Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo
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Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo

Ángel González de Pablo, Ricardo Campos

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Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo

Ángel González de Pablo, Ricardo Campos

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La Segunda República representó un periodo de efervescencia en el campo psiquiátrico, que cristalizó en un conjunto de medidas legislativas que sentaron las bases de una profunda reforma asistencial, alimentada por el deseo de regenerar, modernizar y democratizar el país. Tras la Guerra Civil y el triunfo de los golpistas, la Dictadura franquista cercenó la reforma psiquiátrica republicana e impulsó una psiquiatría altamente politizada en concordancia con una imaginaria tradición cultural española, antimoderna, ultracatólica, autoritaria y nacionalista. La evidente diferencia entre ambos programas psiquiátricos no fue más que una manifestación de un proceso de ruptura más amplio emprendido por el franquismo para destruir la obra republicana y de todo aquello que tuviera relación, a ojos de los vencedores, con el liberalismo, la democracia, el marxismo y la subversión obrera. Sin embargo, pese a las diferencias, hubo elementos que se mantuvieron en ambos periodos históricos. Este libro pretende profundizar en el análisis de las continuidades y rupturas entre el periodo republicano y el franquista, estudiando en diversos planos (modelo asistencial, psicopatología, higiene mental, psiquiatría y defensa social, psicoanálisis y asistencia psiquiátrica) qué hubo realmente de novedoso en los primeros años de la dictadura y qué de herencia.

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CAPÍTULO 1

El modelo de atención psiquiátrica en el primer franquismo: rupturas y continuidades*1

Rafael Huertas
Los primeros intentos de transformación de la asistencia psiquiátrica —de superación del modelo manicomial— no tuvieron lugar en España hasta la tercera década del siglo XX. Existe una amplia historiografía sobre las propuestas de reforma psiquiátrica desarrolladas en el Estado español que, sin olvidar la iniciativa de la Mancomunidad de Diputaciones de Cataluña (Comelles, 1988: 110; Huertas, 1995), se ha centrado, de manera particular, en la Reforma de la Segunda República (Espino, 1980; Huertas, 1998; Huertas y Campos, 2013).
Ambas iniciativas fueron cercenadas por sendas dictaduras militares. La disolución de la Mancomunidad en 1924 por Primo de Rivera imposibilitó el desarrollo de las propuestas planteadas e, igualmente, la dictadura franquista frustró las posibilidades de la recién iniciada reforma republicana. Dos momentos claves en la historia de la asistencia psiquiátrica en nuestro país que han llegado a ser definidos como verdaderas “rupturas” con “aquel pensamiento y aquellas prácticas que, precisamente, por poner el acento en la dimensión social de la Psiquiatría hacen de esta una disciplina comprometida críticamente con la realidad” (García, 1992: 181).
Diversas investigaciones desarrolladas en las últimas décadas han analizado algunos aspectos de la psiquiatría de posguerra en el marco ideológico del nacionalcatolicismo (González Duro, 1978, 2008; González de Pablo, 1987; Casco, 1995; Dualde, 2007; Huertas, 1998a; 2012; Campos y Huertas, 2012). En lo que se refiere a la asistencia psiquiátrica pública, existe cierto acuerdo en que el modelo asistencial que se pretendió poner en marcha durante la República quedó paralizado. Si todavía durante la Guerra Civil hubo intentos de aplicarlo en determinadas zonas republicanas (Huertas, 2007), una vez instaurada la dictadura, el abandono al que se vieron abocados los establecimientos psiquiátricos públicos ha sido señalado por diversos autores (Casco, 1995; Simón y Ferrer, 1999) y reconocido por los propios responsables de la sanidad española del momento. Así, el general José Alberto Palanca, director general de Sanidad hasta 1956, afirmaba en la apertura del curso académico 1958-1959 de la Universidad de Madrid que: “Es evidente que una de las asistencias sanitarias más defectuosas en nuestra patria es la psiquiátrica […] porque el mal estado sanitario del país obligaba a dirigirse a problemas más urgentes” (Palanca, 1958: 96). Su sucesor en el cargo, Jesús García Or­­co­­yen, admitía, igualmente, que la asistencia al enfermo psíquico en España estaba olvidada y muy necesitada de una acción rápida (García Orcoyen, 1958).
Se volvió, en buena medida, a un orden manicomial muy precario en el que las carencias presupuestarias y la indiferencia por las condiciones de vida de los pacientes internados y hacia sus derechos individuales caracterizaron, por lo general, la asistencia psiquiátrica (Casco, 1995; Simón y Ferrer, 1999; Conseglieri y Villasante, 2007). Instituciones tutelares que, en ocasiones, albergaron también a disidentes y peligrosos no necesariamente medicalizados (Polo Blanco, 2006: 118; Sán­­chez Vallejo, 2013).
Ahora bien, aun aceptando los elementos innegables de ruptura que la dictadura franquista introdujo en relación con los proyectos republicanos; aun admitiendo que muchos de los referentes de la psiquiatría española habían marchado al exilio, eran objeto de depuraciones o sufrían el llamado exilio interior, cabe preguntarse: ¿no quedó nada, absolutamente nada, del pensamiento psiquiátrico anterior a la Guerra Civil y, en particular, de su concepción asistencial? Ese desinterés del régimen por las cuestiones psiquiátricas, que resulta evidente en el primer franquismo, ¿impidió de manera taxativa toda reflexión sobre una atención al paciente mental que no fuera la estrictamente asilar y defensiva de la sociedad? El aludido orden manicomial con el que se suele definir la psiquiatría franquista ¿supuso un enorme retroceso en relación al modelo propugnado por la República o es que la primera democracia española no terminó de renunciar a un sistema de custodia a pesar de sus esfuerzos por mejorar las condiciones asistenciales? Y en esta misma línea, teniendo en cuenta que el famoso Decreto de 3 de julio de 1931 “sobre la asistencia a enfermos psíquicos” no fue derogado hasta 1983, ¿por qué uno de los textos legislativos considerados más paradigmáticos de la reforma republicana se mantuvo vigente durante toda la dictadura franquista?
El objetivo de las páginas que siguen es intentar contestar a estas preguntas identificando las posibles continuidades —o reminiscencias— del discurso y la práctica asistencial de la psiquiatría durante el primer franquismo, con el fin de valorar su verdadero alcance, así como las tensiones conceptuales, legislativas, profesionales y políticas existentes entre dos momentos tan contrapuestos de nuestra historia.

El Decreto de 1931 y su pervivencia durante el franquismo

En el Congreso Nacional de Neurología y Psiquiatría, celebrado en Barcelona los días 12, 13 y 14 de enero de 1942, tuvo lugar una sesión especial dedicada a “Problemas de asistencia psiquiátrica” en la que, bajo la presidencia de Juan José López Ibor (presidente del Congreso) y Manual González Ferradas (jefe de la Sección de Psiquiatría de la Dirección General de Sanidad), se pretendió reunir “a la mayor parte de directores y médicos de manicomios” con el fin de proponer y discutir “normas para una reorganización de las instituciones psiquiátricas”. Al final de dicha sesión los doctores Jaime Escalas y Lorenzo Villalonga presentaron una propuesta de resolución congresual en la que, además de defender los intereses corporativos de los psiquiatras (autoridad científica y administrativa en el interior de las instituciones, sueldos dignos, etc.), se instaba expresamente a: “Que en el plazo máximo de tres meses se obligue a todas las entidades propietarias de establecimientos psiquiátricos que no tengan aprobado el Reglamento de régimen interior, a que den cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 del Decreto de 3 de julio de 1931, en virtud del cual deben remitir el citado reglamento a la Dirección General de Sanidad para su aprobación” (Escalas y Villalonga, 1942: 172-173).
Merece la pena extenderse, brevemente, en los firmantes de esta propuesta que reclamaba la aplicación del Decreto de 1931. Se trata de dos psiquiatras mallorquines especialmente significativos: Jaime Escalas fue uno de los redactores, junto a Gonzalo Rodríguez Lafora y José Miguel Sacristán, del Anteproyecto de Legislación para la Asistencia del Enfermo Psíquico, que fue la base del Decreto de 1931. Este protagonismo en lo que fue una de las iniciativas reformistas más rápidamente asumidas por el gobierno del primer bienio republicano (Huertas, 2002: 180) era consecuencia de un compromiso más profesional que político. De hecho, tras el triunfo de la su­­blevación militar en Mallorca, Escalas mantuvo su cargo de director del manicomio de Palma de Mallorca, que desempeñó ininterrumpidamente entre 192...

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