Gestionando el multiculturalismo

Indigenidad y lucha por los derechos en Colombia

Jean E Jackson, Andy Klatt, María Clemencia Ramírez

• Publisher: Editorial Universidad del Rosario
• Year: 2020
• ISBN:
  9789587844917
• Topic: Ciencias sociales
• Subtopic: Antropología

Los indígenas en Colombia constituyen apenas el tres por ciento de la población nacional. El éxito de las comunidades indígenas colombianas en la obtención del control colectivo de casi el treinta por ciento del territorio nacional es nada menos que extraordinario. En Gestionando el multiculturalismo, Jean E. Jackson examina la evolución del movimiento indígena colombiano a lo largo de sus más de cuarenta años de investigación y trabajo de campo, ofreciendo una visión inusualmente desarrollada y matizada de cómo las comunidades y activistas indígenas cambiaron con el tiempo, así como de cómo ella, la etnógrafa y la académica, evolucionó a su vez. La historia de cómo comenzó la organización indígena, encontró su voz, estableció alianzas y ganó batallas contra el gobierno y la Iglesia Católica tiene importantes implicaciones para la causa indígena a nivel internacional y para la comprensión de todo tipo de organización de derechos. Integrando estudios de casos con comentarios sobre el desarrollo del movimiento, Jackson explora la politización y el despliegue del multiculturalismo, la identidad indígena y el neoliberalismo, así como las cambiantes concepciones de valor cultural y autenticidad, incluyendo temas como el patrimonio, el patrimonio y el turismo étnico. Tanto la etnografía como la historia reciente del movimiento indígena latinoamericano, esta obra traza las ideas que motivan los movimientos indígenas en el socorro regional y mundial, y con una amplitud y profundidad sin precedentes.

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Colombia indígena

“Informar a los miembros de un pueblo cómo van a desaparecer no es una consulta”. Abadio Green, entonces presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hizo este sarcástico comentario durante una entrevista que le hice en julio de 1996. Se refería a una reciente legislación que exigía obtener “consentimiento libre previo e informado” antes de que pudieran comenzar cualquier iniciativa de desarrollo, en este caso la exploración sísmica en el territorio del pueblo u’wa.¹ El mandato de la consulta previa fue en gran medida ignorado, ya que se les dijo a los miembros de la comunidad: “La consulta no es para decir sí o no a un Proyecto, sino para que la comunidad entienda cómo se pueden ver afectados por los trabajos que se van a realizar”.² Esta anécdota nos introduce a varios temas que se tratan en este capítulo, entre ellos la historia del conflicto entre los pueblos indígenas y las élites hegemónicas como el Estado y la Iglesia y el papel desempeñado por el movimiento indígena. Aunque las luchas anteriores conllevaban con mayor frecuencia amenazas a las tierras de los indígenas que les proporcionaban la subsistencia en forma de agricultura o forrajeo y caza, ahora cada vez más las amenazas provienen del desarrollo comercial a veces masivo en escala, que afecta a las comunidades indígenas a través de la extracción de un recurso dado (v. gr. petróleo, minerales o energía hidroeléctrica) o mediante proyectos de desarrollo de infraestructura necesarios para una explotación exitosa (v. gr. nuevas carreteras, canales o bases militares).

Los pueblos indígenas diseminados por Colombia hablan 64 lenguas distintas y conforman 87 pueblos,³ tal como lo reconoce oficialmente el gobierno nacional. Según el Censo Nacional del 2005, casi 1,4 millones de ciudadanos que constituían el 3,4 % de la población nacional de un total aproximado de 43 millones de personas se identificaron a sí mismos ante los encuestadores como indígenas.

Cabe señalar que los pueblos indígenas colombianos, tanto los que viven concentrados en poblados andinos como los de comunidades pequeñas y más dispersas en regiones desérticas, llanuras y de selvas tropicales siempre han sido marginados social, política y económicamente. Durante la era colonial, la Corona española se preocupó por la explotación tan intensa de la población indígena, por cuanto amenazaba la supervivencia de algunas comunidades y con ellas una fuente fundamental de trabajo y tributo, por lo cual creó un sistema de resguardos indígenas de propiedad colectiva.⁴ Además, para centralizar y cristianizar las poblaciones “salvajes” dispersas de la región, la Corona estableció cabildos, o concejos de gobierno elegidos anualmente que mediaban entre las comunidades y sus señores españoles en asuntos como el tributo anual y la corvea, o trabajo obligatorio.

Cuando Colombia se independizó de España en 1810, este sistema se volvió aún más represivo, tal como se reflejó en la legislación y las decisiones jurídicas que autorizaban la venta de las tierras de resguardo, lo que legitimó su expropiación por parte de no indígenas, expropiación que se lograba a menudo a través de la violencia,⁵ de manera que los resguardos perdieron grandes extensiones de tierra. La ideología dominante de la época, promulgada como ley, facilitaba la construcción de la nación al fomentar una ciudadanía homogénea católica, patriota y de habla española. Desde el inicio del periodo republicano hasta la década de 1960, la política oficial se dirigía a la incorporación de los indígenas en la población general mediante el mestizaje biológico y la asimilación cultural. En especial, la tenencia de tierra comunal fue vista como un obstáculo para el proyecto de construcción de la nación, y se aprobó una ley que buscaba desmontar los resguardos. Sin embargo, las élites nacionales estaban divididas con respecto a estos asuntos. La Ley 89 de 1890, promulgada por los conservadores que detentaban el poder en ese momento, frenó la abolición del pago de tributos, así como la disolución de la tenencia colectiva de la tierra, al reconocer el estatus oficial de los resguardos y legalizar los cabildos. Cabe señalar que, desde entonces, estos cabildos han seguido gobernando los asuntos internos de las comunidades indígenas. La Ley 89 también fortaleció las reivindicaciones de los indígenas sobre las tierras que fueron tituladas durante la época colonial, todas estas en zonas de tierras altas. Durante este periodo también pasó a manos de la Iglesia católica una gran parte de la autoridad ejercida sobre la población indígena, especialmente en las áreas del país habitadas por personas consideradas indios salvajes. Por consiguiente, la Ley 72 de 1892, en gran medida, dejó a los misioneros decidir cómo debían ser gobernadas las sociedades indígenas⁶ y se les otorgó más poder mediante el Concordato firmado en 1887 entre el Estado colombiano y el Vaticano, y la Ley 89 de 1890. Irónicamente, mucho más tarde, esta última ley subyació a los esfuerzos que empezaron durante la década de 1960 en los departamentos del Cauca y Tolima para recuperar territorios ilegalmente enajenados.

A partir de los años setenta, muchos pueblos indígenas recibieron tierras de parte del gobierno, la mayoría en forma de resguardos.⁷ No obstante, la generosidad de esta concesión se vio socavada por la presencia de colombianos no indígenas hasta en un 80 % de estas tierras. En 1998, el Decreto 2001 reconoció al resguardo como una entidad jurídica y sociopolítica de tipo especial, constituido ya fuera por una única comunidad local o por todo un pueblo indígena. En las regiones de selva tropical y de llanura, los nuevos resguardos serían gobernados por consejos tipo cabildo llamados capitanías. Infortunadamente, estas comunidades tenían poca experiencia con el autogobierno democrático, porque nunca habían contado con una autoridad central interna. Para mencionar un ejemplo de 1988, el presidente colombiano de ese momento, Virgilio Barco, creó nuevas capitanías para administrar más de cinco millones de hectáreas en el departamento de Amazonas y se les solicitó a los desconcertados pobladores que adoptaran disposiciones para sus capitanías según su tradición, la cual de hecho no existía todavía.⁸

Los cambios en la propiedad indígena de la tierra durante el siglo XX fueron acompañados también por cambios en la política de educación indígena. En 1953, otro acuerdo entre la Iglesia y el Estado puso a los misioneros a cargo de toda la educación indígena, dándoles el control efectivo sobre dos tercios de las 1300 escuelas en el país.⁹ El monopolio de la Iglesia comenzó a erosionarse en 1960, cuando el gobierno creó la División de Asuntos Indígenas (DAI).¹⁰ Cabe anotar que la DAI, supuestamente una defensora de los intereses indígenas, fue criticada por su indigenismo¹¹ en cuanto a la adopción de políticas asimilacionistas mitigadas por gestos simbólicos de respeto por la diferencia cultural.¹²

En 1962, la Iglesia católica perdió su monopolio oficial sobre la educación indígena cuando el Ministerio de Gobierno firmó un contrato con el Instituto Lingüístico de Verano/Traductores Bíblicos Wycliffe (ILV/TBW). Al ILV se le otorgó permiso para insertar equipos de misioneros lingüistas en las comunidades indígenas en el entendido de que la organización facilitaría el transporte aéreo a regiones aisladas y promovería la educación y el desarrollo indígenas, acuerdo justificado en términos de la investigación científica y práctica para facilitar la aculturación.¹³ No se hizo mención alguna de los objetivos proselitistas evangélicos del ILV en ningún documento públicamente disponible.¹⁴ Bajo los términos de este acuerdo —el primero que trataba de las lenguas indígenas—¹⁵ el ILV estableció programas de educación bilingüe en un número importante de comunidades, lo que con el tiempo llevó a la Iglesia católica también a incluir la educación bilingüe en su plan de estudios para los estudiantes indígenas. Posteriormente, se firmaron acuerdos similares con otros grupos de misioneros protestantes, entre los que se destaca el firmado con la Misión Nuevas Tribus (New Tribes Mission) con sede en Sanford, Florida.

El ILV perdió poder durante la década de 1980, a raíz de las protestas de la Iglesia católica, los antropólogos colombianos y las organizaciones indígenas. El ministro del Interior, quien apoyaba el ILV, replicó que los líderes que se oponían al instituto estaban “encabezados por antropólogos sediciosos de la Universidad Nacional, marxistas naturalmente”,¹⁶ evidenciando cuán politizado se había vuelto el asunto. Las numerosas organizaciones que se opusieron a la renovación del contrato del ILV a mediados de los años setenta lo acusaron de espiar para la CIA, de poner en peligro la seguridad nacional, de esterilizar a las mujeres indígenas y de contrabandear drogas y esmeraldas. El general José Joaquín Matallana, entonces jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, arguyó que el ILV debería irse porque “estos misioneros extranjeros” sometían a los indígenas del país “al suicidio cultural”,¹⁷ un comentario muy revelador, por cuanto muestra hasta qué punto la retórica de los derechos indígenas había evolucionado, considerando que previamente pocos oficiales habrían criticado las políticas integracionistas del ILV.

La posición de la propia Iglesia católica con respecto a la antropología ha mostrado una ambivalencia fascinante. Algunos clérigos que tienden hacia la izquierda han simpatizado con el activismo proindígena, tal como se vio en la serie de reuniones que llevaron a la Declaración de Barbados. En respuesta a las críticas recibidas, la Iglesia apropió el lenguaje antropológico, por ejemplo, describiendo su labor misionera como un medio para preservar la cultura indígena. La Iglesia creó su propio Centro Antropológico Misionero Colombiano, lanzó una publicación llamada Etnia, estableció un programa universitario para estudiantes indígenas y en 1973 abrió un museo etnográfico en Bogotá que, sin embargo, cerró sus puertas después de unos pocos años de funcionamiento.¹⁸ La Iglesia llegó a asumir algunas perspectivas antropológicas...