![]()
I. INSURGENCIA CIVIL![]()
1. LA DOMINACIÓN POLÍTICA
El pueblo de México está mal informado respecto al conflicto que estalló en Oaxaca en 2006. La televisión y la mayor parte de la prensa nacional han difundido imágenes de violencia que le atribuyen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a quien responsabilizan de los hechos. A pesar de que muchos reporteros y camarógrafos fueron agredidos y conocen de donde provino la violencia, los medios distorsionaron la interpretación de lo sucedido. Para un segmento importante de la población en México, la imagen de la APPO, se asocia a la de un grupo de vándalos que no tienen otro propósito que sembrar el caos social. Uno de los propósitos de este trabajo es presentar la cara oculta de lo sucedido, lo que no se informó, la versión que el pueblo tiene de los hechos. Dar a conocer lo que fue censurado, la información que los medios callaron.
La crisis política que cimbró Oaxaca en el segundo semestre del 2006 continuó como guerra sorda, plagada de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en contra del pueblo de Oaxaca, ampliamente organizado en la APPO, y tiene, como antecedente inmediato, el periodo de administración pública a partir del 1º de diciembre de 2004 en que asumió la gubernatura del Estado. Durante ese periodo, Ulises Ruiz concitó el hartazgo, el repudio y la rebeldía popular ante la forma escandalosa en que ejerció el poder utilizándolo en beneficio propio para enriquecerse desmedidamente, al abandonar su obligación de gobernar para el bien común actuando sólo en beneficio de los caciques y por la forma autoritaria de actuar en contra del movimiento popular, asediándolo, asesinando y encarcelando a dirigentes y activistas, a los que trató como sus enemigos con una represión sistemática, de que han sido objeto cada vez que se organizan para detener tales abusos.
Este modo de ejercer el poder y el golpeteo constante con el que hostilizó a las organizaciones sociales agravó la crisis de legitimidad política en Oaxaca. En estas condiciones, la lucha sindical del magisterio fue el detonante para organizar la resistencia frente al poder que se ejerce de manera despótica. Al agudizarse esta contradicción, Ulises Ruiz recurrió a la represión y el pueblo a la insurgencia pacífica, que fue acometida por parte del gobierno con el uso innecesario, excesivo y criminal de la fuerza, utilizando métodos de contrainsurgencia, como el uso de sicarios, para delinquir. El propio aparato del Estado operó escuadrones o convoyes “de la muerte”; y utilizó el engranaje completo de su estructura administrativa para pervertir la justicia, criminalizando al inocente y brindando impunidad al criminal.1
El surgimiento de la APPO respondió a la necesidad de hacer frente a la represión que se desató en contra de las distintas organizaciones sociales que exigían sus derechos y planteaban sus demandas de manera aislada. La represión, como única respuesta que los gobiernos del estado y el federal han dado al movimiento social, convirtió a la APPO en un movimiento emergente de resistencia civil pacífica que ha desafiado el poder caciquil, ha mantenido su lucha a pesar de los métodos criminales con los que el Estado la ha querido aniquilar, y se ha abocado a la tarea de acumular fuerza suficiente para modificar las condiciones de opresión que el pueblo ya no soporta.
El gobierno federal ha venido actuando en Oaxaca a lo largo de todo el conflicto con un doble estándar. Respecto a la organización, se ha negado a reconocerle la legitimidad de sus demandas –de libertad, democracia y justicia social– y de su representatividad; mientras que en sus actos de gobierno no sólo ha sido omiso en proteger a la ciudadanía de la política represiva de Ulises Ruiz –inadmisible en un estado de derecho–, sino que ha participado activamente en escalar la violencia y violación de los derechos humanos de los mexicanos oaxaqueños. Se ha negado a responder a las demandas del movimiento popular, ha soslayado su obligación de buscar una solución política al conflicto y, en su lugar, ha implementado una “solución de fuerza” mediante la represión con la que ha violado palmariamente los derechos humanos y desatado un terrorismo de estado.
Oaxaca es el estado de la República con mayor diversidad de lenguas, y aporta enorme riqueza cultural a la humanidad.2 Los pueblos zapotecas que vivieron en los Valles centrales fueron artífices de la primera alta civilización que surgió en el continente,3 antes que otras culturas mesoamericanas, como la maya.4 Europa, por ejemplo, no originó la alta cultura que posteriormente desarrolló, sino que importó tales elementos del medio oriente y del norte de África.5 Los pueblos de Oaxaca fueron artífices de alta cultura antes que otros pueblos mesoamericanos.6 En lo político, Oaxaca mantuvo uno de los aparatos de gobierno que han tenido mayor longevidad en la historia de la humanidad; más duradero aún que los imperios romano, árabe y chino.7 Así pues, los pueblos que hoy conforman el estado de Oaxaca se han distinguido históricamente a lo largo de decenas de siglos, por ser independientes, organizados, orgullosos y sabios.
¿Cómo es que esos pueblos indígenas, que mantuvieron su pujanza económica, su independencia política y su sabiduría intelectual, siendo ricos, pasaron a una condición de pobreza y dominación?
CACIQUISMO, CONTROL Y DESPOJO
No podríamos interpretar lo sucedido sin analizar las estructuras formales e informales del poder, éstas últimas no por ello menos reales. Si creemos, candorosamente, que el gobierno de Oaxaca se organiza como lo establecen sus leyes y que funciona como estado de derecho, caeremos en todas las trampas que el gobierno del estado y el federal nos tienden para entender de manera equivocada el comportamiento que han tenido las autoridades. Si atendiendo al paradigma formal, queremos interpretar las acciones que el Estado realiza, creyendo que son ciertas las apariencias con las que actúa, sería imposible explicar las razones que el movimiento popular tuvo para emerger con tanta fuerza social.
Es por ello necesario analizar las estructuras informales de funcionamiento y relacionarlas con las estructuras formales. Escrutar y encontrar a quienes realizan cada uno de los hechos que suceden en esta trama, y no dejarnos llevar sólo por las apariencias, debido a que los agentes del Estado han encubierto sus actos en este conflicto, cometiendo delitos como si fueran parte de la organización popular para provocar que el gobierno reprima. Muchos delitos cometidos a lo largo del conflicto son doblemente criminales si se conoce el entramado de cómo los realiza el Estado para culpar a la organización y pervertir la justicia. Sólo así podremos entender las estructuras regionales de poder, las alianzas que tejen entre sí, la impunidad que de otra manera resulta incomprensible, y los intereses económicos y políticos que subyacen a ciertos actos de gobierno que, de otra forma, parecerían inocuos.
El mecanismo8 que España introdujo para arrebatar el poder y la riqueza a los pueblos originarios en estas tierras fue el caciquismo, una estructura corrupta de poder que utiliza la legitimidad sólo como apariencia. El cacique utiliza el aparato del Estado para servirse de la política en beneficio propio; sabe que su poder político no lo deriva del pueblo, sino de sus intereses que, como hilos del poder, maneja a costa del pueblo, por lo que no aspira a gobernar para el pueblo.
Oaxaca se convirtió, desde hace quinientos años, en tierra de caciques. Al cobijo de los españoles –que llegaron a dominar nuestros pueblos, a usurpar el poder despojándolos de sus derechos políticos y reduciéndolos a un carácter de súbditos de un dominio extranjero–se fomentó el caciquismo que suplantó a los gobernantes que servían a su pueblo. A cambio de lo cual, el poder hegemónico les reconoció injerencia y control en el poder político local y beneficios económicos que podían obtener ilícitamente, originando una simbiosis de poder que se refuerza internamente en beneficio del cacique y de la estructura hegemónica que lo cobija.
Si analizamos esta estructura política del cacicazgo, encontraremos que el cacique, como araña, teje su red de poder ubicándose en el enclave desde el cual sella sus alianzas con otros que tienen sus reductos de poder y aprovechándose, en beneficio propio, de los recursos del pueblo. Estas alianzas que la clase política hila para conservarse en el poder incluyen a los que manejan las estructuras económicas y los poderes federales. Son los grupos que necesitan apoyarse entre sí, para usufructuar de este negocio patrimonialista.9
Es una forma de gobernar tan perversa que, obviamente, deja fuera de esta alianza al pueblo, sólo utilizado como pretexto para que el gobernante obtenga recursos en la estructura del Estado. Es una clase política hegemónica de pensamiento arcaico que percibe el poder como binomio gobernador-gobernado, que se siente con el derecho de mandar y espera que el pueblo le obedezca. Ni siquiera conciben que, por el contrario, la soberanía radica en el pueblo, y hacen caso omiso –aun sabiéndolo– que el buen gobierno persigue el bien común y la justicia.
Oaxaca es “un estado donde la división de poderes prácticamente no existe, porque prevalece una estructura vertical y autoritaria, que permite al poder Ejecutivo sujetar a los poderes Legislativo y Judicial”.10 El gobernador ejerce un control piramidal como poder unipersonal que no respeta ni la soberanía ni el libre ejercicio del poder municipal. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (CEDHO) la tiene sin autonomía y con graves limitaciones de funcionamiento y competencia, dado que quien debería fungir como ombudsman es un empleado sumiso nombrado por el gobernador. Aun frente a violaciones palmarias, “la institución que debería velar por los derechos humanos, la CEDHO guarda silencio” (RODH 2005, p. 11). El 29 de marzo de 2005, el presidente de la CEDHO, Sergio Segreste Ríos, en una denuncia sin precedentes, acusó a diversos organismos civiles de derechos humanos de quererse apoderar de ese organismo y hacer que respondiera a intereses particulares y de presión. Los grupos acusados son el Colectivo por la Democracia, Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo-Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (CODEP-COMPA); Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y Red de Organismos de Derechos Humanos de Oaxaca (RODH).
El propósito fundamental del poder político en todo Estado legítimo es perseguir el bien común, mediante la justicia y logrando que su población progresivamente tenga niveles mayores de calidad de vida. Por eso el Estado tiene bajo su responsabilidad el manejo de los aparatos de ejercicio formal del poder político, el monopolio del uso legal de la fuerza, y es el encargado de regular las estructuras socio económicas y de servicio. Cuando un gobernante se apodera del control de estas instancias y contraviene el propósito fundamental del Estado, pierde legitimidad si alguna vez la tuvo de origen, y se convierte de esa manera en un poder tiránico.
Recordemos que, en nuestro sistema político, la legitimidad se consigue a partir del momento en que se obtiene mayoría de votos en la elección y se logra así el mandato del pueblo. A esta forma de llegar al poder se le conoce en la doctrina política como legitimidad ab origine, de origen, por la forma en que se obtuvo el poder.11 Además, es necesario aclarar que la “legitimidad de origen”, una vez obtenida en las elecciones, no tiene la magia de convertir un gobierno en legítimo de una vez para siempre o desde el principio al final del mandato, sino que la legitimidad se confirma o se pierde en cada acto de gobierno por el uso que se hace del poder. A este ejercicio del poder, actuando con legitimidad, se le conoce como legitimidad a regimine o a regimine principium que equivale a vivir en democracia. Un gobierno que asume el poder con un mandato que sea legítimo de origen, puede también perderlo por el uso perverso que haga de él. San Agustín, desde el siglo V, al referirse en su análisis a este tema, lo hacía de este modo: ¿Si suprimimos la justicia, qué son entonces los reinos sino grandes latrocinios?12
En 2004 una coalición opositora enfrentó al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las denuncias de fraude electoral no se hicieron esperar. Ulises Ruiz y el ex gobernador José Murat gastaron millones de pesos. Lanzaron una campaña de intimidación contra opositores y en algunas regiones llegó a haber homicidios. La gente se movilizó en todo el estado; pero en lugares como San Blas Atempa, San Juan Lalana, Juquila, Jalapa del Marqués, Santiago Xanica y Huautla de Jiménez la policía y los caciques reprimieron abiertamente a la población.13 El Tribunal Electoral reconoció algunas irregularidades, incluso sugirió hacer una investigación de los posibles desvíos de fondos públicos para la campaña de Ruiz, pero acabó reconociendo su triunfo (Informe CCIODH, 2007).
La elección que llevó a Ulises Ruiz a la gubernatura estuvo plagada de irregularidades. No hay siquiera modo de comprobar el monto de los recursos utilizados por el PRI en sus campañas; además de los permitidos que se estipulan para los partidos, el Estado destinó de manera directa recursos a la campaña de Ulises Ruiz, y politizó la obra pública manejándola con favoritismo partidista. En el proceso electoral en el que Ulises Ruiz participó como candidato a la gubernatura se observaron:
a] irregularidades en las casillas. Esto consistió en la imposición de funcionarios de casilla o desconocimiento de los mismos sobre el procedimiento de la votación, problemas con las boletas electorales y con la tinta indeleble, b] compra y condicionamiento del voto. La Nueva Fuerza Oaxaqueña llegó a intimidar a los votantes; además de la típica promoción de los desayunos en casas de candidatos o entrega de despensas o materiales de construcción, de hecho todos los programas sociales se ponen al servicio de las campañas políticas, c] acciones de proselitismo abierto durante el día de la jornada electoral (RODH 2005, p. 102). Otros aspectos de las mencionadas elecciones son: el carácter ríspido que tuvo la contienda caracterizada por el énfasis en los insultos e invectivas personales hacia el candidato opositor; la falta de debate público de los contendientes; la escasa difusión de las propuestas; el derroche de recursos financieros; las dádivas materiales; la intimidación y la coacción del voto; el dudoso desempeño del órgano electoral; el papel polarizado que jugaron los medios –más cargados por supuesto a apoyar al candidato del PRI (Martínez 2007, p. 32).
Durante la campaña, el gobierno y su partido de Estado recurrieron al asesinato de candidatos de oposición, como Guadalupe Ávila, candidata del PRD en Estancia Grande, Región de la Costa. “El autor material, el presidente municipal priista saliente, nunca fue detenido. El asesinato de Essaú Hernández Altamirano, en Miahuatlán, tampoco ha sido aclarado ni castigado. También existen sospechas sobre la muerte del precandidato del PRI, Aquiles López Sosa, quien falleció en un extraño accidente tres días después de haber anunciado una organización, que se suponía sería su plataforma para buscar la gubernatura. López Sosa tenía un perfil negociador y mucho más abierto e incluyente que los otros precandidatos priistas” (Martínez 2007, p. 30). También ultimaron a cuadros políticos de oposición como el profesor Serafín García Contreras, militante del PRD en Huautla de Jiménez, y Leoncio Luna Antonio, de San Agustín Loxicha, promotor de la coalición Todos Somos Oaxaca. Caso muy difundido fue el asesinato del profesor jubilado y partidario del PRD Serafín García Contreras que fue apaleado hasta la muerte por varios activistas del PRI.14 “Su asesinato fue filmado y varios priistas fueron detenidos en los días posteriores y después liberados. Con la intención de criminalizar a la víctima, el Gobierno de Ulises Ruiz abrió proceso en contra del activista y líder local del PRD Agustín Sosa, cuya causa fue asumida por Amnistía Internacional (AI) (Martínez 2007, p. 17).”
El PRI-Gobierno practicó sistem...
