.

Los expertos insisten: «Uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres». A veces, incluso, responsables de educación conservadores como el en ese momento consejero de Educación del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, también acaban reconociéndolo: «Los padres no somos dueños de la educación de nuestros hijos ni de lo que deben aprender» (declaraciones de octubre de 2019).

Respecto a la educación, la infancia tiene derechos y los adultos, deberes. E incluso sus deberes no pueden entrar en colisión con los derechos fundamentales de la infancia.

Vulnera el interés superior del menor

Por encima de la responsabilidad de las familias, está el derecho de los hijos y las hijas a poder acceder libremente a una educación integral en igualdad, en justicia, en libertad y en derechos humanos. En caso contrario, se vulnera el derecho fundamental a la educación de la infancia. Es el interés superior del menor (artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña).

La censura educativa que promueve el neofascismo vulnera ese principio. Es un ataque y un atentado a la libertad y los derechos de la infancia, la población más vulnerable. Incumple la Carta de Derechos Humanos, la Constitución y tratados internacionales como el de Estambul.

Tal como se recoge en el artículo 27.2 de nuestra Constitución, el objetivo de la educación no es solo la transmisión de conocimientos y saberes, sino también de los valores y de las herramientas que hacen posible el pleno desarrollo de la personalidad y la garantía efectiva de los derechos humanos. El Tribunal Supremo dejó claro en 2009 que no era posible la objeción frente a los contenidos obligatorios del sistema público de enseñanza, cuando algunos ultraconservadores plantearon objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

El elemento esencial no es la satisfacción de unos intereses o una ideología parental, sino la garantía del derecho que tiene cualquier niño y cualquier niña a una educación en libertad, igualdad, justicia y democracia, aunque sus familiares sean homófobos, machistas o racistas. La comunidad es la responsable de garantizarles esos derechos y poner los medios para ello.

Efectos colaterales

Este lawfare educativo está provocando a su vez que una parte del profesorado se empiece a replegar en su labor y responsabilidad docente, porque se siente amenazado. En una parte de los claustros de los centros escolares se empieza a sentir la autocensura para «no tener problemas», ni que les denuncien.

Además, está socavando la confianza de las familias hacia el profesorado de la pública. Lo cual acaba deteriorando la percepción que se tiene sobre la propia tarea educativa y el servicio público de educación. Esta confianza tarda mucho en consolidarse y está sólidamente demostrado que es uno de los factores que inciden positivamente en la mejora de la educación.

A esto hay que añadir el aumento de burocracia que supone conseguir, para cada actividad programada, que cada niño y niña venga con una autorización firmada por su familia para cumplir con el «pin parental». El profesorado se pregunta qué s...

Índice

• Portada
• Título
• Créditos
• Contenido
• Prólogo
• Introducción. El neofascismo actual
• 1. La penetración del neofascismo en la educación
• 2. Educar frente al neofascismo
• 3. Por una educación antifascista
• Bibliografía
• Agradecimientos