Qué hacemos por una muerte digna

Luis Montes, Fernando Marín, Fernando Pedrós, Fernando Soler

• Publisher: Ediciones Akal
• Year: 2012
• Print ISBN: 9788446037354
• eBook ISBN: 9788446037668
• Edition: 1
• Topic: Social Sciences
• Subtopic: Death in Sociology
• Index: Social Sciences

Qué hacemos para conseguir que la lucha por una vida digna incluya la exigencia de una muerte digna. Los derechos y libertades humanos no estarán culminados mientras no incluyan el derecho a una muerte digna y la libertad de ser dueños de nuestro morir, tener capacidad para tomar las decisiones relativas al final de nuestra vida. Hoy la muerte sigue siendo un tema tabú en nuestras sociedades, la eutanasia una palabra maldita, y las leyes siguen marcadas por una moral conservadora en la que la religión "la católica en el caso de España" sigue dominando. Incluso en los derechos ya reconocidos, su ejercicio no está exento de polémicas y coacciones, tanto a quienes quieren ejercerlos como al personal médico. Algunos casos individuales de personas que han luchado hasta su último suspiro por el derecho a morir con dignidad y la libertad de elegir su final, mantienen vivo un debate que debemos afrontar sin miedo, sin prejuicios, sin servidumbres morales o religiosas.

VII. El camino de la muerte digna en España

Previamente a la Constitución Española de 1978 el Código Penal condenaba como homicidio cualquier conducta eutanásica. Socialmente no había debate pero sí una discusión técnica y académica entre penalistas, que generó abundante bibliografía de alta calidad y nula trascendencia práctica para la asistencia sanitaria.

No existía debate pero tampoco insensibilidad ante casos que alcanzaban notoriedad, como el caso del jugador de fútbol Miguel Martínez, ocho años en estado vegetativo persistente hasta su muerte. Era jugador del Atlético de Madrid; durante un partido frente al Peñarol de Montevideo, el 10 de julio de 1964 sufrió un mareo que al día siguiente se tradujo en un coma profundo del que no se pudo recuperar. A este respecto resulta hoy sorprendente la posición editorial del periódico ABC que en 1968, a propósito del prolongado proceso de muerte del dictador portugués Oliveira Salazar, se preguntaba: «¿Existe el derecho a morir? Morir es tan natural como nacer. Y si nacemos condenados a la muerte tiene que haber, exceptuando el suicidio, un derecho a morir. […] serenamente, en el momento de nuestro destino, sin prolongaciones artificiales de la apariencia de la vida. Derecho a que no sea más triste y lamentable que la propia muerte la manera de morir […] ¿Es verdaderamente humanitario mantener vidas muertas?».

Pero la idea de la muerte digna como discurso reivindicativo de la disponibilidad de la propia vida aparece pública y organizadamente en España en los años ochenta con la aparición de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. En noviembre de 1983, el profesor de matemáticas Miguel Ángel Lerma escribió una carta al director del diario El País invitando a aquellas personas interesadas en constituir una asociación española pro eutanasia a contactar a través de un apartado postal. Las personas que respondieron fundaron la asociación en Madrid y elaboraron unos estatutos que presentaron en marzo de 1984 en el Registro de Asociaciones. Las finalidades estatutarias de la asociación eran:

1. Promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla.

2. Defender, de modo especial, el derecho de los enfermos terminales a, llegado el momento, morir pacíficamente y sin sufrimientos, si es este su deseo expreso.

En noviembre, el Ministerio del Interior denegó su inscripción por «ilicitud de fines», con dos argumentos: que la asociación promovía el suicidio y que sus fines eran contrarios al Código Deontológico Médico. La asociación presentó un recurso e inició una campaña de difusión en los medios de comunicación con recogida de firmas de personas relevantes y asociaciones pro muerte digna de todo el mundo. Finalmente fue inscrita el 13 de diciembre de 1984, admitiendo el Ministerio del Interior la evidencia de que la intención de promover una opinión pública favorable a la modificación de una ley, no es lo mismo que violarla. A partir de aquí se crea un debate público que se alimentó con un nuevo artículo de Lerma titulado «El derecho a la muerte», publicado en El País (15/1/85) y la aparición en el programa de televisión «Si yo fuera presidente» (7/2/84) de Carlos Gómez, socio enfermo de leucemia, reclamando la eutanasia.

En 1986 el gobierno de Felipe González aprueba la Ley General de Sanidad que, como se ha indicado, establece la primera carta de derechos de los pacientes, entre ellos el de negarse a un tratamiento. En esos años aparecieron en España las primeras unidades de cuidados paliativos. En 1990, Salvador Pániker es elegido presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y aparece como referente social en el debate, especialmente en círculos académicos e intelectuales hasta 1998, cuando la muerte de Ramón Sampedro impacta a la sociedad española provocando un interés desconocido hasta entonces.

Antes y después de Ramón Sampedro

El 23 de agosto de 1968, el marinero gallego de 25 años Ramón Sampedro (Boiro, 1943) se quedó tetrapléjico tras fracturarse el cuello al lanzarse al mar desde unas rocas. En 1993, tras permanecer 25 años en cama, solicitó autorización en un juzgado de Barcelona para que le fueran suministrados los fármacos necesarios para aliviar sus sufrimientos físicos y psíquicos asumiendo los riesgos con base en su derecho a no ingerir alimentos, autorización que le fue denegada por motivos formales. Su recurso a la Audiencia Provincial fue desestimado en 1994. El mismo resultado tuvo su recurso ante el Tribunal Constitucional, en ambos casos, por motivos procesales de forma. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo igualmente desestimó la petición por infracción formal.

La Audiencia de A Coruña estableció en noviembre de 1996 que Ramón Sampedro, a pesar de los veintiocho años que llevaba postrado en la cama, no tenía derecho a solicitar tal ayuda alegando que «la privación de la propia vida […] es un acto que la ley no prohíbe, pero el auxilio al suicidio es un delito tipificado en el Código Penal».

Los argumentos jurídicos contra la petición de Ramón Sampedro seguían la línea marcada por el Tribunal Constitucional en 1990 sobre la alimentación forzosa de los presos del GRAPO, en huelga de hambre. Tanto la sentencia 120/90 como otras dos que le siguieron, establecieron un marco general que, sin embargo, no podía aplicarse a las personas presas porque se encuentran en una «relación especial de sujeción» con respecto a la institución penitenciaria y, por extensión, al Estado. Según el Tribunal Constitucional, el derecho a la vida genera un deber positivo de protección que impide que pueda hablarse equivalentemente de un derecho a morir. Sin embargo, la gestión de la propia vida es uno de los componentes del derecho a la libertad, lo que hace que sea disponible por su titular. Pero de ahí no se deduce, de nuevo, deber positivo alguno de los demás de actuar para hacer efectiva dicha libertad. En resumen, no existe derecho a morir, tampoco deber de vivir, lo que existe es libertad personal para vivir o morir. De aquí que «la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que sólo a él afecta» es respetable y por tanto «podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad». El Constitucional defiende claramente el derecho general de las personas a rechazar un tratamiento, aun a sabiendas de que ello puede hacer que peligre su vida, pero deslegitima el derecho a exigir actuaciones eutanásicas o de ayuda al suicidio.

El 12 de enero de 1998 Ramón Sampedro puso fin a su vida ingiriendo cianuro potásico. Su cuidadora durante los últimos meses, Ramona Maneiro, fue detenida y acusada de cooperación necesaria al suicidio según el Código Penal de 1995 y puesta en libertad sin cargos por insuficiencia de pruebas –años más tarde, cuando el delito había prescrito, reconoció haber ayudado–. Influyeron en que no se le persiguiera, el ambiente social mayoritariamente a favor de Ramón Sampedro y la campaña de autoinculpación que se desarrolló.

Ramón Sampedro tenía 55 años cuando murió; había pasado casi 30 postrado en una cama. Dejó un escrito de quince páginas dirigido a los jueces y a las autoridades políticas y religiosas que constituye un alegato a favor del derecho a la muerte digna[1]. Este caso y su seguimiento mediático acercaron por primera vez al gran público la vivencia cercana del deseo de morir de un ser humano y se hizo visible un problema social. El debate volvió a surgir en 2004 por la película Mar adentro de Alejandro Amenábar, ganadora de un Oscar.

Tal fue el impacto mediático y social que, tres meses después, en marzo de 1998, el Senado constituyó la Comisión Especial de estudio sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, con mayoría del Partido Popular. Desde el principio, la lista de 120 comparecientes –la mitad a propuesta del grupo Popular–, hacía pensar que la VI legislatura se acabaría antes que la comisión. En ella estaban incluidos desde el cardenal Antonio María Rouco Varela al actor tetrapléjico Christopher Reeves. Finalizó sus trabajos el 18 de enero del año 2000, tras 13 sesiones de trabajo y 38 comparecencias, sin llegar a debatir una sola de las cuestiones planteadas, ni elaborar conclusión alguna. El único fruto de la Comisión fue instar al Centro de Investigaciones Sociológicas a realizar una encuesta para recabar la opinión de los médicos sobre la eutanasia. El estudio, detallado anteriormente, se llevó a cabo en 2002.

En marzo de 2000 el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta. En abril de ese año entró en vigor en Holanda la ley de eutanasia, aprobada un año antes. El 2 de mayo de 2001 El País titulaba: «El PSOE propone que el Congreso abra un debate sobre la eutanasia». En el artículo se decía que «el debate sobre la eutanasia está abierto y el Congreso no puede estar alejado de lo que preocupa a la sociedad, afirmó el diputado Javier Barrero, portavoz de los socialistas en la Comisión de Justicia. Mañana presentará en el registro de la Cámara baja una propuesta para crear una subcomisión de estudio que, en el plazo de seis meses, presente sus conclusiones. Se trata de avanzar hacia la legalización, pero antes queremos un debate tranquilo, advierte Barrero. Los socialistas creen que la legalización de la eutanasia en España, como en muchos otros países europeos, es imparable».

Un año después, tras la comparecencia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de Diane Pretty, ciudadana británica afecta de una enfermedad degenerativa grave, reclamando su derecho a morir auxiliada por su marido, el Diario Vasco publicaba una entrevista con Coral Rodríguez Fouz, hasta el año 2000 senadora y portavoz del PSOE en la Comisión de estudio sobre la eutanasia del Senado. Lamentablemente, diez años después, sus declaraciones continúan vigentes, dejando en evidencia la incoherencia de su grupo político respecto a la muerte digna: «Sin embargo, en nuestro país el debate sigue pendiente. Y todo apunta a que así seguirá. El Partido Popular, con mayoría absoluta, tanto en el Congreso como en el Senado, ya ha manifestado, durante la tramitación de la ley sobre los derechos de información y la autonomía del paciente, que tras la regulación del documento de voluntades anticipadas dará por culminado el asunto. Comprobamos así cómo, tanto en esta como en otras cuestiones bioéticas, nuestros gobernantes prefieren mirar para otro lado […] el Gobierno rechaza todo debate aduciendo, con frivolidad pasmosa, que no constituye una demanda real de la sociedad. […] preferimos que se retraten. Que no oculten tras el telón de absurdas trabas burocráticas, […] su defensa a ultranza de una determinada concepción de la naturaleza de la vida humana que entiende que la libertad personal no siempre tiene cabida en el momento final de la propia muerte. […] ciertamente la eutanasia divide a la sociedad, pero no más que el aborto o que en su día el divorcio o la reproducción asistida. La diferencia estriba en que nuestros gobernantes de entonces no escurrieron el bulto. Elaboraron –unas veces con más acierto que otras– leyes que no han obligado a nadie a divorciarse ni a recurrir a técnicas de reproducción asistida ni a abortar. Como tampoco la ley holandesa obliga a nadie a solicitar la eutanasia».

El 14 de marzo de 2004 el PSOE ganó las elecciones por mayoría simple. En su programa electoral (p. 33) se podía leer lo siguiente: «Promoveremos la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor».

Sin embargo, lo que parecía una propuesta clara en la oposición se abandonó en el Gobierno. Cuatro veces se debatió en la Cámara baja a petición de grupos minoritarios de izquierdas y en los cuatro debates el PSOE sumó sus votos a los del PP y CiU eludiendo la cuestión, con el argumento de que no existía demanda social ¿por qué incluirlo entonces en el programa electoral? ¿Qué les llevó a enterrar su propia propuesta de debate? El compromiso no era regular la eutanasia, pero sí abrir un debate político. Para las elecciones del año 2008 ya ni aparecía en el programa electoral.

El debate lo continúan las personas

En marzo de 2005 el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, difundió en los medios de comunicación que en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) se había sedado irregularmente a 400 pacientes con resultado de muerte –homicidio masivo–. Tras un proceso de acusación mediático y la elaboración de hasta seis informes técnicos contradictorios entre sí, en junio de 2007 –dos años después– el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Leganés dictó una sentencia absolutoria que, no obstante, hablaba de mala praxis. En enero de 2008 la Audiencia Provincial de Madrid obligaba a suprimir toda mención a la supuesta mala praxis. Ni el consejero Lamela ni la presidenta Aguirre se disculparon nunca. El resultado de este escándalo mediático fue un fuerte ataque contra la sanidad pública, dinamitando la confianza médico-paciente y desviando la atención de la privatización del sistema madrileño de salud. A la vez, se frenaba el debate sobre la eutanasia retrotrayéndolo...

Table of contents

• Portada
• Portadilla
• Legal
• Presentación
• I. Morir con dignidad: un derecho del siglo XXI
• II. ¿Qué es la eutanasia?
• III. La ley y la propiedad de la vida
• IV. Los derechos en relación con el final de la vida
• V. Los cuidados paliativos, un cambio de paradigma médico
• VI. Evolución y panorama actual de la lucha por la muerte digna en el mundo
• VII. El camino de la muerte digna en España
• VIII. Propuestas para avanzar en la muerte digna
• Otros títulos