Producción y demanda residencial de energía eléctrica en Colombia

Más allá de lo técnico y lo económico

Carlos, Díaz Rodríguez

• Publisher: Editorial Universidad El Bosque
• Year: 2019
• eBook ISBN: 9789587391527
• Topic: Technology & Engineering
• Subtopic: Engineering General
• Index: Technology & Engineering

El discurso bioético en América Latina, que se plantea como sus principales retos, la pobreza y los problemas ambientales acumulativos e irreversibles causados por la tecnociencia, no ha sido tenido en cuenta por el sector eléctrico, que se rige por criterios técnicos y económicos. Esta investigacion del profesor Carlos Díaz Rodríguez sustenta la encesidad de considerar los principios bioéticos de justici, protección, responsabilidad y precausión para afrontar los efectos sociales de la producción y el consumo residencial de energía eléctrica.

1 IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES DE LA CADENA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La cadena del servicio de energía eléctrica, en especial lo que compete a la producción y la demanda residencial, es una actividad crítica por sus significativos impactos y riesgos sociales, ambientales y de salud. La producción o generación de energía eléctrica es la actividad de transformar una fuente de energía primaria convencional (hidráulica, nuclear o térmica) o no convencional (solar, mareomotriz, eólica, etc.) en una fuente secundaria denominada “electricidad”, mediante una máquina denominada “alternador”. En la cadena, la producción de energía eléctrica es responsable de cerca de un tercio del consumo mundial de energía primaria. La producción de electricidad a partir de combustibles fósiles es una de las fuentes generadoras de impactos como emisiones atmosféricas locales y gases efecto invernadero; representa el 41 % de la energía total relacionada con las emisiones de CO₂ (Blyth, 2010, p. 5). Por su parte, los proyectos de generación hidráulica provocan impactos como reubicación de asentamientos humanos, pérdida de zonas de gran biodiversidad, afectación de caudales, deterioro de la cobertura vegetal y eutrofización de aguas, entre otros.

La demanda residencial o doméstica de energía eléctrica se asocia con el consumo de las personas que habitan inmuebles residenciales, clasificados según el estrato socioeconómico que define el municipio. Las leyes 142 y 143 de 1994 regulan las condiciones de calidad, cantidad, cobertura y continuidad del servicio en los hogares. En ellas se contempla que el consumo de dicho servicio no es gratuito; el consumidor debe pagar una tarifa y, en función de su estrato, recibirá un subsidio, pagará el costo pleno o pagará este y un valor adicional denominado “contribución”. De la Ley 142 de 1994 se deriva que un suscriptor residencial es aquel que ha suscrito un contrato de condiciones uniformes con el prestador del servicio, y un usuario residencial o consumidor es el beneficiario de la prestación del servicio.

En el mundo, las personas sin acceso al servicio residencial de energía eléctrica ascienden a 1400 millones, concentradas especialmente en el sector rural (85 %). Se presenta una asociación con la pobreza energética cuando las personas no acceden a un consumo mínimo, lo que puede llegar a ocasionar afectaciones de salud. El consumo mínimo de energía para un hogar se estima en 1000 kilos equivalentes de petróleo (kep).

Según XM S. A., filial de Interconexión Eléctrica ISA, para 2014 la capacidad efectiva de las centrales de producción de energía eléctrica en Colombia era de 15 489 megavatios (MW). El 64 % correspondía a las grandes instalaciones hidráulicas; el 31 %, a las centrales térmicas, y el porcentaje restante a plantas menores –con predominio de las pequeñas centrales hidráulicas.

López y Sánchez (2007, pp. 131-138) señalan que en Colombia las centrales térmicas a base de carbón presentan eficiencias energéticas muy inferiores a las de las tecnologías modernas, con altas barreras para gestionar los impactos ambientales negativos como emisiones atmosféricas locales y gases efecto invernadero. En contraste, las tecnologías a base de gas y ciclo combinado no exceden los veintiún años y presentan bajos niveles de emisiones atmosféricas. La consultora TAU plantea que las tecnologías de generación térmica ocasionan contaminación hídrica por los desechos de agua caliente que contienen residuos grasos o aceitosos (Unión Temporal: TAU Consultoría Ambiental y Ambiental Consultores, 2010, p. 100).

Según el estudio Marco ambiental estratégico de dicha consultora, los grandes proyectos hidráulicos en Colombia han provocado relocalización de comunidades humanas e impactos a resguardos indígenas, así como afectaciones a la flora y la fauna, ruptura de las relaciones biológicas establecidas, pérdida de biodiversidad, disminución de la fertilidad de los suelos, reducciones significativas de las poblaciones de peces y riesgo de conflicto con otros usos del recurso hídrico, entre otros problemas. Aldana (2012, p. 201) señala que los proyectos de generación hidráulica con embalse son los que tienen más impactos potenciales, debido a que la inundación de zonas modifica los ecosistemas de forma irreversible.

Desde la perspectiva bioética, al buscar una solución a los problemas ambientales que representa la producción de energía eléctrica, es pertinente emprender un análisis crítico desde los siguientes aspectos:

1. El principio de precaución¹, porque la carga de la prueba recae sobre el productor y reconoce la incertidumbre no como una cuestión técnica, sino como una cuestión ética en la que se presentan indicios de daños irreversibles: es el caso de los impactos acumulativos originados por grandes proyectos de generación de energía. En la medida en que persistan sin mitigación los daños generados en los proyectos pasados y en los actuales, aumentarán los efectos. A esto se le da el nombre de “impactos acumulativos”. Se los puede definir como la suma sinérgica de los efectos ambientales sobre un territorio de proyectos pasados, actuales, o futuros. Según la Corporación Financiera Internacional (2012, p. 4):

   […] Se limitan a aquellos impactos que suelen considerarse importantes conforme a criterios científicos y sobre la base de las inquietudes expresadas por las comunidades afectadas. Son ejemplos de impactos acumulativos la contribución adicional de emisiones de gases en una cuenca aérea; la reducción del caudal de agua en una cuenca hidrográfica a causa de múltiples extracciones; los aumentos de las cargas de sedimentos que recibe una cuenca hidrográfica; la interferencia con las rutas migratorias o de desplazamiento de fauna, o un aumento de la congestión de tránsito y de los accidentes a causa del aumento del tráfico vehicular en las vías de tránsito de la comunidad.

2. La protección², porque reconoce las asimetrías de poder entre protector y protegido, lo que resulta pertinente en proyectos que generan impactos ambientales significativos como la relocalización de grupos humanos.
3. La justicia³, en el sentido de distribución equitativa de los recursos naturales y protección del capital natural crítico, que se puede asociar con el uso de fuentes primarias para la producción de energía teniendo en cuenta a las generaciones actuales y futuras. El capital natural está conectado con los recursos renovables y no renovables que provienen de la naturaleza y conllevan bienes y servicios útiles para el hombre. El capital natural crítico es el que desempeña funciones ambientales que no son sustituibles por otros componentes ambientales u otros capitales. Para medir el nivel de capital natural crítico, se deben tener en cuenta los grados de amenaza por presión antrópica y los criterios sociales y culturales.

La demanda residencial de energía eléctrica en Colombia genera significativos impactos sociales y ambientales. Según Báez (2011), el sector residencial absorbe el 41 % del consumo total de energía eléctrica. Se caracteriza por problemas de eficiencia energética relacionados con la utilización de electrodomésticos y bombillos y la no utilización de energéticos como el gas para la cocción y el calentamiento de agua, que contribuyen a incrementar las emisiones de CO₂.

La demanda residencial está influenciada por la política tarifaria del servicio de energía eléctrica. La Ley 142 de 1993, conocida como Ley de Servicios Públicos, se basa en el esquema de subsidios a la demanda: los hogares de menores ingresos pagan una tarifa inferior al costo, mientras que los de mayores ingresos, la industria y el comercio hacen contribuciones que cubren los subsidios. En el caso de que las contribuciones solidarias sean insuficientes, el déficit se cubre con recursos nacionales o municipales y los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos.

La focalización de los subsidios en los servicios públicos se determina mediante la estratificación socioeconómica de la vivienda. En los estratos socioeconómicos 1 y 2, los porcentajes máximos de subsidio son el 60 % y el 50 %, respectivamente (Ley 1117 de 2006 y Resolución CREG 001 de 2007), mientras que para el estrato 3, el máximo es del 15 % sobre los costos de prestación del servicio, y es aplicable solamente al consumo de subsistencia. Los usuarios residenciales de mayores ingresos (estratos 5 y 6) y los usuarios del sector industrial y comercial contribuyen como máximo con el 20 % sobre el costo de prestación del servicio para cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de menores ingresos del sector residencial.

En Colombia, la política tarifaria ha tenido un carácter regresivo⁴, lo que impacta de manera desfavorable la capacidad de pago⁵ de los hogares con menores ingresos y afecta la calidad de vida de sus miembros. Un aumento de las tarifas reduce el gasto de los hogares en bienes básicos como alimentos, educación y salud, tal como lo señala el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, CID (2008).

Otros factores que influyen en la demanda son el acceso y la cobertura del servicio de energía eléctrica. En Colombia, la cobertura es prácticamente universal en las zonas urbanas; sin embargo, se presentan deficiencias de acceso al servicio en los hogares rurales. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2013b, p. 19), la cobertura del servicio de energía eléctrica en 2012 era del 96,1 %, es decir, se presentaba un déficit de cobertura del 3,9 %, que corresponde en su mayoría a hogares de las zonas no interconectadas (ZNI).

Las ZNI, que equivalen al 66 % del territorio nacional, cubren diecisiete departamentos y ochenta y ocho municipios. Esencialmente, son abastecidas del servicio de energía eléctrica con combustible diésel, debido a los elevados costos por la dispersión de los mercados, es decir, por las bajas densidades poblacionales y la complejidad geográfica, que no permiten integrarlas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), adscrito al Ministerio de Minas y Energía (MME), tiene como misión formular e implementar proyectos energéticos mediante soluciones empresariales con sostenibilidad financiera y ambiental, con el fin de abastecer las necesidades energéticas de las ZNI. Cárdenas (2011) reporta que la población de estas zonas asciende a 1,3 millones de personas, de las cuales el 37 % no cuenta con servicio de energía eléctrica. Sin embargo la UPME, lo mismo que Flórez, Tobón y Castillo (2009, p. 230) señalan que las ZNI cuentan con cobertura del servicio de energía, pero tienen graves problemas de acceso: su continuidad oscila en promedio entre cuatro y ocho horas al día.

Estas coberturas permiten a los hogares de menores ingresos un consumo básico de subsistencia subsidiado, definido por la Resolución UPME 355 de 2004. Se debe tener en cuenta que son sujeto de subsidio los consumos menores al de subsistencia, que han disminuido gradualmente, como se observa en la tabla 1.1.

Tabla 1.1
Consumo de subsistencia sujeto de subsidio para los estratos 1, 2 y 3

	Consumo de subsistencia KW/mes
Año	Altura<1000m	Altura≥1000m
2004 (desde 01-08-04)	193	182
2005	186	165
2006	179	147
2007 en adelante	173	130

Nota: adaptado de Resolución 355 de 2004, art. 1.

El asunto de la demanda residencial de energía eléctrica amerita una discusión bioética a partir del principio de responsabilidad propuesto por Jonas –que será objeto del capítulo cuatro– debido a la incertidumbre asociada con el deterioro ambiental; este exige moderación y frugalidad en las intenciones de satisfacer nuestras pretensiones, como lo señalan Schramm y Kottow (2001). Dicho principio estimula el uso racional de la energía desde el lado de la demanda y propicia el consumo responsable.

El comportamiento de la política tarifaria del sector residencial y su relación con la capacidad de pago, aspecto ya menc...

Table of contents

• Portada
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• Título de la Página
• Tabla de Contenido
• PRESENTACIÓN
• INTRODUCCIÓN
• 1. IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES DE LA CADENA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
• 2. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: UN DISCURSO BIOÉTICO PARA LA GESTIÓN DE LOS IMPACTOS ACUMULATIVOS DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
• 3. LA JUSTICIA COMO EQUIDAD DE RAWLS: UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
• 4. LA PROTECCIÓN: UNA PROPUESTA ÉTICA APLICADA A LA BIOÉTICA EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO RESIDENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
• 5. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA
• 6. DISCUSIÓN
• 7. CONCLUSIONES
• 8. EPÍLOGO: LA CRISIS DE HIDROITUANGO
• LISTA DE TABLAS
• ÍNDICE ONOMÁSTICO
• ÍNDICE ANALÍTICO
• REFERENCIAS