La estabilidad del contrato social en Chile
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La estabilidad del contrato social en Chile

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Desde octubre de 2019, el debate sobre una nueva Constitución se ha polarizado entre los críticos extremos y los defensores a ultranza del modelo político y económico. Combinando hábilmente teoría económica y filosofía política, Larraín plantea un nuevo modelo de contrato social fundado en criterios de justicia e instituciones que logren un equilibrio entre Estado y mercado, limiten la concentración de poder y amplíen los derechos ciudadanos y la participación popular.Gabriel L. Negretto, Pontificia Universidad Católica de ChileUn ejercicio refrescante de ensamblaje de distintos enfoques teóricos para abordar un problema tan longevo: la construcción de mejores arreglos sociales que combinen estabilidad, gobernabilidad y justicia social. Mediante una pluma precisa y llana, su autor hilvana un agudo examen del contexto político chileno y ofrece una propuesta para pensar sus desafíos.Yanira Zúñiga, Universidad Austral de ChileGuillermo Larraín pone en un completo, reflexivo y muy oportuno libro un conjunto de ideas muy importantes para entender el Chile de hoy y para pensar nuestro futuro conjunto. Presenta su visión como académico, hacedor de políticas, intelectual y ciudadano de un modo cercano, y con ello estimula conversaciones sobre nuestro contrato social.Francisco Gallego, Pontificia Universidad CatólicaDesde el 2019 han proliferado estudios que intentan explicar por qué Chile, uno de los países más prósperos de América Latina, entró en una severa crisis de legitimidad. Echando mano de la economía política y otras ciencias sociales, Larraín ofrece un novedoso aporte para entender los orígenes —y posibles salidas— a la encrucijada en que se encuentra el país.Javier Couso, Universidad Diego Portales y Utrecht University

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Information

Publisher
FCEChile
Year
2021
eBook ISBN
9789562892339
Tercera Parte
Una mejor democracia
y un mejor Estado
Capítulo XI
La burocracia y el mejor funcionamiento del Estado
-Sir Humphrey: Quiero hablar con usted sobre el profesor Marriott.
-Bernard: Sí, creo que ya es hora de reformar el gobierno local.
-Sir Humphrey: Bernard, una vez que creen un gobierno local genuinamente democrático, no se detendrán allí. (..) Si tienes gobiernos locales, decidirán todo en… ¡¡Nottingham!! (...).
-Bernard: ¡Pero es su ciudad!...
-Sir Humphrey: ¡¡Y qué nos pasaría a nosotros!!
-Bernard: Tendríamos mucho menos trabajo...
-Sir Humphrey: ¡¡Sí!! Tan poco que los ministros creerían que pueden hacerlo por sí mismos. ¡¡Tendríamos menos poder !!
-Bernard: Bueno, no sé si realmente quiero poder.
-Sir Humphrey: Bernard, si las personas adecuadas no tienen poder, ¿sabes qué pasa? La gente equivocada lo tiene... políticos, consejeros, votantes ordinarios...
-Bernard: Pero, ¿no se supone que es lo que hagan en una democracia?
-Sir Humphrey: ¡Esta es una democracia británica, Bernard! Una que reconoce que se necesita un sistema para proteger las cosas importantes de la vida.
Nigel Hawthorne como Sir Humphrey Appleby,
Yes, Minister
Philippe Aghion, economista y profesor del College de France, en su libro Repenser l’Etat realiza una defensa del Estado, pero de un Estado que apuesta por la innovación, que regula eficientemente, que es garante del contrato social y la democracia. Un Estado socialdemócrata que protege a la sociedad frente a los nuevos riesgos que trae la globalización financiera y comercial. Un Estado en que cada solución está centrada en la inversión de capital humano y la promoción de la innovación en todos los frentes. Esto requiere, como lo indica el título de ese libro, repensar el Estado. Incluso más: rehacerlo.
Paul Pierson, en Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis (2004), recuerda que los “arreglos sociales muestran un alto grado de rigidez”, porque responden a ciertas necesidades sociales y al interés de grupos de poder. Es decir, el Estado que tenemos no es fruto de la casualidad. Para reformarlo habrá que enfrentar la fuerza de aquellos actores que lo han moldeado en función de su visión de mundo. Dichos actores están dentro del Estado y fuera de él, algunos actúan de manera abierta, otros solapadamente. Los intereses cruzados son múltiples.
El Estado chileno es relativamente eficiente para nuestro nivel de desarrollo. De hecho, de acuerdo con los indicadores de competitividad y transparencia, es líder en eficiencia dentro de Latinoamérica.
Lo anterior es real, puede medirse y comprobarse, pero también esconde una trampa. Primero, el Estado chileno es eficiente para su nivel de desarrollo, pero requerimos de un mejor Estado para alcanzar un elevado grado de desarrollo. Chile goza del mayor nivel de ingreso de toda su historia. El nivel de vida de un chileno hoy es mejor que el de sus padres o abuelos. Esto trae consigo nuevas necesidades, nuevas demandas de bienes públicos y un nuevo trato hacia los ciudadanos. Chile no tolera hoy los escándalos de gestión (ni humanitarios) como los del Sename. No es aceptable que los hospitales públicos sean incapaces de controlar sus déficits financieros ni puedan regular los conflictos de interés de sus médicos. No se entiende que una entidad como Sernageomin no haya podido supervisar las instalaciones de la mina San José y se ponga en riesgo la vida de los operarios. Es incomprensible que como consecuencia del estallido social exista una cantidad significativa de violaciones a los derechos humanos, en parte causada por la falta de preparación de Carabineros y la carencia de un sistema de inteligencia razonable. No se entiende que el servicio exterior no apoye el crecimiento de una empresa, como Farmacéutica CFR, para que pueda adquirir una empresa en Sudáfrica.
En segundo lugar, se cierne sobre el Estado un nubarrón de alto peligro: la corrupción. En los últimos años aparecieron numerosos casos de corrupción, primero en el mundo legislativo y más recientemente, en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es necesario precaver, porque como dice Pierson, en política es común encontrar procesos que se retroalimentan y que hacen muy difícil una reversión automática.
A diferencia de la esfera económica, donde los precios ayudan a que los excesos eventualmente se corrijan, en política ello no ocurre. Por lo mismo, urge actuar sobre el diseño del Estado para evitar que la corrupción infiltre sus estructuras.
Tercero, Chile se enfrenta crecientemente a una exigencia mayor: la
globalización y la creciente interdependencia de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra política, con nuestros vecinos y el resto del mundo. Desde su creación, Chile fue un país aislado. Para todos los efectos prácticos, éramos una isla protegida por infranqueables barreras naturales. Todo ocurría lejos y tomaba tiempo en tener repercusión. En los últimos 15 años se integró al mundo como nunca y eso le plantea al Estado desafíos en términos de capacidad de respuesta, de transparencia y de preparación. Para avanzar en todas estas dimensiones necesitamos contar con un Estado de calidad, que promueva el interés público. Pero para que este se persiga de manera eficiente y eficaz, en este capítulo defenderemos una idea excéntrica desde la perspectiva de la ideología imperante: la organización estatal debe ser particular, debe ser una burocracia.
La discusión de calidad del gobierno puede descomponerse en dos. Una, que es la que nos interesa en este capítulo, es una visión que podríamos llamar “operativa” respecto de cuál es la forma óptima de organizar la provisión de cada servicio público. La segunda, que la hemos discutido en los capítulos V, VI y VII, se refiere a qué servicios públicos deben ser provistos por quién.
El ideal burocrático
Según Weber (1947), la burocracia “refiere a un personal administrativo profesional y de tiempo completo con empleo de por vida, carreras organizadas, salarios y pensiones, nombrado para el cargo y promovido sobre la base de educación formal, mérito y tenencia, con protección legal contra el despido discrecional”.
Esta definición del Estado burócrata se dio en el contexto de la Constitución de Bismarck (1871-1918), que estaba vigente desde la culminación de la unificación alemana. Dicha Constitución establecía un Parlamento elegido, pero entregaba amplios poderes a un emperador no elegido mediante el voto popular. El emperador tenía exclusivo control sobre la fuerza militar y podía nombrar al canciller. En Alemania ya venía desarrollándose una burocracia disciplinada, capacitada técnicamente y autónoma. El punto crucial es que esa burocracia institucionalizada era el principal límite al abuso del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo planteado por Francis Fukuyama (2014), tras la unificación, Alemania desarrolló un Estado fuerte que estaba inmerso en un estado de derecho: se regía por reglas, pero no era una democracia propiamente tal. Este sistema era una plataforma para el desarrollo económico en cuanto protegía los derechos de propiedad y la ejecución de los contratos. Ponía límites al emperador y protegía a los ciudadanos de una manera impersonal.
Para Weber, un Estado moderno se debe a los ciudadanos y debe ser impersonal. Los servicios que provee el Estado no pueden depender de quién lo dirija, sino que deben ser provistos según criterios estables no discriminatorios. Para ello, se rige por principios que tienen como foco central una estructura racional de gobernanza, con funciones y propósitos específicos para resolver el problema de provisión de bienes públicos. Esta estructura supone una jerarquía que contempla reglas y canales de comunicación formales, con supervisión y autoridad vertical. Como se aspira a un sistema impersonal de administración del poder estatal, la forma de establecer los mecanismos de promoción es mediante el mérito. En consecuencia, la meritocracia dentro del servicio público es una de las piedras angulares.
El de...

Table of contents

  1. Portada
  2. Portadilla
  3. Créditos
  4. Índice
  5. Agradecimientos
  6. Introducción
  7. Primera Parte: La paradójica crisis del contrato social en Chile
  8. Segunda Parte: El estado, el mercado, la sociedad y los individuos
  9. Tercera Parte: Una mejor democracia y un mejor Estado